TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 345/2013

Sucre: 15 de Julio 2013

Expediente: LP- 55-13-S

Partes: Miguel Quispe Calle y Carmela Mamani Cori. c/ Andrés Mayta Mayta y

            Elsa Lidia Apaza Pérez.

Proceso: Reivindicación y otro.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 125 a 126, interpuesto por Andrés Mayta Mayta y Elsa Lidia Apaza Pérez, en contra del Auto de Vista Nº56/2013 de 4 de marzo 2013 cursante de fs. 121 a 122, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de reivindicación y mejor derecho de propiedad seguido por Miguel Quispe Calle y otra en contra de los recurrentes, la concesión de fs. 133, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez de Partido y Sentencia de la Localidad de Viacha, dicta la Sentencia Nº 24/2012 de 03 de abril 2012 que cursa de fs. 71 a 73, declarando probada la demanda de reivindicación y mejor derecho propietario de fs. 18 a 19 planteada por Miguel Quispe Calle y Carmela Mamani Cori, disponiendo que los demandados restituyan el inmueble ubicado en la zona Santos Ipiña actualmente denominado Urbanización Ferroviaria, cale Reverenda maría Gorety Nº 56 de la ciudad de Viacha, en el plazo de 3 días de ejecutoriada la resolución.

Contra dicha resolución, los demandados Andrés Mayta Mayta y Elsa Lidia Apaza Pérez, interponen recurso ordinario de apelación, que es resuelta mediante Auto de Vista Nº 556/2013, por el que se confirma la resolución impugnada, fallo que a su vez es recurrida de casación, objeto de análisis y estudio.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Siendo confuso el recurso de casación formulado en la forma, sin embargo de ello en la petición del mismo se argumenta que también fuera en el fondo, pese a ser ambiguo, se ha extraído lo siguiente:

1.- Señalan que los demandantes en respuesta a su apelación, hubieran reconocido el agravio de la falta de notificación requerido para el Auto de 22 de junio de 2011 de  fs. 28, Auto con el que jamás se los notificó en forma legal, tal cual consta de fs. 28, que fue efectuado en secretaria de despacho, sin realizar la notificación mediante cédula como señala el art. 137 núm., 3) del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo los demandantes califican de irrelevante empero los recurrentes lo consideran de importancia en vista de que dicha actuación presenta borrones subsanando posterior a la apelación lo cual se puede evidenciar de la fecha de entrega del expediente al Tribunal Departamental de justicia donde a fs. 109 consta la solicitud de traslado de la apelación al superior en grado, solicitud que no se tomó en cuenta, más al contrario el Juez de primera instancia retuvo el expediente por largo tiempo con el fin de subsanar la omisión a tal grado que el expediente tiene tachaduras sobrescritas.

2.- Acusa la violación del art. 233 num., 4) del Código de Procedimiento Civil, debido a que en segunda instancia no se valoró las pruebas de fs. 85 a 98 adjuntadas en memorial de apelación, que no pudieron ser aportados por el demandado en el proceso en primera instancia, demostrando que Santos Gutiérrez Tancara cometió el delito de estafa y estelionato, en colusión con los demandantes, aspecto que es permitido por la Autoridad recurrida, situación corroborada con el hecho de que el vendedor en ningún momento ha sido ni siquiera mencionado por ninguna de las autoridades de primera y segunda instancia, dando por bien hecho semejante delito y generando violación de derechos para los demandados.

Acusa asimismo que se ha violado el art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, porque en protección de los derechos de los demandados no se nombro defensor de oficio que precautele sus intereses.

Por lo que, en base a los arts. 250, 252, 253 núm., 3 y 254 núm., 7 del Código de procedimiento Civil, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, solicitando a este Tribunal se anule el Auto de Vista.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- En cuanto a la falta de notificación se debe indicar que el Código de Procedimiento Civil, establece ciertas obligaciones para las partes procesales, en ella está la de concurrir ante el operador judicial, y asumir defensa en proceso cuando fuera citado, así de obrados podemos deducir que mediante diligencia de fs. 23 de 6 de mayo de 2011, tuvieron conocimiento de que en su contra se sustancia una demanda ordinaria de reivindicación y otro, seguido a instancia de Miguel Quispe Calle y otra, luego de ello fueron declarados rebeldes mediante Auto interlocutorio de fs. 24 vlta., con el que fueron notificados en fecha 13 de junio de 2011 (fs. 25), con esa Resolución se les hizo conocer que los actuados posteriores serían notificados en secretaria del despacho judicial, esto bajo la regla contenida en el art. 68 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se evidencia infracción del art. 137 del mismo cuerpo legal, cuyo numeral 3) señala que la apertura del término de prueba debía de notificarse mediante cédula en el domicilio señalado por las partes para los efectos del proceso, esto es el domicilio procesal que lo señala la parte demandada, para efectos de notificación, obviamente que la parte lo realiza cuando se apersona al proceso, o en forma regular cuando asume defensa sin haber sido declarado rebelde, lo que no ocurre en el caso de Autos pues un demandado declarado rebelde no puede exigir el cumplimiento de dicha norma, pues al estar declarado rebelde se supone que no se ha apersonado al proceso y con el efecto de dicha declaratoria de rebeldía las notificaciones efectuadas en secretaria del despacho judicial, resultan ser válidas, esta es una excepción a la regla contenida en el art. 137 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, en cuanto a la falta de designación de defensor de oficio para que asuma defensa en favor de los demandados, se debe mencionar que las citaciones efectuadas mediante edictos y mediante cédula o de carácter personal, tiene efectos diferentes, en el primero el demandado es citado mediante publicaciones edictales, presumiendo el desconocimiento de su domicilio y paradero actual, bajo esa óptica es que el art. 124 parágrafo IV del Código de procedimiento civil, señala que en caso de la incomparecencia de un citado por edictos el Juez tiene la obligación de designar defensor de oficio, no sucede lo mismo cuando uno es citado mediante cédula o en forma personal, entendiendo que en dichas citaciones se ha constatado de que el citado ha tomado conocimiento de una demanda interpuesta en su contra, razón por la cual su incomparecencia no obliga al Juez a designarle  un defensor de oficio, situación aplicable a los citados por edicto, por lo que no se puede acusar la vulneración del art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado.

2.- En lo que corresponde a la falta de valoración de la prueba, se debe manifestar que el recurso de apelación ha sido planteado por presuntas acusaciones de forma, ello se deduce por la petición clara contenida en la parte final del recurso ordinario de apelación, en la que solicita: “se revoque la mencionada resolución hasta el vicio más antiguo, bajo el argumento legal de violación del art. 137 del Código de Procedimiento Civil anulando obrados hasta el vicio más antiguo, específicamente hasta fs. 28 Auto de fecha 2 de junio de 2011…”, con dicho memorial de fs. 100 a 102, adjunta en calidad de prueba para probar su pretensión y afirmación, (esto significa que adjunta prueba para probar la pretensión de anulación procesal); al respecto, el Auto de Vista ha emitido respuesta sobre cada uno de los puntos apelados de acuerdo a la pretensión del recurso, ahora si el Auto de Vista no ha considerado los medios de prueba, los recurrentes tenían la vía para solicitar complementación y enmienda, conforme al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, empero los recurrentes no han optado por dicha facultad, subsumiendo dicho aspecto en la hipótesis contenida en el art. 258 núm., 3) del Código de Procedimiento Civil.

3.-  Al margen de lo expuesto precedentemente corresponde señalar que en la última parte del recurso se ha solicitado que se emita fallo, casando el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se anule la Resolución de Vista, al respecto corresponde señalar que el recurso de casación en el fondo se interpone en base a las causales establecidas en el art. 253 del Código de Procedimiento civil, bajo la regla contenida en el art. 258 del mismo cuerpo legal, normas imperativas a las que el recurrente no ha dado cumplimiento, por lo que siendo la petición de casar el Auto de Vista, inserta en la petición del recurso, el mismo deviene en su improcedencia, al no haber dado cumplimiento a las normas descritas precedentemente, lo que conlleva declarar la improcedencia respecto al recurso de casación en el fondo.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en los arts. 271 núm. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto al recurso en la forma y conforme al art. 271 núm. 1) con relación al art. 272 núm. 2) del Adjetivo Civil, respecto al recurso de casación en el fondo.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42, parágrafo I, num.,1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y conforme al art. 271 núm. 1) con relación al art. 272 núm. 2) del mismo cuerpo legal declara  IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.