TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A    C I V I L

Auto Supremo: 303/2013

Sucre: 17 de junio 2013

Expediente: O-12-13-S

Partes: Apolinar Mamani Choque y otra. c/ Roberto Solares Condarco.

Proceso: Usucapión

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 275 a 279 interpuesto por Apolinar Mamani Choque y Herminia Flores Antonio de Mamani contra el Auto de Vista Nº 017/2013 de 07 de febrero de 2013, cursante de fs. 267 a 272 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de Usucapión seguido por Apolinar Mamani Choque y Herminia Flores Antonio de Mamani contra Roberto Solares Condarco, la concesión del recurso de fs. 285, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO   I

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

El Juez de Partido Quinto en lo Civil de la Capital (Oruro-Bolivia) pronunció la Sentencia Nº 334/2011 de 24 de noviembre de 2011, cursante  de fs. 192 a 194 de obrados, por la cual declara improbada la demanda de usucapión de fs. 10 a 11 y vlta., modificada de fs. 14.

Resolución de fondo que es apelada por Apolinar Mamani Choque y Herminia Flores Antonio de Mamani por escrito de fs. 197 a 199, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 017/2013 de 07 de febrero de 2013, cursante de fs. 267 a 272 vlta., que confirma la Sentencia de 24 de noviembre de 2011; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por Apolinar Mamani Choque y Herminia Flores Antonio de Mamani, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO   II

DE LOS HECHOS  QUE MOTIVAN  LA  IMPUGNACIÓN

El recurso presenta los siguientes puntos de consideración:

Acusa violación de la disposición contenida en el art. 138 del Código Civil, por cuanto en el apartado I, del segundo Considerando de fs. 267 vuelta, el Auto impugnado desconociendo las pruebas de fs. 130 a 143, señala que ellos no hubieran “vivido” en el predio de la litis, esto sin tomar en cuenta que esa apreciación de haber “vivido” o no en el inmueble, no está condicionada específicamente en el citado artículo, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, que después de reconocer expresamente las atestaciones de cargo (fs. 268) introduce una apreciación equivocada de las normas 87, 88 y 138 del Código Civil.

Señala que no obstante que en el segundo considerando, punto I de fs., 268 el Auto señala: “En el presente caso, si bien las atestaciones de cargo afirman la idea de que la posesión fue por más de 10 años…”, violando lo previsto por el art. 138 y 1492 parágrafo I del Código Civil, el Auto resuelve por confirmar la sentencia, negando la prescripción, que sinfundamento legal atendible simplemente niega el cumplimiento de esos preceptos jurídicos, reitera, pesea que en su contenido reconoce que se demostró nuestra posesión por más de 10 años.

Indica que la usucapión decenal o extraordinaria simplemente es necesaria la posesión continuada por más de 10 años, y no necesita otro requisito como contar con puertas en lugar de supuestos “forados”, realizar construcciones ostentosas o costosas, haber vivido en el predio a ser usucapido y otros que artificialmente pretende introducir el Tribunal Ad quem, condiciones que no se hallan en el art. 138 del CódigoCivil que ha sido mal interpretado y mal aplicado, resultando en los hechos discriminación a nuestra condición humilde y como consecuencia de nuestras limitaciones económicas.

Expresa que las declaraciones de sus testigos, y como se tiene de su prueba de cargo, demostraron la publicidad y continuidad de la posesión, en el marco  de la Ley procedimental. Señalan los recurrentes que en el presente caso de su parte fueron producidas pruebas legales de cargo esenciales y decisivas, que no obstante, violando lo dispuesto por el art. 397 del Código de procedimiento Civil, no fueron tomadas en cuenta ni valoradas dentro su alcance legal por el Juez A quo ni por el Ad quem, pretendiendo anteponer única y exclusivamente la supuesta “sana critica” y el supuesto “prudente arbitrio”, pues es conocido que se aplican esas facultades jurisdiccionales solo a falta de prueba legal, en tal caso existe violación y errónea interpretación de la ley que existiendo prueba legal de cargo se pretende sustituirla en su integridad por la sana crítica y el prudente arbitrio.

Acusa que en el punto V de fs. 269, el Auto los critica por ser dueños de un inmueble contiguo al que postulan usucapir, argumentando que habría despertado duda razonable en el Juez de primera instancia, consideración que no se halla respaldada por ninguna cita legal ni fundamento atendible, violando lo previsto por el art. 193 del Código de Procedimiento Civil.

Cuestiona, que las pruebas de cargo de fs. 130 al 143 de obrados, se demuestra el tiempo que vienen poseyendo el predio motivo de la Litis que es más de 10 años, no obstante de manera ilegal y errónea, en el punto VII de fs. 269 vlta., el Ad quem pretende que los presupuestos básicos para la procedencia de nuestra demanda de usucapión decenal o extraordinaria, serían la posesión no viciosa, cumplimiento de plazo, justo título y buena fe, confundiendo los preceptos del art. 134 con las disposiciones contenidas en el art. 138 del Código Civil.

Finalmente señala que el Auto de Vista Nº 017/2013 resulta violatorio de normas de oren público y de cumplimiento obligatorio y toda vez que se halla plagado de interpretaciones erróneas y aplicación indebida de la Ley, interponen recurso de casación en el fondo impetrando se case el Auto, declarando en su mérito probada su demanda y ordenando se franqueen los títulos de propiedad del predio motivo de la Litis.

CONSIDERANDO   III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: 

La usucapión llamada también “prescripción adquisitiva” es un modo originario de adquirir el dominio, u otro derecho real, por la posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley, pudiendo ser sobre bienes muebles e inmuebles; respecto a la última distinguimos dos clases de usucapión: la ordinaria (quinquenal) y la extraordinaria (decenal), siendo ésta la de nuestro análisis.

En la usucapión, el elemento que juega un papel preponderante es la posesión, que sumado al tiempo, determinado en ley, configuran la vértebra de la prescripción adquisitiva, elementos que deben ser allanados a los supuestos facticos por el que pretenda adquirir de este modo la propiedad.

Ahondando sobre el elemento posesión, el art. 87 del Código Civil señala: “I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la atención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”; norma que apuntala el ejercicio de hecho sobre la cosa y la intensión de tener sobre ella el dominio, postulado normativo que distingue los elementos objetivo y subjetivo de la posesión, concurrencia funcional posesoria, que desde la doctrina fue impulsada por Savigny en su teoría subjetiva de la posesión, distinguiendo la posesión de la tenencia por el dominio físico de la cosa, que constituye el corpus; y, el comportarse como dueño en relación a la cosa, o sea, hacer con la cosa aquello que legalmente puede hacer su propietario, que compone el animus. Denotándose que la posesión es la autoridad de hecho que se ejerce sobre la cosa, satisfaciendo la necesidad propia por el comportamiento respecto a ella, sin que medie voluntad, subordinación o dominio ajeno sobre el bien del cual se tiene el acto posesorio.

Sobre el tema el Auto Supremo Nº 281 de 29 de mayo de 2013 señaló: “Tanto la doctrina como la legislación, conciben a la posesión como un poder de hecho ejercido sobre las cosas (bienes), que produce efectos jurídicos, que implica la realización de actos positivos sobre la cosa que denotan la intención de comportarse frente al bien como si fuera el dueño.

En la posesión, el  poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia…”.

Determinada la naturaleza de la posesión, es pertinente analizar los requisitos de ésta, a objeto de verificar cómo es que se allanan para permitir la usucapión sobre el inmueble en cuestión.

Los requisitos que hace a la posesión para fundar en ella la usucapión son que aquella sea continua e ininterrumpida, pública y pacífica. El requisito de pacífica alude en primer término al acto inicial, al momento en que comienza la posesión que no puede ser obtenida por violencia y, consecuente, no puede mantenerla en ese estado coercitivo; bajo esta premisa también se funda el carácter de pública, por cuanto si el poseedor debe comportarse como propietario, no se concibe que esa actitud no pueda ser conocida por terceros o por el anterior propietario contra el que recae la usucapión, lo que hace que esa posesión clandestina y no pública cohíba sus efectos para originar en ella la usucapión. Es de anotar, que un estado de situación contrario a la exigencia de pacífica y pública, no permite transcurrir el plazo necesario para la usucapión, es por ello que la prescripción corre a partir del día en que cesan la violencia o clandestinidad, por expresa determinación del art. 135 del Código Civil.

El requerimiento de posesión continua e ininterrumpida, concibe la idea de posesión material sucesiva y permanente de la cosa, sin abandonar el estado posesorio del bien, salvo lo dispuesto por el art. 137 parágrafo II) del Código Civil, durante el tiempo en que la  ley ha prescrito el plazo de la prescripción adquisitiva, o sea la continuidad refiere un punto de partida en el tiempo, bajo un concepto de prolongación del mismo, desde el cual se ejerce la posesión.

Por lo señalado podemos precisar que, la posesión, manifiesta con el corpus y animus, durante el plazo de 10 años que la ley ha establecido para fundar la prescripción de la usucapión, no es un criterio subjetivo, sino, como se dijo, se exterioriza mediante actos de hecho del usucapiente frente a la cosa, es por ello necesaria su identificación para contabilizar el tiempo de posesión, el inicio y transcurso de la prescripción, ya que, resulta lógico que la posesión, durante los 10 años, sea demostrada de manera efectiva y objetiva en su transcurso, por lo que resulta comprensible el actuar jurisdiccional de requerir probar mediante muestras objetivas y fehacientes la posesión que arguye el usucapiente.

En el presente caso, los recurrentes aducen error y mala interpretación del art. 138 del Código Civil, indicando que los Jueces de grado le condicionan haber “vivido” en el inmueble para efectos de usucapión; si bien es cierto que esta infracción no fue reclamada en apelación, por lo que no le era permisible hacerlo mediante éste recurso extraordinario, sin embargo para ingresar a otras infracciones posteriores se dirá que,  la posesión no implica que la cosa, o sea el inmueble, tenga como finalidad la de vivienda (morada habitacional), sino que según el fin que le destine el poseedor se tenga posesión del mismo, y para fundar en ella la usucapión, sea pacífica, pública y continuada e ininterrumpida durante los 10 años que exige la norma: En tal caso, más allá del destino que se le estuviera otorgando al bien a usucapir, las muestras de posesión deben ser claras e inequívocas, por cuanto la voluntad interna no sustrae a una manifestación de hechos exteriores.

En lo señalado, se observa que el Tribunal Ad quem, y el inferior, no observaron que los recurrentes no hubiesen “vivido” en ella como morada habitacional, sino utilizaron tal término “vivir” para expresar posesión, u ocupación del predio, sustentando de esa manera que la usucapión impele posesión como verdadero propietario; explicación que es concordante con la conclusión de la Sentencia: “… delatando que esa ocupación no ha sido de forma permanente o continuada por más de 11 años y conforme manda el precepto del Art. 87-I del Código Civil …”

En armonía con lo señalado, los Jueces de grado, han encontrado como motivo central por la desestimación de la pretensión de la usucapión, no haber probado la posesión permanente y continuada por los 10 años, que prescribe el art. 138 del Código Civil, del lote de terreno; en ese análisis indicaron que los medios probatorios de un muro precario y un forado no demuestran la posesión del lote  que resulta insuficiente para adquirir la propiedad por usucapión, posición que nació del prudente criterio del Juez en relación a los antecedentes de la causa y de ningún modo debido a un sentimiento de discriminación por su situación económica.

En el tenor del recurso de casación, los recurrentes, reiteradamente señalan que cumplieron con los requisitos de la usucapión, sin precisar y menos individualizar cuáles las razones que consideran ellos para afirmar lo señalado. La única posición probatoria que arguyen son las declaraciones testificales de cargo, que presuntamente demostrarían la posesión del lote de terreno.

Bajo este argumento cabe hacer la siguiente reflexión: como se dijo, la procedencia de la usucapión está ligada al cumplimiento de la posesión continuada, pacífica y pública durante 10 años, por lo que es pertinente que el que pretende usucapir postule todos aquellos actos que pueden estimarse como posesorios del bien. Es cierto que la prueba de testigos, en el litigio frecuente, se presenta como uno de los medios más terminantes para probar el inicio de la posesión de un bien, que se remonta una década atrás, no obstante, es fundado el escepticismo judicial en torno a la misma, porque las declaracioneslo que hacen es acreditar hechos materiales de la posesión que se hubieran mantenido supuestamente indemnes en sus memorias durante 10 años atrás, por lo que, previo examen en sana crítica, no es suficiente las declaraciones de los testigos para la probanza de la usucapión, sino que en conjunción, deben ser corroboradas con otros medios que acrediten la posesión en su inicio, más aún cuando no se precisa su data de manera exacta y precisa.

En tal caso este fue el criterio del Ad quem al señalar que las atestaciones de cargo afirmaban la idea de posesióny también, inmediatamente, se indicó que los demandantes no demostraron posesión del bien, en tal caso no existía otros elementos que corroboren esa idea de posesión; por otro lado, se observa que los recurrentes para enervar este criterio no acusaron error en la apreciación (error de hecho o de derecho) de la prueba en proceso que es el medio procesal para que este Tribunal aperture su competencia en referencia a una valoración probatoria, sino que se limitaron a criticar de forma intrascendente y ambigua la valoración del Juez Ad quem, incluso, sin pronunciarse sobre la demás pruebas de cargo; por lo que es pertinente enfatizar que los recurrentes no cumplieron con la carga que señala el art. 1283  parágrafo I) del Código Civil que dice: “Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o los hechos que fundamentan su pretensión”.

Asimismo, es de señalar que las consideraciones vertidas por el Ad quem fueron derivadas de la expresión de agravios en apelación, y es por ello que como Tribunal de segunda instancia fue amplio en su explicación a cada una de las supuestas infracciones, lo que de ningún modo permite a los recurrentes acoger ciertas imprecisiones intrascendentes al proceso, dichas de paso en el Auto de Vista, y pretender mediante ellas enervar el fondo de la resolución, menos aún, cuando no fueron denunciadas en el recurso apelatorio, lo que figura per saltum, el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación. Es así, que es intrascendente, que el Auto de Vista señale como requisito de la usucapión extraordinaria el justo título y la buena fe, si es que estos supuestos requisitos no son la base para la desestimación de su pretensión, y en nada afecta a la decisión asumida. Por otro lado, resulta errático reclamar sobre el sistema de valoración de la prueba, que hizo alusión el Auto de Vista; aunque se debe explicar que el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento disponenapreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica; en tal caso se nos remite, a un discernimiento de valoración de prueba, donde se encuentran laspruebas legales o tasadas, denominadas de esa forma en la doctrina, entendiendo que estas tiene un grado de eficacia que la ley le asigna por anticipado, por ello se debe que ante la falta de ésta determinada en ley el Juez debe hacerlo conforme la sana crítica, eso fue lo señalado de manera concreta por el Ad quem;  en cambio, el recurrente de manera forzada, liga tal precepto a loestablecido en el art. 374 del Código Adjetivo Civil, que señala los “Medios Legales de Prueba”, pero con una acepción de legalidad, de lo lícito o permitido en proceso, más no de la prueba legal, como sistema de valoración; por tal motivo es impertinente traer a colación supuestas infracciones sobre la valoración de la prueba, siendo que los Jueces de grado actuaron  en el marco de lo establecido en el art. 1286 del Código Civil y 397 parágrafos I y II de su procedimiento. Asimismo, es insustancial el reclamo de la duda razonable vertida en el Auto de Vista, ya que no existe fundamento sobre ese reclamo que  haya afectado la decisión de fondo, y que tal afirmación contando con cita positiva o no, desmedre los fundamentos de la desestimación de la usucapión, más aun, cuando esa afirmación sólo fue para argumentar la razonabilidad del Juez de instancia, cita que no está reatada indispensablemente a una norma legal, y si ésta aparente fundamentación insuficiente le causaba agravio, debió hacerlo mediante el recurso idóneo de casación en la forma y no en el fondo, como en el caso.

Por último es de indicar, que los Jueces están sometidos a la Constitución Política del Estado y las leyes de su quehacer jurisdiccional, orientando sus actos por los principios que rigen la jurisdicción ordinaria, entre los que está el de legalidad e igualdad de las partes ante el Juez, que  del examen de las decisiones de en grado, no se evidencia el  quebrantamiento de tales principios, como arguye los recurrentes, en supuesta parcialización o discriminación por su condición humilde, en razón que la decisión asumida estuvo enmarcada dentro de lo establecido en el art. 138 del Código Civil y su apreciación probatoria fue concordante con los arts. 1286 del Código Civil y 397 parágrafos I y II de su procedimiento, como se manifestó y explicóa lo largo de la presente Resolución, por lo que, los fundamentos de casación en el fondo no bastan para cambiar el decisorio asumido por los de grado, por lo que conlleva a declararla infundada.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite resolución en la forma determinada por los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fon do de fs. 275 a 279 interpuesto por Apolinar Mamani Choque y Herminia Flores Antonio de Mamani contra el Auto de Vista Nº 017/2013 de 07 de febrero de 2013, cursante de fs. 267 a 272 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.