TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S  A  L  A   C  I  V  I  L

Auto Supremo: 357/2013

Sucre: 15 de julio 2013

Expediente:        SC - 53 - 13 - S

Partes: Ernestina Vidal Arauz en representación legal de Aldo López Peinado c/

             Financiera de Desarrollo de Santa Cruz S.A.M. (FINDESA EN

             LIQUIDACIÓN).

Proceso: Extinción de obligación por prescripción y cancelación de gravámenes e 

               Hipotecas.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 228 a 237 de obrados, interpuesto por Ernestina Vidal Arauz en representación de Aldo López Peinado, en contra del Auto de Vista de 20 de febrero 2013 cursante de fs. 226 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de extinción de obligación por prescripción y cancelación de gravámenes e hipotecas, seguido por Ernestina Vidal Arauz en representación legal de Aldo López Peinado, contra la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz S.A.M. (FINDESA EN LIQUIDACIÓN), la concesión de fs. 243, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial dictó la Sentencia de fecha 24 de enero de 2012, que cursa de fs. 191 a 197 vlta., declarando Improbada la demanda de fs. 20 a 25 vlta., y Probada la demanda reconvencional de fs. 80 a 81, negando totalmente la prescripción solicitada, porque la deuda adquirida por el demandante fue novada a Osman Jorge Shirasawa Viera, mediante transferencia de la propiedad, con consentimiento del acreedor, por dicho motivo y al no contar con legitimación activa para exigir la prescripción, mucho menos la extinción de la deuda, su pretensión fue desestimada.

Dicho fallo de primera instancia es recurrida en apelación por Ernestina Vidal Arauz, representante legal de Aldo López Peinado, que fue de conocimiento de la Sala Civil Primera, que emitió el Auto de Vista de fecha 20 de febrero 2013 que cursa en fs. 226 y vlta., el mismo que confirmó totalmente la decisión del A quo.

Contra dicha resolución de segunda instancia, la apelante, se alza en casación en la forma y en el fondo, recurso que es analizado.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el Fondo:

1.- Refiere que en obrados se presentaron prueba que no fue valorada conforme lo establece el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil consistente en: Escritura Pública Nº 13/87, Nº 741/1989, Nº 680/95 de fecha 21 de noviembre de 1995 y Escritura Pública Nº 28/1997 de fecha 18 de julio del mismo año, indicando que esta última novó la obligación al nuevo dueño. Solamente las mejoras propias existentes en la propiedad inicialmente ofrecida en garantía hipotecaria, pero que en ningún momento se implementó la constitución de la garantía hipotecaria, por dicho motivo indica que debe quedar libre el bien inmueble por que la financiera aceptó la novación simple, sin garantía hipotecaria.

2.- Arguye sobre la validez del documento privado de transferencia sujeto a condición suspensiva, indicando que el nuevo propietario no cancelo la suma acordada, incumpliendo así dicho documento, aspecto que se encuentra debidamente acreditado en obrados, por lo cual demando la resolución del contrato mencionado.

En la Forma:

De conformidad al art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, menciona que todos los antecedentes del proceso no fueron valorados por el Juez de la causa, menos por el Tribunal de Alzada, señalando la indebida sustitución de la matricula 7050000000167, asiento “A” 1, de fecha 01 de agosto de 1995 a nombre del señor Aldo López Peinado, donde se solicitó a Derechos Reales la rectificación del Certificado de tradición específica y mantenimiento de la matrícula de inscripción a nombre del demandante, pero que no obtuvieron resultado alguno, menciona la recurrente que al emitir un nuevo certificado se volvió a cometer el gravísimo error de consignar el nombre del señor Osman Jorge Shirasawa Viera, toda vez que la transferencia de fecha 18 de julio de 1997 no fuera definitiva y ésta estaría sujeta a una condición suspensiva de cumplir los términos del contrato privado.

Menciona que el Juez de la causa, “muy suelto de cuerpo”, otorgó validez al certificado que indebidamente fue expedido por Derechos Reales, violando el derecho de propiedad de su mandante.

Por otro lado indica que en la sub lite se encuentra probado que  transcurrieron más de ocho años, un mes y trece días para que la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz S.A.M. ejerza su derecho de cobro, conforme el art. 1492 del Código Civil y que ésta  hubiese comenzado a correr conforme lo norma el art. 1493 del mismo compilado legal y que de conformidad al art. 1507 del Código Civil prescribió su derecho a los 5 años.

Continuo fundamentando su recurso de casación en la forma, donde menciona sobre la prescripción establecida en el Código Civil, realiza alusión a diferentes tratadistas como Planiol, Ripert y otros, concluyendo que la prescripción se puede interponer en cualquier momento de la causa, aun en ejecución de Sentencia.

Con lo cual Terminó peticionando que previo el estudio “concienzudo” se dicte Auto Supremo, Casando el Auto de Vista y se declare la demanda ordinario sobre extinción de obligación por prescripción extintiva o liberatoria y cancelación de gravámenes e hipotecas del fundo rustico “Agua Panda” y haber lugar a la cancelación y levantamiento de todos los gravámenes.  

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, este Tribunal en principio resolverá la impugnación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas daría lugar a la nulidad de obrados, siendo en consecuencia, innecesario el pronunciamiento de fondo.

Establecido lo anterior, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto se tiene:

En la forma:

De la lectura integra del recurso de casación, se puede evidenciar que la recurrente no tomó en cuenta la amplia jurisprudencia emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia, al igual que la nueva interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia que de manera reiterada estableció que doctrinalmente se considera al recurso de casación como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise, reforme o anule las Resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales, que infringen las normas de derecho material o las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Igualmente se precisó que la Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos jurídicos, por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser interpuesto en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el art., 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o errores in judicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del Adjetivo Civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea el recurso de casación en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación de agravios debe adecuarse a las causales contenidas en el art., 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la Resolución recurrida contiene infracciones formales como ser falta de forma, falta de pertinencia o congruencia, incompetencia del Tribunal, entre otras; lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art., 258 núm., 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en ese caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada -por ejemplo falta de pertinencia o congruencia, falta de fundamentación, incompetencia del Tribunal - o errores de procedimiento en la sustanciación de la causa que conllevaron la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva se orienta a la nulidad de la Resolución  impugnada o a la nulidad de obrados.

Por dichos motivos, antes de interponer recurso de casación, la parte recurrente tiene el deber de conocer estos aspectos generales que hacen viable su pretensión en esta última instancia; al soslayar estos requisitos necesarios, el recurso de casación se vuelve confuso e incomprensible, complicando aún más la labor del administrador de justicia que tiene que interpretar la pretensión del recurrente, labor que fue encarada por este nuevo Tribunal, con la única intensión de satisfacer a la parte que acude a esta instancia y a más de negarle su recurso de casación, orientarle al recurrente, sobre cuales son suserrores cometidos y deficiencias técnicas incurridas, y de esas faltas que en la mayoría son de aspecto técnico, hemos asumido la labor de rescatar la pretensión del recurrente, tratando de entender y analizar los supuestos agravios ocasionados en la tramitación de todo el proceso, por lo cual ingresaremos a considerar aspectos de fondo de la litis, sin antes declarar improcedente el recurso de casación en la forma, porque como se dijo líneas arriba procede en contra de errores en el procedimiento y lo que se busca es la anulación de obrados; aspecto que no fue peticionado por la parte recurrente, fundamentando en la forma, cuestiones de fondo, sin indicar algún error de procedimiento que pueda ser motivo de análisis en la presente Resolución; en ese entendido se dará aplicación a lo dispuesto por el art. 271 núm. 1) en relación al art. 272 núm. 2) ambos del Código de Procedimiento Civil.

En el Fondo:        

1.- Ernestina Vidal Arauz en representación legal de Aldo López Peinado, demandó la extinción de obligación por prescripción extintiva o liberatoria y consiguiente cancelación de gravámenes e hipotecas del fundo rústico “Agua Panda”, al concluir que de los documentos adjuntados como ser:

Documentos presentados por la demandante para demostrar que la obligación relativa al crédito otorgado por FINDESA, se encuentra pagada por efecto de la novación celebrada entre partes mediante en la E.P. Nº. 28/97 de fecha 18 de julio de 1997 y que a criterio de ésta, el crédito otorgado por FINDESA debió prescribir y por ende cancelarse los gravámenes existentes en su propiedad.

2.- La FINANCIERA DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ S.A.M., contestó la demanda indicando que conforme a las Escrituras Públicas Nº 13/87, 741/1989 y 680/95 se evidencia que Aldo López Peinado obtuvo un préstamo agropecuario, el mismo que fue reprogramado y sustituido la garantía hipotecaria. De la misma forma dicha institución recalcó que el demandante quedó liberado de la obligación, por efecto de la Escritura Pública Nº 28/97 donde se novó su obligaciónal señor Osman Jorge Shirasawa Viera y al haberse sustituido de deudor de manera voluntaria, dicha institución no tiene relación de ninguna índole con el demandante, toda vez que el actual deudor por efecto de la E.P. Nº 28/97 es Osman Jorge Shirasawa Viera, quien figura como el nuevo deudor de dicha obligación con la Financiera, concluyendo que es improcedente la pretensión de contrario.  Reconviniendo por la legalidad del contrato de novación firmado por Aldo López Peinado y Osman Jorge Shirasawa Viera.

El marco del debate del proceso se centró en ambas pretensiones descritas en los párrafos anteriores, de los cuales se evidenció que por Escritura Pública Nº 28/1997 documento sobre Novación de deuda que efectúa el Fondo Ganadero de Santa Cruz S.A.M. en favor de los Señores Aldo López Peinado y Osman Jorge Shirasawa Viera, por voluntad propia los firmantes acordaron en la cláusula Sexta del mencionado documento lo siguiente: “Como en la fecha Aldo López Peinado, transfirió todas las mejoras propias existentes en las garantías hipotecarias en favor del ciudadano Osman Jorge Shirasawa Viera… el comprador venga a ocupar el lugar dejado por el vendedor, en consecuencia por medio de este documento el ciudadano Osman Jorge Shirasawa Viera, se NOVA la totalidad de la presente obligación que tenía el señor Aldo López Peinado, a quien se lo excluye del cumplimiento de esta obligación y el presente comprador viene a constituirse como nuevo deudor de la misma.” Al haberse acordado de dicha manera y al ser la novación una modificación, traspaso o reemplazo de una obligación de orden jurídico por parte de otra obligación posterior y ser también un modo de extinguir las obligaciones de una relación jurídica por la voluntad inequívoca de las partes para dar por terminada la misma y sustituirla por una nueva obligación; el ahora recurrente fue liberado de dicha obligación y al estar liberado conforme fue acordado en la E.P. Nº 28/97, éste ya no tiene ninguna obligación con la financiera y al ser así, el recurrente no cuenta con la legitimación para ahora demandar la extinción de la obligación por prescripción extintiva liberatoria, porque simple y llanamente la obligación que él contaba con dicha institución fue remplazada, modificada y extinguida conforme se evidencia del documento de novación cursante de fs. 13 a 16 de obrados.

Y al estar extinguida su obligación, el recurrente dejo de ser deudor de la institución demandada, por dicho motivo, éste (el recurrente) ya no cuenta con deuda que pueda demandar la prescripción pretendida, mucho menos pretender la cancelación de los gravámenes e hipotecas registradas en el fundo rustico “Agua Panda”, toda vez que de la literal que cursa de fs. 172 que corresponde al Folio Real de dicho bien inmueble, el derecho propietario corresponde a Osman Jorge Shirasawa Viera, quien conforme al asiento Nº 2 es el nuevo propietario; quien en todo caso sería el legitimado de accionar cualquier pretensión en contra de dicha institución.

Ahora sobre los hechos descritos por el recurrente en su recurso, referentes al incumplimiento del nuevo propietario (Shirasawa Viera) al documento privado de transferencia, y que hubiese dado origen a una demanda de resolución, cuya Sentencia sería favorable al recurrente; de la revisión de obrados se tiene que el actor ahora recurrente presentó dicha evidencia sin cumplir con los requisitos exigidos al ser una fotocopia simple, la misma fue objetada por la parte contraria y el Juez determino su no admisión al proceso; dicha prueba que no fue analizada en Sentencia y tampoco lo fue en segunda instancia determina que tampoco sea valorada en ésta última instancia.

Por lo indicado y en el entendido de que la novación consiste en sustituir o reemplazar una obligación por una nueva obligación que puede ser en condiciones diferentes a la primera, o en las mismas condiciones, como en el caso de Autos donde las partes firmantes acordaron mantener la garantía (cláusula decima primera) y en todo caso sólo la antigua obligación del recurrente se extinguió por completo; concluiremos indicando que los Tribunales de instancia, interpretaron correctamente la ley, valoraron adecuadamente cada una de las pruebas presentadas por ambas partes y aplicaron cabalmente el derecho, no siendo evidente lo acusado por el recurrente de no valorar sus pruebas presentadas en obrados.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a la previsión contenida en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I, num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación en la forma; y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 228 a 237 de obrados, interpuesto por Ernestina Vidal Arauz en representación de Aldo López Peinado, en contra del Auto de Vista de fecha 20 de febrero de 2013 cursante de fs. 226 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.