TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 435/2013

Sucre: 27 de agosto de 2013

Expediente: T-15-13-A

Partes: Luis Armando Rocha Gutiérrez y otro c/ Oscar Montes Barzón, Alcalde

             del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Proceso: Resolución de Contrato por Incumplimiento

Distrito: Tarija


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 185 a 187, interpuesto por Oscar Gerardo Montes Barzón en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y Provincia Cercado, contra el Auto de Vista Nº 28/2013 de fecha 17 de mayo de 2013, cursante de fs. 181 a 183 pronunciado por la Sala  Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso de Resolución de Contrato seguido por Luis Armando Rocha Gutiérrez e Ivar Carlos Rocha Gutiérrez contra Oscar Montes Barzón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, la adhesión al recurso de fs. 197, la concesión de fs. 198, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Jueza de Partido Primero en lo Civil de la Capital dicta Auto definitivo de  fecha 14 de junio de 2012, cursante de fs. 129 a 131, declarando probada la excepción de prescripción opuesta por la H. Alcaldía Municipal de Tarija y Provincia Cercado, en consecuencia se declara la prescripción de la obligación de compensación contenida en la Escritura Pública Nº 50/95 de fecha 18 de febrero de 1995.

Resolución de fondo que es apelada por los actores y a su  consecuencia se dicta el Auto de Vista Nº 28/2013 de fecha 17 de mayo de 2013, cursante de fs. 181 a 183, que revoca la resolución inferior y deliberando en el fondo declara improbada la excepción de prescripción planteada por la Alcaldía Municipal de Tarija; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por el ente edilicio, y a fs. 137 de obrados se tiene una adhesión al recurso de Alfonso Paul Lema Grosz en representación de la Gobernación de Dpto. de Tarija, que merecen el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de Casación en el fondo opuesto, se extrae los siguientes puntos de consideración:

El argumento refiere que en la Resolución recurrida se hizo una incorrecta aplicación e interpretación del art. 1503 del Código Civil, al señalar que los documentos de fs. 5, 15, 25, notas de fs. 16, 21, 22, 23 y 30 a 31, eran suficientes para interrumpir la prescripción,  interpretación errónea  no acorde al art. 1503 que señala las causas que interrumpen la prescripción, y no existe en antecedentes dice- actos equivalente para constituir en mora al Gobierno Autónomo Municipal, pues los informes por la ex Dirección de Desarrollo y Urbano hacen referencia que la mencionada compensación tenían otro objetivo y no era el de constituir en mora. Se expresa  que erróneamente  confieren a la minuta de comunicación un expresa reconocimiento del derecho de los actores, interpretación del art. 1505 del Código Civil, que no tiene sustento legal  debido al mandato del art. 173 de la ley de Municipalidades, una minuta de comunicación es un medio para fiscalizar las actividades del ejecutivo, por ello el Concejo Municipal no tiene competencia para reconocer expresamente un derecho a los demandantes así manda el art. 12 en concordancia con el art. 173 de la Ley de Municipalidades.

Indica que el reconocimiento expreso o tácito del derecho, que aquel contra quien el derecho puede hacer valer, de acuerdo al art. 1505 del Código Civil, debe interpretarse en que ese reconocimiento debe hacer de la misma forma en que nace la obligación, es decir a través de una minuta y ésta sea elevada instrumento público, prueba dentro la documental presentada por el demandante que no consta.

Finalmente solicita se tenga planteado a tiempo y forma el recurso de casación en el fondo y se dicte Auto supremo casando el Auto de Vista, por consiguiente se declare probada la excepción previa de prescripción.


CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Para ingresar al análisis de la problemática planteada se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

La prescripción es una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado en ley. El fundamento de la prescripción es de mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, que hace necesario el de establecer la temporalidad de disposición del derecho, impidiendo el ejercicio intempestivo del mismo.

En ese marco, la doctrina establece dos presupuestos para la prescripción, al respecto Díez-Picazzo y Gullón (Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, pág. 282) señala que: “Pero el transcurso fijado en ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho.

La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene.”

En virtud a lo expuesto, la prescripción para surtir el efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado en ley, unido a la inactividad  del titular ante el incumplimiento de la obligación, y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establece los arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

Teniendo la prescripción como base la inercia o inactividad del derecho, es lógico que el reclamo del derecho imposibilite su acaecimiento, interrumpiendo la prescripción, reponiendo el tiempo establecido debiendo contarse nuevamente por completo, que puede permitir, interrupción de por medio,  la duración de un derecho indefinidamente, conforme señala el art. 1506 de la norma Sustantiva Civil.

El art. 1503 del Código Civil señala: “I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente.

II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”.  En tal caso, la norma presenta dos escenarios de interrupción vía judicial y extrajudicial. La primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales, aun incompetentes, y la otra, es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor.

Ahondando en la interrupción extrajudicial y necesidad de constituir en mora al deudor; al efecto debemos señalar que, el art. 339 del Código Civil establece que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor, notándose que la constitución en mora puede ser mediante requerimiento extrajudicial por medio de un acto equivalente del deudor. Al efecto podemos señalar que la mora es el retardo o retraso culpable e ilegal en el cumplimiento de la obligación; siendo el termino vencido y el requerimiento  del acreedor, sus presupuestos.

Bajo ese contexto, respecto al requerimiento la Enciclopedia Jurídica Omeba (Tomo XIX, pág.902) nos dice: “El requerimiento puede ser hecho por cualquier medio que suponga una exigencia de cumplimiento al obligado, por carta, telegrama o por medio de un escribano público. No hay exigencias legales al respecto”. Concordante con ese criterio, Raúl Ferrero Costa (Curso de Derecho de las Obligaciones, pág. 347) señala que: “El requerimiento de cumplimiento puede ser judicial o extrajudicial, sin que se requiera formalidad especifica alguna. Basta cualquier acto del acreedor del que se puede inferir su intensión de exigir el pago. La intimación de cumplimiento es una declaración de voluntad recepticia, por lo que produce sus efectos cuando llega a conocimiento del deudor destinatario de la misma”.

Nuestra legislación no define la forma del “acto equivalente” para constituir en mora al deudor, extrajudicial, sin embargo infiriendo de lo manifestado, el requerimiento moratorio no está sujeto a una formalidad específica, bastando cualquier acto del acreedor que tenga la intención de exigir el cumplimiento de la obligación. Bajo lo conceptualizado, el art. 1503 parágrafo II del Código Civil al señalar que la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, la norma exige que ese acto, extrajudicial, sea el de exigir la obligación, sin sujeción  a una forma precisa, lo que supondrá el ejercicio del derecho lesionado, interrumpiendo de éste modo el plazo prescriptivo. 

Por otro lado, la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga el deudor a favor del acreedor, conforme estipula el art. 1505 del Código Civil, que como efecto lógico de la interrupción hace que se inicie un nuevo periodo quedando sin efecto el transcurrido anteriormente, en aplicación del art. 1506 de la misma norma Sustantiva.

En el caso en cuestión, el primer punto de denuncia es la errónea aplicación e interpretación del art. 1503 del Código Civil, porque los documentos de fs. 16, 21, 22, 23 y 30 a 31, no eran suficientes para interrumpir la prescripción; al respecto se debe precisar que el art. 1503 parágrafo II del Código Civil señala que la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, como se ha explicado anteriormente, ese acto que interrumpe la prescripción, extrajudicial, no es un acto que requiera una forma precisa, sino que es requerimiento y exigencia al obligado para que cumpla con el derecho lesionado. En tal circunstancia, el Ad quem, otorgó la eficacia interruptiva a esos documentos, de los cuales el recurrente no cuestiona el contenido o el plazo sino la forma de los mismos, insistiendo que no existe un acto equivalente que haya constituido en mora al ente edil, que como se ha explicado, esos actos desarrollados por la parte acreedora fueron para exigir la obligación, siendo suficientes los mismos, ya que la norma no exige otra formalidad a cumplir. Por otro lado, de las documentales aludidas, cursan otras de reconocimiento del derecho por parte del órgano municipal, que también son actos eficaces que interrumpen la prescripción, conforme se observan del contenido de las mismas.

Sobre la denuncia que el reconocimiento realizado por el Concejo Municipal del municipio por medio de una minuta de comunicación no puede ser considerado, por no tener atribuciones debido al mandato del art. 173 de la Ley de Municipalidades; se debe señalar que la minuta constituye un acto emanado por el órgano deliberativo del municipio que evidencia que los titulares del derecho, ejercieron el mismo y reclamaron su cumplimiento, llevando su reclamo incluso a instancias del legislativo municipal, quién ejerciendo su labor fiscalizadora le exhorto oficialmente al ejecutivo honrar sus obligaciones pendientes.

En relación a que el reconocimiento expreso o tácito del derecho, de acuerdo al art. 1505 del Código Civil, debe interpretarse que ese reconocimiento debe hacerse de la misma forma en que nace la obligación; se debe señalar que la norma no preceptúa semejante formalismo, pues dicho reconocimiento, puede efectuarse de distintos modos, y no siempre de manera expresa como erradamente interpreta el recurrente, y más aún cuando se pretende instituir a ese reconocimiento un formalismo apremiante, sin tomar en cuenta que la norma considera que es reconocimiento puede ser expresa, sin condicionantes o formalismos contractuales, o implícita, mediante actos que demuestren ese reconocimiento. De lo explicado se colige que el recurso de casación, en estricta observancia de los puntos planteados, no tiene el suficiente fundamento para revertir la decisión asumida por el Ad quem, lo que se declara infundado.

En relación a la adhesión al recurso de casación por parte de Alfonso Paul Lema Grosz, Ejecutivo Seccional de Desarrollo de la provincia Cercado de la Gobernación del Dpto. de Tarija, se debe señalar que no obstante nuestra  ley procesal no provee la figura de adhesión del recurso de casación por tratarse éste de una demanda nueva de puro derecho, corresponde puntualizar que la adhesión formulada de ninguna manera constituye un recurso ajeno al interpuesto  por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, razón por la que en su resultado debe estarse al mismo.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia emite resolución  en la forma determinada por los arts. 271 núm. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 273 y 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 185 a 187, interpuesto por Oscar Gerardo Montes Barzón en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y Provincia Cercado, contra el Auto de Vista Nº 28/2013 de fecha 17 de mayo de 2013, cursante de fs. 181 a 183 pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin costas por ser entidad estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Dra. Rita Susana Nava Duràn.

Ante Mi.- Dra. Patricia Ríos Tito - Secretaria de Sala Civil

Libro Tomas de Razón: Quinto