TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 377/2013                                                

Sucre: 22 de julio 2013                                                                                 Expediente: CB-52-13-S                                                                

Partes: Edelmira Pérez Velasco        de Navia. c / Banco Solidario S.A.

Proceso: Nulidad de documentos de crédito, inhabilidad de Poder y                

                representación de los mandantes del Banco Solidario S.A., Nulidad de

                Gravamen. 

Distrito: Cochabamba                                

VISTOS: El recurso de Casación en el fondo y en la forma interpuesto por Edelmira Pérez Velasco de fs. 389 a 397, impugnando el Auto de Vista de  fecha 01 de abril de 2013, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Nulidad de documentos de crédito, inhabilidad de Poder y representación de los mandantes del Banco Solidario S.A., Nulidad de Gravamen, seguido por Edelmira Pérez Velasco de Navia  contra Banco Solidario S.A., los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                      

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Segundo de Partido en lo Civil  y Comercial de Quillacollo Cochabamba- emitió la Sentencia cursante de fojas 262 a 265 vlta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 27 y PROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho de fs. 117, con costas. En cuanto a los daños y perjuicios, averiguables en ejecución de sentencia.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Edelmira Pérez Velasco de fs. 269 a 274, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante  Auto de Vista de 1de abril de 2013, cursante de fs., 380 a 382, CONFIRMA la sentencia apelada, con la modificación de que se deja sin efecto el tema de la averiguación de daños y perjuicios.

Resolución que dio lugar al recurso de casación, interpuesto por parte de Edelmira Pérez Velasco de Navia, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo

Que, el recurso de casación en el fondo bajo los alcances del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, procedería por interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en la sentencia y Auto de Vista como fundamento del recurso de casación. Se materializaría por que el juzgador resuelve la controversia aplicando normas que no corresponden o son deficientemente interpretadas como habría sucedido en el caso.

La sentencia como en el Auto de Vista afirmarían que no le asiste el derecho a demandar la nulidad del proceso ejecutivo por aplicación del art. 28 de la Ley 1760 que prevé plazo de seis meses de ejecutoriada la sentencia para intentar el proceso de conocimiento por cualquiera de las partes. Refiriendo que según esa norma el proceso ejecutivo puede ser revisado o modificado en proceso ordinario que deberá ser deducido por las partes y no por un tercero que fuera afectada en sus bienes; que en el caso no demandaría revisión ni modificación de la sentencia sino nulidad de proceso ejecutivo seguido por el Banco Solidario S.A. contra María Norma Muñoz Maidana, Juan Navia Pinto y Alicia Rocha de Candía, y no fuera aplicable el art. 28 de la Ley 1760 que una cosa fuera revisión y modificación de sentencia del proceso ejecutivo y otra diferente su nulidad, que siendo esos sus fundamentos habría errónea interpretación de los arts. 551 y 552 del Código Civil, que daría mérito a la aplicación del art. 253 núm., 1) del Código de Procedimiento Civil  ya que se habría aplicado incorrectamente el art. 28 de la Ley 1760, que por el derecho a la defensa por la afectación de un bien ganancial de la esposa como confesaría la parte demandada que no fue parte del proceso ejecutivo, tuviera que accionar la demanda que corresponda.

Que, por imperio del art. 316 del Código de Procedimiento Civil complementada por el art. 1 parágrafos  I y II así como del 193 todos del mismo código procesal establecerían que los Jueces y Tribunales de justicia deben resolver las demandas sometidas a su jurisdicción sin pretexto de insuficiencia. Que, si bien la norma no establecería la posibilidad de demandarse la nulidad de un proceso judicial, el Tribunal Constitucional sentaría jurisprudencia de que no le alcanzarían los efectos de la cosa juzgada cuando existiera afectación de derechos patrimoniales de una persona que no fuera demandada, al haberse violado su derecho a la defensa.

En ese antecedente al aplicar una norma no aplicable a su caso habría violación de la ley, la jurisprudencia, principio de razonabilidad y justicia material así como interpretación errónea de la ley, ya que el plazo previsto pro el art. 490 del Procedimiento Civil y 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil correría para las partes y no para un tercero interesado, se incurriría en lo dispuesto por el art. 253 núm., 1) de Código de Procedimiento Civil Con la agravante que el Auto de Vista haría referencia que la nulidad del proceso ejecutivo no se acomodaría al art. 549 del Código Civil pues dice- el proceso será nula por inhabilidad de los documentos acompañados por impersonería del demandante y la inhabilidad del título ejecutivo.

Procedería el recurso de casación cuando contuviere disposiciones contradictorias. Se diría en la Resolución que no le asiste el derecho de demandar nulidad, habiendo dictado sus fallos en sujeción a lo previsto por el art. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, aspectos que fueran contradictorios, ya que su derecho al debido proceso y facultad de impugnación estaría amparado por disposiciones legales de rango constitucional y procesales, señalando que no se habrían considerado ni valorado los arts., que cita.

Ya se habría analizado la falta de alcance del art. 28 de la L.A.P.C., y regirían para ella los alcances de los arts. 551 y 552 del Código Civil.

Señalarían que no se habría demostrado daño, empero se habría probado con la confesión de los demandados de fs. 118 vlta., que el inmueble embargado de Juan Navia Pinto fuera inscrito en Derechos Reales en 1.969, que estuviera rematado, por lo que existiría daño sobre ese bien en base a un proceso ejecutivo anómalo, ilegal con documentos inhabilitados por imperio de la misma ley, que si no fuera por la instauración de este proceso ya estaría rematado el bien inmueble ganancial suyo con registro en 20 de diciembre de 1973, por lo que existiría riesgo inminente de la pérdida de otro bien, por lo que no se habrían pronunciado sobre la expresión de agravios en base al art. 116 del Código de Familia.

Habría contradicción al señalar que no existe expresión de agravios, sin embargo pronunciarse sobre algunos para confirmar la sentencia.

Que, la sentencia declararía probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el Banco en su contra, bajo el argumento de que no participa del contrato de préstamo, ni en el ejecutivo por lo que no podría demandar la nulidad de contrato y menos del proceso ejecutivo, a ese fin dice señalar que el propio juez reconoce que fuera copropietaria del inmueble registrado en el año 1973, por lo tanto común en vigencia de matrimonio, sobre la cual se habría anotación preventiva y remate, pasando luego a sostener que no se acompañaría documento alguno que demuestre la afectación de sus derechos, y que no tuviera derecho sobre el otro inmueble ya rematado registrado a nombre de su esposo antes del matrimonio. Que, su acción e interés nacería de la afectación de ambos bienes inmueble, que para el colmo el Auto de Vista señalaría sobre las cargas de la comunidad y que el préstamo obtenido por su esposo fuera en interés de su familia. Contradicción que ameritaría la casación en sujeción a lo previsto por el art. 253 núm., 2) de Código de Procedimiento Civil ya que si no tuviera interés legítimo falta de acción y derecho- cual fuera la razón para que el Tribunal haga referencia a las cargas de la comunidad prevista en el art. 118 núm. 5) del Código de Familia, que fuera la apreciación del Banco la que repetiría el A quo y confirmaría el Tribunal de Alzada, de ello aun de no haberse demostrado la efectivización  de la medida precautoria, al existir pronunciamiento al respecto quedaría reconocido su interés legítimo, por lo que debiera haberse declarado improbada la excepción de falta de acción y derecho.

Casación en el fondo por error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba. Que, la sentencia establecería que no se demostró ningún perjuicio a sus intereses, al establecerse la inexistencia de anotación preventiva, y que al sentir del art. 1283 del Código Civil, aspecto que implicaría existencia de error de hecho y derecho, en razón que el Banco habría confesado se procedió al embargo del inmueble registrado el año 1.969 ese aspecto tuviera mayor valor probatorio a la certificación de Derechos Reales, que se acreditaría el daño sufrido por la pérdida patrimonial. Sobre el inmueble registrado el año 1973 correría peligro inminente de ser rematado en su totalidad, aspecto que se demostraría con la petición de ejecutoria reiterada del Auto de Vista de  fecha 17 de abril de 2012, por lo que habría demandado la nulidad del documento de fecha 23 de marzo de 2000, sin que los personeros del Banco hayan demostrado personería para firmar documentos de crédito.

Que, si Edelmira Pérez Velasco  de Navia no es parte del documento inhábil del crédito de fecha  23 de marzo de 2000, fuera nulo el antedicho documento, ya que carecería Juan Navia  Pinto del consentimiento expreso de su persona para la disposición de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, y que la disposición o de imposición de Derechos Reales de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes, pueden anularse a demanda del otro cónyuge, ese aspecto fuera soslayado y se diría que carece de personería, que si se demandó la nulidad de documento en sujeción al art. 549 inc. 3 del Código Civil  por el registro de 1973 es que porque fuera común, por lo que se reconocería su personería y al no aplicar la ley referida a la materia violaría el contenido del art. 116 y 5 del C de Familia. Los aspectos alegados de beneficio del interés de la familia jamás habría sido demostrado por lo que dice solicita se le otorgue justicia material.

Refiere al art. 1311 del Código Civil para señalar que habría demostrado las mejoras introducidas al inmueble y habría acompañado a obrados memorial de autorización de trabajos en fecha 20 de diciembre de 1971, documento no desconocido expresamente por el Banco, aspecto que demostraría su interés legítimo acción y derecho- para demandar la nulidad, también el daño que se hubiera provocado sin ser demandado en proceso ejecutivo. Aspectos que darían mérito al recurso de casación bajo la causal contenida en el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.

En la forma

Que, en el presente caso se habría violado el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido no habría pronunciamiento sobre las causales de nulidad del contrato de préstamo de las personas naturales que intervendrían en nombre del Banco Solidario, aspecto que fuera parte de la demanda así como del recurso de apelación, y las resoluciones fueran omisas con relación a ello.

No se habrían pronunciado sobre el poder Nº. 283/2000 de fecha 21 de junio de 2000, refiriendo que fuera de administración y por lo mismo fuera general, aun se hubieran incorporado incorrectamente facultades procesales no dejaría de ser mandato general de administración, por ello todos los actos fueran ilegales pues su poder fuera para contestar demandas y asumir defensa, no habría facultad para apelar ni contestar apelaciones ni contestar recursos de casación.

Que, las normas procesales fueran de cumplimiento obligatorio por tanto el Tribunal de apelación debiera haber analizado ese aspecto, para en su caso disponer la nulidad del proceso ejecutivo, revisando el poder de los supuestos representantes del Banco,  y declarar que la intervención de los apoderados fuera ilegal y disponer lo que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO III:                                                

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Este Tribunal resolverá primero el recurso planteado en la forma, al estar planteada  el recurso de casación en el fondo y forma, en razón a que si tuviera sustento, la Resolución fuera por anular obrados o el Auto de Vista, imposibilitando por lo mismo la consideración del recurso de casación en el fondo.

Consecuentemente en la forma:

En el orden propuesto, el presunto no pronunciamiento con relación a las causales de nulidad del contrato de las personas naturales en nombre del Banco Solidario S. A., resulta carente de veracidad, pues en el punto 2 del considerando II de fs. 380  vlta., a 381, el Ad quem dio repuesta efectiva al agravio planteado en apelación, que en casación se pretende no exista, arribando a la conclusión que ello no era evidente y que su intervención estuviera en el marco de representación de  Banco Solidario S. A., existiendo entonces pronunciamiento con relación al tema reclamado. Lo propio sucede con relación a no haberse presuntamente pronunciado respecto del Poder Nº 283/2000 de 21 de junio de 2000, cuando ello está absuelto en el punto 1 del mismo considerando anterior, de lo que se infiere que el reclamo de la recurrente no tiene sustento, no enmarcándose dentro de lo previsto por el art. 254 núm., 4) del Código de Procedimiento Civil.

Bajo esos dos parámetros el reclamo realizado por la demandante hoy recurrente, conforme a la verificación de antecedentes, ha sido debidamente absuelto, por lo que en criterio de este Tribunal, no tiene sustento lo reclamado en el recurso, más aun cuando el petitorio refiere que el debió disponer lo que en derecho corresponda, aspecto incoherente al entendimiento de un recurso de casación.

Por lo anterior corresponde resolver en sujeción a lo previsto por los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Con relación a la interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en los fallos de instancia, concretando en este análisis lo referido en el art. 28 de la Ley Nº 1760 de Abreviación Procesal y Asistencia Familiar y que el plazo señalado por la referida disposición legal no le alcanzaría por no ser parte del proceso ejecutivo, ya que las partes fueran el Banco Solidario S.A., María Norma Muñoz Maidana, Juan Navia Pinto y Alicia Rocha de Candia, existiendo interpretación errónea de los arts. 551 y 552 del Código Civil que daría mérito al art. 253 núm., 1) del Código de Procedimiento Civil, sugiriendo que habría vulneración al derecho a la defensa por la afectación de un bien ganancial en su condición de esposa y tuviera el derecho de accionar lo que corresponda; debemos señalar que las partes en el proceso fundamentalmente como señala el art. 50 del Código de Procedimiento Civil “Las personas que intervienen en el proceso son esencialmente el demandante, el demandado y el juez.”, bajo ese antecedente hay que referir los alcances de la sentencia al tenor de lo determinado por el art. 194 de la norma adjetiva civil que establece: “Las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas”; por su parte el art. 490 del Código de Procedimiento Civil sustituido por el art. 28 de la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar señala que: “I. Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. II. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada, en el plazo de seis meses. Vencido este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo”. De lo transcrito, se establece que el derecho de accionar en proceso ordinario lo resuelto en el proceso ejecutivo como señala la disposición mencionada, está dirigida única y exclusivamente a los sujetos procesales que en ella intervinieron en el proceso ejecutivo- en su condición de “partes” y ciertamente la ahora recurrente no tuvo esa calidad procesal en el proceso ejecutivo ahora cuestionado.

Por otro lado, es evidente que los Jueces y Tribunales en sujeción a lo determinado por el art. 1 parágrafo  II en relación al art. 193 del Código de Procedimiento Civil, no pueden excusarse de fallar bajo pretexto de falta, de obscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas sometidas a su juzgamiento. En el caso en cuestión la recurrente pretende vincular a la presunta existencia de daño patrimonial al haberse violado su derecho a la defensa y no haberse aplicado correctamente la norma, razonando que un tercero que no fue parte de la demanda ejecutiva puede accionar la revisión de los fallos dictados en ese proceso, al no alcanzarles el plazo previsto por el art. 490 del Código de Procedimiento Civil modificado por el art. 28 de la L.A.P.C.A.F., que al negar ese aspecto los Tribunales incurrirían en lo previsto y sancionado por el art. 253 núm., 1) del Código de Procedimiento Civil, al interpretar lo contrario.

Habrá que analizar si en el caso de Autos, está inmersa a este alcance la recurrente, y si en definitiva se afectó sus derechos, o los Tribunales de instancia aplicaron de manera incorrecta la normativa legal vigente. Diremos entonces que si bien es cierto que la demandante, hoy recurrente no fue parte del proceso ejecutivo y por ello no podría verse alcanzado por los plazos que se mencionaron supra, verificamos que los derechos que sostiene le afectaron en los bienes inmuebles que considera gananciales, el primero se  registró en el año 1969, en consideración que el matrimonio de la recurrente con el ejecutado data de 1970, no puede alegar ganancialidad al ser bien propio del con-ejecutado Juan Navia Pinto, con relación al segundo bien inmueble, registrado en el año 1973, está establecido su ganancialidad por el registro ante Derechos Reales a nombre de ambos esposos; sin embargo retrotraemos para este análisis a la prueba cursante de fs. 23 a 24, y de la lectura del punto 2 del Otrosí Segundo extractamos lo siguiente cuando se solicita anotación preventiva: “2. De propiedad de JUAN NAVIA PINTO Y EDELMIRA DE NAVIA en un 50% de acciones y derechos correspondientes al deudor JUAN NAVIA PINTO registrado en Derechos reales bajo la partida 1910 fojas 727 de fecha 20 de diciembre de 1973 en el Libro Primero de propiedad de la Provincia Quillacollo…”, esto implica que las acciones y derechos de la demandante nunca fueron afectados, aun el Banco haya referido que se procedió al embargo de los bienes, estaremos de acuerdo que se refirió a los bienes de exclusiva propiedad del co-ejecutado Juan Navia Pinto, pero no de la recurrente, por lo que aun del análisis realizado anteriormente que un tercero no parte del proceso ejecutivo al ver afectado su derecho patrimonial puede demandar la revisión de los fallos dictados en aquella y lo determinado por el art. 490 del Código de Proveimiento Civil  modificado por el art. 28 de la L.A.P.C.A.F., no le alcanzaría, en el caso en cuestión no se adecúa al mismo, pues no se afectó los derechos de la demandante, no existiendo prueba que contradiga este argumento al no existir certificación de la oficina de Derechos Reales que demuestre la afectación también de su derecho propietario, bajo ese antecedente, sin duda el fallo de los de instancia en declarar improbada la demanda y más bien probada la excepción perentoria de falta de acción y derecho tiene absoluto sustento.

Establecido aquello, estaremos de acuerdo que los demás reclamos efectuados como el cuestionar la personería de los representantes del Banco Solidario S.A., la presunta irregular elaboración del contrato de préstamo en documento privado, la presunta vulneración de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Procedimiento que irían presuntamente en desmedro de sus derechos y los alcances de los arts. 551 y 552 del Código Civil, se encuentran descartados, al no tener legitimidad su intervención, ante la demostración que las acciones y derechos en el 50% en el bien inmueble registrado en la vigencia del matrimonio, fueron excluidos de manera expresa, en consecuencia los alcances de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo no le afectan al estar resguardado sus derechos en el mismo proceso, cuando la entidad ejecutante pidió afectar sólo las acciones del deudor, en este caso Juan Navia Pinto.

Dentro de ese marco, aun no se haya analizado los alcances del art. 116 del Código de Familia por los de instancia, no hay que perder de vista que el codemandado no dispuso de manera unilateral bienes que no les correspondía, sino los suyos cuando del tenor de la cláusula cuarta (fs. 21) se lee “LOS DEUDORES también garantizan el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente contrato, con la totalidad de sus bienes…”, (documento de fecha 23 de marzo de 2000 con reconocimiento de firmas de la misma fecha) no existiendo mención en que los derechos de la demandante estuvieran afectados, a ello se explica el contenido del punto 2 del Otrosí Segundo  del memorial de demanda ejecutiva ya mencionado anteriormente, entonces carece de sustento la afirmación de que contra su bien existe riesgo inminente de pérdida.

El argumento de la presunta existencia de contradicción en señalar que no existe expresión de agravios para luego confirmar la sentencia, queda en afirmación, y más bien resulta ser copia de un anterior recurso de casación que fue ya resuelto.

Si bien el análisis realizado por los de instancia en sentido que habría falta de acción y derecho al no haber sido partícipe del préstamo, ni del proceso ejecutivo, y no podría demandar su nulidad, puede resultar incompleto como se vio, el fundamento complementario esencial es que sus acciones y derechos jamás fueron afectados, los Tribunales de instancia reconocieron que la demandante es copropietaria del bien inmueble registrado bajo la partida 1910 del año 1973, en cambio la demandante nunca demostró que el mismo estuviera afectado por el proceso ejecutivo en las acciones que le corresponden, incumpliendo de esa manera con lo determinado por el art. 375 núm., 1) del Código de Procedimiento Civil.

Entonces, descartada la afectación del derecho de la demandante conforme se parte del análisis de lo solicitado en el Otrosí Segundo del memorial de demanda del proceso ejecutivo de fs. 23-24, se suprime la posibilidad de la existencia del  interés legítimo que pudiera alegar la demandante para su pretensión de cuestionar incluso la personería de los representantes del Banco, la efectividad del documento, etc., que en todo caso les correspondía de ser evidente ello- a los demandados ejecutados, de manera oportuna en el proceso ejecutivo con la interposición de las excepciones pertinentes o cuestionarlos en el plazo previsto por el art. 490 del Código de Procedimiento Civil modificado por el art. 28 de la L.A.P.C.A.F., que a ellos si les corrió.

Si aquello es así no cabe la posibilidad de alegar lo determinado por el art. 253 núm., 2) del Código de Procedimiento Civil.

Al argumento de nulidad alegada del documento de 23 de marzo de 2000 por la inconcurrencia del consentimiento expreso de la recurrente, habrá que señalar que, no se precisaba consentimiento alguno de parte de ella, ya que el codeudor garantizó con los bienes de su propiedad, no habiendo comprometido en momento alguno las acciones de la recurrente, aspecto comprendido por la entidad ejecutante que respeta ese 50% de acciones, entonces concluiremos que no existe vulneración de los arts. 116 y 5 del Código de Familia

Con haber adjuntado memorial de petición de Autorización de trabajos, pretende exista interés legítimo para accionar y demandar nulidad por el daño que se le hubiera provocado en proceso ejecutivo, a ello se debe señalar que es la simple petición de Autorización sin respaldo de que los trabajos se hubieran efectivizado, pero aun de que ello fuera evidente no demostrado- no incide de ninguna forma en el análisis realizado en sentido que no se demostró su interés legítimo, pues no existe diferenciación concreta en cuál de los inmuebles hubiera solicitado realizar esos trabajos y la magnitud a que hubieran alcanzado, ese aspecto ha sido correctamente observado por los de instancia, de manera que no se enmarca en lo previsto por el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, si su pretensión era o es hacer respetar sus derechos, al estar inminentemente amenazados por un acto de remate o finalmente ya hubieran sido rematados, tenía y tiene la vía de Tercería de dominio excluyente contra el acto de embargo, la disposición de remate o el acto de remate mismo en caso de haberse efectivizado, pero de ninguna manera atacar la validez del documento del préstamo, la personería de los apoderados del Banco Solidario S.A., ni el proceso ejecutivo, careciendo de personería y consecuentemente la falta de acción y derecho, más aun cuando señala que existiría riesgo inminente de remate, denotando entonces que no se procedió al mismo .

Por todo lo expuesto, corresponde emitir resolución en sujeción a la previsión contenida en los arts. 271 núm.,  2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art., 42 parágrafo I,   núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts., 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo contenido en el memorial de fs. 389-397, presentado por Edelmira Pérez Velasco de Navia contra el Auto de Vista de fecha 01 de abril de 2013 de fs. 380 a 382 de obrados. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.