TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 434/2013

Sucre: 27 de agosto 2013

Expediente: PT-26-13-S

Partes: Félix Villarroel Trujillo y María Muruchi de Villarroel c/ Teresa Piñas Vda.

            de Vásquez, Brenda Ivana Vásquez Piñas y Kevin Danny Vásquez Piñas.

Proceso: División y Partición.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 1854 a 1864 y vlta., interpuesto por Kevin Danny Vásquez Piñas, y el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 1872 a 1879 interpuesto por Brenda Ivana Vásquez Piñas, que recurren el Auto de Vista Nº 60/2013 de 18 de abril de 2103 pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de fs. 1845 a 1847 y vlta., en el proceso de División y Partición de Inmueble, seguido por Félix Villarroel Trujillo y María Muruchi de Villarroel contra Teresa Piñas Vda. de Vásquez, Brenda Ivana Vásquez Piñas y Kevin Danny Vásquez Piñas, la concesión de fs. 1886, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto en lo Civil Comercial de la ciudad de Potosí, dicta Sentencia Nº 136/09 de 22 de junio de 2009, cursante de fs. 1613 a 1622 y vlta., de obrados, declarando probada en parte la demanda ordinaria interpuesta por los actores en consecuencia dispone en defecto de no hacerse efectivo el rescate de cuota parte, haber lugar a la división y partición del inmueble sito en calle Bustillos Nº 967, correspondiéndoles a los demandantes como porcentaje el 55% del bien y sin lugar a la división del inmueble en el porcentaje pretendido de 75%. Asimismo, declara probada en parte la demanda reconvencional interpuesta a fs. 58 a 61 por Teresa Piñas Vda. de Vásquez, en consecuencia reconoce el derecho de rescate de la cuota parte de los adquirientes-demandantes sobre el inmueble, dentro el plazo de 2 meses de la ejecutoria de la fijación del precio del inmueble, a determinarse en ejecución de Sentencia, declara sin lugar al rescate de cuota parte en la suma de Bs. 15.000. Por otro lado declara improbadas las demandas reconvencionales de Brenda Vásquez Piñas de fs. 97 a 102 subsanadas a fs. 104 a 109 de nulidad de protocolización del documento de transferencia de 6 de abril de 2000, nulidad de contrato de transferencia y nulidad de contrato de venta de herencia entre José Vásquez con Félix Villarroel Trujillo y María Muruchi de Villarroel y declara improbada la excepción de falta de acción y derecho en los demandantes opuesto a fs. 135 a 142 del expediente por Kevin Danny Vásquez Piñas.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación por ambas partes: Félix Villarroel Trujillo, por sí y por María Muruchi de Villarroel por escrito de fs. 1627 a 1631, Brenda Ivana Vásquez Piñas por escrito de fs. 1640 a 1643, y Kevin Danny Vásquez Piñas mediante memorial de fs. 1645 a 1646; y como consecuencia de ello, por medio nulidades procesales, se dicta el Auto de Vista Nº 60/2013 de 18 de abril de 2013, cursante de fs. 1845 a 1847 y vlta.,  que confirma en su integridad la Sentencia Nº 136/09 de 22 de junio de 2009; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por Brenda Ivana Vásquez Piñas y Kevin Danny Vásquez Piñas, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

Recurso de Casación en la Forma de Kevin Danny Vásquez Piñas:

El recurrente señala que de la revisión del Auto de Vista Nº 60/2013 de 18 de abril de 2013, se evidencia que sus autoridades no se pronuncian sobre los puntos de apelación 1) Error de apreciación de la prueba y 2) Errada aplicación del art. 514 del Código de Procedimiento Civil, debido a que no se encuentra en el citado Auto de Vista fundamentos que se refieran y resuelvan esos puntos de apelación, ni siquiera de forma enunciativa. Indica también que el Auto de Vista fue resuelto sin observar la pertinencia que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque no se circunscribe a la expresión de agravios del recurso de apelación dice- se ha inobservado el principio de congruencia que es un elemento de la garantía del debido proceso, porque al no haberse resuelto sobre los puntos impugnados se ha incurrido en incongruencia citra petita, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que han sido planteados.

Dentro el argumento brindado señala que la pertinencia entre la Resolución apelada, recurso de apelación y el Auto de Vista es una garantía para las partes, citando el art. 236 y 227 del Código de procedimiento Civil, y trae a colación jurisprudencia constitucional relativo al caso. Concluyendo su recurso indicando que interpone recurso de casación en la forma por falta de pronunciamiento de los puntos apelados que son: 1) Error en la apreciación de la prueba y 2) Errada aplicación del art. 514 del Código de Procedimiento Civil; solicitando que el Tribunal de Casación anule llanamente el Auto de Vista Nº 60/2013 y ordene conforme dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de Casación de Brenda Ivana Vásquez Piñas:

En la forma; la recurrente señala que el Auto de Vista no se pronunció sobre la interpretación errónea del art. 606 del Código Civil, que a pesar que era de conocimiento  del Tribunal de apelación que ese punto impugnado no fue resuelto por el anterior Tribunal, se persistió en no resolver sobre la interpretación errónea del art. 606 del Código Civil. En su argumento específica sobre el pronunciamiento realizado por el Tribunal de Alzada, sin embargo dice que los argumentos transcritos anteriormente se refieren a aspectos generales de una venta de herencia pero no se pronuncia sobre el punto apelado de la interpretación errónea del art. 606 del Código Civil, porque no existe argumento que se refiera si el Juez de la causa a hecho o no una interpretación errónea del citado artículo, acota diciendo que lo único que se encuentra es citas sobre el referido artículo y comentarios de Morales Guillén de lo que es una venta de herencia, y el punto impugnado es la interpretación del artículo mencionado, porque una venta de herencia, no se puede pormenorizar los bienes vendidos y el señalar causa efecto de la nulidad de la venta de herencia, sus autoridades no responden al agravio denunciado, lo interesante es que ha encontrado la forma de evadir el pronunciamiento de un punto impugnado y es citar comentarios pero no pronunciarse sobre lo impugnado.

Por otro lado se acusa que el Auto de Vista ha otorgado más allá de lo pedido, indicando que al confirmar los argumentos de la Sentencia con el Auto de Vista, han otorgado más de lo pedido, causal de procedencia de casación en la forma. Señala que el Tribunal de Alzada como puede sostener que su persona por no haber demostrado por ningún medio de convicción durante el transcurso del proceso la falta de Título de Notario de Fe Pública interviniente en la protocolización del documento de venta en la República del Brasil, siendo que su persona nunca ha negado o afirmado que Orlando Ribeiro Junior sea Notario de Fe Pública en el  Brasil.

En cada punto la recurrente solicita  que el Tribunal de Casación anule el Auto de Vista conforme establece el art. 275 del Código de Procedimiento Civil y ordene que los vocales dicten una nueva Resolución congruente y exhaustiva.

En el fondo, presenta como denuncia error de hecho, indicando que el Tribunal de apelación al manifestar que su persona no ha demostrado que el Embajador del Brasil no hubiese ordenado expedir los certificados correspondientes, demuestra la ilegalidad con la que se ha dictado el Auto de Vista, porque de la revisión de obrados se puede constatar que su persona sustentó la Nulidad de Protocolización con prueba aportada de orden judicial de traducción y protocolización que cursa a fs. 80 a 96 de obrados, y en el memorial de reconvención que cursa a fs. 104 a 109 hizo la narración de los pasos que se siguieron para conseguir la protocolización que también señaló en el recurso de apelación de fs. 1640 al 1643 de obrados. Señala también que su persona ha demostrado, previo relato de los hechos, que los del Tribunal de apelación no han valorado correctamente las pruebas de fs. 80 a 96 al dictar el Auto de Vista Nº 60/2013, error manifiesto que demuestra con documento auténtico que la documentación de la orden judicial de protocolización de fs. 80 a 96.

A continuación la recurrente manifiesta que se ha cometido errónea interpretación del art. 1249 del Código Civil, porque en la segunda parte del párrafo I) del mencionado artículo establece: “Si se omite la notificación a los coherederos pueden rescatar la cuota del adquiriente o ulterior causahabiente mientras dure el estado de indivisión hereditaria”, esta norma es clara al manifestar que pueden rescatar, el rescate está a voluntad de los coherederos no siendo imperativo el rescate, el hecho que su persona -dice- no haya hecho uso del rescate, no significa que mi persona está aceptando la venta realizada por José Ortega Vásquez a los esposos Villarroel de la cuota parte del inmueble de la calle Bustillos, es por esa razón que al no haber notificado con su intención de vender su cuota parte del inmueble de calle Bustillos Nº 967 a su persona, no ha cumplido con el parágrafo I) del art. 1249 del Código Civil, norma imperativa que está penada con nulidad por ilicitud de la causa.

En ambas denuncias se hace el petitorio de la procedencia del recurso de casación en el fondo, solicitando que el Tribunal de casación case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare probada su demanda reconvencional.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del Recurso de Casación en la Forma de Kevin Danny Vásquez Piñas:

El recurso de casación en la forma denuncia la falta de pronunciamiento de los puntos de agravio de apelación circunscrita en: 1) Error de apreciación de la prueba y 2) Errada aplicación del art. 514 del Código de Procedimiento Civil; por lo que el análisis estará orientado a verificar ese cuestionamiento, a lo que se debe señalar:

Es de precisar que toda Resolución judicial debe guardar la debida congruencia, de la cual emergen dos reglas esenciales que son: a) decidir sólo sobre lo alegado y debatido; y b) decidir sobre todo lo alegado y debatido.

La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta  de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso; en materia recursiva dese el caso de omitir en la Resolución algún punto de agravio o de impugnación.

Es así que una Resolución judicial, en mérito al principio de congruencia, debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que a saber se resume en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, es devuelto cuanto se apela, que establece el límite formal de la apelación en medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En el presente caso, lo que el recurrente acusa es la incongruencia entre lo resuelto con lo manifestado en su expresión de agravios, sobre los puntos específicos de: 1) Error de apreciación de la prueba y 2) Errada aplicación del art. 514 del Código de Procedimiento Civil; fundado según su argumento - a que la Sentencia le otorgó eficacia al documento de fs. 1 a 7 como si fuera un documento de transferencia cuando es un contrato preliminar, señalando además aplicación errada del art. 514 del Código de Procedimiento Civil, norma que estaría fuera de contexto.

En ese marco de argumentos del recurso apelatorio, el Tribunal de segunda instancia señaló: “e) Por otro lado la acción de división partición efectuado por los demandantes es justa por estar justificado su derecho propietario, teniendo la suficiente legitimación  como copropietarios actuales de los derechos y acciones adquiridos de José Ortega Vásquez, mediante un instrumento legal que no atenta al orden público y las buenas costumbres, tampoco afecta derechos e intereses de los demandados.” De la estructura de la Resolución de Alzada, se entiende que ésta ha sido la respuesta al primer punto de agravio planteado sobre el error en la apreciación de la prueba, ya que la apelación en su argumento no sólo ponía en duda el documento de transferencia aduciendo ser un contrato preliminar, sino que desmerecía la acreditación mediante éste documento del derecho propietario de los actores, en tal circunstancia, ese fue el enfoque que el Ad quem le dio a la respuesta a la supuesta vulneración, y aún se discrepe de la forma o el criterio explanado, el agravio fue absuelto.

Más adelante el Auto de Vista señaló: “Como tampoco es cierto que el juez haya incurrido en una  errada aplicación del art. 514 del Código Civil, sino que más bien aplicó dicha norma en su verdadera dimensión y alcance. Además se debe considerar que cualquier copropietario de una cosa común, conforme al art. 167 del Código Civil, no está obligado a permanecer en la comunidad y cada propietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común”; de la misma manera sobre la errada aplicación del art. 514 del Código Civil fue respondido por el Tribunal Ad quem, aunque se disiente de la orientación de la respuesta que  perseguía el impugnante, por cuanto en el argumento de apelación se expuso como agravio un lapsus ocurrido en la Sentencia en la que se señaló “art. 514 del Procedimiento Civil” en lugar del art. 514 del Código Civil, pues la transcripción de la mencionada norma se la hizo a continuación de la cita normativa, cuestión lógica que resalta a la vista. Situación que desde luego no puede ser considerada como agravio, ya que la finalidad teleológica de la apelación es reparar el agravio ocurrido en Sentencia, lo que no supone abusar de ese derecho invocando ofensa donde no existe, por lo cual, la discusión sobre la norma precitada fue respondida, no pudiendo alegarse incongruencia negativa.

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo no es absoluto, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios superiores que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes; la trascendencia del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, fruto de la casación en la forma, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

Por todo lo manifestado, no existiendo omisión en la repuesta por el Tribunal Ad quem, el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Del Recurso de Casación de Brenda Ivana Vásquez  Piñas

En la forma:

El art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil regla que procede la casación en la forma cuando se ha otorgado más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre algunas de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores; norma que postula congruencia en las Resoluciones judiciales, que deben concordar con las pretensiones deducidas, sin exceder u omitir las mismas, lo que llevaría a una incongruencia positiva o negativa en la decisión.

Recordemos, que la incongruencia positiva tiene como modalidades: "ultra petita", cuando el Juez otorga más de lo pedido; y "extra petita", cuando otorga algo distinto de lo pedido, en cambio la incongruencia negativa, se verifica cuando el Juez omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones deducidas en litigo, denominado "citra petita".

Sobre lo expuesto, se reclama la falta de pronunciamiento por el Tribunal de apelación sobre la interpretación errónea del art. 606 del Código Civil, a lo cual se debe señalar que la supuesta omisión en el agravio deducido en apelación debe ser tal que infiera una merma al derecho de defensa, que la omisión sea trascedente para el mismo proceso, que incluso la respuesta pueda cambiar el estado de la decisión jurídica, por ello se ha manifestado que el principio de congruencia no es un principio absoluto, sino que éste se flexibiliza en relación a la protección del derecho que las mismas partes tienen de una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, consagrado en el art. 115.II de la norma suprema.

No obstante ello, en el presente caso se observa que el Tribunal de Alzada brindó una respuesta al agravio deducido en apelación, más allá del criterio esgrimido en la decisión judicial la respuesta ha sido oportuna y dentro el marco de unidad de las pretensiones deducidas en el litigio; la parte recurrente hizo énfasis en que el agravio es relativo a la interpretación errónea del art. 606 del Código Civil y que esta no fue respondida, sin embargo no se debe perder de vista que toda la argumentación desarrollada en el Auto de Vista respecto a este artículo es para reforzar el argumento de una venta legítima, es por ello que el Ad quem señala: “El derecho propietario de los demandantes sobre el 55% del bien inmueble de calle Bustillos Nº 967 queda acreditada con el contrato de venta de acciones y derechos suscrito…cuya venta resulta ser legitima por haber acreditado el vendedor su calidad de heredero conforme la prueba documental producida durante la tramitación del proceso observando estrictamente las previsiones del art. 606 del Código Civil”. De lo glosado se infiere que el Tribunal de Alzada explícitamente ha otorgado el valor jurídico necesario al documento de transferencia entre José Ortega Vásquez y los esposos Villarroel, en consecuencia se está otorgando la eficacia al mismo, más allá de la redacción contenida en ella, objetada por la recurrente. Es de considerar que en el presente caso no existe omisión en la respuesta al agravio deducido en apelación, si bien no es de agrado de la recurrente, no significa que el Tribunal de Alzada haya soslayado pronunciarse sobre el mismo, confirmando la interpretación del A quo.

Respecto a la incongruencia positiva manifestada en recurso; se debe precisar que la congruencia positiva tiene como base la correspondencia entre la pretensión y lo que se decide de ella en la Resolución judicial, guardando una armonía lógica de petición y pronunciamiento. Del tenor del recurso no se distingue cuál fue el exceso estrictamente que se otorgó sin que medie pretensión deducida, la incongruencia reclamada es de que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia ha “otorgado más de lo pedido”,  sin que se precise el exceso de lo dispuesto resolutivamente por el Ad quem. En tal circunstancia, no es convincente argüir incongruencia positiva, sin establecer aquella decisión que formule en exceso el pronunciamiento de un derecho o condene a una prestación no solicitada.

Por los motivos expuestos, se declara infundado el recurso de casación en la forma interpuesto.

En el fondo:

Respecto al error de hecho en la prueba de fs. 80 a 96; se hace necesario señalar que el error de hecho se entiende cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.

En el marco de lo expuesto, el Ad quem en su fundamentación rescata que la protocolización del documento de transferencia de acciones y derechos cumplía con las formalidades requeridas y en ese margen los demandados no habían demostrado que el Embajador del Brasil “no hubiese ordenado expedir los certificados correspondientes”; siendo ese el contexto de la decisión, es cierto que a fs. 80 a 96 se tiene el legajo de los antecedentes documentales de la protocolización cuestionada, sin embargo, no implica que al no existir en ese legajo la orden del Embajador de Brasil para la certificación o la orden para el Segundo Secretario Consular, ese procedimiento haya carecido de estos o se haya producido irregularmente, por cuanto no se ha probado mediante ese elemento probatorio que estos actos al interior del ente diplomático no hayan existido, tomando en cuenta también que no se ha precisado cuál las características y hermenéutica de ejecución de actos en el interior de la Embajada para asegurar que el procedimiento fue omitivo o se lo hizo irregularmente. Por lo expuesto, el Juez de origen como el Ad quem, le otorgaron el valor probatorio al legajo documental de fs. 80 a 96 de obrados, sin cercenar el contenido en el documento o incrementarlo, evidenciando que no existe error de hecho en su apreciación.

En relación a la supuesta interpretación errónea del art. 1249 del Código Civil; para el examen requerimos señalar que el art. 1249 del Código Civil respecto al derecho de prelación dispone: “I. El coheredero que quiere vender su cuota o parte de ella a un extraño, debe notificar su propuesta de venta a los otros coherederos, los cuales tienen derecho de prelación y debe ejercerlo en el plazo de dos meses desde las notificaciones. Si se omite la notificación los coherederos puedan rescatar la cuota del adquiriente o ulterior causahabiente mientras dura el estado de indivisión hereditaria”. Norma que en ningún momento restringe el poder jurídico que permite al propietario disponer de una cosa, sino que regula ese derecho, otorgando prelación a los otros coherederos, e incluso, realizada la transferencia, como el caso, los coherederos pueden rescatar la cuota del adquiriente o ulterior causahabiente; lo que no implica que los otros coherederos tenga el poder sobre la potestad  que el titular tiene sobre su cuota de poder transferir o no ese derecho.

Por lo expuesto, al no notificar a los otros coherederos la decisión de transferencia por parte de José Ortega Vásquez, para que hagan uso del derecho de prelación de adquisición, conforme el criterio de los jueces de grado, se ha declarado probada la pretensión de hacer uso del derecho de prelación, que se expresa en la parte dispositiva de la Sentencia; por lo que resulta intrascendente que la recurrente acepte o no la venta realizada entre el coheredero y los esposos Villarroel, no siendo viable la nulidad de dicha transferencia por ilicitud de causa, cuando la finalidad económica social de la transferencia estuvo acorde con la potestad de disposición que tenía el vendedor sin contrariar al orden público, las  buenas costumbres o norma imperativa.

Por lo manifestado, se concluye que el recurso de casación en el fondo es carente de fundamentos para revertir las decisiones que fueron asumidas en el marco de la legalidad y de los preceptos constitucionales, por lo que éste deviene en infundado. 

Por lo expuesto corresponde fallar a éste Tribunal de casación de la forma establecida por los arts. 271-2) y 273 del Código Adjetivo Civil, para ambos recursos. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO los recursos: de casación en la forma de fs. 1854 a 1864 y vlta., interpuesto por Kevin Danny Vásquez Piñas, y el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 1872 a 1879 interpuesto por Brenda Ivana Vásquez Piñas, que recurren el Auto de Vista Nº 60/2013 de 18 de abril de 2103. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Dra. Rita Susana Nava Duràn.

Ante Mi.- Fdo Dra. Patricia Ríos Tito - Secretario de Sala Civil

Registrado en el Libro Tomas de Razón: Quinto