TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL

Auto Supremo: 474/2013

Sucre: 18 de septiembre 2013

Expediente: SC-75-13-S

Partes: Cyntia Liz Montoya Paz c/ Natalio Bozo Escalera y otros

Proceso: Usucapión

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 295 a 306 y vlta.,  interpuesto por Cyntia Liz Montoya Paz contra el Auto de Vista de 31 de mayo de 2013, cursante de fs. 288 a 289 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Usucapión seguido por Cyntia Liz Montoya Paz contra Natalio Bozo Escalera y otros, la concesión del recurso a fs. 311; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Treceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronuncio Sentencia de 27 de septiembre de 2012, cursante de fojas 220 a 221 de obrados, que declaró improbada la demanda de fs. 08 y vlta., y su ampliación de fs. 68. Resolución de primera instancia que es apelada por la actora, mediante escrito de fs. 225 a 228, que merece el Auto de Vista de 31 de mayo de 2013, cursante de fs. 288 a 289 vlta., que confirma en todas sus partes la Sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En lo más resaltante se distingue las siguientes denuncias:

En la forma:

La recurrente expresa que el Ad quem ha omitido valorar las pruebas debidamente reclamadas en su recurso de apelación, así como el memorial de ofrecimiento de prueba de segunda instancia, argumentando que en apelación solicitó la valoración integral de las pruebas documentales adjuntadas a su demanda de fs. 1 a 6, pruebas que van en coherencia con las certificaciones de fs. 11 y 62 emitidas por la CRE y SAGUAPAC, la segunda certificación emitida a fs. 62,  que demostraría que ella estuvo en posesión desde 10 de octubre de 1980, por este motivo solicitó al Tribunal de Alzada valore conforme su rol fiscalizador, pero en el Auto de Vista no ha merecido pronunciamiento.

En ese mismo orden de cosas, señala que como segundo punto de agravio, con relación a la certificación cursante a fs. 12 emitida por el Arq. Juan Carlos López Meruvia, la cual ha sido valorada parcialmente, señala que esa certificación no puede determinar o ser presunción de que su persona no ha estado en posesión pacifica, continua y pública, y también observó con respecto a la límites y colindancias, agravio que también fue omitido por el Tribunal Ad quem, indica, lo que constituye vulneración al principio de congruencia y exhaustividad.

Asimismo, la recurrente marca como puntos omitidos la declaración de las testigos  (fundamento del tercer punto de apelación) cursantes  de fs. 96 a 97,  la incorrecta valoración del acta de inspección ocular de fs. 95 y el reclamo sobre la vulneración de los principios constitucionales y procesales establecidos en el art. 180 de la CPE.,  agravios dice- que no merecieron  pronunciamiento alguno.

Expone luego la omisión de valoración de prueba documental en segunda instancia, interpuestas  de fs. 244 a 278, en sede apelatoria, consistente en dos certificaciones, ante el ofrecimiento no han merecido pronunciamiento alguno y no fueron valoradas en el Auto de Vista.

En el fondo:

La recurrente como primer punto de agravio plantea una apreciación incorrecta de la prueba documental, de inspección judicial y testifical (fs. 95 a 97)  incurriendo en error de hecho y de derecho- dice ella- los tribunales de instancia; señala que la inspección judicial y testifical de fs. 95 a 97 fueron incorrectamente apreciadas, y que dichas pruebas guardan total coherencia con lo producido en proceso que demuestra su posesión continúa por más de 10 años. Acota que la prueba documental no ha sido apreciada conjuntamente la prueba de inspección judicial de fs. 95 y la testifical de fs. 96 a 97, solamente se la señala y relaciona y no se la fundamenta. Argumenta que la inspección fue  judicial de fs. 95 ha sido tergiversada, apreciándola de manera parcial e incorrecta, en ese sentido dice que el hecho que no tenga acceso directo y la división entre ambos inmuebles no es motivo fundado, ni razón jurídica para negar una Usucapión decenal, y que el no haber división constata que se encuentra en pacifica posesión Por otro lado dice que su persona ha entrado en posesión del inmueble hace más de 10 años según la certificación cursante de fs. 62 emitida por SAGUAPAC, que guarda coherencia con la prueba de inspección judicial de fs. 95 que no fue valorada de forma conjunta con las demás documentales de fs. 1 a 6, fs.11, fs. 12 y fs. 62. Indica que la certificación de fs. 62 de SAGUAPAC señala que su persona es socia en el inmueble a usucapir desde 14 de octubre de 1980, prueba que demuestra su posesión anterior, conjuntamente sus familiares, que se corrobora por los avisos de cobranza de luz y agua correspondientes del 2004 a 2009, certificación de fs. 12, prueba de fs. 19 a 54 y la inspección judicial. Luego la recurrente relata las respuestas otorgadas por sus testigos de cargo para respaldar su presunta posesión argüida, para posterior acusar de vulnerado el art. 1286  del Código Civil y 397 de su procedimiento.

Asimismo, se señala que el Auto de Vista incurre en interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en su art. 138 del Código Civil, argumenta que la Resolución de vista señala que su persona no cumple con los requisitos exigidos por la norma citada por el no pago de impuestos, instalación de servicios públicos y construcción realizadas no desvirtúan la presunción de precariedad, hecho que no es evidente, pues ella dice- no es detentadora, ni cuidante o casera del inmueble para tener una posesión precaria, y que ingresado en posesión en fecha 14 de octubre de 1980 según certificación de fs. 62, por lo que esa presunción no puede aplicarse a su persona.

Con relación a que ella no demostró que existan construcciones en el inmueble, pago de impuestos y pago de servicio, argumenta que eso también no es evidente por cuanto a fs. 4 a 6 adjuntó prueba documental que demuestra los pagos a la CRE y SAGUAPAC desde las gestiones de 2004 a 2009, con relación a las mejoras se encuentra inserto en el acto de inspección judicial. En ese sentido, finaliza, que el Ad quem a parte de realizar una defectuosa apreciación probatoria también erróneamente aplicó el art. 138 del Código Civil.

Por último, solicita al Tribunal Supremo que una vez valorada en el fondo correctamente la prueba documental, de inspección judicial y testifical señalada procedan a casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declarando probada su demanda. En el recurso en la forma, solicita la anulación de obrados hasta fs. 288.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma:

Es de explicar que los puntos de denuncia en casación en la forma, transitan en una aparente omisión de respuesta por parte del Tribunal de Alzada a los diferentes puntos de agravio expresados en apelación, a lo que se hace la siguiente consideración:

Es de precisar que toda Resolución judicial debe guardar la debida congruencia, de la cual emergen dos reglas esenciales que son: a) decidir sólo sobre lo alegado y debatido; y b) decidir sobre todo lo alegado y debatido.

La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que se diferencian en: incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citrapetita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso; en materia recursiva dese el caso de omitir en la Resolución algún punto de agravio o de impugnación.

Es así que una Resolución judicial, en mérito al principio de congruencia, debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que a saber se resume en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, es  devuelto cuanto se apela, que establece el límite formal de la apelación en medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Bajo lo señalado, en el caso concreto, debemos incidir que en la apelación, los agravios contenidos en él, fueron deducidos (en sus cinco numerales) objetando una apreciación probatoria en la fundamentación de Sentencia avocada al incumplimiento de los requisitos que hacen a la Usucapión decenal, relacionándolo con una aparente interpretación errónea del art. 138 del Código Civil, por ello es que el Auto de Vista impugnado, por método, no responde a los cinco numerales separadamente, sino que en el numeral II engloba lo expuesto en apelación en dos puntos de agravio, merced a ello es que la fundamentación del Tribunal Ad quem, analiza la prueba que especifica en el numeral III de la Resolución, para luego en el numeral IV realizar una interpretación del art. 138 del Código Civil en análisis con la prueba aportada, concluyendo que el Juez de la causa ha procedido correctamente por lo que confirma la Sentencia de grado.

El método utilizado por el Ad quem en el fondo, en análisis de la comunidad probatoria, otorgó respuesta a la apelación sobre los agravios inferidos en Sentencia, si bien esa respuesta no es de agrado de la recurrente por la forma de contestación, lo que no infiere una omisión absoluta de los agravios apelatorios como indica la recurrente en casación, ya que no se entendería cual el análisis realizado en el Auto de Vista, es por ello que, aún la objeción planteada, el Ad quem  analizó la prueba esencial y decisiva, e  interpreto, según su criterio, el art. 138 del Código Civil  para confirmar la Sentencia apelada, lo que se estima el cumplimiento de lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Con respecto a la documental aparejada en segunda instancia, se debe señalar que, la prueba documental tiene un momento procesal predeterminado en ley para ser ofrecido oportunamente, por lo cual debe ser aparejada con la demanda, reconvención o contestación de ambas y si no la tuviere a su disposición debe individualizarla indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encuentra conforme señala el art. 330 del Código de Procedimiento Civil, es así que cuando la norma prevé la indisponibilidad de la documental debe ser objetiva, y aún a ello permite por medio de orden judicial su acumulación a proceso. La excepción a este regla es que después de interpuesta la demanda sólo se admite documentos de fecha posterior, o, siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos; los documentos de fs. 244 y 245 a 248 son de fecha posterior a instaurada la demanda porque fueron originados cuando el proceso se encontraba en pleno trámite, sin embargo para obtenerlos no existía indisponibilidad de la parte que la ofrece pues bien podía ofrecerla o individualizarla en el momento procesal oportuno, en otras palabras, la parte actora al momento de oponer la demanda tenía la disponibilidad de ofrecer la prueba documental precitada, que tiene por objeto defender el derecho o justificar la demanda, conforme la regla establecida en el art. 330 del Adjetivo Civil más no lo hizo de esa manera, sino que en uso desmedido de lo señalado en el art. 331 del Código de Procedimiento Civil la ofreció en segunda instancia, resultando este actuar contrario al principio de lealtad procesal y reprochable a la buena fe con que deben actuar las partes contendientes, en tal razón es que al no haber sido examinada dicha prueba en la Resolución de Alzada se ha actuado correctamente, es más el Ad quem debió rechazar tales documentos a su misma presentación sin más trámite, por lo que resulta desmedido el reclamo de la parte recurrente en sentido de no valorarse la prueba documental opuesta en segunda instancia.

Por lo explicado, no se evidencia violación del principio de congruencia y exhaustividad por parte del Tribunal de Alzada en la Resolución de segunda instancia por lo debe declarase infundado el recurso de casación en la forma.

En el fondo:

Como primer punto de lesión la recurrente señala el supuesto error de hecho y de derecho en prueba documental, de inspección judicial y testifical, sin embargo en el fundamento expresado en ese acápite no diferencia cuál el error atribuido a cada uno de los medios probatorios señalados, no demuestra el supuesto error cometido por el Juzgador - de hecho de derecho- en la apreciación de la prueba, limitándose a fundamentar la materialidad de cada uno de los medios probatorios para demostrar su pretensión, incluso, proponiendo una apreciación nueva por éste Tribunal de casación que se constata con el petitorio que solicita casar el Auto de Vista una vez valorada en el fondo correctamente la prueba documental, de inspección y testifical; situación que no es concordante con el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que la apreciación de los medios probatorios es una facultad privativa de los jueces inferiores, incensurable en casación, salvo que se pruebe error de derecho o error de hecho objetivamente, dirigiendo la fundamentación a verificar el yerro cometido para que éste Tribunal ante el error evidente realice una correcta apreciación y no el forzar una nueva apreciación de la comunidad probatoria como si se tratase la casación de una etapa más de revisión.

No obstante lo manifestado es necesario indicar que la recurrente objeta la forma de apreciación probatoria que no fue en forma integral, a esa observación es que se debe señalar que la prueba es apreciada por el Juzgador de forma conjunta, bajo el principio de comunidad de la prueba, decantando en su razonamiento las pruebas esenciales y definitivas por encima de otras, es por ello que no todo elemento probatorio es considerado por el Juez para tomar la decisión jurisdiccional, bajo ese criterio no puede ser asumido como una falta de valoración elementos de prueba que no hayan sido enunciados en Sentencia, sino que aquellos no fueron esenciales o decisivos en la Resolución judicial. Por lo expresado, la parte recurrente no fundó la apreciación en error de hecho o de derecho, como exige la norma, pretendiendo que éste Tribunal realice una nueva valoración del elemento probatorio, lo que no es permitido por ley.

En relación a la interpretación errónea del art. 138 del Código Civil, en primer lugar se debe decir que el Auto de Vista no señala en nada una presunción de precariedad, si bien hace mención de jurisprudencia legal, éste en su contenido evoca presunción de no precariedad, diferente al contenido de fundamento de la casación que discute la recurrente como una errónea aplicación de la norma precitada; funda el Auto de Vista su decisión en que la documentación cursante y descrita no ha podido aportar, ni cumplir con los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para usucapir, en otras palabras es que no se ha probado la posesión continua, pacífica, ininterrumpida y pública de manera efectiva; sobre el punto la recurrente nuevamente trae a colación la prueba que, según ella, constata el cumplimiento de los requisitos para prescripción adquisitiva, sin percatarse que conforme el discernimiento de los tribunales de instancia la prueba no era suficiente para probar la pretensión de Usucapión, en ese sentido, no existe errónea aplicación del art. 138 del Código Civil, como se pretende observar sino que es una cuestión probatoria más que de aplicación sustantiva, por lo que deviene declarar infundado el recurso de casación en el fondo.

Por todo lo expuesto, se evidencia que los recursos no contienen el fundamento necesario para cambiar el decisorio de los jueces de grado, por lo que se declara infundado, en virtud a los arts. 271- 2)  y 273 Código Adjetivo Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en  la forma y en el fondo de fs. 295 a 306  y vlta.,  interpuesto por Cyntia Liz Montoya Paz contra el Auto de Vista de 31 de mayo de 2013, cursante de fs. 288 a 289 y vlta ., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto