TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 438/2013

Sucre: 27 de agosto 2013                         

Expediente: PT-22-13-S

Partes: Ministerio Público y Tania Flores Barahona c/ C.E.T. (menor infractor)

Proceso: Proceso Infraccional.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Daniel Escobar Cruz (en representación de su hijo C.E.T. menor de edad) a fs. 233 a 234, impugnando el Auto de Vista No. 57/2013 de 29 de abril de 2013 pronunciado por  la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso Infraccional seguido por el Ministerio Público y Tania Flores Barahona y Otros contra el adolescente Cristian E. T., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa mediante Juicio dentro el Proceso Infraccional, la Juez Primero de Partido de la Niñez y Adolescencia de Potosí, emitió la Sentencia de No. 8/2013 en fecha 21 de marzo de 2013 cursante de fojas 207 a 213, falla declarando culpable al adolescente infractor C. E. T.; por consiguiente autor de la comisión de la infracción de la norma penal de Robo Agravado, tipificado en el Art. 332 num. 2) del Código Penal, en virtud de que la prueba admitida, producida e incorporada al proceso judicial, ha sido suficiente para generar en la Juzgadora la convicción plena sobre la responsabilidad infraccional del adolescente; por ello de conformidad con el art. 251 inc. 2) parte in fine, se le impone la medida socioeducativa de privación de libertad de 9 meses, a cumplirse en el Centro de Privación de Libertad “Nuevos Horizontes”, la misma concluirá en fecha 14 de mayo de 2013. Por otro lado se dispone la siguiente medida: El adolescente reciba orientación social y familiar a través del equipo interdisciplinario de SEDEGES que corresponda.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Tania Flores Barahona, la Sala Civil Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista No. 57/2013 de 29 de abril de 2013, cursante de fojas 228 a 231, revoca parcialmente al Sentencia No. 8/2013, únicamente en cuanto al tiempo de la medida socio-educativa privativa de libertad de “9 meses”, modificándola a tres años y seis meses conforme al numeral 2 del art. 251 de la Ley No. 2026 manteniéndose incólumes las demás determinaciones.

Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesta por parte de Daniel Escobar Cruz padre del menor infractor Cristian Escobar Tirano, que se analiza.

CONSIDERANDO II:        

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que el Auto de Vista fuera contrario al sentido jurídico en cuanto se refieren que en Sentencia no hubieran valorado las pruebas aportadas por el Ministerio Público como las pruebas aportadas por la acusadora, pese a que en la parte resolutiva se declara culpable y autor a C.E.T. del robo agravado, con imposición de pena privativa de libertad de 9 meses.

Que la Sentencia pronunciada en el caso, con una valoración adecuada de las pruebas aportadas, hubiera emitido fallo razonando su veredicto en base a la sana crítica y valoración conjunta de todas las pruebas, y pese a la denuncia de robo de montos de dinero elevados, no se habría acreditado ese extremo, ni en la etapa preparatoria ni en la sustanciación del juicio, que no se hubieran presentado testigos presenciales sino aquellos que tenían interés, además que refirieron solo sobre el costo de la construcción.

Que también en base a la sana crítica habría tomado en cuenta los informes del equipo técnico, social y psicológico, que son aspectos que se deben considerar y tomar en cuenta por el juzgador a momento de emitir una Resolución.

Se menciona Auto Supremo emitido por el Tribunal Supremo por el que se hubiera anulado obrados en otro proceso Infraccional, refiriendo con relación a esto que en los precedentes contradictorios se hubiera hecho un razonamiento lógico y no una interpretación matemática de la ley como erróneamente hubieran realizado los vocales autores del Auto de Vista, que determinaría contradicción  en su parte resolutiva con la considerativa, que además hubiera existido una interpretación incorrecta de actividad procesal defectuosa, encontrando el recurrente contradicción con los precedentes invocados.

Concluye en su petitorio se declare admisible el recurso y existiendo contradicción  entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios

invocados se dicte Resolución declarando la doctrina legal aplicable. 

CONSIDERANDO III:                                                

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A efectos de ingresar en contexto dando respuesta al recurso de casación que se planteó sin especificar si se lo realiza en la forma o en el fondo, corresponde realizar puntualizaciones con respecto al tema, comenzando por señalar que:

La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, suscrita por Bolivia el 8 de marzo de 1990, considera que el niño debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad y que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, deben atender al interés superior del niño, mandatos que fueron proclamados por el art. 1° del Código Niño Niña y Adolescente en nuestra legislación.

Corresponde asimismo señalar que el art. 60 de la Constitución Política del Estado refiere “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia  de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Por otro lado, referir que el derecho de menores está plasmado en la Ley No. 2026 de 27 de octubre de 1999 como Código del Niño Niña y Adolescente, con el objetivo principal de regular el régimen de prevención, protección y atención integral del Estado y la sociedad garantizando a todo niño, niña o adolescente, a fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, incorpora un procedimiento especial y único para ellos, fijado en el Título III, Capítulo I bajo el epígrafe de “Procedimiento Común”, al que deben remitirse todos los casos señalados en el Capítulo III, concretando en el art. “317 (Fundamentos para dictar resolución) El juez en el momento de dictar resolución tendrá presente los siguientes principios: 1. La respuesta que se de a la infracción será siempre proporcional a las circunstancias y necesidades del adolescente y a la gravedad de la infracción. En todo caso se considerará preferentemente el interés superior del adolescente: 2. Las restricciones a la libertad personal del adolescente se reducirán al mínimo posible; 3. Solamente se impondrá la privación de libertad personal en los casos previstos por este Código y siempre que no haya otra medida más adecuada por aplicarse”. Sin embargo que la norma abordada en su art. 284 del Código Niña Niño y Adolescente, reconoce los recursos de apelación y casación, sensiblemente no precisa cual el procedimiento o la normativa al que deben ceñirse, empero en atención a que se consideran inimputables a los menores de 16 años y la ley penal no puede ser aplicada a éstos, debiendo tratarse en la circunscripción civil.

En concordancia con lo anterior diremos que el presente proceso es uno sobre infracción de Robo Agravado cuya competencia corresponde al Juez de la Niñez y Adolescencia conforme prevé el art. 221 del Código Niño, Niña y Adolescente, si bien es evidente que consideramos infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley Penal, la responsabilidad que emerge por la comisión de lo que la ley penal refiere como delito, en materia de menores es de carácter social y no penal, siendo pasible a las medidas socioeducativas a que se refiere el art. 222 del precitado Código que rige la materia de menores.

Redundando en el tema se debe considerar que, los adolescentes comprendidos entre doce a dieciséis años son inimputables penalmente, esto es que sobre ellos, el Estado no está habilitado para ejercer el derecho de persecución penal, pues la conducta antijurídica de éstos adolescentes no es considerada delito sino infracción como se aclaró de manera pertinente, y al no ser su responsabilidad de tipo penal sino social, sobre ellos el Estado no ejerce el ius puniendi, sino que busca un tratamiento especial; no se les impone penas sino medidas socioeducativas y, si bien el art 237 del Código Niño, Niña y Adolescente contempla dentro de estas medidas socioeducativas a la privación de libertad en centros especializados, la misma está sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo, empero nunca debe ser concebida como una pena equiparable a la que se impone como consecuencia de un delito, sino una medida socioeducativa excepcional.

Corresponde por ello entender en su real concepción lo previsto por el art. 221 del Código Niño, Niña y Adolescente que señala que: "Se considera infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley penal, en la que incurre como autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social (...)", en esa misma línea el art. 222 del citado código determina que: "la responsabilidad social se aplica a los adolescentes comprendidos desde los doce años hasta los dieciséis años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales siendo pasibles a las medidas socioeducativas señaladas en el presente Código".

Conforme se razonó ya en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal, ha quedado ya establecido que bajo esos razonamientos y a partir de una correcta comprensión del carácter infraccional de la conducta antijurídica de los adolescentes inimputables- comprendidos desde los doce a los dieciséis años, las disposiciones que contiene el Código Niño, Niña y Adolescente que hacen referencia a la expresión “delito” cometido por los adolescentes comprendidos entre los doce y dieciséis años, resultan imprecisas generando de alguna forma confusión, pero, en todo caso debe dárseles a esas normas su real sentido, es decir, de infracción y no delito. En materia de infracciones, la concepción que tiene el citado Código está orientada a que, en virtud al principio de intervención mínima y de interés superior del niño, se trate el tema de los menores inimputables, que necesiten ayuda desde edades tempranas, pero fuera del sistema penal, entrando más bien dicho tratamiento en la esfera de un proceso socioeducativo especial comprendido dentro del derecho de la Niñez y Adolescencia.

En el caso en análisis, hubieron aspectos que se pueden observar por ejemplo de la mala utilización de terminología que harían ver que se trata de un proceso penal y no infraccional, pues el Ministerio Público realiza imputación formal, cuando perfectamente conocía que el adolescente era “inimputable” y el mismo órgano jurisdiccional utiliza y acepta esa mala utilización de términos que deben hacérselo para aquellos que sean imputables, empero los repara de alguna manera por auto de fecha 14 de noviembre de 2012, por lo que se descarta la posibilidad de una nulidad de obrados hasta el inicio mismo de la investigación actuando de oficio y siempre en protección del interés superior de los derechos del adolescente.

Bajo esos antecedentes, corresponde verificar conforme se reclamó en recurso de casación, que la Sentencia hubiera sido acorde a los datos del proceso y entendiendo que había la comisión de la infracción por parte del adolescente, su padre acepta por el menor la sanción socioeducativa que se le impuso, a ese entendimiento se arriba del porqué no interpuso recurso de apelación contra la Sentencia, y ciertamente se puede verificar que el fallo dictado por la A quo resulta razonado y acorde a los datos del proceso, con la imposición de una pena que respeta los alcances del art. 317 del Código Niño, Niña y Adolescente conforme se había glosado supra, comprendiendo la naturaleza socioeducativa del tratamiento jurídico del adolescente, con la imposición de una sanción en proporción a lo demostrado en la tramitación del proceso.

Corresponde asimismo verificar la denuncia del recurrente que el fallo recurrido de casación es contrario al sentido jurídico en señalar que no se hubieran valorado las pruebas aportadas por el Ministerio Público como de la Acusación particular. En ese antecedente llama la atención de este Tribunal que el fallo de segunda instancia haya en su considerando de fs. 228 comenzado su análisis por señalar que fuera deber de los jueces cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, así como tomar las medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes en las actuaciones del proceso a efectos del cumplimiento del debido proceso, para luego de analizar la normativa pertinente inserta en el Código Niño, Niña y Adolescente, sensiblemente se pretenda aplicación de la normativa procesal penal en cuanto a la concurrencia de los presupuestos para la procedencia del recurso de apelación; para posteriormente luego de ingresar a analizar el contenido razonado de la Sentencia de manera peyorativa señalar que:“…sin embargo de estas conclusiones, se la ha impuesto la medida socio-educativa de privación de libertad de tan sólo “9 meses”…”, ya denotando parcialidad o un criterio no adecuado a un fallo de segunda instancia, prevaleciendo el criterio de la parte acusadora que efectúa su reclamo conforme a los alcances de la normativa penal, cuando conforme a la normativa legal que rige la materia de menores no es posible aquello considerando que el adolescente procesado es inimputable.

El Auto de Vista recurrido, cuando en su última parte de la pieza considerativa refiere un análisis jurídico e imparcial, encuentra serias contradicciones, interpretación incorrecta, actividad procesal defectuosa, insuficiente fundamentación, contradicción en la parte resolutiva y considerativa, no hace sino mención de esas presuntas deficiencias, y cuyo único argumento es, que pese a reconocer se dice plena convicción sobre la responsabilidad infraccional del adolescente “solamente se impone 9 meses de privación de libertad”; análisis incongruente para luego en la ratio decidendi revocar parcialmente “únicamente en cuanto al tiempo de la medida socio-educativa”, si bajo esos antecedentes el Tribunal A quo consideraba que la Sentencia adolecía de “serias contradicciones, interpretación incorrecta, actividad procesal defectuosa, insuficiente fundamentación, contradicción en la parte resolutiva y considerativa”, a fin de remediar le correspondía anular la Sentencia a efectos de que exista la coherencia necesaria, empero en el caso, a mas de mencionarlo, no existe la fundamentación demostrativa de que ello fuera evidente; ahora bien, si el  Tribunal de apelación consideraba que la pena impuesta estaba fuera de los parámetros en relación a la “gravedad” de los hechos demostrados, debió realizar la fundamentación necesaria para imponer una pena elevada como lo hizo y no valerse de los propios argumentos de la Sentencia que la consideraron con muchas deficiencias y variar únicamente la pena impuesta, sin explicar que parámetros se utilizaron para elevar la pena de manera tan drástica. Si el Tribunal consideraba necesario imponer una sanción mas grave de la impuesta por la A quo, necesariamente debió realizar su propia fundamentación, y no como en el caso de autos que con la sola crítica al fallo como deficiente, cambiar únicamente la pena, sin considerar en lo mínimo que se trata de un adolescente infractor y lejos de cumplir con lo que manda el art. 60 de la Constitución Política del Estado de garantizar el interés superior del niño, niña y adolescente, y que la Sentencia fue dictada considerando los principios que protegen al menor con la debida fundamentación y basado en los principios de proporcionalidad, el cual fue desconocido por el Tribunal de Alzada conjuntamente con el de Necesidad del Adolescente y el de la Gravedad de la infracción, aspectos que conforme al art. 317 del Código Niña, Niño y Adolescente, debieron ser tomados en cuenta a tiempo de dictar  Resolución; igualmente debió considerarse que conforme la norma citada, en todo caso debe considerarse preferentemente el interés superior del adolescente y que las restricciones a la libertad personal del adolescente se reducen al mínimo posible; finalmente, que la imposición de la privación de libertad personal se aplica siempre que no haya otra medida más adecuada por aplicar.  Precisamente en base a esos parámetros el Juez A quo estableció que el hecho infraccional se cometió por el adolescente, y por ello se le impuso una sanción. Incongruente fuera la Sentencia si luego de establecer el hecho infraccional concluyera por absolver al infractor, pretendiendo con la afirmación de haberle encontrado “muchos de los objetos robados” justificar la imposición de una pena gravosa cuando en el juicio pese a la desproporción que existe entre las partes, ya que como demandantes intervienen el Ministerio Público y los denunciantes, no hayan podido justificar la veracidad del extravío de los dineros elevados que se denunció o el avalúo de las joyas alcanzaría la suma que se mencionó. El Tribunal de Alzada, pretende justificar la pena por el solo hecho de que el acto se cometió sin considerar las circunstancias cuando entre paréntesis señala “(pues el robo se perpetró, de poco o mucho botín)” es decir bajo esos parámetros seria lo mismo condenar a alguien que se apropió de Bs. 200 que Bs. 200.000. Resultando un razonamiento descontextualizado a los alcances de los derechos de los menores infractores y conclusión errada de parte del Tribunal de Alzada. Debe comprenderse que los jueces de la Niñez y Adolescencia se constituyen en los primeros guardianes de los derechos y garantías reconocidos a todo niño (menor de dieciocho años) tanto por los Convenios y Tratados Internacionales, como por la Constitución Política del Estado y las Leyes del Estado, sin embargo la actuación del Tribunal de apelación en el presente caso que resulta Sala especializada, va en contrasentido a esa labor, ingresando mas bien en la vulneración del debido proceso.

En ese marco, de la revisión de los antecedentes procesales, el fallo de primera instancia con relación al de Alzada, verificamos que no existe razonamiento lógico que haga sostenible el Auto de Vista siendo mas bien sustentable y de mayor coherencia con relación a los hechos, las pruebas producidas y las circunstancias que rodearon el hecho que se juzgó, lo razonado por el A quo, que obedece a una adecuada valoración y apreciación de los medios probatorios acumulados al proceso en cuya virtud asumió una determinada convicción expresada en la Sentencia que al imponer una pena no tan severa, empero desfavorable a los intereses del procesado, pues se le condenó a privación de libertad, no significando que sea contraria a derecho.

Bajo esos antecedentes, la acusación hecha en recurso de casación entenderemos en el fondo porque se cuestiona la base del razonamiento del fallo de segunda instancia- de ser contrario al sentido jurídico, tiene su asidero, por lo que corresponde dar curso al mismo, fallando en consecuencia conforme prevé los arts. 271- 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

En referencia al dictamen fiscal que cursa de fs. 242 a 244 de fecha 26 de junio de 2013, señalar que el razonamiento bajo el que dictamina se declare improcedente el recurso de casación, se circunscribe al hecho que revisado los antecedentes no existe apelación restringida por parte de Daniel Escobar Cruz por su hijo infractor, existiendo solo una respuesta al traslado por parte de la Defensoría Municipal de la Niñez, empero no ha considerado que si bien aquello es evidente, el fallo de segunda instancia al agravar la situación del infractor, legitima a este o a su representante interponer el recurso de casación que se analiza; de manera que estaba perfectamente habilitado para interponer recurso de casación en defensa de los derechos de su hijo menor de edad, en resguardo del interés superior que dimana del art. 60 de la Constitución Política del Estado. Además si ése era el criterio del Ministerio Público, no podía de manera incongruente luego ingresar a aspectos de fondo planteados por el recurrente ni emitir juicio de valor sobre lo reclamado por el mismo. Consecuentemente se la considera bajo esos alcances el referido dictamen.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los artículos 41, 42 parágrafo I, núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fecha 26 de junio 2013 y en aplicación de lo previsto por los artículos 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista No. 57/2013 de 29 de abril de 2013, de fs. 228 a 231, en consecuencia se mantiene subsistente la Sentencia dictada en primera instancia signada con el No. 8/2013 de 21 de marzo de 2013 cursante de fs. 207 a 213 de obrados.

Disponiéndose de manera complementaria que la decisión asumida en la última parte de la merituada Sentencia se la realice de manera prioritaria dada las condiciones en las que se encuentra el menor conforme a lo sugerido por el informe social de fecha 4 de febrero de 2013 (fs. 183 vlta.) a efectos de la recomendación realizada por el Psicólogo del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de fecha 4 de marzo de 2013 que cursa a fs. 185 vlta.

No siendo excusable se impone multa de un día de haber a ser descontados; para tal efecto notifíquese con la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Dra. Rita Susana Nava Duràn.

Ante Mi.- Dra. Patricia Ríos Tito - Secretaria de Sala Civil

Libro Tomas de Razón: Quinto