TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 418/2013.

Sucre: 16 de agosto 2013.

Expediente: SC6113S.

Partes: Lindinalva Da Costa Ferreira c/ Carlos Luís Rojas Olivera.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 154 a 155, interpuesto por Carlos Luis Rojas Olivera contra el Auto de Vista Nº 139/2013 de 15 de abril de 2013 que cursa de fs. 152 y vlta., emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de divorcio seguido por Lindinalva Da Costa Ferreira contra el recurrente, la concesión de fs. 159, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Cuarto de Partido de Familia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia No. 327/2012 de 16 de noviembre  de 2012, declarando probada la demanda principal e improbada la reconvención interpuesta por Carlos Luis Rojas Olivera, por lo que dispone la disolución del vínculo matrimonial civil, y sin lugar a la división de bienes gananciales al no haberse demostrado su existencia, ni a la división de mejoras introducidas en el inmueble de propiedad de la demandante, al no haberse demostrado que fueron adquiridos con dinero de la comunidad de gananciales.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por el demandado, impugnación que fue resuelta mediante Auto de Vista de 15 de abril de 2013, por el que se confirma la Sentencia apelada, que a su vez es recurrida de casación en el fondo, objeto de análisis y estudio.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El memorial del recurso de casación de fs. 154 a 155, se encuentra redactado con falta de sistematización y en forma confusa, sin embargo de ello del contenido del mismo se puede extraer los siguientes puntos:   

1.- Señala que ha sido notificado con el Auto de Vista, que viola el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues dicha Resolución debió ser expreso, preciso y no dar por sobrentendido.

2.- Señala que el Auto de Vista ha confundido normas de orden civil,  con las normas del derecho de familia que son de orden público conforme al art. 5 del Código de Familia, ya que el Auto de Vista que confirma la Sentencia desconoce como bien ganancial el inmueble, refiere que el estado bancario de fs. 90 a 92, demuestran que ese dinero es producto de la venta de otro inmueble, y cuando se refiere a sus pruebas solo se hacen referencias a las que cursan de fs. 36 a 78, que son simples proformas que no pueden ser sujetas a valoración, empero hubo inversión de la prueba pues si las pruebas de fs. 79 a 86 son facturas fiscales, la ha presentado como prueba de su parte, sin embargo los vocales asumen una posición y presunción parcializada, pues sostiene que la demandante entregaba el dinero para que el demandante efectúe las compras, además dicen que “dado que el recurrente no cuenta con una fuente fija de trabajo”, por lo que los vocales violan la segunda parte del art. 101 del Código de Familia,  sobre esa afirmación o presunción, no existe ninguna prueba que la demandante le haya entregado algún dinero como se señala el fallo recurrido, resulta inconsistente que esta sea la diferencia de las pruebas, para que no se aplique los arts. 101 y 113 del Código de Familia.

3.- Señala que la Corte Suprema hubiera emitido varios fallos, en sentido de expresar que el Tribunal de Alzada debe pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, bajo  la pertinencia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, cita el Auto Supremo Nº 092 de 14 de febrero de 2007.

Por lo expuesto señala que los Vocales, han violado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y han violado los arts. 101 y 113 del Código de Familia, al desconocer la Constitución de los bienes gananciales.

Refiere que los vocales han valorado las pruebas erróneamente utilizando conceptos que son válidos a la esfera del campo civil y no así a las normas del derecho de Familia, por lo que reitera interponer recurso de casación de conformidad a lo previsto en los arts. 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, por haber violado los arts. 101 y 113 del Código de Familia, solicitando casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se revoque la Sentencia declarando como bien ganancial el inmueble ubicado en la zona norte U.V. Nº 193 manzana Nº 27, lote 13 debidamente registrado en Derechos Reales bajo matricula Nº 7.01.1.06.0087146.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

1.- La infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, resulta ser una infracción de forma, razón por la cual este Tribunal se inhibe de dar respuesta, tomando en cuenta que el recurso ha sido interpuesto en el fondo, lo que desnaturaliza la acusación respecto de la petición del recurso, pues debe recordarse que cuando se acusa infracción en la forma la petición del recurso siempre estará encaminada a buscar una nulidad procesal, en cambio sobre una acusación en el fondo su  petición siempre busca deliberar el fondo de la polémica, sin necesidad de retrotraer el procedimiento, por lo que dicha acusación resulta ser inconsistente.

2.- La petición de la reconvención de fs. 25 a 26 y vlta., radica en la solicitud de declaratoria de ganancialidad de las construcciones y mejoras que se hubieran introducido al inmueble ubicado en la zona noreste U.V. 193 mza. 27, lote Nº 13, registrado en Derechos Reales con matricula Nº 7.01.1.06.0087146, de propiedad de la actora, sobre el cual se acusa violación de los arts. 101 y 113 del Código de Familia.

2.1.- Corresponde señalar que el art. 101 del mentado Código de Familia describe: “(Constitución de la comunidad de gananciales). El matrimonio constituye entre los cónyuges, desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, las ganancias o beneficios obtenidos durante su vigencia, salvo separación judicial de bienes en los casos expresamente permitidos. La comunidad se constituye aunque uno de los cónyuges tenga más bienes que el otro o sólo tenga bienes uno de ellos y el otro no”, esta norma invocada por el recurrente tiene un contenido genérico el que señala, que desde el momento de la celebración del matrimonio se llega a constituir dicha comunidad de gananciales, aunque uno de los cónyuges tenga más bienes que el otro, empero de ello, se olvida el recurrente que el Capítulo III del Título III del Libro I del Código de Familia, también describe la calidad de bienes propios de los cónyuges y los bienes de la comunidad de gananciales, para ambos casos fija los hipotéticos o supuestos que constituirían la calidad de los bienes, con los  que podía debatirse si las construcciones fueran o no gananciales.

Al efecto corresponde señalar que la actora, una vez citada con la demanda reconvencional, contesta la misma en memorial de fs. 32, en la que negó que las construcciones efectuadas en el inmueble de su propiedad resultarían ser gananciales, sino que al contrario fueran propias de la actora, sobre dicha base el Juez en el Auto de relación procesal (fs. 33) señaló que las partes deban probar la existencia de bienes y obligaciones adquiridas por el matrimonio, como ser las mejoras introducidas por el en el inmueble de la demandada, esto implica que debía de probarse el carácter de ganancialidad o no de dichas construcciones, como es la de verificar la procedencia de los montos con los cuales se llegó a invertir en dichas construcciones, y como es lógico en Sentencia el Juez en base a la presunción judicial contenida en el art. 1320 del Código Civil, dedujo que las construcciones (que objetivamente no fueron demostradas), fueron adquiridas con dineros propios de la demandante, al tenor de los arts. 103 inc. 1) con relación al art. 106 inc. 1) ambos del Código de Familia, fallo que fue confirmado en apelación.

Como se ha podido advertir el Juez de primera instancia ha deducido que las construcciones serían propias de la esposa, conforme los arts. 103 inc. 1) y 106) inc. 1) del Código de Familia, por lo que correspondía impugnar dichas normas porque fueran indebidamente aplicadas al caso concreto, lo que no ha ocurrido en la especie, pues el recurrente en el recurso de casación no impugna la aplicación indebida de dichas normas, sino se limita a denunciar la infracción de los arts. 101 y 113 del Código de Familia, ya que las primeras fueron sustentadas por el Juez para determinar que las construcciones fueran de carácter propio, por lo que siendo el recurso de casación similar a la de una demanda de puro derecho, este Tribunal tiene limitada la competencia para considerar las infracciones de las normas venidas en casación, por lo que no se advierte infracción del art. 101 del Código de Familia.

2.2.- La segunda infracción es la contenida en el art. 113 del Código de Familia, cuyo texto de la misma señala: “(Presunción de comunidad). En general, los bienes se presumen comunes mientras no se pruebe que son propios del marido o de la mujer. La confesión o reconocimiento que haga uno de los cónyuges a favor del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efecto solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados”, y sostiene que en base a la cual, el recurrente, señala que las construcciones en el inmueble de  propiedad de su cónyuge, fueran de carácter ganancial.

Como se dedujo en el punto anterior, el Juez en Sentencia concluyó conforme a la presunción contenida en el art. 1320 del Código Civil, que las construcciones debatidas fuera de propiedad de la actora, conforme a los arts. 103 inc. 1) y 106 inc. 1) ambos del Código de Familia, ahora la infracción acusada en el recurso de casación radica en que se hubiera infringido el art. 113 del Código Familiar, dicha norma resulta ser una presunción que admite prueba en contrario, conforme a la regla del art. 1318 parágrafo II del Código Civil.

Para orientar el presente fallo corresponde citar a Arturo Alessandri R, Manuel Gomarriva U., y Antonio Vodanovic H., quienes en la obra de Tratado de Derecho Civil señalan: “…que por presunción se entiende como el resultado de una operación lógica, mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega a aceptar otro desconocido o incierto. Las presunciones se basan en el supuesto de que debe ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de ordinario en la mayor parte de los casos en que entran los antecedentes o circunstancias conocidas…”, en criterio de los mencionados autores y como está legislado en la mayoría de los cuerpos legales en materia de prueba diremos que las presunciones se clasifican en judiciales y presunciones legales, las primeras entendidas como simples o del hombre, son las que establece el Juez, fundado en las circunstancias o antecedentes concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, obviamente que siendo propias del operador de justicia (conjeturas), la ley no las enumera por su carácter infinito; en cambio las presunciones legales pueden ser las propiamente dichas o las de derecho, según admitan o no prueba en contrario, las primeras consideradas como debatibles y las segundas como perentorias que no admiten prueba en contrario; consiguientemente el recurrente no podía aprovechar dicha presunción, precisamente porque la misma es una que admite prueba en contrario, y conforme a la Sentencia el operador de primera instancia ha deducido haberse probado que los bienes fueran propios de la actora, por lo que no puede acusarse haberse vulnerado el art. 113 del referido sustantivo familiar, precisamente porque la misma permite la producción de prueba en contra de dicha presunción y en la especie en, base a los medios de prueba que refiere el A quo y en su criterio se hubiera demostrado la calidad de bienes propios.

3.- En cuanto a la infracción reiterada del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, corresponde remitirnos al primer punto de los fundamentos de la presente Resolución.

En cuanto a la infracción reiterada de los arts. 101 y 113 del Código de Familia, nos remitidos al numeral 2 de los fundamentos de la presente Resolución.

Finalmente, en cuanto a la valoración de la prueba expuesta en la primera parte y la parte final de recurso de casación, corresponde señalar que la errónea valoración de la prueba efectuada por los de instancia, puede ser impugnada mediante error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba. Respecto al error de hecho, se dirá que la misma procede cuando el contenido de los medios de prueba (documentales, inspección, declaraciones de testigos, confesiones u otras), hayan sido equivocadas, lo que quiere decir que el contenido real inserto en los referidos medios de prueba, hayan sido descritos en la resolución con matices y/o contenidos equivocados o diferentes a los que se encontrarían en los medios de prueba, y respecto al error de derecho, se dirá que la misma concurre cuando al medio de prueba se le haya asignado un valor probatorio no admitido por el ordenamiento, por ejemplo cuando se trata de prueba tasada, como el caso de un documento evacuado por autoridad competente y con la solemnidad que debe estar revestida, no se la haya otorgado la fe probatoria que la ley le otorga al mencionado medio de prueba, o que no haya sido valorado por el Juzgador, o en otro caso que siendo que dicho medio de prueba debe ser evaluado por las reglas de la sana critica, el juzgador no ha evaluado la misma de acuerdo a las directrices que orientan la forma de valoración de acuerdo a ese sistema como es la lógica, la experiencia, la ciencia y otros, que debe sustentar al medio de prueba valorado de acuerdo a la sana crítica, estos argumentos no han sido expuestos por el recurrente por lo que la misma no tiene sustento como para emitir pronunciamiento respecto a las acusaciones de la valoración de la prueba.

Pese la exposición referida extraña a este Tribunal que el A quo haya considerado que la prueba pericial sobre las construcciones y mejoras tenga que ser efectuada en ejecución de Sentencia (fs. 118 vlta.), ese criterio no es el adecuado, pues si las partes debaten la ganancialidad o no de ciertos bienes en primera instancia, el Juez debe averiguar la calidad de los mismos para que en forma conjunta se defina dicha calidad en Sentencia, salvo en caso de que las partes hayan reservado ese debate para ejecución de Sentencia o que en primera instancia se haya descubierto algunos bienes presuntamente gananciales, caso para el cual también se diferirá su investigación para ejecución de autos, sin embargo de ello como el Auto de fs. 118 vlta., no ha sido impugnado en su debida oportunidad y de acuerdo a los medios que la ley refiere, el presente parágrafo tan solo tiene carácter orientativo.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a los arts.  271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 154 a 155, interpuesto por Carlos Luís Rojas Olivera contra el Auto de Vista Nº 139/2013 de 15 de abril de 2013, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Dra. Rita Susana Nava Duràn.

Ante Mi.- Dra. Patricia Ríos Tito - Secretario de Sala Civil

Libro Tomas de Razón: Quinto