TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S  A L A    C I V I L

Auto Supremo: 360/2013

Sucre: 18 de julio 2013        

Expediente: LP-45-13-S

Partes: María Leonor Palazuelos de Cabanillas c/José Alfredo Rodríguez Zeballos

  Sergio Mijkail Rodríguez Riva y Gonzalo Rafael Rodríguez Riva.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública, cancelación de partida en Derechos 

               Reales, Rehabilitación de partida anterior, pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma cursante a fs. 489 a 496 y vlta. de obrados interpuesto por Sergio Mijkail Rodríguez Riva, José Alfredo Rodríguez Zeballos y Gonzalo Rafael Rodríguez Riva, contra el Auto de Vista Nº 04/2013 de 11 de enero 2013, cursante de fs. 462 a 464 pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de Nulidad de Escritura Pública, cancelación de partida en Derechos Reales, rehabilitación de partida anterior, pago de daños y perjuicios incoada por María Leonor Palazuelos de Cabanillas en contra de los recurrentes, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia Nº 146/2011 de 18 de junio 2011 el Juez sexto de Partido en lo Civil, Comercial de la capital, declaró probada la demanda de fs. 3-4 subsanada a fs. 269-271, 279 y vlta., disponiendo:

1.- La nulidad de la Escritura Pública Nº 904/2003 de fecha 3 de septiembre 2003 supuestamente extendida por ante Notario de Fe Pública Dr. Roberto Pary Olivera, sobre transferencia del lote de terreno signado con el Nº 2, ubicado en la Plaza de los Toros Olimpic, de la zona de San Pedro, calle Nicolás Acosta Nº 693, con una superficie de 380 m², efectuada por María Leonor Palazuelos de Cabanillas a favor de José Alfredo Rodríguez Zeballos, Sergio Mijkail Rodríguez Riva y Gonzalo Rafael Rodríguez Riva.

2.- En ejecución de fallos, ordenó se proceda por ante el Registro de Derechos Reales de La Paz a la cancelación de la matrícula computarizada Nº 2.01.0.99.0070051, Asiento A-2, a nombre de José Alfredo Rodríguez Zeballos, Sergio Mijkail Rodríguez Riva y Gonzalo Rafael Rodríguez Riva y la rehabilitación de la Mat. Nº 2.01.0.99.0070051, Asiento A-1 a nombre de María Leonor Palazuelos de Cabanillas.

Deducida la apelación por José Alfredo Rodríguez Zeballos, Sergio Mijkail Rodríguez Riva y Gonzalo Rafael Rodríguez Riva, ésta fue remitida ante el Tribunal de Alzada, instancia que mediante Auto de Vista 04/2013 de 11 de enero 2013 confirmó en parte la Sentencia, señalando que en la declaratoria de improbada la acción reconvencional y se modifica en lo referente a los daños y perjuicios a favor de la demandante que no corresponde. 

Por lo que en conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem, los demandados interpusieron recurso de casación en la forma, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.-  Señala que el Ad quem incurrió en la causal de nulidad prevista en el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, porque  otorgó más de lo pedido en el recurso de apelación, porque una vez señalado el agravio referido a que el Juez A quo otorgó también más de lo pedido por la parte demandante, la Sala Civil Tercera reconociendo expresamente esta infracción procesal cometida por el inferior, en vez de emitir Auto de Vista anulatorio optó por confirmar parcialmente y revocar una parte, pretendiendo corregir la Sentencia de primera instancia y resolviendo aspectos que no fueron motivo de Resolución por una parte y por otra que hizo referencia a aspectos que no fueron motivo de demanda, actuando fuera del marco previsto en el art. 237 del Código de Procedimiento Civil.  Refiere que en materia civil si el demandante ha errado en su demanda y en su pretensión o ha pedido menos de lo que debía solicitar o ha demandado por ciertas causales, pero luego ha demostrado otras ajenas al proceso o en general su demanda y pretensiones han cometido yerros, el Juez de la causa no puede subsanarlos, corregirlos, modificarlos o complementarlos en sus decisiones, pues la ley se los prohíbe, expresamente en los arts. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

2.- De otro lado señala que el Ad quem omitió pronunciarse sobre pretensiones deducidas en el recurso de apelación, toda vez que en el mismo señalaron tres razones diversas para que prospere la nulidad de la Sentencia; sin embargo el Auto de Vista no se pronunció respecto a la infracción del debido proceso cometida por la Sentencia y que en su momento fue expuesto por los recurrentes en el recurso de apelación, como ser el hecho de que la demanda fue interpuesta por nulidad por supuesta ilicitud de causa y motivo de acuerdo a los arts. 489, 490, 549 núm. 1) y 3) del Código Civil, contestándose la demanda en ese sentido; sin embargo la Sentencia confirmada por el Auto de Vista recurrido modifican el pedido en la demanda, no existiendo congruencia entre lo pedido y lo resuelto, aspecto que se hizo notar en oportunidad de apelación y que no fue resuelto por el Ad quem. 

Por otra parte la Sentencia y el Auto de Vista mantienen el análisis respecto de la inexistente demanda de daños y perjuicios supuestamente interpuesta por la demandante; sin darse cuenta que los recurrentes habían reconvenido por daños y perjuicios la misma que declararon improbada sin fundamentar ni motivar su Resolución, aspecto que también fue mencionado en la apelación y que no fue respondido su agravio.

De otro lado, señalan también que en la Sentencia se hace referencia a los inexistentes derechos de uso, goce y disfrute de la parte demandante sobre el inmueble registrado con el Folio Real Nº 2.01.0.99.0070051, cuando dichos aspectos no fueron demandados, probados o peticionados, haciendo notar que la demandante tendría algún derecho al inmueble, cuando ello no fue objeto de la litis, toda vez que la demandante no tiene derecho a uso, goce y disfrute sobre el inmueble citado.

Finalmente, señala que a pesar de haber señalado en la apelación que el Juez A quo omitió valorar la prueba presentada en calidad de reconvenientes, el Ad quem pese a reconocer esta ausencia, en vez de resolver con la correspondiente nulidad de obrados, suplió esta falta de valoración pretendiendo de manera ilegal hacer una valoración propia y genérica de la misma, respondiendo de manera inmotivada e imprecisa a su agravio.

Por todo lo anterior, impetra que el Tribunal Supremo anule la Sentencia Nº 146/2011 y el Auto de Vista recurrido.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Conforme se tiene impugnado en el recurso de nulidad y revisados los antecedentes, se tiene que:

I.- En fecha 22 de enero 2008 María Leonor Palazuelos de Cabanillas demandó anulabilidad de Escritura Pública Nº 490 de 5 de noviembre 2003 supuestamente otorgada por el Notario de Fe Pública Dr. Roberto Pary Olivera, solicitando que se declare nula y sin valor legal dicha Escritura Pública, se cancele el Asiento A-2 en el Folio Real Nº 2.01.0.99.0070051 a nombre de José Alfredo Rodríguez Zeballos, Sergio Mijkail Rodríguez Riva y Gonzalo Rafael Rodríguez Riva, se rehabilite el Asiento A1 del mismo Folio Real a nombre de María Leonor Palazuelos Suárez y se condene a los demandados al pago de costas; posterior a la presentación de la demanda mediante providencia de 14 de enero 2008 el A quo solicitó que se precise si la demanda es de anulabilidad o nulidad, subsanando la demandante mediante memorial de 29 de enero 2008 aclara que su petitorio es porque se declare la anulabilidad de la Escritura Pública Nº 490/03, toda vez que la misma fue falsificada.

Citados con la demanda, el codemandado José Alfredo Rodríguez opuso excepción de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, la misma que fue resuelta por Auto Nº 66/2008 de 28 de agosto 2008 por el que declara probada la excepción previa de obscuridad e imprecisión en la demanda, porque la nulidad y anulabilidad del contrato son dos institutos diferentes por lo que ordenó que la parte actora subsane las omisiones. Ante la determinación del Juez la demandante mediante memorial de  fs.161 a 162 y vlta., subsana su demanda en la que aclara que interpone demanda de nulabilidad y que en virtud a lo previsto en los arts. 489, 490 en relación con el art. 549 núm. 1) y 3) del Código Civil pide se declare nula y sin valor la Escritura Pública Nº 490/03 y ratifica el resto de los pedidos efectuados anteriormente; por lo que mediante Auto Nº 55/2010 de 11 de febrero 2010 anuló obrados hasta fs. 4 vlta. otorgando plazo de tres días a partir de su notificación para que subsane la actora las omisiones extrañadas, entre ellas el aclarar su demanda y citar conforme a ley a todos los co procesados.  Es así que mediante memorial cursante de fs. 269 a 271 señala que:

1) Es propietaria de un lote de terreno de 380 m² signado con el Nº 2 e inscrito en Derechos Reales en el Folio Nº 2.01.0.99.0070051, lote de terreno que es parte de uno mayor de 3.966,50 m² que fue dejado por su Sra. madre a ella y al resto de sus hermanos (Néstor, Luis María, Raúl, Francisco y a su persona), con los que de manera posterior suscribió la división y partición, quedando ella en propiedad del lote de terreno en actual litigio.

2) El 26 de abril 2002 suscribió documento privado de transferencia del lote de terreno de 380 m² antes referido con José Alfredo Rodríguez Zeballos y que dicho documento no fue perfeccionado; sin embargo éste último nombrado de manera ilegal y delincuencial cambió el tenor de dicho documento y a través de la Escritura Pública Nº 490/03 logró inscribir en Derechos Reales la supuesta transferencia efectuada, sin que dicha Escritura Pública se encuentre en la Notaria del Dr. Roberto Pary Olivera, correspondiendo a la numeración otro contrato.

3) Al existir falta de objeto en el contrato y no habiendo ella transferido su derecho de propiedad sobre el referido lote de terreno ni recibido nada a cambio, impetra la nulidad del contrato, Escritura Pública Nº 490/03 y el resto de las peticiones efectuadas.  Para posteriormente mediante memorial de fs. 279 aclarar nuevamente que sobre el documento privado de 26 de abril 2002 tiene carácter referencial mismo que sufrió varias alteraciones como ser el nombre de los compradores, fecha de su elaboración, precio convenido, partidas en Derechos Reales, etc. Por lo que no se demanda la nulidad de dicho documento y que no es objeto del presente proceso, sino que únicamente se demanda la nulidad de la Escritura Pública Nº 490/03.

II.- Admitida la demanda por providencia de 23 de marzo 2010, se corrió en traslado a los demandados, quienes a tiempo de contestar la demanda en forma negativa, reconvinieron por pago de daños y perjuicios. 

Como consta de fs. 408 a 411 y vlta., la Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital dictó Sentencia Nº 146/2011 de 18 de junio 2011 por la que declara probada la demanda, disponiendo la nulidad de la Escritura Pública Nº 904/2003 de 3 de septiembre 2003 extendida por el Notario de Fe Pública Roberto Pary Olivera, la cancelación de partida en Derechos Reales, la rehabilitación de partida anterior que le correspondía y el pago de daños y perjuicios a su favor; asimismo declaró improbada la demanda reconvencional de fs. 302-304 vlta.

En dicha Sentencia entre los argumentos para el decisorio, el numeral 3 del Considerando tercero la A quo hace referencia y fundamenta sobre acción reivindicatoria a favor de la demandante y en el numeral 4 detalla sobre el pago de daños y perjuicios que corresponden a la misma, aspectos que no fueron demandados por la actora, resolviendo de manera incongruente; asimismo se evidencia que la A quo omitió fundamentar y motivar cuáles las razones o motivos por las que declaró improbada la reconvencional por pago de daños y perjuicios; aspectos que fueron señalados por los demandados en su recurso de apelación y que en su momento fueron subsanadas por el Ad quem señalando en lo que respecta a la acción reivindicatoria a favor de la demandante que no tiene incidencia ni afecta al fondo de la decisión adoptada y sobre el pago de daños y perjuicios, si bien se declaró probada la pretensión (no solicitada) empero no se precisó en qué forma y monto pueden ser determinados y tampoco la actora demostró haber sufrido daños y perjuicio. Finalmente, sobre la falta de fundamentación de la reconvención de pago de daños y perjuicios, simplemente señaló que al no haber la parte demandada demostrado en etapa probatoria cuáles los supuestos daños y perjuicios sufridos como emergencia de la falsificación e inscripción de la Escritura Pública fraguada, no procedía la pretensión.

De lo anterior, se advierte que desde el inicio de la demanda, las reiteradas oportunidades en las que la actora aclaró la misma, señalando que no demanda la nulidad del contrato privado de transferencia de lote de terreno de 380 m² suscrito en fecha 26 de abril 2002 con el codemandado José Alfredo Rodríguez Zeballos, sino la nulidad de la Escritura Pública Nº 490/03, que contiene parte del contrato privado suscrito; para finalmente la Juez A quo resolver la nulidad de la Escritura Pública Nº 904/2003 y resolver además por aspectos que no fueron demandados como ser la acción reivindicatoria y el pago de daños y perjuicios a favor de la actora y no realizar fundamentación ni motivación alguna respecto a la determinación de declarar improbada la demanda reconvencional, ciertamente se evidencia vulneración al debido proceso; toda vez que la Sentencia no contiene decisiones expresas, positivas ni precisas respecto a las cosas litigadas y en la manera en que fueron demandadas, otorgando la misma más de lo pedido a la parte actora y por otra parte así como es incongruente, deja en la incertidumbre a los demandados qué aspectos motivaron a la A quo para determinar su demanda reconvencional como improcedente.

De otro lado, el Ad quem pretende enmendar estos aspectos que fueron en su momento motivo de apelación, sin terminar de responder a todos los puntos agraviados y en los considerados no revocar la determinación de la Juez de primera instancia respecto a la determinación de pago de daños y perjuicios, que si bien éstos no fueron calificados, nada obsta a la actora impetrar los mismos en ejecución de Sentencia. Por otra parte, no advierte que todo litigante tiene derecho a conocer los motivos y fundamentos por los que el Juez de primera instancia toma una determinación, obligación que tiene todo administrador de justicia a tiempo de emitir sus fallos, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional a través de las SC-1375/2010-R de 20 de septiembre estableció que: “La motivación de las resoluciones es un elemento componente del derecho-garantía-principio del debido proceso, así lo ha entendido este Tribunal que en la SC 0937/2006-R de 25 de septiembre, al señalar que: '…las resoluciones que emiten las Autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las Autoridades inferiores. Este deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica. Así la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, señaló que toda Resolución ´…debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho [debido proceso] que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'”

Como se advierte, en el caso de Autos para los demandados hasta el momento que se dictó la Sentencia y el Auto de Vista, no quedó claro si la nulidad de la Escritura Pública Nº 490/03 comprendía también la nulidad del documento privado suscrito en fecha 26 de abril 2002, por el que la demandante transfiere a favor de los demandados el inmueble motivo de la litis por la suma de $us. 55.000.- reconociendo que una vez suscrito el mismo les hizo entrega de las llaves del domicilio quedando un saldo a pagar de $us.5.000.- o en su caso la nulidad comprende la nulidad de la Escritura Pública Nº 904/03 (numeración distinta a lo demandado) conforme señala la Sentencia y confirma el Auto de Vista, en el que no especifica el contenido de qué documento que es transcrito en dicha Escritura Pública queda anulado y menos cuando afirma que dicha nulidad se dispone porque la misma no cumple con lo preceptuado en los arts. 549 núm. 1), 1283, 1287 y 1294 del Código Civil, arts. 8, 21, 24, 25 de la Ley del Notariado y arts. 277 y 282 de la Ley de Organización Judicial.

Por lo anterior, al evidenciar causal de nulidad conforme se tiene previsto en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Tribunal resolver en aplicación a lo previsto en los arts. 272 num.3) y 275 de la norma antes citada.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num.3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 408 inclusive, disponiendo que sin espera de turno y previo decreto de Autos, la Juez A quo dicte nueva Sentencia en conformidad a lo previsto en el art. 190 y 192 del Adjetivo Civil.


Sin responsabilidad por ser excusable.


En atención a lo preceptuado en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán