TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

           S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 368/2013.

Sucre: 19 de julio 2013.        

Expediente:        LP-7-12-S

Partes: Teresa Mejia Paz c/ Rosa Chávez Trujillo.

Proceso: Ordinario sobre nulidad de Escrituras Públicas.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación  en la forma de fs. 243 a 247, interpuesto por Rosa Chávez Trujillo contra el Auto de Vista Nº 182/2011, cursante de fs. 235 a 236 vlta., pronunciado por la Sala Civil  Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de Escrituras Públicas seguido por Teresa Mejia Paz contra la recurrente; la respuesta de fs. 251 a 252 vlta.;  la concesión de fs. 253; la Sentencia Constitucional Nº 2104/2012, de 8 de noviembre de 2012;  los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de La Paz, el 6 de mayo de 2010, emitió la Sentencia Nº 156/2010, cursante de fs. 197 a 198 y vlta., declarando probada la demanda, en cuyo mérito declaró nula y sin valor la Escritura Pública  Nº36 de 20 de marzo de 1970 y la Escritura Pública  Nº 374/96 de 17 de septiembre de 1996, como consecuencia dispuso que la Notaría de Fe Pública Nº 084 cancele la Escritura  Pública Nº 37/96 de 17 de septiembre de 1996, sea mediante nota marginal; asimismo dispuso que la Oficina de Derechos Reales  de la ciudad de La Paz cancele la Partida Nº 01190063 de 31 de marzo de 1970, debiendo rehabilitar la Partida anterior a nombre de Teresa Mejia Paz.

Por Auto de 20 de mayo de 2010, cursante a fs. 201 y Auto de 23 de julio de 2010, de fs. 207, el Juez de la causa complementó y aclaró la Sentencia emitida.

Contra la Resolución de Primera instancia, la demandada Rosa Chávez Trujillo interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, el 16 de agosto de 2011 pronunció el Auto de Vista Nº 182/2011, cursante de fs. 235 a 236 y vlta., confirmando la Sentencia apelada, con costas.

Contra esa Resolución de segunda instancia, Rosa Chávez Trujillo interpuso recurso de casación en la forma cursante de fs. 243 a 247.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente señaló que la Resolución de Alzada no analizó los fundamentos de su apelación, al respecto trascribió gran parte de su apelación y concluyó sosteniendo que  los fundamentos y agravios manifestados en su recurso no  fueron considerados ni valorados, no obstante tener el Tribunal Ad quem la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento para verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales, aspecto que no habría sucedido. Sostuvo que los principios de congruencia y pertinencia no fueron aplicados, infringiéndose lo dispuesto por los arts. 90, 192-2) y 236 del Código de Procedimiento Civil, de donde derivaría la nulidad prevista y sancionada por los  arts. 252 y 254-4).

Manifestó que interpuso recurso de apelación contra el Auto de fs. 145 a 146, el mismo que fue diferido razón por la que a tiempo de apelar de la Sentencia en el otrosí primero reprodujo el recurso aludido, el mismo que no fue contestado por la parte contraria ni concedido a tiempo de concederse el recurso de apelación contra la Sentencia denegándole justicia, luego de remitido el expediente el Tribunal de Alzada, no obstante el deber que tenía de fiscalizar  y velar por que los procesos se desarrollen sin vicios de nulidad, no cumplió su deber de anular obrados hasta que se le conceda el recurso diferido  incurriendo por ello en la causal de nulidad prevista por los arts. 252 y 254-4)  del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas solicitó se anule obrados hasta fs. 224 y se disponga que el Juez de la causa conceda el recurso de apelación diferida de fs. 149 y vlta., conjuntamente con la apelación de la Sentencia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo la recurrente interpuesto recurso de casación en la forma alegando que el Auto de Vista no se pronunció respecto a todos los motivos de su apelación, infringiendo así el principio de pertinencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y, que a tiempo de concederse el recurso de apelación contra la Sentencia no se le concedió también el recurso de apelación diferido de fs. 149 y vlta., corresponde a éste Tribunal analizar el régimen de nulidades procesales que orienta nuestro ordenamiento jurídico, al respecto diremos que:

El proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la resolución del conflicto, éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes; sin embargo en el curso del proceso pueden desarrollarse actos al margen de las formas establecidas en las normas de procedimiento, incluso omitirse la realización de actos previstos por el procedimiento, los mismos que deberán ser analizados por el órgano jurisdiccional a fin de decir si corresponde o no la sanción de nulidad, teniendo en cuenta, para tal efecto, una serie de principios que necesariamente deben ser examinados en cada caso concreto.

Tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley. Del excesivo formulismo se pasó a una concepción más amplia en la que el punto de partida ya no resulta ser el vicio del acto sino la protección que la norma procura a las partes a fin de que éstas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones. Ese es precisamente el espíritu que reviste a los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que conciben al proceso no como un fin en sí mismo sino como el medio a través del cual se logra la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

En materia de nulidades procesales, lo que interesa es analizar si se  han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, no siendo suficiente el mero acaecimiento de un vicio o defecto de forma para que se declare la nulidad.  “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”, señaló el tratadista Alsina, en una expresión que sin duda resume el avance de un esquema extremadamente rígido y ritualista a otro en donde debe tenerse en cuenta la instrumentalidad de las nulidades procesales,  es decir el resguardo del debido proceso como garantía de la igualdad y defensa de las partes.

En ese marco, el presupuesto para la invalidez de un acto procesal consiste en la vulneración del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, a tiempo de decidir sobre esa sanción se debe tener en cuenta una serie de principios que se constituyen en pautas orientadoras de la decisión y al mismo tiempo en instrumentos de control para que las partes y los Tribunales superiores fiscalicen las decisiones de los juzgadores en cuanto a las resoluciones anulatorias de obrados se refiere.

En ese entendido corresponde analizar los principios que deben tenerse en cuenta a tiempo de imponer la sanción de nulidad, vistos desde una  nueva orientación:

Principio de Especificidad o Legalidad.- No existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca. En sentido puro este principio orientaba que únicamente había lugar a la nulidad en razón a las causas expresamente previstas por Ley y que no podía aceptarse otras distintas; éste  criterio,  que en la práctica resultaba poco realizable en virtud a que resulta materialmente imposible que un ordenamiento procesal civil recoja o pueda prever todas y cada una de las causales motivantes de nulidad,  cambió de tal forma que en la actualidad no se concibe al principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad.

Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio.  La sola presencia de un vicio, error u omisión,  no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que el defecto advertido resulte trascendental, es decir que coloque al justiciable en estado de indefensión y determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial. No procede por tanto la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

En virtud al principio de trascendencia debe tenerse en cuenta el perjuicio que el acto realizado irregularmente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente importante, o relevante, carece de sentido la nulidad.     

Principio de finalidad del acto procesal.- Pueden existir actos procesales que, aún siendo irregulares en su realización, logran la finalidad para la que estaban destinados, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.

Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte  o como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al Debido Proceso.  Uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega, quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio. No procede, por tanto, el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al error in procedendo, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia, y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual -aplicada al caso- significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla, y, por consiguiente, carecería de legitimación.

Principio de Convalidación.-  Por este principio una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado si no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad no lo hace oportunamente, con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica. En la práctica se dan casos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular,  sin deducir oportunamente la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para  posteriormente solicitar la sanción.

Este principio impone el deber de diligencia a las partes  a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, ello en mérito a la firmeza que los actos procesales deben adquirir.

Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente mayor dilación,  esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.

Expuestos y desarrollados los principios que deben orientar el análisis del juzgador a tiempo de imponer la sanción de nulidad, corresponde precisar que en el caso concreto la recurrente cuestionó que a tiempo de concederse el recurso de apelación contra la Sentencia, mediante Auto de fs. 224, no se le concedió también el recurso de apelación diferida que interpuso a fs. 149 y vlta., aspecto que supondría denegación de justicia  que debió ser advertido por el Tribunal de Alzada por constituir una lesión al orden público.

Al respecto, de la revisión de obrados se evidencia que por memorial de fs. 149 y vlta., Rosa Chávez Trujillo interpuso recurso de apelación contra el Auto de fs. 145 a 146,  de 21 de abril de 2009, que rechazó el incidente de nulidad opuesto por la recurrente, el mismo que por decreto de fs. 150 fue diferido  en aplicación de los arts. 24 y 25 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar; posteriormente a tiempo de interponer recurso de apelación contra la Sentencia, en el otrosí primero del memorial de fs. 210 a 216, ratificó el recurso diferido, empero, por Auto de fs. 224, el Juez de la causa únicamente se pronunció concediendo el recurso de apelación contra la Sentencia omitiendo por completo referirse al recurso diferido, resolución que fue notificada a la ahora recurrente el 15 de enero de 2011, conforme consta de la diligencia de fs. 225, y posteriormente remitido al Tribunal Ad quem mediante nota de 2 de febrero de 2011 (fs. 226). De donde se advierte que desde la notificación con el Auto de concesión de la apelación de la Sentencia hasta la remisión del expediente, transcurrieron aproximadamente quince días sin que la parte demandante ahora recurrente hubiera oportunamente observado la omisión sin deducir oportunamente su modificación, complementación  o nulidad, habiendo en consecuencia operado el principio de convalidación que orienta que no habrá nulidad por actos libremente consentidos por las partes que no hubieran sido oportunamente reclamados u observados en la instancia pertinente a efectos de que el Juez que conoce la instancia en la que se produjo el error pueda disponer lo que corresponda en derecho a fin de su remediación. En efecto la parte recurrente actuó en forma contraria al deber de diligencia que  impone a las partes actuar con el debido cuidado a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, situación que es correlativa al principio de protección que orienta la improcedencia de la nulidad  cuando es la propia parte que la invoca quien ha propiciado, permitido o dado lugar al error, como en el caso de autos en el que la propia recurrente dejó que el expediente sea remitido al Tribunal de Alzada sin observar la omisión que reclama, habiendo con esa actitud permitido o tolerado  el error argüido.

Por otro la lado, la recurrente cuestiona que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado respecto a los fundamentos y agravios de su apelación, sin embargo al respecto no precisa ni puntualiza cuál o cuáles de esos agravios hubieran sido omitidos, limitándose a transcribir en forma textual gran parte de su apelación pretendiendo que éste Tribunal revele los agravios supuestamente omitidos;  por otro no tomó en cuenta que por expresa previsión del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, dentro el plazo de veinticuatro horas de su notificación con el Auto de Vista,  la parte podía hacer uso del  derecho que le otorga el art. 196-2) del citado Código Adjetivo, es decir que se corrija cualquier error material, se aclare algún concepto oscuro, o se supla cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre cualquiera de las pretensiones deducidas y discutidas.

Como se advierte, la norma antes referida otorgaba a la parte recurrente la posibilidad de solicitar al Tribunal de Alzada supla la omisión referida al pronunciamiento de alguna o algunas de las pretensiones que dedujo en apelación, al no haber ejercido ese derecho ha convalidado cualquier infracción, resultando en definitiva contrario a los principios de protección y convalidación que pretender hacer valer ese motivo como causal de nulidad en casación, cuando oportunamente no recurrió ante el Tribunal de Alzada a efectos de que el propio Tribunal  supla la omisión reclamada.

Por último corresponde señalar que en el contexto del Auto de Vista y los términos que contiene se concluye que el Tribunal Ad quem desestimó cualquier aparente incongruencia o impertinencia de la Sentencia, aspecto central de la apelación que en criterio de la parte recurrente hubiera sido soslayado, no siendo previsible que la sanción de nulidad que pretende la recurrente motive un pronunciamiento distinto al emitido por el Ad quem, quien de manera sistemática y motivada abordó lo sustancial de la controversia arribando a la misma conclusión que el Juez A quo respecto a la nulidad de las Escrituras Públicas demandadas.

Por las razones expuestas se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas por la recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271-2) y 273 del  Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia,  con la atribución conferida por el art. 42 num.1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Rosa Chavez Trujillo contra el Auto de Vista Nº 182/2011.  Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.