TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 426/2013

Sucre: 16 de agosto 2013

Expediente: SC-65-13-S

Partes: Pablo Llanos García y Zobeida Cuellar Carrasco de Llanos c/ Peregrina

            Carrasco Villarruel y otros.

Proceso: Usucapión.                                        

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 223 a 224 y vlta., interpuesto por Pablo Llanos García y Zobeida Cuellar Carrasco de Llanos, contra del Auto de Vista de 12 de abril 2013 cursante de fs. 214 a 215, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Usucapión, seguido por Pablo Llanos García y Zobeida Cuellar Carrasco de Llanos contra Peregrina Carrasco Villarruel y otros, la concesión de fs. 236, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido y de Sentencia de Samaipata Provincia Florida dictó la Sentencia de fecha 27 de noviembre 2012, que cursa de fs. 140 a 143 y vlta, declarando Probada la demanda de fs. 12 a 13 e improbadas las excepciones de fs. 37, declaró a los actores propietarios absolutos del inmueble ubicado en la localidad de Moro Moro, ubicado en la Esquina de la Plaza 25 de Julio Manzano C-M7, zona sur, área urbana, con colindancias al Norte con calle Charcas y mide 7.80 mts., al Sur con Benigno Cruz y mide 7.80 mts, por el Este con Delfa Vidal y mide 12.10 mts, y por el Oeste con la calle 4-2 y mide 12.30 mts con una superficie total de 95.16 mts2, con todas sus mejoras introducidas en ella.  Ordenándose su registro en la oficina de Derechos Reales.

Dicho fallo de primera instancia, fue recurrido en apelación por la demandada, recurso que fue de conocimiento de la Sala Civil Segunda, que emitió el Auto de Vista de 12 de abril 2013 que cursa de fs. 214 a 215; el mismo que Anulo obrados por incumplimiento del art. 131 de la Ley de Municipalidades.

Contra dicha Resolución de segunda instancia, los actores, se alzaron en casación en la forma, recurso que es analizado.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Mencionan que el Auto de Vista se basó en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, la Sentencia Constitucional No. 196/2010 del 24 de mayo y S.C. No. 0687/2005-R del 20 de junio, donde reconoció que el Honorable Alcalde Municipal de Moro Moro de la Provincia Vallegrande ha sido notificado con la demanda principal y reconvencional, como consta en fs. 43, concluyendo que no fueron notificados con las demás actuaciones procesales, menos aún con el Auto de traba procesal de fs. 62 vlta y fs. 63 ni con la Sentencia dictada dentro del presente proceso, por dicho motivo se anuló obrados en base al art. 131 de la ley de Municipalidades.

Los recurrentes indican que si fue notificado el Alcalde Municipal Lic. Lucio Rojas Gonzales, a fs. 15 vlta., con la demanda y Auto de aceptación de demanda, en fs. 26 vlta., con las excepciones de la demandada y decreto; en fs. 36 vlta., con apelación en efecto diferido y decreto; en fs. 39 vlta., con contestación a la demanda y reconvención; fs. 43 con contestación a la demanda reconvencional y decreto, fue notificado personalmente el Alcalde Municipal de Moro Moro el 30 de noviembre del 2012 con la Sentencia No. 41/2012.

Por todas estas diligencias, mencionan los recurrentes que se cumplió con lo establecido por el art. 131 de la Ley de Municipalidades, sin que se apersone el Alcalde Municipal de Moro Moro, por dicho motivo solicitaron que se invalide el Auto de Vista No. 58/2013 de 12 de abril de 2013.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, revisado el cuaderno procesal a fs. 15 vlta., se evidencia la notificación de manera personal al Honorable Alcalde Municipal de Moro Moro  Lic. Lucio Rojas Gonzales con la demanda principal y Auto de admisión a la misma; continuando el proceso a fs. 26 vlta., fs. 34 vlta., fs. 36 vlta., 39 vlta., y 43 de obrados cursa diferentes notificaciones practicadas al Honorable Alcalde Municipal de dicha localidad; al igual que la notificación practicada a fs. 144 vlta, donde se verifica la diligencia practicada a dicha autoridad con la Sentencia dictada en obrados.

Todos estos actuados demuestran fehacientemente que lo dispuesto por el art. 131 de la Ley de Municipalidades Nro. 2028 de 28 de octubre de 1999, que establece: "En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad...",fue cumplido por el Juez de primera instancia.

En el caso de Autos y de la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que el Tribunal de Alzada anuló el proceso hasta fs.64 inclusive, disponiendo que el Juez A quo dé cumplimiento a lo establecido por el art. 131 de la Ley de Municipalidades, llamándole la atención y pidiendo que cumpla sus funciones con eficiencia el Juez inferior.

Del análisis de dicha Resolución se puede advertir que el Tribunal Ad quem reconoce las diligencias practicadas hasta fs. 43; pero observa las demás diligencias producidas en obrados en especial el Auto que traba de relación procesal que cursa a fs. 62 vlta. a 63, al igual que la Sentencia dictada en la litis, resoluciones que a criterio del Tribunal de Alzada serían de vital importancia para la Honorable Alcaldía Municipal de Moro Moro para no causar indefensión a dicha institución como lo estipula el art. 131 de la Ley 2028.

Ahora bien, si interpretamos el alcance de dicha norma tenemos que en todo proceso de Usucapión se debe citar al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva, aspecto que en la litis fue cumplida a fs. 15 vlta, la misma norma establece que el Alcalde “…en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada…”, de la revisión de obrados no cursa memorial alguno que demuestre que existiese un interés municipal como para constituirse en parte del proceso; más al contrario de las documentales adjuntadas en obrados se evidencia que dicho bien inmueble objeto de la litis, es de interés particular y no municipal, por dicho motivo se entiende la dejadez con la que actuó el ente municipal.

Si el ente municipal tuvo el conocimiento de la demanda principal de Usucapión y demás actuados procesales y no se apersonó al proceso como parte interesada en defensa de los interés del municipio, la anulación de obrados dispuesta por el Ad quem para que se le notifique con el Auto de traba de relación procesal no tiene justificativo, porque en ningún momento se le causó indefensión a dicha institución, no se le privó de los medios de defensa que le correspondían en el desarrollo del proceso, más al contrario se evidenció que dicho ente municipal no contaba con interés alguno en un litigio de un bien inmueble enteramente particular.

Además en el supuesto caso de que se hubiere vulnerado los derechos del Gobierno Municipal en la litis; el Alcalde de dicha localidad contaba con la posibilidad de hacer valer sus derechos en defensa del Municipio mediante recurso de apelación,  toda vez que fue notificado con la Sentencia dictada en obrados a fs. 144, actuado que jamás lo realizó, lo que demuestra también que dicha entidad no contaba con interés en el proceso.

Todos estos actuados demuestran tres hechos: El primero que no existió vulneración al art. 131 de la Ley de Municipalidades (porque se citó al Gobierno Municipal), segundo que el Gobierno Municipal de Moro Moro no tenía interés para constituirse en parte interesada en la litis y tercero que el Tribunal Ad quem malinterpretó los alcances que dispone dicho artículo de la Ley 2028, cometiendo además, error de apreciación al considerar que el Gobierno Municipal de dicha localidad  no fue notificado con la Sentencia en obrados.

Por dicho motivo la anulación de obrados dispuesta por el Tribunal de Alzada resulta incorrecta y exagerada, toda vez que no efectuó una revisión minuciosa y adecuada de todo lo obrado en la litis; aspecto que fue reclamado oportunamente en el recurso de casación en la forma presentado por los recurrentes.

Finalmente es necesario considerar el criterio del Ad quem con respecto a la aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial; dicho Tribunal bajo la idea que dicha norma “…dispone que a tiempo de conocer los Tribunales de apelación, las causas sometidas a su conocimiento, deben observar de oficio si los jueces cumplieron con las leyes sobre la tramitación normal de los procesos…”, el nuevo enfoque que se da a la nulidad de los actos procesales establecidos en los arts. 15 al 17 de la Ley No. 025, están concebidas desde la visión que otorga la nueva Constitución Política del Estado de contar con una justicia oportuna, sin dilaciones y alejado del formalismo exagerado que generaba las nulidades procesales, en ese entendido se concibió el art. 16 de la Ley No. 025 que a la letra dice: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”, en ese mismo sentido se encuentra el art. 17 del mismo cuerpo legal al indicar: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos.”, continuando en el parágrafo III estipula de igual manera “la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”, del análisis de estas disposiciones se puede resaltar y recalcar que la labor del administrador de justicia con respecto a las nulidades de los actos procesales, se encuentra limitada a los reclamos oportunos que realiza la parte interesada, que en la mayoría de los casos lo que busca es la obtención de una Resolución justa, sin dilaciones y lejos de los formalismos exagerados en la tramitación de los procesos que a más de beneficiar a las partes genera retardación de justicia, vulnerando los principios de transcendencia y de convalidación al igual que el nuevo enfoque de este Órgano Judicial con respecto a las nulidades procesales, máxime si revisado el recurso de apelación presentado por la interesada no basó su fundamentación en la nulidad dispuesta por el Ad quem.

Solo a manera de orientación, nos referiremos a lo argumentado por la parte demandada en su contestación al recurso de casación, e indicarle que dicho aspecto no puede ser considerado por este Tribunal, toda vez que, primeramente dicho agravio de omisión a su demanda reconvencional de nulidad de escrituras privadas al igual que la división y partición del bien inmueble objeto de la litis, en el Auto de relación procesal, no fue planteado como recurso de casación en la forma para así ser considerado, y segundo porque dicha omisión, en su debido momento procesal no fue impugnado mediante recurso de apelación, si bien fue objetado por la parte interesada, pero dicho rechazo no fue apelado como dispone el art. 371 del Código de Procedimiento Civil en la parte final, por dicho motivo precluyó el derecho a solicitar la nulidad referida. 

Por lo expuesto y continuando con la línea jurisprudencial establecida en el Auto Supremo No. 169/2013 de 12 de abril, corresponde a este Tribunal, fallar conforme a lo dispuesto por los art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista de fecha 12 de abril de 2013 dictado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir nueva Resolución en previsión al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sin espera de turno y previo sorteo.

No siendo excusable el error se impone multa a los firmantes de Auto de Vista con un día de haber mensual. A ese efecto, comuníquese la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera.

En previsión al art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Dra. Rita Susana Nava Duràn.

Ante Mi.- Dra. Patricia Ríos Tito - Secretario de Sala Civil

Libro Tomas de Razón: Quinto