TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A    C I V I L

Auto Supremo: 371/2013

Sucre: 19 de julio 2013

Expediente: CB-46-13-A

Partes: Gastón Pablo Manuel Gutiérrez Lara c/ Pablo Gutiérrez Gutiérrez y Otros

Proceso: Usucapión

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 2220 a 2221, interpuesto por Pablo Gutiérrez Gutiérrez, contra el Auto de Vista de 19 de octubre de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cursante de fs. 2214 a 2216 vlta., en el proceso de Usucapión seguido por Gastón Pablo Manuel Gutiérrez Lara contra Pablo Gutiérrez Gutiérrez y Otros, la concesión de fs. 2261, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez de Partido Decimoprimero en lo Civil y Comercial de la Capital dicta Auto de 25 de agosto de 2009, cursante de fs. 2078 a 2079, declarando probada la excepción previa de prescripción planteada por Alcaldía Municipal de Cochabamba, consiguientemente, extinguido el derecho a demandar nueva usucapión por parte de Gastón Pablo Manuel Gutiérrez Lara.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación por el actor, por memorial de fs. 2088 a 2090, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de 19 de octubre de 2012, cursante de fs. 2214 a 2216, que revoca la Resolución apelada, declarando improbada la excepción de prescripción planteada por la Alcaldía Municipal de Cochabamba, disponiéndose la continuación del proceso; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por escrito de fs. 2220 a 2221 de obrados, y que por escrito de fs. 2243 y vlta., se apersona Jorge Gutiérrez Santiago como heredero de José Pastor Gutiérrez, se adhiere al recurso en todas sus partes y pide se case al Auto de Vista; además en el Otrosí de su memorial señala que si no vota por la casación se anule el proceso hasta fojas cero, argumentando que el proceso se tramito en su indefensión por cuanto la demanda no estuvo señalada contra él.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


El recurrente fundamenta su recurso delineando un análisis propio del art. 311 del Código de Procedimiento Civil, señalando que necesariamente debe entenderse que iniciar un nuevo juicio no significa sólo presentar un nuevo memorial de demanda sino que ella debe ser admitida y citada a la parte o partes demandadas, para que produzca los efectos jurídicos de una nueva acción que asegure la igualdad efectiva de las partes.

Prosigue indicando que como el titular de la acción puede volver a plantearla dentro el año siguiente, esa posibilidad significa, para la parte demandada, que puede volver a ser citado con la misma demanda dentro el año siguiente, si eso ocurre se debe asumir defensa, pero si no es citado dentro año siguiente, tiene todo el derecho de entender que la acción de sus oponente ha quedado extinguida por mandato  del art. 311 del Código Procesal Civil y del art. 1492 parágrafo I del Código Civil y que ha quedado liberado de la misma.

Secundando su posición recursiva, indica que para revocar el Auto definitivo, el Vocal relator  ha recurrido a la distinción entre los conceptos de prescripción y caducidad, con la intención de manipular el caso concreto, aprovechando que en ambos casos el tiempo es el que provoca la creación, modificación o extinción de un derecho.

Señala también que la interrupción del plazo de un año para que se produzca  la prescripción extintiva requiere inexcusable e indiscutiblemente la notificación del demandado, conforme dispone el art. 1503 parágrafo I del Código Civil, acotando que si no se hace uso de ese derecho en el plazo de una año, su derecho se extinguirá por prescripción, no por perención ni por caducidad.

Su petitorio, presentado al principio de su alegación recursiva, solicita a la Sala Especializada en materia civil del Tribunal Supremo de Justicia, se digne en casar el Auto de Vista recurrido y mantener en todas sus partes el Auto interlocutorio definitivo de fs. 2078 a 2079, atendiendo los antecedentes y fundamentos legales expuestos.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La problemática planteada radica en la interpretación del art. 311 del Código de Procedimiento Civil y el plazo dispuesto en la norma para la nueva demanda, a lo cual se hace las siguientes consideraciones:

Una de las  formas extraordinarias de conclusión del proceso es por medio de la perención de instancia, cuando en primera instancia el demandante abandona su acción durante seis meses y el Juez, de oficio o a petición de parte, declara la perención, procediéndose luego al respectivo archivo de obrados.

El art. 311 de la misma norma procesal reglamenta el efecto que produce la perención, señalando que: “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente, transcurrido este plazo la acción quedará extinguida”, de lo citado, podemos inferir tres efectos procesales consecuentes, a) La conclusión de manera anormal del proceso, b) La garantía de subsistencia de la acción en el plazo  de un año; y c) La limitación  del plazo de la demanda nueva so pena de extinguir la acción.

Sobre lo expuesto, debemos incidir que en primera instancia, la perención  extingue los procedimientos judiciales, concluye el proceso teniendo por no sucedidos los actos procesales desarrollados, no importando la extinción de la acción que, como derecho subjetivo del actor, queda incólume frente a la declaratoria, garantía que no es absoluta sino que está condicionada a la presentación de una nueva demanda, con los mismos sujetos e idéntico objeto, dentro del año de declarada la perención por el Juez ordinario.

La problemática surgida es en relación al plazo  señalado en el art. 311 del Código Adjetivo de la materia, que señala que la demanda nueva debe intentarse dentro el año siguiente; sometiéndose en debate que si el plazo esta reatado a la presentación de la demanda, a la admisión o citación de la misma al demandado, por lo que precisa analizar frente al tipo de plazo en que nos encontramos para el ejercicio de presentación de la nueva demanda, si es de caducidad o prescripción. Es pertinente decir que la prescripción extintiva es distinta a la caducidad, aunque ambas instituciones extinguen acciones y derechos por el transcurso del tiempo, pero el régimen jurídico perteneciente a una no le es aplicable enteramente a la otra; la doctrina marca como diferencia sustancial que la caducidad no es susceptible de interrupción en su plazo, como lo es la prescripción.

Por otro lado, la doctrina en análisis sobre estas dos instituciones ha logrado conjeturar criterios válidos para hacer más precisa su diferencia, que nos permitirán ahuyentar duda en el tema, para lo que  recurrimos a Díez-Picazo y Gullón en la obra Instituciones del Derecho Civil (Vol. I/1, 2000, pág. 292) que sostienen acertadamente un razonamiento de diferencia respecto a la situación jurídica de la aplicación de la caducidad, que señala: “Un criterio de distinción aceptable es el derivado de la naturaleza del derecho objeto de presunta caducidad, pues ésta recae sobre lo que en su momento hemos llamado derechos potestativos o facultades de configuración o modificación de una situación jurídica. Pendiente su ejercicio, la situación jurídica afectada se encuentra en una fase provisional o transitoria, que exige un rápido tránsito a una situación definitiva”.

Por lo señalado, resulta evidente que el plazo descrito en el art. 311 del Código de Procedimiento Civil, para la presentación de demanda nueva en caso de operarse la perención de instancia, de un año, es un plazo de caducidad y no de prescripción, por cuanto la acción, que ha quedado incólume frente a la extinción del proceso por operarse la perención, se encuentra en un estado provisional, situación transitoria que amerita un estado definitivo, ya sea presentando la nueva demanda o dejando extinguir la acción  por el transcurso del tiempo (un año). No pudiendo subsumirse el criterio de prescripción por cuanto esta institución permite que la duración del derecho se prolongue indefinidamente por el efecto interruptivo que ella contiene, que permite iniciar un nuevo periodo de tiempo, lo que en el caso no ocurre.

Por lo que siendo el plazo de caducidad, se debe aplicar lo descrito por el art. 1517  parágrafo I del Código Civil: “. La caducidad sólo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho”, siendo indispensable la presentación de la nueva demanda, como acto idóneo de ejercicio del derecho, para que no opere la caducidad; por lo que no es aplicable el régimen jurídico de la prescripción, resultando impertinente la aplicación del art. 1503 parágrafo I de la norma Sustantiva Civil que es relativa a la interrupción de la prescripción, por los fundamentos explicados y por imperio del art. 1515 de la misma norma legal, de inaplicabilidad a la caducidad de las reglas según las cuales se interrumpe o suspende la prescripción.

En el caso concreto, el actor luego de la declaratoria de perención de instancia, en un proceso anterior acaecido en fecha 11 de noviembre de 2004 (conforme a la literal de fs. 96 vlta.), opuso demanda nueva de usucapión contra Pablo Gutiérrez Gutiérrez y Otros el 28 de octubre de 2005 (conforme cargo de recepción de fs. 99), demanda interpuesta dentro el año que prescribe el art. 311 del Código de Procedimiento Civil, cumpliendo con la carga que impone esa norma quedando su derecho de acción en una situación jurídica definida y consecuente habilitándose para proseguir el proceso de usucapión. Se debe considerar, que la presentación de la demanda impidió que opere la caducidad dispuesta por la aludida norma, conforme lo dispuesto por el art. 1517 parágrafo I del Código Civil y que no era necesario que ésta sea admitida o se cite al conjunto de codemandados, como señala el recurrente, debido a que el año que dispone la norma procesal es un plazo de caducidad, conforme razonó el Tribunal Ad quem, por lo que una vez opuesta la demanda ella se encuentra ligada a una situación procesal propia, regulada en su tramitación por las reglas procesales de la materia, incluso si se advierte inactividad permite su sanción conforme el art. 312 del Código Adjetivo Civil que dispone que si por segunda vez se declara la perención, se entenderá extinguido el derecho pretendido.

Por otro lado, es de precisar que nuestro sistema procesal sólo admite la presentación de excepción previa de prescripción, conforme señala el art. 336 núm., 9) del Código de Procedimiento Civil, y no el de caducidad, para oponer como mecanismo de defensa ésta excepción cuando se trate de proceso que tenga como antecedente otro concluido por perención de instancia y que la caducidad tenga surtido su efecto por el transcurso del tiempo, en ésta situación se debe aplicar un criterio amplio, acogiendo en la excepción previa de prescripción la ocurrencia del plazo de caducidad, como en el caso, por cuanto resultaría adverso procurar movimiento de todo el aparato jurisdiccional y llegar hasta una sentencia que previsiblemente desestime el derecho por la acción requerida, cuando ésta situación puede resolverse de puro derecho mediante la Resolución oportuna de la excepción.

En relación a la adhesión al recurso de casación de Jorge Gutiérrez Santiago, se debe señalar que el recurso de casación es símil a una demanda de puro derecho, con características de fondo y forma propias de un recurso extraordinario, en esa situación el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil señala como requisitos el deber de citar en términos claros y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente; por esta circunstancia es evidente que nuestro sistema recursivo no permite la adhesión del recurso de casación, más aún cuando ésta adhesión fue realizada por Jorge Gutiérrez Santiago cuando éste no participo del proceso sin que haya reclamado agravio ante Tribunales inferiores, por ello que al adherirse al recurso de casación interpuesto anteriormente imposibilita su tratamiento por éste Tribunal de Casación, a lo que se dictamina su improcedencia. Asimismo, ante la solicitud de anular obrados por supuesto vicio procesal e indefensión, ésta debe ser tramitada ante el Juez de grado mediante incidente respectivo, desestimando su tratamiento en ésta sede casatoria.

Por lo analizado, se concluye que la decisión asumida por el Ad quem es pertinente, y que no existe fundamento en el recurso de casación que pueda enervar dicho decisorio, por lo que deviene que se declare infundado.

Por lo expuesto, éste Tribunal de Casación, emite resolución determinada por los arts.,  271 núm., 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara  INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 2220 a 2221, interpuesto por Pablo Gutiérrez Gutiérrez, contra el Auto de Vista de 19 de octubre de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; e IMPROCEDENTE la adhesión al recurso de casación interpuesta por Jorge Gutiérrez Santiago conforme los arts. 271 núm., 1) y 258 núm., 2) de la misma norma Procesal. Con costas.

Se regula el honorario de los profesionales que contestan el recurso en la suma de Bs. 1.000 .-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.