TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                   S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 350/2013

Sucre: 15 de julio 2013

Expediente: LP5613-S

Partes: Jorge Álvarez Álvarez y Matilde Ruth Rua Campero de Álvarez c/   Freddy

            Vásquez (Freddy Edgar Vásquez Vigueras), Enrique Kanda Aliaga Marcelo

            Marcos Málaga Herbas  


Proceso: Ordinario,   nulidad  de   Escritura   Pública   y  Testimonio   de   poder,

              reivindicación de lote de terreno y reparación de daños y perjuicios.

Distrito:        La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 248 a 249 interpuesto por Freddy Edgar Vásquez Vigueras contra el Auto de Vista-Resolución Nº 439/2012 de 21 de diciembre de 2012 cursante a fs. 246 a 247 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de Escritura Pública y  Testimonio de Poder, reivindicación de lote terreno y reparación de daños y perjuicios seguido por Jorge Álvarez Álvarez y Matilde Ruth Rua Campero de Álvarez, contra  el recurrente y Enrique Kanda Aliaga y Marcelo Marcos Málaga Herbas; la respuesta al recurso de fs. 254 a 255; el Auto de concesión de fs. 271; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 21 a 23 se resume los siguientes hechos: los demandantes indican que mediante Testimonio Nº 652/1983 del 12 de septiembre de 1983 adquirieron el inmueble de 192,50 mts2., lote Nº 7 ubicado en el manzano A-3, Urbanización Ciudad Satélite, mismo que se encuentra registrado a su nombre en DD.RR. bajo la partida computarizada 01066353 el 28 de noviembre de 1983, actualizado al folio real 2.01.4.01.0006969 y que el Sr. Enrique Kanda Aliaga en base a un supuesto Poder Notariado Nº 427/2007 del 15 de mayo procedió a transferir de manera ilegal dicho inmueble a Marcelo Marcos Málaga Herbas mediante minuta del 17 de julio de 2007 y la Escritura Pública Nº 818/2007, procediendo posteriormente a registrar en DD.RR., situación que se habrían enterado al momento de obtener información de dicha institución y actualmente en su inmueble se encontraría como detentador precario el Señor Freddy Vásquez y otras personas realizando actos de arrendamiento, anticresis a terceras personas; manifiestan también que sus personas nunca otorgaron el mencionado Poder y que el mismo se refiere a un poder otorgado por Vitalicia Chávez Vda. de Ramos a favor de María Antonieta Ramos de Terán; razón por la cual al amparo del art. 549 num. 1 y 3) del Código Civil demandan la nulidad del Poder Nº 427/2007 y de la Escritura Pública Nº 818/2007 y consiguiente reivindicación del lote de terreno y la reparación de daños y perjuicios; demanda que es aclarada por memorial de fs. 26  a 27. 

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto (La Paz), mediante Sentencia- Resolución Nº 072/2012 de 11 de abril de 2012 cursante a fs. 192 a 194 y vlta., declaró probada en parte la demanda declarando la nulidad de la Escritura Pública Nº 427/2007 (poder) de 15 de mayo, así como la Escritura Pública Nº 818/2007 de 23 de agosto, disponiendo la reivindicación del inmueble de 192,50 mts2. a favor de los demandantes en el plazo de 10 (diez) días de ejecutoriada la Sentencia, e improbada la demanda en cuanto al pago de reparación de daños y perjuicios, ordenando la cancelación en Derechos Reales del registro de la Matrícula 2.01.4.01.0006969.

En apelación la Sentencia-Resolución Nº 072/2012, interpuesto por Freddy Edgar Vásquez Vigueras, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista-Resolución Nº 439/2012 de 21 de diciembre de 2012 cursante a fs. 246 a 247 y vlta., confirma la Sentencia de primera instancia; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el demandado Freddy Edgar Vásquez Vigueras, recurre en casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente interpuso recurso de casación en la forma (nulidad) sin especificar las causas previstas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

Haciendo referencia a la distribución y/o reparto de causas de fs. 239 indica que no fue notificado de manera personal ni mucho menos mediante cedula a su abogado patrocinante, ya que su persona pretendía presentar pruebas para demostrar que no es detentador. En otra parte de su memorial de recurso (tercer punto) indica que su persona se habría notificado de manera personal en secretaria del Juzgado sin embargo la Oficial de Diligencias debido a su recargada labor sentó la diligencia como si se hubiera notificado por cédula a su abogado omitiendo la entrega de la copia de la providencia de radicatoria.

Haciendo referencia al mismo actuado de fs. 239 indica que todos los demandados incluido su persona, aparecen bajo el asesoramiento del Abogado Defensor de Oficio y en la notificación no se indica el domicilio procesal, dejándolo en estado de indefensión, ya que su persona al margen de su intención de presentar pruebas en segunda instancia, pretendía introducir una tercería excluyente por parte de la Señora Arminda Gil Montenegro de Álvarez, considerando a dichos actuados como omisión de un acto procesal esencial y que sería motivo de nulidad conforme al art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil.

Indicó que la Resolución Nº 439/12 es lesiva a sus intereses toda vez que no considera a la Señora Arminda Gil Montenegro de Álvarez sea parte del proceso ya que existiría una relación matrimonial de la indicada persona con el demandante Jorge Álvarez.

Acusó la transgresión de los arts. 232, 254 num. 7), 375 y 377 del Código de Procedimiento Civil, ya que no se le habría permitido el principio de equidad e igualdad jurídica.

En base a esos antecedentes interpone recurso de casación en la forma pidiendo se case el Auto de Vista hasta fojas 139 y deliberando en el fondo se condene en costas.      

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurrente interpuso recurso de casación en la forma (nulidad) sin especificar las causas previstas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, con argumentos totalmente confusos y ambiguos y citas inadecuadas de las normas legales; es así que primeramente cuestionando la notificación con la Sentencia, al amparo del art. 219 del Código de Procedimiento Civil, interpone recurso de apelación y alternativamente el de nulidad de obrados pidiendo se revoque la Resolución de instancia y alternativamente se anule obrados hasta el vicio más antiguo; al mismo tiempo, al amparo del art. 250-2) con relación al 257 del mismo cuerpo legal, también formula recurso de casación, incurriendo de manera reiterada en imprecisiones en la fecha de la Resolución de la cual recurre, para finalmente concluir solicitando se case el Auto de Vista recurrido hasta fojas “139” y deliberando en el fondo pide se condene en costas.

Los argumentos expresados en el recurso de casación así como la petición formulado en el mismo son bastante confusos, aspecto que en aplicación estricta de la ley Adjetiva Civil daría lugar a la improcedencia del recurso; sin embargo no obstante las deficiencias señaladas, en observancia de los principios que rigen la nueva administración de justicia previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y art. 30 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, con la finalidad de dar una respuesta al recurrente, se pasa a considerar dicho recurso.

El recurrente haciendo referencia al actuado de fs. 239, reclama la falta de notificación personal con la distribución y/o reparto de la causa realizado en segunda instancia mediante el sistema computarizado, indicando que su persona pretendía presentar pruebas para demostrar que no es detentador del inmueble, sin embargo en otra parte de su recurso indica que su persona se habría notificado de manera personal en secretaria del Juzgado y que la Oficial de Diligencias debido a su recargada labor sentó la diligencia como si se hubiera notificado por cédula a su abogado omitiendo la entrega de la copia de la providencia de radicatoria.

Por otra parte indica también que en dicho actuado de fs. 239 aparecen todos los demandados incluido su persona, bajo el asesoramiento del Abogado Defensor de Oficio y en la notificación no se indica el domicilio procesal aspecto que causaría indefensión, ya que al margen de su intención de presentar pruebas en segunda instancia, pretendía introducir una tercería excluyente por parte de la Señora Arminda Gil Montenegro de Álvarez, considerando a tales actuados como omisión de un acto procesal esencial ya que al no haberse enterado de la radicatoria y del término de prueba de cinco días, sería motivo de nulidad conforme al art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto debemos indicar que la distribución de la causa mediante el sistema computarizado (fs. 239) tiene por finalidad garantizar el principio del Juez natural y la falta de notificación a las partes con ese actuado no constituye causa de nulidad del proceso, salvo que existiere manipulación o direccionamiento en la asignación de la causa hacia una determinada autoridad judicial; en el caso de autos el recurrente no cuestiona el acto de distribución de la causa como tal, sino simplemente reclama de la falta de notificación con ese actuado, aspecto que como se tiene indicado no constituye causa de nulidad; de la misma manera el hecho de que se haya consignado en el documento de reparto de la causa al Defensor de Oficio como abogado de los demandados donde se encuentra incluido el recurrente, ese aspecto no tiene ninguna transcendencia ni relevancia jurídica que pueda perjudicar a ninguna de las partes y por consiguiente resulta totalmente impertinente reclamar en casación esa situación, por lo que no merece realizar mayor consideración al respecto.

En cuanto a la omisión de señalar el domicilio procesal en la diligencia de notificación, el recurrente no especifica de manera clara a cual diligencia se refiere, sin embargo de la lectura del memorial del recurso se entiende que se trata de la notificación de fs. 240 realizada mediante cédula con la providencia de radicatoria de fs. 239 vlta., pero al mismo tiempo en otra parte de su recurso (punto tercero) el recurrente indica que su persona se habría notificado de manera personal con ese actuado procesal en Secretaria del Juzgado y que la Oficial de Diligencias debido a su recargada labor sentó la diligencia como si se hubiera notificado por cédula a su abogado omitiendo la entrega de la copia de la providencia de radicatoria, afirmaciones que desde luego son contradictorias, imprecisas y confusas.

De todas maneras los aspectos señalados por el recurrente no pueden constituir causa para la anulación del proceso, toda vez que la indicada providencia de radicatoria fue decretada el día jueves 22 de noviembre del 2012 y siendo el día siguiente un día hábil y conforme dispone el art. 133 del Código de Procedimiento Civil, las partes y los abogados tienen la carga procesal de asistir de manera obligatoria a secretaria los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieren producido; en el caso presente el recurrente fue notificado de manera personal con el Auto de fs. 233 que concede el recurso de apelación contra la Sentencia conforme consta por la diligencia de fs. 234 y a partir de ese momento tenía la obligación de realizar el seguimiento de la causa como parte interesada por ser él quien interpuso el recurso. 

En cuanto a la afirmación del recurrente de su intención de presentar prueba en segunda instancia para desvirtuar su calidad de detentador del inmueble, así como la intensión de interponer tercería excluyente por cuenta de Arminda Gil Montenegro de Álvarez; esos aspectos bien podían haber sido realizados durante la tramitación del proceso en primera instancia, toda vez que el recurrente contaba con poder otorgado a su favor en dos ocasiones por la nombrada persona tal como se evidencia a fs. 42 a 43 y 107 a 108; de la misma manera en cuanto a la presentación de prueba, debió haberlo realizado durante el término probatorio conforme lo establece el art. 377 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo durante la tramitación del proceso incurrió en dejadez al extremo de haber sido declarado rebelde al no contestar la demanda, como también después de la anulación del proceso decretado de oficio por el Juez de la causa hasta el estado del Auto de relación procesal, tampoco aportó con prueba; es más, el propio recurrente quien manifiesta de manera reiterada en su recurso de apelación contra la Sentencia y en otros actuados, que se encuentra viviendo en el inmueble objeto de litis en calidad de cuidador, de donde se colige que la prueba que pretendía presentar en segunda instancia tampoco podría cambiar esa su condición.

Se indica también que el Auto de Vista Nº 439/12 es lesivo a sus intereses al no considerar a la Señora Arminda Gil Montenegro de Álvarez como parte del proceso ya que esta persona tendría una relación matrimonial con el demandante Jorge Álvarez. La indicada Señora al no haber sido demandada por los actores, no se constituye en parte del proceso dentro de los alcances que establecen los arts. 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil, su intervención en el proceso debió haber sido activado a través de los mecanismos legales como es una tercería conforme a los arts. 355 y 356 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo en el curso del proceso no intervino en esa calidad; al no haber sido parte del proceso, tampoco le comprende los alcances de la Sentencia conforme lo establece el art. 194 del mismo cuerpo legal, y por consiguiente nada le impide a futuro el poder reclamar y hacer valer sus eventuales derechos que podría tener sobre el inmueble objeto de litis, razón por la cual el recurrente no tiene la legitimidad legal para reclamar derechos por terceras personas, ni mucho menos puede alegar lesión a sus intereses por falta de intervención de terceros en el proceso.

De las consideraciones realizadas se concluye que resultan infundados los argumentos expresados en el recurso de casación, tampoco son evidentes las infracciones que se acusan de los arts. 232, 254 num. 7), 375 y 377 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Freddy Edgar Vásquez Vigueras contra el Auto de Vista-Resolución Nº 439/2012 de 21 de diciembre de 2012 cursante a fs. 246 a 247 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 700 (Setecientos 00/100 Bolivianos).  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran