TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

            S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 382/2013

Sucre: 22 de julio 2013

Expediente: T-12-13-A

Partes: Asociación  Accidental  ECOTAR y Asociados representado por Ing. Sergio

            Alberto Donoso Trigo c/ Gobierno Autónomo Departamental de Tarija


Proceso: Ordinario de Nulidad de procedimiento resolutorio de contrato de obra y

               consiguiente pago de daños y perjuicios.

Distrito: Tarija

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 7670 a 7680., interpuesto por la Asociación Accidental ECOTAR y Asociados, representado por Sergio Alberto Donoso Trigo, contra el Auto de Vista de 19 de abril 2013, cursante de fs. 7662 a 7666 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del R. Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de Nulidad de procedimiento resolutorio de contrato de obra y consiguiente pago de daños y perjuicios seguido por la Asociación Accidental ECOTAR y Asociados contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la concesión de fs. 7688, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Quinto en lo Civil de la ciudad de Tarija dictó Auto Definitivo de 26 de noviembre de 2012, cursante de fs. 7626 a 7628 de obrados, por el cual declina competencia para conocer el presente proceso.

Resolución que es apelada por la parte actora, por escrito de fs. 7631 a 7638, y como consecuencia de ello se dictó el Auto de Vista de 19 de abril 2013, cursante de fs. 7662 a 7666 de obrados que confirma totalmente el Auto apelado; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma por los actores, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El recurrente señala que el proceso contiene errores in procedendo como la Carencia de Exhaustividad y Congruencia del Auto de Vista, el mismo que no resolvió todos los hechos alegados y debatidos en el proceso, más al contrario resolvió cuestiones no sometidas a debate en el proceso, no existiendo un análisis detallado y pormenorizado, fundamentándose de manera distinta y contradictoria a lo establecido por el Juez A quo, lo que implicaría una modificación al ámbito de lo apelado.  Continuó indicando que la sala que resolvió el Auto de Vista, en un caso similar falló de manera contradictoria a la Resolución de la presente litis.

Por otro lado menciona que el Auto de Vista se basó erróneamente en la aplicabilidad del criterio contenido en el A.S. No. 0281/2012 que ha sido objeto de otras modulaciones jurisprudenciales que aplican un criterio distinto como lo vertido en el A.S. No. 405/2012 que establece que los conflictos o controversias emergentes de la ejecución del contrato, deben ser conocidos y resueltos directamente por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a través del proceso contencioso administrativo, no requiriendo que previamente se agoten los recursos administrativos previstos por la Ley No. 2341, como lo establecía el A.S. No. 0281/2012 y al basar la resolución de segunda instancia en dicho A.S., el Tribunal Ad quem retrocede el fundamento ya superado por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, contrariando la Resolución del A quo que se inclinó por la aplicación del A.S. No. 405/2012.

Continuando el recurrente expreso en el punto tercero se estaría vulnerando el derecho constitucional del Juez natural, mencionando que toda persona tiene derecho a que su pretensión sea atendida, sustanciada por autoridad, investida de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motiva el proceso y que el mismo sea accesible, derecho respaldado por normas constitucionales al igual que normas internacionales que precautelan dichos derechos fundamentales de las personas.

Concluyo mencionando que el criterio vertido por el A.S. No. 405/2012 el cual corrige lo establecido por el A.S. No. 281/2012 de igual manera vulnera lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional definió que la competencia judicial deba mantenerse en las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia conforme al razonamiento de la jurisprudencia contenido en los fallos S.C.P. No. 0371/2012 de 22 de junio del mismo año y S.C.P. No. 0693/2012 de 2 de agosto de 2012.

Por último, en su petitorio señala que en aplicación del art. 275 del Código de Procedimiento Civil se anule el Auto de Vista recurrido que se ajuste a la jurisprudencia vigente sobre competencia judicial en relación a los conflictos jurídicos emergentes de contratos de particulares con el Estado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, la Constitución Política del Estado en su art. 122 establece: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley"; aplicable al caso en concreto.

Que, la Ley del Órgano Judicial (Ley No. 025), en su art. 12 establece: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, además dicha Ley nos indica que la extensión de la competencia únicamente se aplica en razón del territorio, por consentimiento expreso o tácito de las partes.

Que, la Ley de Transición Para El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de La Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció en su art. 10. I, lo siguiente: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada.”, aplicable también a la litis.

Que, el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”.

Por lo manifestado queda claro que la competencia se encuentra regulada desde la concepción de la Constitución Política del Estado y conforme a ella se tiene a la Ley No. 025 que de manera específica en su Capítulo II del Título I nos habla sobre la Jurisdicción y la Competencia, entendida éstas como el género (jurisdicción), y especie (competencia), por lo cual todos los jueces tienen jurisdicción, tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para determinados asuntos; en ese entendido se encuentra el art. 775 del Código Adjetivo Civil, respaldada por la Ley No. 212, donde se estableció que, la competencia de las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las Resoluciones del mismo se lo tramitará en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ente competente para conocer dichos procesos.

En la litis, el recurrente pretende la nulidad de procedimiento resolutorio de contrato de obra y consiguiente reparación de daños y perjuicios, del contrato de obra relativo a la Construcción de la Piscina Olímpica Departamental de la ciudad de Tarija, al indicar que la Gobernación de Tarija ente contratante, determino unilateralmente forzar un procedimiento de Resolución Contractual y que el mismo estuviese “absolutamente viciado de nulidad”.

Señalado esto, es importante enfocar nuestra atención en el contrato de 25 de febrero de 2007, saliente de fs. 1 a 9, suscrito entre la Prefectura del Departamento de Tarija  y la Asociación Accidental “ECOTAR Y ASOCIADOS”, a objeto de verificar la naturaleza jurídica de la misma, porque de ella depende la jurisdicción y competencia a la que está sometida.

El referido contrato, en el título “I Condiciones Generales del Contrato” en su cláusula primera presenta como partes contratantes a la Prefectura del Departamento de Tarija como parte contratante, y por otro lado, la Asociación Accidental “ECOTAR Y ASOCIADOS” como contratista, quedando establecido la intervención de una entidad estatal pública y un particular. En la cláusula tercera, que establece el objeto del contrato se puede advertir que es para ejecutar todos los trabajos necesarios para la Construcción de la Piscina Olímpica Departamental de Tarija en la zona de San Jacinto o San Blas de esa ciudad, por lo cual el objeto del contrato es la construcción de una obra de interés público en beneficio de los habitantes de la ciudad de Tarija.

Por otro lado, en la cláusula décima segunda del contrato en análisis, éste se autodefine como “…un Contrato Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados…”

Por los aspectos señalados podemos afirmar que el Contrato de 25 de febrero de 2007, que origina la presente contienda judicial, es un contrato administrativo definido por la Ley Nº 1178 en la parte final del art. 47 como: “…aquellos que se

refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza", por lo cual debe ser tramitado conforme señala el art. 775 del Código de Procedimiento Civil y art. 10-I de la Ley Nº 212, por cuanto los Tribunales ordinarios civiles, no tenían la competencia requerida por ser de una jurisdicción diferente a la establecida en la Ley para conocer este tipo de causas, siendo nulos los actos desarrollados por imperio del art. 122 de la Constitución Política del Estado.

De la misma forma la actual Constitución Política del Estado en su art. 179.I reconoce la jurisdicción especializada que debe ser regulada por ley, sin embargo aún no existe ésta regulación legal especializada sobre la jurisdicción contenciosa- administrativa, por lo que debemos remitirnos a lo establecido en el art. 10-I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, que dice: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosos que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del  Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas- administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”, normativa que dispone que la jurisdicción especializada contenciosa-administrativa (en sus procesos contenciosos y contencioso- administrativo) tiene como ente tutelar jurisdiccional a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Por consiguiente, hasta que el legislativo dote de una Ley especializada, transitoriamente, el Juez competente para conocer las causas donde  existiere contención emergente de los contratos administrativos que señala el art. 775 del Código de Procedimiento Civil es el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena. Es de puntualizar que la referencia de Órgano Ejecutivo y Poder Ejecutivo que hace tanto la Ley Nº 212 y el art. 775 del Adjetivo Civil, respectivamente, debe ser interpretada de manera amplia y no limitativa, siendo que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; concurriendo el órgano público ejecutivo en la Administración Pública  de forma transversal, y en si en todo el espectro administrativo sujeto a la Ley Nº 1178, pues la relación jurídica contractual donde participe un ente administrativo subyace en un contrato de naturaleza administrativa. 

En ese entendido la resolución dictada por el Juez A quo y confirmada por el Tribunal Ad quem resulta correcta y el criterio del recurrente con respecto a que el Ad quem basó erróneamente su razonamiento al contenido en el A.S. No. 0281/2012 que fue objeto de otras modulaciones jurisprudenciales que aplican un criterio distinto como lo vertido en el A.S. No. 405/2012, no resulta correcta, mucho menos trascendente para anular el Auto de Vista, toda vez que, ambos Autos Supremos están enmarcados a analizar la competencia ordinaria frente a la competencia especializada, entendimiento que fue asumido por los Tribunales inferiores al dictar el Auto definitivo y la resolución de segunda instancia.

Por otro lado, con respecto a la vulneración al Juez natural, la Sentencia Constitucional No. 491/03-R de 15 de abril, estableció que: “…uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y el juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir una resolución.  El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas…”, por lo indicado se tiene que, lo único que se pretende al uniformar la jurisprudencia es que la parte pueda dirigir su pretensión al “llamado a conocer y resolver su controversia judicial”, tal como lo establecen las normas porque de no ser así, no estaríamos sometidos a la voluntad de la ley y a su jurisdicción sino a la voluntad de las partes, vulnerando el principio de legalidad y por ende a la seguridad jurídica.

Por lo dicho no existe vulneración al Juez natural, más al contrario la parte recurrente, cuenta con la posibilidad de dirigir su pretensión a un Juez competente, independiente e imparcial que acoja correctamente su demanda, la tramite y la resuelva conforme mandan nuestras leyes. 

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma de fs. 7670 a 7680., interpuesto por la Asociación Accidental ECOTAR y Asociados, representado por  Sergio Alberto Donoso Trigo, contra el Auto de Vista de 19 de abril 2013, cursante de fs. 7662 a 7666 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del R. Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.