TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                 S A  L A    C I V I L

Auto Supremo: 389/2013

Sucre: 22 de julio 2013        

Expediente:        LP-47-13-S

Partes: Sociedad Corporación Boliviana de Infraestructura S.R.L. representada

            por Juan Carlos Villanueva Vásquez. c/ Gobierno Autónomo Municipal de

            El Alto.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 168 a 170, interpuesto por Edwin Yujra Sanches, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, contra el Auto de Vista Nº 440/2012, cursante de fs. 160 a 161, pronunciado el 21 de diciembre de 2012 por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el proceso ordinario sobre cumplimiento de obligación y pago de daños y perjuicios seguido por la Sociedad Corporación Boliviana de Infraestructura S.R.L. contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; la respuesta de fs. 172 a 173; la concesión de fs. 174; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de El Alto, el  12 de enero de 2012 pronunció la sentencia  Nº 10/2012, cursante de fs. 132 a 133 vlta., declarando probada la demanda de fs. 49 a 50vlta., subsanada mediante memorial de fs. 56 a 57, improbada la demanda reconvencional de fs. 66 a 67, subsanada a fs. 98 y vlta., como consecuencia de ello dispuso que en el término de tercero día de ejecutoriado el fallo, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto pague la suma de Bs. 146.810,15 (ciento cuarenta y seis mil ochocientos diez 15/100 Bolivianos) a favor de la Sociedad Corporación Boliviana de Infraestructura S.R.L., más daños y perjuicios a ser determinados en ejecución de sentencia, sin costas, finalmente dispuso que en aplicación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil la sentencia sea remitida en consulta ante el superior en grado.

Contra esa Resolución de Primera instancia, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto interpuso recurso de apelación, cursante de fs. 147 a 149, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, el 21 de diciembre de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 440/2012, cursante de fs. 160 a 161, confirmando y aprobando la sentencia apelada.

Contra esa Determinación de segunda instancia la entidad demanda interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

La parte recurrente cuestionó que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a la consulta contemplada en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil; igualmente observó la validez de la diligencia de citación cursante de fs. 61, la cual no cumpliría con los requisitos previstos por los arts. 120-II y 121-II del adjetivo civil, no constando en dicha diligencia la intervención del testigo debidamente identificado.

Por otro lado acusó la violación de la Ley Nº 1178 y del Decreto Supremo Nº 27328 de 31 de enero de 2004, haciendo mención a que la naturaleza del contrato suscrito entre las partes ahora litigantes es administrativa, conforme prevé el art. 47 de la Ley 1178, en cuyo mérito la solución de las controversias, conforme lo estipula la cláusula vigésima primera,  correspondería a la jurisdicción coactiva fiscal, aspecto que habría sido omitido por  los tribunales de instancia.

Finalmente acusó el incumplimiento del art. 127 del Código de Procedimiento Civil por no haberse citado con la demanda al representante del Ministerio Público.

Por las razones expuestas acusó la violación del debido proceso por haber sustanciado la causa ante un juez incompetente sin considerar que la causa debió corresponder al Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario.

En el fondo:

Reiteró sus acusaciones de forma, haciendo incidencia en que las infracciones acusadas lesionaron el debido proceso consagrado por los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme dispone el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

En ese sentido el art. 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 determina que: “la revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.”.

Las normas relativas a la  jurisdicción y competencia, son de orden público y su infracción se encuentra sancionada con nulidad conforme la norma prevista por el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción  o potestad que no emane de la ley”.

Establecido lo anterior, corresponde puntualizar que los Tribunales de instancia obraron sin jurisdicción en la sustanciación de la presente causa, viciando de nulidad todo lo obrado, como se pasa a explicar:

- Conforme el Testimonio de la Escritura Pública Nº 385/2007, de 11 de octubre de 2007, cursante de fs. 107 a 115, El Gobierno Municipal de El Alto, representado por el H. Alcalde Municipal Fanor Nava Santiesteban, suscribió con la Empresa Corporación Boliviana de Infraestructura S.R.L. COBOIN S.R.L. contrato de obra para el asfaltado de la avenida José Manuel Pando (Complementación) Localización Santiago II-Villa Bolívar “E” Distrito 2, por un monto de Bs. 734.050,75.

- Conforme el Testimonio de la Escritura Pública Nº 386/2007 de 11 de octubre de 2007, cursante de fs. 104 a 106, las mismas partes  celebraron un contrato modificatorio en base a las cláusulas y condiciones en él establecidas.

En mérito a esos contratos la Corporación Boliviana de Infraestructura COBOIN S.R.L. demandó al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto el pago de un saldo adeudado en la suma de Bs. 146.810,15.- argumentando haber cumplido de su parte las obligaciones pactadas en los citados contratos, habiéndose procedido a la entrega y recepción definitiva de la obra según se acreditaría del acta de fs. 21.

El Gobierno Autónomo Municipal a tiempo de contestar la demanda negó la misma argumentando que los contratos referidos no fueron debidamente protocolizados, reconviniendo por ello el pago de daños y perjuicios.

De los antecedentes que originan la presente causa, se advierte que  el objeto del proceso radica en el cumplimiento que demanda la parte actora de las obligaciones contraídas en los contratos suscritos por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto cuyo objeto radicaba en las obras de asfaltado de una avenida de esa ciudad, contratos que revisten naturaleza administrativa conforme la definición contenida en la parte final del art. 47 de la Ley Nº 1178 que determina que: “… Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza.”; naturaleza administrativa que fue expresamente reconocida por las partes contratantes en la cláusulaDécima Segundaen la que de forma puntual establecieron que: “El presente contrato en un contrato administrativo”.

Ahora bien, respecto al contrato administrativo el Auto Supremo Nº 281/2012, citando al autor Mariano Gómez González, lo definió como: " ...todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio"; citando al autor  Alfonso Nava Negrete puntualizó que: "El contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público".

En consideración a las definiciones expuestas concluyó que habrá contrato administrativo cuando una de las partes contratantes sea un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato esté orientado a la satisfacción de alguna necesidad oa la prestación de un servicio cuya competencia corresponde a la entidad administrativa contratante, lo que determinará una regulación especial; concluyendo por ello que hay contrato administrativo en el ámbito de los cuatro Órganos que conforman el Poder Estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y en sí en el ámbito de todas las entidades sometidas al régimen de la Ley Nº 1178.

El Auto Supremo Nº 405/2012 sobre la instancia competente para resolver los conflictos suscitados a raíz de los contratos administrativos, precisó que los Tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen jurisdicción ni competencia para resolver sobre litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una Jurisdicción especializada, en la última parte del art. 179 parágrafo I.

El art. 179 parágrafo I. de la Constitución Política del Estado  prevé: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”. (El subrayado no es parte del texto original).

Al respecto diremos que la palabra jurisdicción proviene de latín juris y dicere, que significa decir, declarar o aplicar el derecho.

Siguiendo el criterio de Hugo Alsina jurisdicción es la potestad conferida a un órgano judicial para resolver las cuestiones que les sean sometidas a conocimiento.

El art. 11 de la Ley Nº 025 determina que la jurisdicción es: “la potestadque tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”.

 Según se anotó precedentemente el art. 179 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, el Órgano Judicial está compuesto por jurisdicciones distintas, es decir por distintos campos que dicen, declaran o aplican el derecho, a saber: 1) la ordinaria a cuya cabeza se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia; 2) la agroambiental a la cabeza del Tribunal Agroambiental; 3) la indígena originario campesina ejercida por las autoridades indígenas; 4) las jurisdicciones especializadas, que serán creadas y reguladas por Ley, pero que pertenecen a esa función judicial única.

Una jurisdicción especializada es aquella que se crea para resolver conflictos que no pueden ser resueltos por la jurisdicción ordinaria, o que precisan de un tratamiento especial que la jurisdicción ordinaria no contempla. Más que una excepcionalidad suponen una especialidad.

Al respecto el art. 156 de la Ley Nº 025 establece que :“Las Jurisdicciones Especializadas referidas en el Artículo 179 de la Constitución son las que, por su interés público y por su naturaleza de exclusividad y especificidad, justifiquen un tratamiento especial. No serán entendidas como fueros especiales, privilegios ni limitación de las jurisdicciones establecidas en la Constitución y en esta Ley”.

El art. 157 de la mencionada norma legal dispone: “No podrán constituirse en Jurisdicción Especializada, los asuntos que se encuentren dentro de la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina”.

El jurista Guillermo Cabanellas define por "especial" y "especialidad" lo siguiente:

ESPECIAL. Singular, privativo, particular, exclusivo, adecuado, propio, extraordinario, fuera de lo común o corriente. Que requiere determinados conocimientos, con misión asignada para el caso, fuera de código o reglamentación ordinaria, excepcional.

ESPECIALIDAD. Singularidad, particularidad, condición privativa. Caso particular. Conocimientos teóricos o prácticos de índole genuina en una ciencia o arte. Intensificación del estudio o del ejercicio en alguna de las ramas concretas de la Enciclopedia Jurídica y de las actividades conectadas con ella.

Estos criterios tienen íntima relación con el tema relativo a la jurisdicción especial o especializada, que hace referencia precisamente a aquellos órganos, dotados de jurisdicción por parte del Estado, para decidir y aplicar el derecho en determinados, particulares o especiales, asuntos que resultan ajenos a los asuntos sometidos a conocimiento de los  tribunales ordinarios.

Esto provoca una distribución de funciones basada en la naturaleza del conflicto o litigio y que redundan en una especialización sustantiva la cual, en términos generales, es de gran utilidad y que se funda, como ya lo hemos dicho, en un criterio de especialidad. Hablamos de jurisdicción especializada cuando nos referimos por ejemplo a la militar, minera, tributaria,  contencioso-administrativa, etc…

La jurisdicción contencioso-administrativa es una jurisdicción especial que debe ser regulada por Ley, pero en tanto eso suceda, su contenido, sus procesos, procedimientos e incluso los tribunales que la ejercen se encuentran sometidos a lo previsto por el art.10-I de la Ley Nº 212 que, en su contenido, mantiene vigentes los procesos contencioso y contencioso- administrativo en la forma como estaban regulados por los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, reconociendo que la competencia para ejercer esa jurisdicción le corresponde transitoriamente- a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con el advertido de que la SCP. Nº 0693/2012 de 2 de agosto de 2012, -refiriéndose al contencioso-administrativo- estableció que el conocimiento de ese proceso en particular corresponde también a los Tribunales Departamentales de Justicia según se trate de la impugnación de actos emanados por los Gobiernos Autónomos Municipales.

Ahora bien, reconociendo la existencia constitucional de jurisdicciones especializadas y en particular de la jurisdicción contencioso-administrativa, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo jurisdicción ordinaria, estableció, a través de varios Autos Supremos, que el conocimiento de las controversias suscitadas a raíz de los denominados contratos administrativos aquellos en los que interviene la administración pública y cuyo objeto está directamente vinculado con el fin social o el servicio público- corresponde a la jurisdicción especializada contenciosa administrativa; en otras palabras la jurisdicción ordinaria se declaró incompetente para conocer esos asuntos que, por su especialidad, corresponden a una jurisdicción distinta a la ordinaria.

Si en el marco de la actual Constitución Política del Estado y de la Ley del Órgano Judicial, así como de la Ley Nº 212, la jurisdicción y competencia para conocer y resolver las controversias suscitadas a raíz de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo están reservadas para La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto no se promulgue la Ley especial; situación similar acontecía en el marco de la abrogada Constitución Política del Estado y de la Ley  de Organización Judicial, en efecto el art. 118-7 constitucional preveía como atribución de la extinta Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, en ese mismo sentido se expresaba el art. 55-10 de la Ley de Organización Judicial.

Ahora bien, en cumplimiento a esas previsiones legales, todos aquellos casos en los que existía contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones  del Poder Ejecutivo, correspondían ser tramitados y resueltos en la esfera de la jurisdicción especializada contencioso-administrativa.

De las consideraciones expuestas precedentemente, se establece que en el anterior, así como en el actual, marco constitucional y legal, el legislador no reconoció ni reconoce a los Tribunales ordinarios en materia civil, jurisdicción ni competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los contratos administrativos.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente. Disposiciones legales que se encuentran vigentes en tanto no se promulgue la Ley que regule la Jurisdicción contencioso-administrativa como jurisdicción especial, precepto que se encontraba igualmente vigente al momento de la interposición de la  demanda que originó el presente litigio.

Establecido lo anterior, corresponde precisar que la vía ordinaria civil no era la jurisdicción competente para conocer ni dilucidar la presente litis, tampoco lo era la vía coactiva fiscal como en su momento sostuvo la entidad demandada, toda vez que esa vía está habilitada únicamente para que el Estado, en base a un título idóneo que goce de fuerza coactiva, persiga la reparación por la responsabilidad civil a que hace referencia el art. 31 de la Ley Nº 1178.

De lo descrito anteriormente debemos concluir en dos situaciones concretas:

1.- Que los Tribunales de instancia al haber sustanciado en la vía ordinaria la demanda de cumplimiento de los Contratos contenidos en las Escrituras Públicas Nº 385/2007 y 386/2007, ambas de 11 de octubre de 2007, obraron sin jurisdicción ni competencia, careciendo el proceso de sus presupuestos esenciales.

2.- Que, de conformidad a la previsión contenida en el art. 10-I de la Ley Nº 212, la instancia competente para conocer la contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo entendiendo por “contrato del Poder Ejecutivo” al contrato de naturaleza administrativa suscrita por toda entidad del Sector Público comprendida dentro de los alcances de la Ley Nº 1178, es la jurisdicción especializada contencioso-administrativa.

En la sustanciación de la presente causa, los Tribunales de instancia no repararon en su falta de jurisdicción y competencia, por lo que se hace imperativo dar aplicación a lo previsto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil y 122 de la Constitución Política del Estado.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art., 42 parágrafo I, núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado y los arts., 252, 271 núm. 3) y art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado hasta fs. 58  (admisión de la demanda), disponiendo que el Juez A quo decline competencia a efectos de que la parte actora acuda a la autoridad con jurisdicción y competencia para conocer la pretensión que deduce.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.