TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                   S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 355/2013

Sucre: 15 de julio        2013                        

Expediente: CB-53-13-S

Partes: José Ernesto Vargas Soria y esposa. c/ Isidoro Zelaya Camargo y otros

Proceso: Nulidad de documentos.

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 228 a 231 vlta., interpuesto por Eddy Huarita Guevara y Jacinta Guevara Vda. de Huarita, impugnado el Auto de Vista de fecha 08 de febrero 2013, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de documentos, reconocimiento de derecho propietario y entrega de bien inmueble, seguido por José Ernesto Soria Vargas por sí y en representación de su esposa María del Rosario Navia de Vargas contra Isidoro Zelaya Camargo y otros, la concesión de fs. 251, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la Capital de Cochabamba, emitió la Sentencia de fecha 07 de enero 2008, cursante de fs. 177 a 179 vlta., Donde declaró PROBADA en parte la demanda principal, así como las excepciones perentorias planteadas a las acciones reconvencionales e Improbada las acciones reconvencionales, consecuentemente se declaró la nulidad de los siguientes documentos: Contrato Público de poder Nº 129/92 de fecha  02 de julio de 1992 otorgado por Norah Mercado Ayala a favor de Isidoro Zelaya Camargo el 08 de diciembre de 1992 por ante el Notario de la provincia de Quillacollo Ángel Pacheco; Escritura Pública Nº 161 de fecha 08 de febrero de 1993 por el cual Isidoro Zelaya Camargo transfiere a favor de Mabel Montoya Pardo; Escritura Pública Nº 327/95 de fecha 18 de abril de 1995 por el cual Mabel Montoya Pardo transfiere el inmueble a Eddy Huarita Guevara representado en el acto por Jacinta Guevara Vda. de Huarita. Se ordenó la cancelación de los registros en Derechos Reales de sus partidas correspondientes, no dio lugar al reconocimiento de la propiedad sobre el inmueble debido a que la minuta traslativa de dominio de fecha 10 de febrero de 1993 no fue registrada en Derechos Reales.

Contra dicha Sentencia apelaron los demandados Eddy Huarita Guevara y Jacinta Guevara Vda. de Huarita, en virtud al recurso de apelación presentado el Tribunal de Alzada pronunció el Auto de Vista de fecha 08 de febrero 2013 por el cual confirmó la Sentencia.

Luego, los demandados interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Después de realizar un resumen del Auto de Vista, donde observa la Resolución de segunda instancia, indicando que la misma le causa agravios y que ésta no se ajustaría a derecho, entró a fundamentar su recurso, en ese entendido indica lo siguiente:

En la forma acusa:

1.- Indica que el Auto de relación procesal omitió consignar el nombre de la codemandada Mabel Montoya Pardo como demandada, al igual que los medios de prueba previsto para la indicada, excluyéndola del proceso, incurriendo dicho Auto en nulidad prevista por el art. 247 de la LOJ.

2.- Por otro lado indica que la Sentencia se abocó a declarar improbada la acción reconvencional sin haber hecho análisis y consideración sobre cada una de las pretensiones, como la accesión demandada, por las construcciones introducidas en el inmueble, mismas que sobrepasan el valor del lote de terreno y al no haber considerado dicho aspecto, la Sentencia, sería nula.

3.- Continúo mencionando que luego de haber sido citada su garante de evicción se dispuso mediante Auto expreso que el proceso continúe en su rebeldía y al omitir su presencia se vulneraría lo establecido por los arts. 77 del Código de Procedimiento  Civil  y 627 del Código Civil.

Con lo que termina solicitando que se anule obrados hasta el Auto de relación procesal disponiendo que el A quo fije los puntos de hechos a demostrar para la codemandada Mabel Montoya Pardo, así como se emita una Resolución expresa de incomparecencia de la garante de evicción.

En el Fondo:

Indicaque adquirió de buena fe el lote de terreno, por lo que no se puede aducir que no exista justo título, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales, poseyendo el inmueble con ánimo de dueño y de buena fe sin que los actores hubieren interrumpido su posesión por más de cinco años como se demostró con la prueba presentada en obrados.

Menciona que Norah Mercado Ayala no formuló acción legal alguna para invalidar dichos documentos y por el contrario como codemandada negó la falsedad de sus documentos cuestionados por los actores, constituyéndose prueba confesoria a su favor, que no fue considerada por la Sentencia ni la resolución de segunda instancia. Con referencia al hecho acusado que el Notario Ángel Pacheco no hubiera extendido el poder y la protocolización del documento privado reconocido de venta a favor de Mabel Montoya Pardo y que estos serían falsos, menciona que no existe prueba alguna que demuestre ese hecho en especial dictamen pericial que corrobora la falsedad.

Acusa que no se valoró  la confesión espontanea de los actores al reconocer que el demandado es quien vive en el lote de terreno, de la misma forma indica que los testigos fueron contestes y uniformes al indicar que el demandado junto a su familia habita el lote de terreno el cual se encuentra construido y verificado por la Juez mediante la inspección de visu que se realizó.

Por todos estos hechos el recurrente considera que mínimamente debieron ser revisados y valorados por los Tribunales de instancia solicitó que se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, este Tribunal en principio resolverá la impugnación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas daría lugar a la nulidad de obrados, siendo en consecuencia, innecesario el pronunciamiento de fondo.

Establecido lo anterior, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto se tiene:

En la forma:

Que, con referencia al punto 1.- se tiene que evidentemente el Juez A quo al momento de dictar el Auto de relación procesal de fecha 30 de septiembre de 2006, no consignó el nombre de la codemandada Mabel Montoya Pardo, al igual que los puntos de hecho a probar para dicha codemandada; pero las partes y en especial los recurrentes contaban con la imposición del art. 371 del Código de Procedimiento Civil que establece sobre los puntos de hecho a probar que: “Este Auto podrá ser objetado por las partes dentro del tercer día y dará lugar a pronunciamiento previo e inmediato.”; el recurrente contaba con la posibilidad de objetar dicho Auto de relación procesal, al considerar insuficiente, impertinente o finalmente carente de puntos de probanza como los que recién ahora acusa, aspecto que imposibilita su consideración, toda vez que posterior a la emisión de dicho Auto, la parte recurrente no observó y más al contrario continuó el proceso sin mencionar dicha infracción convalidando la omisión cometida por el A quo, aspecto que ahora en casación no puede ser motivo de nulidad de obrados.

Por otro lado se evidencia también que el A quo al fijar los puntos de hecho a probar en el inciso k) del Auto de relación procesal indicó: “Las excepciones perentorias opuestas mediante memorial de fecha 6 de mayo del 2003 cursante de fs. 94 de obrados.”, y de la revisión de dicha foja se evidencia justamente que corresponde al memorial presentado por el  defensor de oficio de Isidoro Zelaya y Mabel Montoya; por lo cual no se puede considerar que el Auto de relación procesal no hubiese tomado en cuenta a la codemandada Mabel Montoya y que no se hubiese fijado sus puntos de hecho a probar por ella.

Con referencia al segundo punto del recurso de casación en la forma, donde se acusó que la Sentencia no hubiese considerado todas las pretensiones a la mutua petición del demandado, se tiene que la misma se circunscribió ampliamente a la pretensión del actor a usucapir dicho inmueble, conforme lo tuvo establecido en el Auto de relación procesal, si los recurrentes consideraban que no se pronunció el Juez A quo con respecto a la accesión demandada, esta omisión debió ser exigida por la parte interesada conforme lo norma el art. 196 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil que indica: “A pedido de parte, formulado dentro de las veinticuatro horas de la notificación, y sin substanciación, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto obscuro sin alterar lo substancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en litigio”, al no haber agotado dicha posibilidad, ahora en casación esta negligencia de parte del mismo recurrente no puede ser motivo de nulidad de obrados.

Por último,  de la revisión de obrados se evidencia que la garante de evicción fue citada mediante edictos, al no comparecer al proceso se le designo defensor de oficio, quien se apersonó a la litis planteó excepciones perentorias y fue parte del proceso;por tanto no se evidencia vulneración alguna al art. 627 del Código Civil.

Por todo lo mencionado, no resultan fundadas las violaciones expuestas por los recurrentes por dicho motivo corresponde dar aplicación a lo establecido por los arts. 271 núm. 2) Y 273 ambos del Código De Procedimiento Civil

En el fondo:

Corresponde primeramente realizar un análisis a la fundamentación vertida por el Juez A quo, la misma que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, en el entendido de considerar al título de propiedad de los demandados no válido para la usucapión quinquenal; por dicho motivo es necesario recalcar el criterio vertido por los mismos, por lo cual  transcribiremos de manera textual lo que indica el Juez: “…la prescripción adquisitiva de propiedad por Usucapión Quinquenal dispuesta por el art., 134 del Código Civil no se puede viabilizar por cuanto la mala fe originada por la falsedad del poder de quien representó a la transferente NORAH MERCADO AYALA se mantiene con solución de continuidad jurídica, al margen de no haberse acreditado posesión material por parte de los reconvencionistas.”, por su parte el Tribunal Ad quem omitiendo entrar a considerar dicha aseveración que fue apelada por los recurrentes, indicó: “…resulta innecesario considerar los demás actuados posteriores, ya que los mismos son consecuencia de esa trasferencia nula e inexistente y por consiguiente las mismas también resultan ser nulas y sin valor legal.”, este mismo Auto de Vista continuo indicando líneas más abajo “…se aclara que para la procedencia de la usucapión quinquenal u ordinaria, es preciso contar con un título idóneo con el que fue transferido la propiedad y que la misma fuere adquirido de buena fe, aspecto que no concurren en el presente caso, ya que en dicho contrato fue adquirido de mala fe y fue viciada desde el principio de su adquisición no constituyendo justo título, por lo que todos los actos posteriores realizados en base a dicho documento se encuentran viciados de nulidad.”.

Por lo transcrito textualmente, se puede evidenciar que los Tribunales de instancia, basaron ambas resoluciones a la idea, que no sería justo titulo la Escritura Pública Nº 327/95 por el cual transfiere Mabel Montoya Pardo el inmueble objeto de la litis, a favor de Eddy Huarita Guevara, representado por Jacinta Guevara Vda. de Huarita (codemandados) y que al ser éste título proveniente de una Escritura Pública nula, derivado también de un poder nulo; la transferencia a favor de los recurrentes no sería un título idóneo y que éstos, los compradores, no hubiesen adquirido de buena fe dicho lote de terreno, consideración por demás errada y contraria a la jurisprudencia vertida por la Corte Suprema de la Nación con la cual se llegó a compartir criterio en muchas Resoluciones y en la actualidad éste nuevo Tribunal Supremo mantiene; en ese entendido tenemos el Auto Supremo Nº 377 del 3 de noviembre de 2010en el cual se indica que: “…la usucapión quinquenal u ordinaria, se produce cuando en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad, se adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es el dueño, cumple usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. La usucapión quinquenal u ordinaria, prevista en el art. 134 del Código Civil, supone la comprobación judicial de cuatro requisitos, esto es, justo título, buena fe, posesión continuada y transcurso del tiempo.”Por su parte el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Nº 0773/2011-R de fecha 20 de mayo del mismo año, estableció que: “…la usucapión en nuestro país constituye una forma de adquirir la propiedad mediante la posesión pacífica y continuada por el tiempo que la ley señala. Así, cuando la persona adquiere de buena fe un inmueble en virtud de título idóneo, de alguien que no es el propietario, y posee el mismo durante cinco años, desde la inscripción del título, puede adquirir la propiedad a través de la usucapión denominada ordinaria.”.

Por su parte la doctrina con referencia a la Buena Fe y el Justo Título estableció que, el primero consiste en la creencia del usucapiente de no haber actuado en contra de la norma existente y se basa en la convicción de que la persona de quien se recibió la cosa era dueña de ella y podía trasmitir su dominio; el segundo entendido como al título traslativo del derecho real, de la misma forma con referencia al justo título, Guillermo A. Borda indica: “Se llama justo título aquel que es suficiente para la transmisión del dominio y que realmente lo hubiera transmitido de haber sido el transmitente el verdadero propietario del inmueble.  Es decir, se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a punto tal que de haber emanado del verdadero propietario, la transmisión sería perfecta y no se plantearía ya la cuestión de la prescripción porque bastaría con ese título para adquirir el dominio…”

Por lo indicado, se concluye que la Escritura Pública 327/95 por el cual transfirió Mabel Montoya Pardo el inmueble objeto de la litis, a favor de Eddy Huarita Guevara, representado por Jacinta Guevara Vda. de Huarita, constituye en justo título y los recurrentes al haber demostrado durante todo el proceso que ellos compraron pensando que la codemandada Mabel Montoya Pardo era la propietaria, demostraron la buena fe que tenían en el momento de la adquisición; por lo tanto el conocimiento posterior sobre la falta de derecho de su vendedora no le perjudicaba (por el contrario configuraba uno de los presupuestos de la usucapión quinquenal “adquirir de alguien que no es su dueño”).

En ese entendido el razonamiento vertido por los Tribunales de instancia al  suponerque dicho título no era válido para la usucapión quinquenal al provenir de una Escritura Pública nula, derivada ésta de un poder también nulo, fue errado.  

Pero, no obstante a lo indicado, es necesario recalcar a los recurrentes que para la procedencia de la usucapión quinquenal pretendida ésta tiene que cumplir con cuatro requisitos, esto es, justo título, buena fe, posesión continuada y transcurso del tiempo. Si falta cualquiera de los requisitos antes señalados no es admisible una usucapión ordinaria.

Por dicho motivo, si bien líneas arriba se estableció que los recurrentes cuentan con justo título el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales, y demostraron también la buena fe al momento de la adquisición, de la revisión de obrados, se evidencia que cursa prueba que demuestra la posesión continuada que tienen los recurrentes;pero del análisis correspondiente al transcurso del tiempo, se establece que la norma indica,para la procedencia de la usucapión quinquenal el computo se efectuara desde la fecha en que él título fue inscrito y de la revisión de obrados se evidencia que la Escritura Pública 327/95 por el  cual Mabel Montoya Pardo transfirió el inmueble objeto de la litis, a favor de Eddy Huarita Guevara, fue inscrito el 25 de abril de 1995 (fs. 24 vlta) y la demanda presentada por nulidad de dichos documentos fue citada a Eddy Huarita Guevara el 14 de abril del año 2000 (fs. 18), once días antes de que se cumpla el transcurso del tiempo necesario para usucapir y en aplicación del art. 1503 del Código Civil que establece “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba…”, normativa que se aplica a la litis, concluiremos indicando que no ha existido el transcurso del tiempo necesario para demostrar la usucapión quinquenal, por tanto su posesión continuada hasta la fecha, no sirve para adquirir el derecho propietario vía prescripción adquisitiva, toda vez que ésta fue interrumpida mediante la citación con la demanda instaurada por los actores.

Al haberse interrumpido el transcurso del tiempo, uno de los requisitos necesario para adquirir la propiedad mediante usucapión quinquenal, ésta, por efecto de la interrupción quedó sin resultado el tiempo  transcurrido anteriormente (art. 1506 Código Civil ); por tanto la valoración de las pruebas testificales, confesión espontánea de los actores, la inspección de visu que a criterio de los recurrentes, demostrarían la posesión por más de cinco años, no resultan suficientes para desvirtuar el computo necesario para usucapir, que como establece la norma se comprueba desde la fecha en que el titulo fue inscrito y al no haber transcurrido los cinco años necesarios para la usucapión quinquenal y ser el recurrente citado antes de los cinco años, su pretensión de usucapir fue interrumpida; por lo cual corresponde a este Tribunal Supremo mantener la decisión final de los Tribunales de instancia, que con otras consideraciones, resolvieron a la consecuencia judicial, intentada en obrados.

Por lo que no se evidencia causal alguna que motive la casación del Auto de Vista a efectos de declarar probada la demanda reconvencional de usucapión ordinaria como pretende la parte recurrente.

En ese sentido corresponde al Tribunal Supremo resolver en apego a lo previsto en los arts., 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Eddy Huarita Guevara y Jacinta Guevara Vda. de Huarita, impugnado el Auto de Vista de fecha 08 de febrero 2013,  pronunciado por  la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.