TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 391/2013

Sucre: 22 de julio 2013                        

Expediente: T-10-13-A

Partes: Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería (CONALSI S.R.L.) c/           

             Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Proceso: Resolución de Contrato Administrativo de Obra en lo pendiente de    

               Ejecución en razón a Imposibilidad sobreviniente.

Distrito: Tarija                                                        


VISTOS: El recurso de casación en la forma o nulidad interpuesto por Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería CONALSI S.R.L. representado legalmente por Sergio Alberto Donoso Trigo de fs. 2822 a 2835 y vlta., impugnando el Auto de Vista Nº 26/2013 de 2 de abril de 2013, pronunciado por la Sala Civil Comercial Familiar Niñez y Adolescencia y Violencia Familiar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Resolución de Contrato Administrativo de Obra en lo pendiente de ejecución en razón a Imposibilidad sobreviniente contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                        

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, estando en trámite la causa, el Juez Quinto de Partido en lo Civil de Tarija, emitió el Auto de 15 de noviembre de 2012, cursante de fs. 2778 a 2780, resolviendo: “Se repone hasta fs. 81 de obrados, debiendo la parte acudir a la instancia legal explicitada, que se encuentra desarrollada en la presente resolución, por carecer de competencia la presente Autoridad para conocer el presente proceso.”

Recurrida la Resolución mediante apelación por la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería (CONALSI S.R.L.) representado por Sergio Alberto Donoso Trigo de fs. 2784 a 2792, la Sala Civil Comercial Familiar Niñez y Adolescencia y Violencia Familiar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 26/2013 de fecha 2 de abril de 2013, cursante de fs. 2816 a 2818, CONFIRMA en todas sus partes la resolución de fs. 2778 a 2780.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma por parte de Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería S.R.L. representado por Sergio Alberto Donoso Trigo, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, en sujeción a lo previsto por el art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil interpone recurso de casación en la forma, en consideración a que el Auto de Vista que confirma la Resolución de fs. 2778 a 2780 desde su perspectiva contiene consagra, ampara y arrastra errores in procedendo vinculados a la competencia judicial. Subdividiendo en tres partes principales su argumentación:

a) Competencia de los jueces en materia civil - comercial  en relación a la cláusula de solución de controversias de contratos administrativos. Señala que el Tribunal realiza incoherente y poco exhaustivo análisis sobre la aplicabilidad de la cláusula de solución de controversias. Que, fuera inaplicable la nueva modulación jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia de querer someter a Entidades Públicas y Particulares a un procedimiento en desuso, existiendo mecanismos de solución de controversias que garantizaría el acceso a la justicia, que a falta de acuerdo en la vía de concertación se abre la vía judicial o arbitral conforme se haya pactado en el contrato, siendo impertinente el sometimiento de estos conflictos a la vía más gravosa para las partes como lo fuera la contenciosa administrativa. Habría entendimiento del Tribunal Constitucional citando Sentencias Constitucionales, que asimismo contrario a los Autos Supremos 405, 410, 286 y 534 de 2012 el propio Tribunal Supremo en los signados con los números 82 y 84, 2012 reconocería la viabilidad de la clausula de solución de controversias y la competencia de los Jueces en materia civil.

En síntesis refiere no es aplicable el razonamiento de los Autos Supremos 405, 410 y 534 del 2012 por ser lesivos a la tutela judicial efectiva y por existir otra vía legal e idónea expedita para solucionar las controversias que emerjan de contratos administrativos, que fueran de competencia de los jueces en materia civil y comercial por imperio del art. 316 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el Tribunal habría cometido error en la interpretación de los términos contractuales y derechos constitucionales del consorcio que representa.

b) Incorrecta apreciación del Auto de Vista recurrido en relación a la existencia de cláusula contractual que determina el procedimiento a seguir en caso de surgir controversias. Los contratantes plasmarían un acuerdo de voluntades, en la que se pactaría también las vías de solución de controversias, (arbitral o judicial ante la Jurisdicción Coactiva Fiscal), y debiera ser respetado conforme habría establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, luego que en síntesis, al estar pactada entre partes la vía judicial de solución de controversias, es a ésta vía que deben recurrir las partes, refiriendo una vez mas a los A.S. 82 y 84 de abril de 2012 del Tribunal Supremo de Justicia que destacarían la competencia de Juez en materia civil en caso de haberse pactado equivocadamente la jurisdicción coactiva fiscal.

Acorde a lo anterior, las cláusulas del contrato en cuestión señalarían que en caso de surgir controversias se facultaría acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal, en ninguna parte se diría que se deban interponer recursos administrativos, mas aun en el caso estaría prevista la competencia de Juez en materia civil en el art. 316 del Código de Procedimiento Civil, estuviera por encima de los Autos Supremos mencionados, por ello el Auto de Vista 26/2013 de 02 de abril de 2013 no guardaría apego a la ley y fuera incoherente jurídicamente, que debiera haber partido de la correcta diferencia entre un contrato administrativo y un acto emitido por el Órgano Ejecutivo.

c). Afectación al derecho constitucional del Juez natural. Se desconocería la vigencia del derecho constitucional al Juez Natural, que el Estado boliviano tiene la finalidad de garantizar los principios, valores, derechos y deberes consagrados en la Ley Suprema del ordenamiento jurídico sin discriminación, que una lesión que inequívocamente vulnera un derecho fundamental fuera aquel acto por el cual una persona o Autoridad declina la competencia de juzgar, judicial o administrativamente, pese a estar investida de tal autoridad, previamente y conforme a ley, incurriendo por ello, en una violación del debido proceso y específicamente al Juez natural, mencionando los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

El derecho de las personas a ser sometido a proceso antes de ser sancionado, que debe estar revestido de garantías jurisdiccionales, de ser juzgado por un Juez competente, independiente e imparcial, Juez natural, autoridad investida de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motiva el proceso y sea accesible.

La jurisdicción establecida en el Auto Supremo Nº 405/2012 si bien corrigiera la ilegal determinación adoptada en el Auto Supremo Nº 281/2012 ya que define que los conflictos o controversias emergentes de la ejecución del contrato, deben ser conocidas y resueltas directamente por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a través del proceso contencioso administrativo previsto y regulado por los arts. 775 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, un proceso que, a diferencia del previsto por los arts. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la Ley Nº 2341, es directo y principal, no requiere que previamente se agoten los recursos administrativos previstos por la Ley Nº 2341. Tal criterio tampoco se ajustaría a la realidad jurídica vigente, el Tribunal Constitucional Plurinacional habría definido competencia judicial, en esa perspectiva debe mantenerse ante las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia, conforme al razonamiento jurisprudencial transcribiendo extracto de la SCP Nº 0371/2012 de 22 de junio de 2012, así como la signada con el No. 0693/2012 del 2 de agosto de 2012.

De lo expuesto señala que correspondería a las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales el asumir conocimiento de las acciones contenciosas en cuanto a los conflictos jurídicos derivados de contratos administrativos con el Estado y no la Sala Plena como erróneamente estuviera postulado en el A.S. Nº 0405/2012. De esa manera existiendo un fallo constitucional vigente emanado por el Tribunal Constitucional Plurinacional vinculante y obligatorio fuera evidente que la imposición contenida en el Auto de Vista que motivara el recurso se encontraría fallido, por lo cual de imperiosa necesidad su anulación.

Con esos antecedentes se remita ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo del recurso y conforme al art. 271 num. 3) no refiere de que norma- opte por anular obrados hasta el Auto recurrido, y que la Sala Civil del Tribunal Departamental de Tarija dicte nuevo Auto de Vista a los efectos de resguardar las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa y el derecho al Juez natural, disponiendo que la competencia judicial sea asumida por el Juez ordinario que conoció la causa o en su defecto sea asignada a la Sala del Tribunal Departamental de Justicia en la vía contenciosa administrativa.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El recurso de casación en la forma planteado por la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería (CONALSI S.R.L.), basa su argumento en aspectos referidos a la competencia de los jueces en materia civil - comercial  en relación a la cláusula de solución de controversias de contratos administrativos; presunta incorrecta apreciación del Auto de Vista recurrido en relación a la existencia de cláusula contractual que determina el procedimiento a seguir en caso de surgir controversias y la presunta afectación al derecho constitucional del Juez natural.

Se cuestiona principalmente el tema de competencia por razón de jurisdicción establecido en diversos Autos Supremos en sentido de que ese razonamiento fuera equivocado o no fuera aplicable a la realidad jurídica actual.

En ese contexto, a fin de descartar esa presunción habrá que partir del análisis que se realizó en los Autos Supremos cuestionados que son aplicables al caso, desde la norma suprema, es decir desde el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, para luego abordar lo establecido por la Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 025), que refiriendo a la competencia en su art. 12 establece que: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, con la importante determinación en su art. 13 de la referida norma que, la extensión de la competencia únicamente se aplica en razón del territorio, por consentimiento expreso o tácito de las partes.

Asimismo es importante para este análisis referir a la Ley Nº 212 De Transición Para El Tribunal Supremo De Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo De La Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, que estable en su art. 10 parágrafo I, que: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada.”.

Las normas señaladas, están antecedidas por lo establecido por el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 que dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”.

De lo referido anteriormente, estaremos de acuerdo que la competencia se halla regulada desde la concepción de la Constitución Política del Estado y acorde a ella se tiene que la Ley No. 025 que de manera específica en su Título I Capítulo II refiere sobre la Jurisdicción y la Competencia, entendida éstas como el género (jurisdicción), y especie (competencia), por lo cual todos los jueces tienen jurisdicción, tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para determinados asuntos; en ese antecedente verificamos que el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, respaldada por la Ley Nº 212, establece que la competencia en las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas administrativas, a que dieren lugar las Resoluciones del mismo se lo tramitará en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, reconociéndoles competencia para conocer dichos procesos.

En el caso en cuestión, la entidad demandante refiere que por situaciones y circunstancias puntuales, habrían determinado surjan hechos imprevisibles que imposibilitarían la conclusión de la obra, motivando la necesidad de resolución en razón de haber sufrido el contrato la emergente aparición post contractual de circunstancias que imposibilitan su cumplimiento, y que fuera necesario sancionar judicialmente la resolución del contrato administrativo de obra en lo pendiente de ejecución (contenido en la E.P. N° 362/06 en 18 de diciembre de 2006).

Corresponderá revisar consecuentemente al contrato objeto de controversia que en obrados se adjunta de fs. 12 a 21, suscrito por laPrefectura del Departamento de Tarija con la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI S.R.L.”, a efectos de verificar su naturaleza jurídica en consideración que de ellose establecerála jurisdicción y competencia a la que deba ser sometida.

Partimos de lo transcrito en la cláusula Primera de la que se verifica que las partes contratantes son la Prefectura del Departamento de Tarija como parte contratante, y la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI S.R.L.” como contratista, quedando determinadoque concurren una entidad estatal pública y un particular.

Se establece que el objeto del contrato -cláusula tercera-, es para la Construccióndel Velódromo Olímpico Departamental Tarija, infiriéndose entonces que el objeto del contrato es la construcción de una obra de interés público, si bien fue modificado posteriormente por las partes intervinientes como se verifica de los Testimonios Nros. 298/08, 404/09, 54/2010, no cambió para nada la esencia del contrato.

Si esto es así, necesariamente nos remitimos a lo determinado por la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que en la última parte del art. 47 señala:“Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza.”.

En ese contexto cuando el contrato en cuestión refiere la solución de controversias (Cláusula Vigésima Segunda) y remite cuando no puedan ser solucionadas por vía de concertación, la facultad de acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción Coactiva Fiscal, arribamos a la conclusión que en definitiva el contrato de fecha 18 de diciembre de 2006 y sus modificatorios expresados en Testimonios Nros. 298/08, 404/09, 54/2010, es de naturaleza administrativa y cuando el mismo refiere la facultad de acudir a la vía judicial, se entenderá que se deba tramitar conforme a lo normado por el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, es decir ante jurisdicción especializada y no ante vía ordinaria civil, con relación a este aspecto no se puede alegar que existiera sometimiento de estos conflictos a la vía más gravosa para las partes como fuera la contenciosa administrativa como señala el recurso, cuando la jurisdicción especializada ya esta delimitada desde la vigencia misma del art. 775 del Código de Procedimiento Civil, y dentro del marco que establecía la Constitución Política del Estado abrogada que en su art. 117 parágrafo I, reconocía asimismo como máximo Tribunal de Justicia ordinaria, contenciosa y administrativa de la República, señalando que la jurisdicción contencioso-administrativo recaía sobre la Corte Suprema, atribuyendo en el art. 118-7) a la Sala Plena  de la Corte Suprema de Justicia, la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y de las demandas contencioso administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo. Lo propio encontramos en el art. 55 núm. 10) de la Ley Nº 1455 de Organización Judicial (hoy Abrogada), de manera que no es reciente la existencia de la jurisdicción especializada, o que recién hubiera ingresado en vigencia con la dictación de la Nueva Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial Nº 025, o la Ley Nº 212(art. 10-I), debiendo comprenderse que esta última ley simplemente prorroga de manera transitoria a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de causas contenciosas que resultaren de contratos como el discutido en el caso presente.

Entonces al haber la justicia ordinaria acogido su tramitación en vía ordinaria la controversia surgida entre la empresa hoy recurrente y la Prefectura del Departamento de Tarija, ha ingresado dentro de la previsión contenida en el art. 122 de la Constitución Política del Estado, siendo nulos los actos desarrollados por Tribunal incompetente, y la controversia suscitada debeser conocida por la jurisdicción establecida por ley, cuando la Norma Constitucional en su art. 179 parágrafo I reconoce la jurisdicción especializada que debe ser regulada por ley, empero ante la no existencia aun de esa regulación legal especializada sobre la jurisdicción contenciosa-administrativa, debemos remitirnos a lo establecido en el art. 10-I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, que dice: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosos que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del  Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas- administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”, normativa que dispone que la jurisdicción especializada contenciosa-administrativa (en sus procesos contenciosos y contencioso- administrativo) tiene como ente tutelar jurisdiccional a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

En ese entendido hasta tanto el Órgano legislativo dote de una ley especializada, transitoriamente, el Juez competente para conocer las causas donde existiere contención emergente de los contratos administrativos que señala el art. 775 del Código de Procedimiento Civil es el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena. Es de puntualizar que la referencia de Órgano Ejecutivo y Poder Ejecutivo que hace tanto la Ley Nº 212 y el art. 775 del Adjetivo Civil, respectivamente, deben ser interpretadas de manera amplia y no limitativa, siendo que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; concurriendo el órgano público ejecutivo en la Administración Pública  de forma transversal, en todo el espectro administrativo sujeto a la Ley Nº 1178, pues la relación jurídica contractual donde participe un ente administrativo subyace en un contrato de naturaleza administrativa. 

Cuando el recurrente señala que ante la falta de acuerdo en la vía de concertación, se abriría la vía judicial, debe comprender que no se refiere a la vía ordinaria civil como se ha verificado y establecido sino a la jurisdicción especializada; y cuando pretende el entendimiento de la vía arbitral, estaba en la facultad de promover esa situación de creer que era la idónea y legal, no evidenciando que ello hubiera sucedido, de manera que su reclamo no tiene sustento.

De lo expuesto, arribaremos a la conclusión que la determinación adoptada por el A quo como el Ad quem resultan correctos, y al argumento del recurrente en sentido que el razonamiento del Tribunal de primera instancia basado en el A.S. Nº 281/2012 fuera errado, habrá que mencionar que la propia entidad recurrente reconoce la modulación de esta Resolución por el A.S. Nº 405/2012, no existiendo contradicción entre ambos fallos, sino simplemente la adecuación jurisprudencial por la dinamicidad misma del derecho, que no amerita la anulación del Auto de Vista, en todo caso habrá que comprender y resaltar que los referidos Autos Supremos se abocan a analizar la competencia ordinaria frente a la competencia especializada, aspecto que fue comprendido y asumido por los Tribunales inferiores al resolver el incidente planteado por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Cuando la empresa recurrente resalta el acuerdo de partes para acudir a la vía judicial bajo la jurisdicción coactiva fiscal, rescatando del contrato este aspecto, pretendiendo encontrar un justificativo para recurrir a la vía ordinaria civil, habrá que aclarar que esa determinación en contrato, no es del todo correcto, en cuanto a la posibilidad de que la parte contratista acuda a esa vía (coactiva fiscal) para dilucidar las controversias que se susciten con el contratante en relación al contrato, explicándose esto en razón a que la vía coactiva fiscal ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como la vía a través de la cual el Estado como contratante, se habilita sobre la base de un título con fuerza coactiva fiscal a accionar contra el contratista procurando la recuperación del patrimonio del Estado. No teniendo esta posibilidad el particular contratista, quien no puede coactivar al Estado, sin que ello suponga la imposibilidad de demandar al Estado por la vía contenciosa reconocida en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, siendo errónea entonces la apreciación que el art. 316 del Código de Procedimiento Civil aperturarse la competencia de los jueces ordinarios en materia civil para el conocimiento de controversia emergentes de contratos de carácter administrativo.

Bajo ese antecedente,al pretender la entidad recurrente desconocimiento del derecho al Juez natural por parte de los Tribunales de instancia, recurriendo a lo determinado por el art. 115 parágrafo I con relación al art. 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, asume razonamiento erróneopretendiendo que la jurisdicción ordinaria sea la Autorizada a conocer controversias surgidas en los contratos como el analizado; lo correctoes que para la discusión emergente de contratos de carácter administrativo, el Juez natural es la jurisdicción especializada, siendo ella la que en todo caso de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas es la llamada a conocer y resolver el conflicto de manera imparcial, respetando la garantía del debido proceso, conforme a la misma Sentencia Constitucional Nº 0491/2003-R de 15 de abril citada por la empresa recurrente, quedando entonces descartada la vulneración denunciada, contando en todo caso ante la anulación de obrados- con la vía respectiva a fin de dirigir su pretensión a un Juez competente, independiente e imparcial que acoja correctamente su demanda, la tramite y resuelva conforme manda la normativa legal vigente, correspondiendo a esa jurisdicción especializada determinar cuál el proceso (contencioso previsto en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil o contencioso-administrativo previsto en el art. 778 del mismo cuerpo legal) y en consecuencia cuál el Tribunal competente para conocer la controversia.

Consecuentemente, constatando que los Tribunales de instancia actuaron dentro del marco de la legalidad, corresponde emitir fallo en sujeción a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma o nulidad contenido en el memorial de fs. 2822 a 2835 y vlta., presentado por la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI S.R.L.”, representado por  Sergio Alberto Donoso Trigo, contra el Auto de Vista de 2 de abril 2013, cursante de fs. 2816 a 2818 de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo . Rómulo Calle Mamani