TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

            S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 387/2013

Sucre: 22 de julio 2013        

Expediente:        CB-55-13-S

Partes: Bonifacio Prado Chávez. c/ Hilaria Vargas Velasco, José Miguel Ayaviri

            Catorceno, Ruli Crecencia Vidal de Ayaviri y Freddy  Mamani Mamani.

Proceso: Ordinario sobre reivindicación.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación  en la forma y en el fondo cursante de fs. 1211 a 1214, interpuesto por María Prado Rivadineira, en representación de Bonifacio Prado Chávez, contra el Auto de Vista cursante de fs. 1202 a 1203 vlta., pronunciado por la Sala Civil  Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 8 de enero de 2013, en el proceso ordinario sobre reivindicación seguido por la parte recurrente en contra de Hilaria Vargas Velasco, José Miguel Ayaviri Catorceno, Ruli Crecencia Vidal de Ayaviri y Freddy  Mamani Mamani; las respuestas de fs. 1217 a 1219 y de fs. 1222 a 1224; la concesión de fs. 1227; la Sentencia Constitucional Nº 2104/2012, de 8 de noviembre de 2012;  los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Noveno en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, el 21 de junio de 2008 pronunció la Sentencia cursante de fs. 1050 a 1064, declarando improbada la demanda principal de fs. 15 a 16, improbada la demanda reconvencional de fs. 232 a 236, probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta contra la demanda principal y contra la demanda reconvencional, sin costas por ser juicio doble.

Contra esa Sentencia, el actor y la codemandada Hilaria Vargas Velasco, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 397/2012 de 1 de noviembre de 2012, de fs. 1185 a 1188, emitió el Auto de Vista  de 8 de enero de 2013, cursante de fs. 1202 a 1203 vlta.,  que confirmó la Sentencia apelada.

Contra esa Resolución de segunda instancia, el actor Bonifacio Prado Chávez interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

María Prado Rivadineira, en representación de Bonifacio Prado Chávez, interpuso recurso de nulidad o casación refiriendo que del examen de las normas procesales no aplicadas o erróneamente aplicadas en que se sustenta el recurso de casación en la forma se resolverá el recurso en el fondo. En ese sentido acusa la  no aplicación y la aplicación errónea de normas procesales refiriendo que el Juez de  primera instancia se excedió tanto en el desarrollo de la Sentencia que concluyó  realizando un mal análisis de los antecedentes del proceso.

Refiriéndose a la reivindicación en la demanda señaló que el título de propiedad del actor se encuentra vigente desde  el momento de su registro en Derechos Reales, el año 1983, sin que nadie hubiera intentado su invalidez, por otro lado sostuvo que la demandada Hilaria  Vargas  Velasco  fuera propietaria a titulo  hereditario de los terrenos que pertenecieron a su fallecido padre, ubicados en Valle Hermoso  (Alalay) desde  el registro de su derecho el 19 de agosto de 1997, sin que ese derecho comprenda los 1000 m.2, toda vez que su padre transfirió esa superficie a Alejandro Torrico, transferencia registrada en Derechos Reales  el 3 de julio de 1980, el mismo que posteriormente fue rematado en subasta pública  habiéndose adjudicado a favor del actor.

Manifestó que la declaratoria de herederos de la codemandada Hilaria Vargas Velasco, cursante de fs. 152 a 153, de 7 de agosto de 1997, se encuentra registrado en Derechos Reales el 19 de agosto de 1997, en consecuencia al haberse interpuesto la demanda el 6 de marzo de 1998, importa que la citada codemandada apenas pudo estar en posesión del inmueble por el lapso de siete meses, en virtud a que el título y la buena fe requeridos para la usucapión, se computarían desde el 19 de agosto de 1997, concluyendo por ello que no se cumplió el lapso de cinco años ni de diez que se exige para la procedencia de la usucapión conforme prevén los arts. 134 y 138 del Código Civil, respectivamente. En ese sentido acusó la incorrecta aplicación del art. 476 del Código de Procedimiento Civil y del art. 1330 del Código Civil, por no haber hecho mención a los antecedentes expuestos para declarar improbada la demanda principal, cuando, en su criterio, lo correcto hubiera sido declarar probada la misma, por no haberse demostrado la posesión quinquenal ni decenal de la codemandada, quien nunca habría estado en posesión de los 1000 m.2 demandados.

Manifestó que el Juez A quo no aplicó lo previsto por los arts. 404 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil ni el art. 1321 del Código Civil, en virtud a que a fs. 232, a tiempo de apersonarse y reconvenir, la codemandada Hilaria Vargas habría manifestado aspectos positivos para el actor principal y negativos para la demandada, reconociendo que el inmueble objeto del litigio se encontraría en litigio y que el mismo no le correspondería a su padre Cornelio Vargas  porque éste lo trasfirió en vida a favor de Torrico.

Haciendo referencia a la confesión de la demandada, la recurrente refiere que la misma estaría clara y terminantemente corroborada por  el plano de fs. 626, en el que aparecen  los dos lotes de terrenos indicados por la demandada, el lote “A” de 420 m.2 y el “B” de 318 m.2, que sumados son 1001 m.2, aspecto que habría sido referido por la demandada al manifestar  que “si se tratara del mismo lote de terrenos de la extensión superficial de 1000 m.2 del cual demanda el actor reivindicación”. Al respecto señaló que se quiso hacer desaparecer su lote de terreno fraccionándolo en dos, aspecto que el Juez no consideró.

Refiriéndose una vez más al memorial presentado por la codemandada Hilaria Vargas, señaló que de fs. 234 anotó: “nunca jamás lo vi en toda mi vida o existencia excepto cuando me hizo citar con la policía el pasado año (1997) haciéndome ver como a un falaz delincuente”, afirmación con la que se habría demostrado que el actor siempre estuvo en defensa de su derecho de propiedad y posesión, sin que el Juez hubiera considerado la confesión contenida en esas expresiones.

Señaló que la codemandada refirió que el actor jamás realizó mejora alguna en los lotes, aspecto que habría sido desvirtuado por la inspección judicial en la que se acreditó la existencia de piedras debajo de un poste de energía eléctrica y que las declaraciones testificales demostraron el derecho de propiedad que le asiste al actor y que éste trasladó piedra al terreno en litigio sin que nadie se hubiese opuesto, aspectos que harían plena prueba que no mereció consideración por parte del Juez de instancia, quien no habría dado aplicación a lo previsto por el art. 1320 del Código Civil.

Finalmente manifestó que el Juez de instancia no consideró los informes periciales del perito de oficio ni del designado por el actor, no habiendo dado aplicación  a lo previsto por los arts. 441 del Código de Procedimiento Civil y 1333 del sustantivo de la materia.

En base a lo expuesto precedentemente  considera haber demostrado todo lo demandado, desde su derecho propietario, la posesión del inmueble  y el interés de obtener de la Alcaldía la orden de amurallamiento, lo cual no fue posible por aspectos atribuibles a la propia Alcaldía y no al propietario; por su parte no se  habría probado las excepciones opuestas a la demanda principal, concluyendo, luego de citar extractos de jurisprudencia referidos a la acción de reivindicación, peticionando se case y revoque la Sentencia, como consecuencia se dicte una nueva en la que se declare probada la demanda, con costas, daños y perjuicios, y se disponga la entrega del inmueble en tercero día o en su caso bajo alternativa de lanzamiento, se declare improbadas las excepciones de la parte adversa así como improbada  la demanda reconvencional deducida por la Hilaria Vargas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Según definió la S.C. Nº 1468/2004-R de 14 de septiembre de 2004, el recurso de casaciónes: “un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la Sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda Sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos Jueces o Tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación”.

Se dice que el recurso de casación es extraordinario porque debe fundarse en causas taxativamente señaladas por ley;porque en su interposición se exige el cumplimiento de requisitos formales expresamente previstos en la norma (art. 258 del Código de Procedimiento Civil); porque se limita al examen de los errores de derecho en que se hubiera incurrido al dictar la Resolución impugnada y; porque el Tribunal de casación no tiene facultades para hacer una reevaluación de los hechos establecidos por los Jueces de mérito sobre el tema materia de controversia, a efectos de emitir un nuevo juicio o decisión, como lo puede hacer  un Tribunal de apelación, estando sus atribuciones determinadas dentro del margen señalado por el propio recurso y los motivos sobre los cuales se fundamenta.

Los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal, por ello se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser in procedendo in iudicando. Respecto al primero, el error procesal, se presenta cuando dentro de un proceso se afecta la aplicación de una norma que asegura el desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal; por su parte el error material ocurre cuando en la Resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que le conduce a una decisión que no es correspondiente con lo que el sistema jurídico tiene previsto para el caso  concreto.

En atención a la naturaleza del error que motiva el recurso de casación, éste puede presentarse como recurso de casación en la forma o como recurso de casación en el fondo; conforme determina el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, que además dispone que ambos deben ser interpuestos simultáneamente en un mismo escrito, empero ello de ninguna manera supone que los motivos que dan lugar a uno u otro recurso se confundan o expongan, como en el caso de autos, de manera indistinta y sin la pertinente diferenciación e individualización y, sin considerar que las normas jurídicas se agrupan en dos categorías, unas que reconocen derechos o imponen obligaciones, en tanto que otras establecen requisitos y contienen reglas que deben observarse para activar y desarrollar la función jurisdiccional del Estado; de ahí que las primeras se llaman normas materiales o sustantivas y las segundas procesales, formales o adjetivas, cuya naturaleza se aprecia independientemente del cuerpo legal en que se encuentren.

De lo mencionado se advierte que existe una diferencia fundamental entre las normas procesales, formales o adjetivas y las normas sustantivas o materiales. Diferencia que resulta trascendental a la hora de interponer el recurso de casación en el fondo o en la  forma, pues, para tal efecto resulta necesario realizar una precisa diferenciación entre ambas categorías de normas.

De la lectura del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, se establece que las causales establecidas en los numerales 1), 2) y 3) están reservadas exclusivamente para las normas sustantivas, mientras que la infracción a las normas procesales debe sujetarse en alguna de las causales establecidas en el art. 254 del citado Código de Procedimiento Civil. En ningún caso un motivo de casación en la forma dará lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, como tampoco un motivo de fondo resultará idóneo para fundar el recurso en la forma; resultando por ello inadecuada la pretensión de la parte recurrente en sentido de plantear que del examen de las normas procesales no aplicadas o erróneamente aplicadas en que se funda su recurso de casación en la forma se resuelva  también el fondo de la controversia, planteamiento que demuestra una inadecuada comprensión de la diferencia que revisten las normas procesales y las sustantivas, así como de la distinta naturaleza de los  recursos de casación en la forma y en el fondo y de los motivos que dan lugar a uno y otro medio de impugnación.

En ese sentido diremos que la aparente infracción de las normas relativas a la apreciación y valoración de los medios de prueba, aún estén contenidas en el Código de Procedimiento Civil, de ninguna manera pueden fundar un motivo de casación en la forma, como pretende la parte recurrente, toda vez que ese motivo se encuentra expresamente contemplado en la causal de casación de fondo prevista por el numeral 3) del art. 253 del Adjetivo civil, referida al error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.

El error de hecho en la apreciación de la prueba hace alusión a la percepción incorrecta  que tiene el juzgador respecto a un determinado elemento probatorio y el error de derecho está vinculado al valor que asigna el juez a un determinado medio probatorio distinto al que la ley le reconoce. En ambos casos la denuncia deberá formularse en términos claros y precisos conforme exige el art. 258-2) del Adjetivo civil, además de precisar la trascendencia que tendría el error acusado en la Resolución del litigio.

En el caso que se analiza el recurrente, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, cuestionando de manera imprecisa aparentemente el error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, aunque sin especificar en qué consistiría el error en uno y otro sentido, pretendiendo más bien que éste Tribunal vuelva a retomar el análisis de los hechos como si se tratase de un Tribunal de instancia, sin apreciar que el Tribunal de casación no tiene facultades para hacer una reevaluación de los  hechos en los términos expuesto por el recurrente y, sin siquiera haber acusado como motivo de su impugnación la causal contenida en el numeral 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, trayendo, además, a colación aspectos que resultan irrelevantes con la problemática planteada (reivindicación) como son aquellos referidos a la demanda reconvencional por usucapión que fue declarada improbada por los Jueces de instancia, resultando ilógico que el actor y ahora recurrente traiga como motivos de su recurso de casación aspectos referidos a la fecha de inicio de la posesión de la codemandada y reconventora, así como el lapso de tiempo que habría estado en posesión del inmueble en litigio, tomando en cuenta que esos aspectos resultan irrelevantes en consideración a que los Jueces de instancia no acogieron favorablemente la demanda reconvencional de usucapión, resultando por ello confuso el alcance que el recurrente pretende dar a esos motivos de su impugnación.

Por otro lado corresponde puntualizar que el derecho de propiedad que le asiste al actor no fue negado por los Tribunales de instancia, siendo, más bien, ese hecho un aspecto reconocido por los Tribunales de instancia, resultando por ello inconsecuente las referencias que hace el recurrente respecto a los medios de prueba que acreditarían ese aspecto, dejando de lado el cuestionamiento de aspectos que si revestirían importancia para la Resolución del caso, por tratarse de hechos que en criterio de los Tribunales de instancia determinaron la improcedencia de la demanda, como la ubicación y determinación exacta del inmueble, así como la precisión de las fracciones de su propiedad que estuvieran en posesión de cada uno de los demandados, aspectos sobre los cuales el recurrente no formuló mayor fundamentación dejando por ello en la imposibilidad de que éste Tribunal ingrese a realizar consideraciones al respecto, toda vez que como se manifestó anteriormente, las atribuciones del Tribunal de Casación se encuentran determinadas y limitadas dentro del margen señalado por el propio recurso y los motivos sobre los cuales se fundamenta, de tal forma que de ingresar a esas consideraciones éste Tribunal estaría considerando aspectos no contemplados en la impugnación, situación no permitida para un Tribunal de casación que no puede obrar de oficio sino más bien limitarse a los motivos expuestos por la parte recurrente en la forma como fueron fundamentados.

Corresponde establecer que la deficiente interposición del recurso de casación en la forma y en el fondo, determina el incumplimiento del art. 258 núm., 2) del Código de Procedimiento Civil, por no haberse precisado con la debida claridad los motivos que determinan la interposición del recurso de casación en la forma y los que motivan el planteamiento del recurso en el fondo y, porque los aspectos referidos a la apreciación de la prueba resultan ambiguos e imprecisos y no son conducentes a cuestionar de manera clara e inequívoca las razones por las cuales el Tribunal de Alzada decidió confirmar la Sentencia, referidos a la demostración de la eyección que hubiera sufrido el actor y la ubicación precisa del inmueble; aclarando que éste Tribunal no comparte criterio respecto al primer aspecto, en virtud a que la uniforme jurisprudencia estableció que la acción de reivindicación es la acción conferida al propietario de un inmueble quien no debe demostrar que hubiera sido materialmente desposeído, sino acreditar su condición de titular que le legitima a poseer el inmueble de cara al poseedor que no puede oponer título idóneo que legitime su posesión frente al propietario. Empero, respecto al segundo motivo referido a la ubicación exacta del inmueble y las fracciones de propiedad que estarían sobrepuestas en relación a la titularidad del actor con la de los demandados, el recurso no contiene la necesaria fundamentación que permita a éste Tribunal realizar consideración al respecto, lo que  determina la improcedencia del recurso y, en consideración a que tanto el actor como los demandados alegan tener títulos de propiedad sobre el inmueble o fracciones del inmueble en litigio, la controversia necesariamente deberá ser resuelta a través de la determinación del mejor derecho de propiedad, aspecto sobre el cual el recurrente tampoco hizo incidencia en su impugnación, teniendo a tal efecto las partes librada la vía llamada por ley.

Por las razones expuestas, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 núm., 1) y 272 núm., 2) del  Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia,  con la atribución conferida por el art. 42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 1) y 272 núm., 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por María Prado Rivadineira, en representación de Bonifacio Prado Chávez, contra el Auto de Vista cursante de fs. 1202 a 1203 vlta. Con costas.

Se regula honorario profesional de los abogados de los demandados en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.