TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

              S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 445/2013.

Sucre: 30 de agosto 2013        

Expediente:        B-19-13-S

Partes: Alexander Jano Lijerón  c/ María Luisa Gonzales Vásquez

Proceso: Nulidad de Documento

Distrito: Beni

VISTOS: El recurso de casación de fs. 411 a 412, interpuesto por Rocío Abularach Medina, en representación  legal de María Luisa Gonzales  Vásquez de Añez contra el Auto de Vista Nº 52/2013, cursante de fs. 408 a 408 vlta. de fecha 10 de mayo de 2013, emitido por la Sala Civil Mixta de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intra Familiar o Domestica Publica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso ordinario sobre nulidad de documento seguido por Alexander Jano Lijerón contra la recurrente; el Auto de Concesión de fs. 415, sin respuesta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El  Juez de Partido Mixto de Guayaramerín, el 27 de agosto de 2012, pronunció  la Sentencia Nº 05/2012, cursante de fs. 376 a 379 vlta., declarando probada la demanda de nulidad de documento interpuesta por Alexander Jano Lijerón contra la recurrente y su consiguiente inscripción en Derechos Reales, declarando nulo y sin valor legal la Minuta de Transferencia de fecha 14 de noviembre de 1990 y como consecuencia, nula la Escritura Pública Nº 48/96 de fecha 13 de marzo de 1996, como efecto, la Cancelación de la Partida de Inscripción en Derechos Reales, de la partida Nº 188 de fecha 20 de marzo de 1996 de Libro de Registro de Propiedades de la Provincia Vaca Díez.

Contra esa resolución de primera instancia, la demandada interpuso recurso de apelación que tramitado, confirmó totalmente la Sentencia apelada, mediante Auto de Vista Nº 52/2013 de 10 de mayo de 2013.

Resolución de segunda instancia, recurrida en casación mediante memorial de fs. 411 a 412, concedido mediante Auto de fs.415.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente sin disgregar si el recurso de casación interpuesto es en la forma o en el fondo, refiere en  seis partes, hechos y actuaciones realizadas por el Juez Aquo a modo de argumentaciones cual se tratara de un memorial de alegatos que a continuación desglosaremos:

1.-  Que, el Juez A quo a tiempo de admitir la demanda no habría decretado los otrosíes por lo que viola los arts. 330  y 334 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Que, al proceder de la manera señalada, ha violado asimismo el art. 90 del Procedimiento Civil y art. 115 de la Constitución Política de Estado porque se impide su derecho a la defensa y el debido proceso.

3.- Que, el Juez A quo fundamenta su Sentencia en las pruebas contenidas en los otrosíes no admitidos, violentando  los arts. 192 num. 2) y 3) del Procedimiento Civil y 253 num. 1, 2, 3, de la misma norma y que el Auto de Vista  recurrido incurre  en  interpretación errónea e indebida aplicación de la ley al confirmar la Sentencia cuando debió observar el cumplimiento del Procedimiento Civil, violentando el art. 330 y 379 de la Norma Adjetiva ya que las pruebas carecían de valor conforme dispone el art. 253 num. 1 y 3 del Procedimiento Civil.

4.- Que, el Juez de Partido al admitir como válida la fotocopia legalizada de fs.  124 a 125 de la Escritura Pública Nº 48/96, se ha vulnerado el art. 1311 del Código Civil porque no fue emitido por orden judicial y la certificación de fs. 123 se refiere a la existencia de esa escritura Pública en esa Notaría, no que haya sido legalizada por orden judicial, violentando el art. 253 num. 1) y 2) del Procedimiento Civil.

5.- Que, finalmente incurre en interpretación  o apreciación indebida de la ley al aceptar que el art. 177 de la Ley del Órgano Judicial fue introducido como equivocación en la mención de las normas jurídicas, violentando el art. 253 num. 1) y 2) del Procedimiento Civil.

Concluida la exposición de hechos, pide a este Tribunal que case el auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Conforme la amplia jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia y con la cual este Tribunal comparte criterio, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, sea que se plantee en la forma, en el fondo o en ambos efectos a la vez, procediendo el recurso de casación en la forma, cuando la resolución recurrida hubiere sido pronunciada, violando formas esenciales del proceso; a su vez, el recurso de casación en el fondo, cuando el Juez o Tribunal de apelación hubieren emitido una resolución violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley o se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba o cuando la misma contuviere disposiciones contradictorias, siendo inexcusable que ambos recursos sean  planteados y fundamentados por  separado, indicando  de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino que se debe demostrar en qué consiste la infracción que se acusa,  conforme establecen los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en la forma, por errores in procedendo y, en el fondo, por errores in iudicando, resultando imperativo  fundamentar en qué consiste la infracción y precisar cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 258 citado precedentemente.

En mérito a las características que hacen a uno y otro recurso, la Resolución de cada uno también adopta una forma específica, así, cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto; en cambio, cuando se plantea  recurso de nulidad o casación en la forma, la pretensión  es la nulidad de obrados. Por ello al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

En la especie, el recurso planteado de fs. 411 a 412, no solo que no cumple con la técnica recursiva pertinente, sino que no se ajusta  a los requisitos y condiciones expresamente señaladas en el art. 258 num. 2) citado supra, toda vez que la recurrente, para empezar, omite señalar si el recurso que plantea es de fondo o de forma y luego, lacónicamente en cinco ordinales, expone aspectos de  algunos actos procesales que hubiera realizado incorrectamente el A quo, según refiere,  omitiendo especificar si corresponden a la forma o al fondo y sin precisar las causales de procedencia del recurso de casación en la forma y en el fondo dispuestas en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien en los puntos tercero, cuarto y quinto hace referencia al art. 253 num. 1-2 y 3 del Código de Procedimiento Civil, indicando que el Juez de Partido hubiera “ violentado el art. 253 ” o “ que carecería de valor legal por mandato del art. 253 1 y 3 ”, refiriéndose a las pruebas contenidas en los otrosíes de la demanda que supone la recurrente que no tienen ningún valor porque supuestamente el Juez no hubiera decretado su traslado y por lo tanto a valoración de las mismas por parte del Juez de primera instancia resulta violatoria, sin embrago, no precisa  en el tercer punto, a qué pruebas concretamente se refiere y si bien en el cuarto y quinto numeral, hace referencia a la fotocopia legalizada de fs. 124 y 125 y la certificación de fs. 123,  no  cita de manera clara y precisa  si acusa la Sentencia o la decisión del Auto de Vista, tampoco especifica en qué consiste la violación, falsedad o error que se hubiera producido, toda vez que cita de manera general el art. 253 num. 1), 2) y 3) indistintamente en cada uno de ellos.

De la misma manera en el quinto punto cuando de manera general dice: “Finalmente se incurre en interpretación o apreciación indebido de la ley, al aceptar que el art 177 de la Ley del Òrgano Judicial 025, que el actor usa como fundamento de la demanda (y que se refiere a la asistencia y licencia), fue introducido  como equivocación…”, supuesto agravio del cual no se puede identificar quién incurrió en la infracción, si el Juez de instancia o el Ad quem, señalando luego que existe error de hecho y de derecho  porque se ha violentado el art. 253 num. 1 y 3 (no precisa de qué norma).

De lo anterior, se infiere que la recurrente no comprendió la diferencia que existe entre uno y otro medio de impugnación, no fundamentó por separado, de manera precisa y concreta las causas que motivan ya sea la impugnación en la forma o en el fondo; tampoco citó con precisión las disposiciones legales cuya infracción o violación acusa, ni fundamentó en qué consistiría la infracción acusada, asimismo del petitorio, se evidencia que el mismo es incompleto y confuso en su formulación y en el planteamiento de su pretensión, pues se limitó a solicitar en forma general que se case el Auto de Vista, sin relacionar esta pretensión a una consecuencia de fondo; es decir, sin señalar si como consecuencia de esa Resolución este Tribunal debiera pronunciarse declarando probada en todo o en parte la demanda y si pretende que se declare probada sus excepciones.

Finalmente y revisados los antecedentes de obrados se advierte que la  recurrente desde el inicio, ha actuado no solo con absoluta negligencia sino que ha procedido con deslealtad procesal, pues al margen de que no ha asumido defensa por su propia voluntad, sino que ha intentado la nulidad de cuanta actuación procesal se ha producido en el desarrollo de la Litis, bajo distintos argumentos, pero en ningún momento ha intentado siquiera desvirtuar la pretensión del demandante, dilatando el proceso innecesariamente y ocasionando retardación de justicia, atentando con esa su actitud contra los principios procesales de celeridad, inmediatez, eficiencia, eficacia y verdad material y  la otorgación de una justicia pronta y oportuna; principios constitucionales cuya aplicación es de carácter imperativo, así como los principios ético morales previstos en el art. 8 parágrafo I de la Constitución Política del Estado; por lo que el Juez de la causa debió analizar estos aspectos para sancionar oportunamente la malicia en el proceder de la demandada; por lo que corresponde exhortar a dicha autoridad jurisdiccional que en casos como el presente ejerza las atribuciones que la ley le confiere.

Por lo expuesto, siendo evidente la inobservancia en que ha incurrido la recurrente en la formulación del recurso que se examina, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 paragrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 411 a 412, interpuesto por María Luisa Gonzales Vásquez. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda.  Dra. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Dra. Rita Susana Nava Duràn.

Ante Mi.- Dra. Patricia Ríos Tito - Secretaria de Sala Civil

Libro Tomas de Razón: Quinto