TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 378/2013

Sucre: 22 de julio 2013

Expediente: B-1513S

Partes: Oscar Justiniano Guaribana c/ Honorable Alcaldía Municipal de Trinidad

            (Moisés Shiriqui Bejarano)

Proceso: Acción negatoria y reconocimiento de derecho propietario

Distrito: Beni.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 216 a 220, interpuesto por Carlita de Río Zabala en representación del demandante Oscar Justiniano Guaribana, contra el Auto de Vista Nº 25/2013 del 11 de marzo de 2013 de fs. 211 a 214, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia Niñez y Adolescencia o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso ordinario de acción negatoria y reconocimiento de derecho propietario, seguido por Oscar Justiniano Guaribana contra la Honorable Alcaldía Municipal de Trinidad  representada por el Alcalde Moisés Shirique Bejarano; sin respuesta al recurso, el Auto de concesión Nº 012/2013 de fs. 223; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Oscar Justiniano Guaribana mediante memorial del 19 de mayo de 2011 de fs. 24-27 interpone demanda de acción negatoria y reconocimiento de derecho propietario, de cuyo contenido se resume lo siguiente: indica que es propietario de 308 mts2., de terreno sobre el cual pesa un gravamen de $US. 5.500 y que el Gobierno Municipal de Trinidad mediante Ordenanza Municipal 09/2009 de 15 de abril dispuso su expropiación, habiendo llegado a un acuerdo con el Alcalde sobre el valor del terreno en la suma de $US. 12.744,72 firmando el documento transaccional de fecha 29 de julio de 2009 donde se autoriza a la Alcaldía cancelar la deuda del gravamen con el producto de la expropiación y el remanente se le cancele a su persona; sin embargo indica que ambos documentos (Ordenanza y acuerdo transaccional) fueron incumplidos por la Alcaldía ya que su persona no habría recibido ninguna suma de dinero del monto acordado por concepto de indemnización, tampoco se destinó el inmueble al fin establecido en la Ordenanza, dejando prescribir el derecho de expropiación, y al encontrarse el inmueble inmovilizado su persona estaría siendo perjudica; en base a esos antecedentes demanda acción negatoria y desconocimiento de derechos que podría alegar la Alcaldía y se reconozca su derecho propietario de dicho inmueble.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Tercero de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, mediante Sentencia Nº 051/2012 de 23 de julio de 2012 cursante a fs. 192 a 194 y vlta., declaró improbada la demanda principal en todas sus partes y probada la demanda reconvencional de validez y existencia de acuerdo transaccional y oferta de pago planteada por la Alcaldía, disponiendo que en ejecución de Sentencia se realice la venta forzosa en ejecución del trámite de expropiación.

En apelación la Sentencia 051/2012 interpuesto por el demandante Oscar Justiniano Guaribana, la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, por Auto de Vista Nº 25/2013 del 11 de marzo de 2013 cursante a fs. 211 a 214 confirmo totalmente la Sentencia apelada; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el demandante a través de su apoderada recurre de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación y sin entrar a su consideración de fondo, se resume lo siguiente:

1.- En el fondo, indica que se violó e interpreto erróneamente la aplicación de la Ley; que el Auto de Vista para confirmar la Sentencia se basa en la inexistencia de prueba que demuestre la fecha de publicación de la ordenanza, correspondiendo a la parte demandada demostrar esa situación; en todo caso, ante esa duda debió protegerse el derecho de su propiedad.

Que, es falso que no exista prueba sobre la publicación de la Ordenanza Municipal Nº 09/2009 de 15 de abril de 2009, cuando en su propio texto se encuentra claramente definido que tiene efecto inmediato desde su promulgación y conforme a la Ley de Municipalidades se tiene un plazo de dos años para concluir los trámites administrativos de perfeccionamiento de la expropiación el mismo que a la fecha de presentación de la demanda ya habría caducado, toda vez que dicho plazo según su criterio se computa desde la fecha de promulgación de la Ordenanza.

Indica que de manera unilateral el Tribunal de Alzada se remite al art. 1 de la Ley 2341 la forma de impugnar, sin embargo el Juez ni la parte demandada observaron esa posibilidad planteando la excepción o declarándose incompetente.

Que respecto a la acción negatoria se aplicaron de manera errónea los arts. 108-III, 1455 inc. I) del Código Civil y art. 125 de la Ley de Municipalidades.

En la forma, como único argumento acusa la violación de los arts. 706 y 708 del Cód. Pdto. Civ. ya que la oferta de pago realizada por la entidad demandada no habría sido adjuntado el certificado de depósito judicial, sin embargo en la Sentencia y en el Auto de Vista considera como idónea dicha oferta.  

En base a los argumentos descritos, termina solicitando que se CASE el Auto de Vista y la Sentencia de primera instancia y al mismo tiempo pide que se CASE y se deje sin efecto ambas Resoluciones.        

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma sin señalar ninguna de las causas establecidas en los arts. 253 y 254 del Cód. Pdto. Civ., con único petitorio formulado de manera confusa en el sentido de que se “case” el Auto de Vista y la Sentencia de primera instancia y se deje sin efecto ambas Resoluciones; al margen de las deficiencias señaladas en el recurso, corresponde establecer si la demanda de “acción negatoria y reconocimiento de derecho propietario” correspondía o no ser tramitada en la vía ordinaria ante los Jueces de instancia en materia civil, toda vez que la misma tiene como antecedente inmediato a un trámite de expropiación de naturaleza administrativa.

La Administración Pública en sus distintos niveles (nacional, departamental, municipal, etc.), se encuentra investida de la “potestad administrativa” y es la encargada de la gestión pública, cuyo objetivo es la satisfacción de los intereses colectivos; en ejercicio de esa potestad asume decisiones que se materializan a través de los denominados “actos administrativos”, entendido este último como una declaración unilateral de la administración pública en cualquiera de sus niveles y que al emerger del ejercicio de una potestad administrativa, plasma decisiones que generan efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas que se caracteriza por su ejecutoriedad para la consecución de los fines públicos perseguidos, siendo precisamente uno de esos actos importantes por cierto, la “expropiación” que se lleva a cabo de manera forzosa en función del interés colectivo que se antepone al interés individual y particular, misma que se encuentra regida por el  Derecho Administrativo y por lo tanto constituye un verdadero acto administrativo por excelencia.     

Al respecto, el art. 27 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo establece lo siguiente: "Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo", y según el art. 4 incisos e) y g) y art. 32 de la misma Ley 2341, dicho acto se encuentra investido de los principios de presunción de buena fe, legalidad y se presumen válidos y producen efectos jurídico-administrativos desde la fecha de su notificación o publicación.

Para el tratadista Hugo Caldera, "El Acto Administrativo constituye una exteriorización unilateral de competencia por parte de un órgano administrativo en ejercicio de potestades jurídico-administrativas destinadas a alcanzar fines públicos encomendadas a éste órgano", opinión acorde con la vertida precedentemente y armonizable al ordenamiento jurídico boliviano.

Como se podrá advertir, el acto administrativo constituye una declaración unilateral de funcionario o autoridad pública de cualquiera de los niveles de la Administración Pública y que al emerger del ejercicio de una potestad administrativa plasma una decisión que genera efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas, cuyas decisiones conforme a nuestro ordenamiento jurídico son impugnables primeramente en sede administrativa a través de los recurso correspondientes y posteriormente ante la instancia judicial a través de la vía contenciosa administrativa.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP. Nº 0371/2012 de 22 de junio de 2012, Punto III.1, al margen de exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la regulación y/o reglamentación precisa respecto al tratamiento de los procesos contenciosos administrativos, ha establecido también que dichos procesos no sólo son aplicables a los contratos y resoluciones del Órgano Ejecutivo, sino también a los actos administrativos de carácter particular de la administración pública.

En el caso presente, el demandante en su memorial de demanda de fs. 24-27, refiere que el Gobierno Municipal de Trinidad mediante Ordenanza Municipal 09/2009 de 15 de abril dispuso la expropiación por causas de utilidad pública varios lotes de terreno urbanos entre los cuales se encontraría el lote de su propiedad de una extensión de 308 mts2., instrumento municipal que a su vez abrogó la Ordenanza Municipal Nº 12/07 mediante la cual ya se había dispuesto anteriormente la expropiación de dichos terrenos, sin embargo la misma habría prescrito y/o caducado debido al transcurso del tiempo por más de dos años.

Como consecuencia de la emisión de la última Ordenanza Municipal Nº 09/2009 indica que se llegó a firmar un acuerdo transaccional de fecha 29 de julio de 2009 entre su persona y el Alcalde Municipal del referido Municipio, donde se estableció el valor del terreno en la suma de $US. 12.744,72  a ser cancelado a su persona; sin embargo refiere que ambos instrumentos fueron incumplidos por la Alcaldía ya que su persona no recibió ninguna suma de dinero por concepto de indemnización, tampoco se destinó el inmueble al fin establecido en la Ordenanza, dejando prescribir nuevamente el derecho de expropiación y al encontrarse el inmueble inmovilizado su persona estaría siendo perjudicada, razón por la cual demanda “acción negatoria y reconocimiento de derecho propietario” pidiendo se niegue todo derecho a la Institución demandada respecto al inmueble de referencia por encontrarse prescrita y sin vigencia la Ordenanza Municipal 09/2009. En tanto que el Gobierno Municipal de Trinidad al momento de contestar la demanda en forma negativa, reconviene por “cumplimiento de acuerdo transaccional” de fecha 29 de julio de 2009 y al mismo tiempo realiza “oferta de pago” por el valor del terreno, para lo cual adjunta tres cheques por un monto total de Bs. 88.958,14.

Con el planteamiento de la demanda en la forma indicada, lo que el demandante pretende es que se deje sin efecto el trámite administrativo de expropiación iniciado por el Gobierno Municipal de Trinidad en vigencia de la Ley Nº 2028 de Municipalidades, bajo el argumento de que la Ordenanza Municipal Nº 09/2009 se encontraría prescrita o habría caducado por el trascurso del tiempo de más de dos años previsto en el art. 125 de la Ley 2028 de Municipalidades, sin embargo no toma en cuenta lo establecido en el art. 21.IV de la misma Ley 2028 que de manera expresa determina lo siguiente:  “Toda Ordenanza se encuentra vigente mientras no fuera derogada o abrogada mediante otra Ordenanza emitida por el Concejo del Municipio correspondiente. No existe declaratoria de desuso de Ordenanzas Municipales”.

Al margen de lo indicado, en el ámbito Municipal, una Ordenanza que establece la expropiación no tiene carácter normativo sino que constituye un acto netamente administrativo que goza del principio de presunción de legitimidad y por lo mismo, una vez agotada la sede administrativa, debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa conforme lo estableció la SC. 1464/2004-R, reiterada a su vez por la SCP Nº 0693/2012; en el caso presente al haber sido emitida la Ordenanza Municipal 09/2009 en vigencia de la Ley Nº 2028 de Municipalidades, para pretender dejar sin efecto la misma, aun así se trate de que la expropiación se encuentre en curso o haya culminado, correspondía previamente recurrir a la vía administrativa ante el mismo Gobierno Municipal emisor de dicho instrumento para que esta Institución a través de su Concejo Municipal tenga la oportunidad de pronunciarse sobre el trámite de expropiación que se cuestiona y en caso de no tener una respuesta favorable, recién recurrir a la instancia judicial pero a través de la vía contenciosa administrativa conforme lo establecen los arts. 142 y 143 de la Ley 2028 de Municipalidades, concordante con el art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no acudir de manera directa ante los Jueces ordinarios en materia civil que no tienen competencia para el conocimiento del asunto.

Con el cuestionamiento que se hace a la vigencia de dicho instrumento municipal por el solo transcurso del tiempo, lo que el recurrente pretende en el fondo es dejar sin efecto todo lo actuado respecto al trámite de expropiación llevado a cabo en la vía administrativa; de la misma manera, el Acuerdo Transaccional de fecha 29 de julio de 2009 al cual hace referencia el demandante, mismo que sirvió de base para la demanda reconvencional de la Institución demandada (Gobierno Municipal de Trinidad), dicho documento fue generado en el curso del trámite de expropiación y por tanto también constituye un documento integrante de dicho trámite de naturaleza eminentemente administrativa; los Jueces ordinarios civiles al haber sustanciado y resuelto la demanda sometida a su conocimiento, han actuado sin competencia en razón de la materia y por consiguiente sus actos se encuentran viciados de nulidad, toda vez que si bien la demanda es de acción negatoria y reconocimiento de mejor derecho propietario, con esta pretensión la parte actora persigue se deje sin efecto una Ordenanza Municipal  de expropiación por prescripción o caducidad por el transcurso del tiempo  de efectivización de la misma, siendo esa la pretensión demandada se concluye que a través de las acciones interpuestas el actor pretende que los tribunales ordinarios emitan un pronunciamiento  por medio del cual se deje sin efecto los alcances de la Ordenanza Municipal y por ende del trámite de expropiación, aspectos que como se desarrolló precedentemente debieron ser planteados dentro el mismo trámite administrativo de expropiación.

Conforme el entendimiento de la SCP Nº 0693/2012 de 2 de agosto de 2012 a través de la cual es un caso en que la pretensión principal deducida a través de una demanda civil perseguía en el fondo la nulidad de una expropiación determinó que los  tribunales ordinarios en materia civil obraron sin competencia por carecer de la misma para declarar la nulidad o ineficacia de una Ordenanza Municipal.

Que, la Jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los Jueces y Tribunales; es de orden público, nace únicamente de la ley y es indelegable; en tanto que la “competencia” es entendida como la facultad que tiene un Juez o Tribunal para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto, la misma que según el art. 13 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial no admite ninguna prórroga en razón de la materia como ocurre excepcionalmente en el caso del elemento territorio; ambas son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Que el art. 17.I de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial determina que, “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitara a aquellos asuntos previstos por ley”. A su vez el art. 252 del Código Procedimiento Civil establece que,  “El juez o tribunal de casación anulara de oficio todo proceso en la que se encontraren infracciones que interesen al orden público”, aspecto que es el caso presente por encontrarse afectada la competencia en razón de la materia de las autoridades judiciales que sustanciaron el proceso.  

Por todo lo expuesto, al amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 271 inc. 3) del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I inciso 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 inc. 3) y 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 28 vlta., inclusive sin reposición, debiendo las partes acudir a la vía llamada por ley conforme se tiene indicado en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad para ambas instancias por considerarse error excusable.

En cumplimiento del art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, comuníquese al Consejo de la Magistratura para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.