TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 295/2013

Sucre: 07 de junio 2013

Expediente: SC - 36 13 - S

Partes: Gloria Cesari Guasase. c/ José Lira Mamani.

Proceso: Declaración Judicial de Paternidad.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 187 a 189, interpuesto por José Lira Mamani en contra del Auto de Vista Nº 16 de 13 de febrero 2013 cursante de fs. 180 a 184, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, en el proceso de declaración Judicial de Paternidad seguido por Gloria Cesari Guasase, en contra del recurrente, la concesión de fs. 195, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Sexto de Partido de Familia, dicta la Sentencia Nº 105/2012 de 23 de abril 2012 que cursa de fs. 120 a 121 vlta., declarando probada la demanda declarando la paternidad de José Lira Mamani, por lo que dispone el registro de los menores Franciso y Heydi Josselin teniendo a sus progenitores como José Lira Mamani y Gloria Cesari Guasase, en ejecución de Sentencia.    

Dicho fallo de primera instancia en recurrida de apelación por el demandado,  que fue de conocimiento por la Sala Civil Segunda del tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que emitió el Auto de Vista Nº 16 de 13 de febrero 2013, confirmando la Sentencia apelada y el auto interlocutorio diferido para ese momento procesal, fallo de segunda instancia que a su vez es recurrida de casación en la forma, objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma.-

1.- Señala que la Sentencia hubiera sido dictado  sin competencia, determinado por los arts. 205 y 139 del Código de Procedimiento Civil, señalando que en fecha del 4 de abril de 2012, solicitó la remisión de obrados ante el Juez “superior” en número y en fecha 9 de abril recién se decreta Autos, señala que al haber concluido  el período de prueba en fecha del 27 de abril de 2011 al 9 de abril de 2012 hubieran transcurrido un año, pues el art. 139 del Código de Procedimiento Civil señala que los plazos son perentorios y el art. 90 del mismo cuerpo legal señala que las normas procesales fuera e cumplimiento obligatorio, citando al  doctrinario Hugo Alsina. 

2.- Señala que respecto a la apelación diferida, se ha hecho una errónea e indebida aplicación del art. 378 del Código de Procedimiento Civil en lo que se refiere a la prueba de oficio, al pretender producir de oficio una prueba ofrecida por la demandante, indicando que de fs. 88 de obrados se hubiera planteado incidente de nulidad que al ser rechazado, fue objeto de apelación concedida en el efecto diferido y no resuelta por el operador de justicia de primera instancia.

Sostiene que en cuanto al art. 378 del Código de Procedimiento Civil, señalando a Gonzalo castellanos trigo, refiere la negligencia de las partes no puede ser suplida por el Juez, entendiendo que la prueba pericial de ADN, así ser propuesto por la demandante y no haberla producido en etapa de prueba no podía el Juez suplir esa negligencia de la parte demandante, arguyendo en lo demás teorización sobre la imparcialidad del juzgador.

Para finalidad señala que corresponde a la autoridad jurisdiccional tomar la dirección del proceso conforme a lo normado por el art. 76 de la  Ley 1715 modificado por la Ley 3345 concordante con el art. 87 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo.-

Señala que la demanda ha sido declarada sobre la base de la prueba testifical, con la declaración de tan solo tres testigos, violando de los arts. 207 y 208 del Código de Familia, los que señalaría que la prueba testifical fuera supletoria y se requiere por lo menos cuatro testigos que sean uniformes, concluyente en personas, hechos, tiempos y lugares y solo será admisible cuando haya principio de prueba por escrito emanada por el pretendido padre, por lo que en aplicación   de dicha norma debió haberse declarado improbada la demanda respecto al menor de nombre Francisco. Por no existir plena prueba que acredite su filiación.

Señala que, la Sentencia confirmada por el Auto de Vista,  vulnera también el art. 115 de la Constitución Política del Estado, por lo que solicita se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda respecto al menor de nombre Francisco.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma.-

1.- Respecto a la pérdida de competencia que hubiera incurrido el operador judicial de primera instancia al dictar su Sentencia, constituido como un vicio de procedimiento, sobre el mismo se debe anotar que el Tribunal de Alzada ya hubiera emitido pronunciamiento al respecto en el punto III.3 del Auto de Vista, sin embargo, corresponde reiterar que el art. 208 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “(Pérdida de competencia del juez).- El juez que no hubiere pronunciado la Sentencia dentro del plazo legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al artículo 206, perderá automáticamente su competencia, en el proceso. En este caso remitirá el expediente dentro de las veinticuatro horas al juez suplente llamado por la ley. Será nula cualquier Sentencia que el juez titular dictare con posterioridad”, consiguientemente se dirá que el plazo de los cuarenta días para dictarse la Sentencia debe ser computado desde el momento de dictarse el decreto de  Autos, conforme a la regla contenida en el art. 204 del mencionado cuerpo legal, en la especie se deduce que el decreto de Autos, es dictado el 9 de abril 2012 como consta en la providencia de fs. 119, desde esa fecha se genera un plazo para el operador de justicia de primera instancia precisamente para la emisión de la Sentencia, que es evacuada en fecha del 23 de abril de 2012 como costa de fs. 120 a 121, con la que el demandado es notificado el 17 de agosto de 2012 (fs. 124), esa la forma correcta de computar los plazos procesales, no como señala el recurrente en su recurso de casación que a partir de la clausura del término de prueba debían de haberse producido los alegatos, a las 48 horas del mismo se empezaría a computar el plazo para la emisión de la Sentencia, eso no es correcto.

2.- Señala que respecto a la apelación diferida, se ha hecho una errónea e indebida aplicación del art. 378 del Código de Procedimiento Civil en lo que se refiere a la prueba de oficio, al pretender producir de oficio una prueba ofrecida por la demandante, indicando que de fs. 88 de obrados se hubiera planteado incidente de nulidad que al ser rechazado, fue objeto de apelación concedida en el efecto diferido y no resuelta por el operador de justicia de primera instancia.

Sobre la referida acusación corresponde señalar que de fs. 88 el demando interpone incidente de nulidad de obrados, el mismo que previa contestación es resuelta mediante auto de 16 de diciembre de 2011 (fs. 92), en contra de dicha disposición el recurrente interpone recurso de apelación de fs. 97 a 98, que fue diferida para una eventual apelación de Sentencia mediante decreto de 16 de febrero de 2012 (fs. 108), sin embargo de ello, en el recurso de casación acusa dicha ausencia de pronunciamiento, al efecto corresponde señalar que siendo el recurso de casación un medio extraordinario para impugnar las Resoluciones judiciales, y siendo el recurso de casación en la forma el medio para anular los obrados o retrotraer el procedimiento, la misma debe estar fundamentada de acuerdo a los principios que rigen las nulidades procesales, como son el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto y convalidación, al efecto para que no opere el principio de convalidación debía solicitarse complementación del Auto de Vista recurrido, conforme a la norma prevista en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil y segundo para analizar su viabilidad, correspondía  fundar la misma en base a los principios de finalidad del acto (por el que necesariamente se tenga que anular obrados para sanear algún derecho omitido a las partes en el desarrollo del proceso) y trascendencia (que el acto omitido o vicio de procedimiento sea de magnitud y haya causado evidente perjuicio que solo pudiera sanearse con una anulación de obrados), aspectos no acreditados por el recurrente, por lo que dicha acusación deviene en infundada.

3.- Respecto a la vulneración del art.  378 del Código de Procedimiento Civil, la misma se encuentra redactada en forma de reflexión, en la que no se alude a la existencia de vulneración alguna de  procedimiento, pese a ser reclamada en recurso de apelación, a esta altura del proceso, correspondía fundar cualquier acusación de  norma procesal, en base a los principios que rigen las nulidades procesales, lo que no ha ocurrido en la especie, pues debe entenderse que la nulidad procesal es de última ratio en aplicación del principio procesal de conservación de los actos.

4.- Finalmente, en cuanto a la mención de los arts. 76 de la  Ley 1715 modificado por la Ley 3345, llama la atención la desorbitada acusación de dichas normas en vista de que las mismas resultan ser las que corresponden al Servicio Nacional de Reforma Agraria y su correspondiente modificación, que resultan ser ajenas a la materia objeto de estudio.

En el fondo.-

Señala la violación de los arts. 207 y 208 del Código de Familia,  los que señalaría que la prueba testifical fuera supletoria y se requiere por lo menos cuatro testigos que sean uniformes, concluyente en personas, hechos, tiempos y lugares y solo será admisible cuando haya principio de prueba por escrito emanada por el pretendido padre, por lo que en atención a dichas disposiciones debió haberse declarado improbada la demanda respecto al menor de nombre Francisco, entendiendo por la forma de su redacción que en cuanto a la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho, acusando vulneración del art.  207 del mencionado Código de Familia, más no así respecto a la infracción que acusa respecto al art. 208 del Código que no se encuentra fundamentado. Consecuentemente diremos que el Decreto Ley Nº 14849 (Código de Familia) promulgado el 24 de Agosto de 1.977, en su art. 207 señala lo siguiente: “(Prueba de la paternidad). La paternidad puede declararse con el auxilio de todos los medios de prueba que sean idóneos para establecerla con certeza. En el caso de la prueba testifical serán necesarios cuatro testigos, libres de tacha y excepción, y que sean uniformes, contestes y concluyentes en personas, hechos, tiempos y lugares. Las declaraciones se recibirán en la forma prevista por el artículo 392, bajo responsabilidad del juez y del fiscal”; sin embargo de ello la Constitución Política del Estado vigente desde febrero de 2009 ha incorporado nuevos institutos y disposiciones precisamente en resguardo y protección de los derechos de quienes son considerados como los más vulnerados en la sociedad, tal es el caso del derecho de filiación que tienen los menores respecto a sus progenitores contenido en el acápite intitulado como “DEL DERECHO DE LAS FAMILIAS”, a cuyo efecto citaremos el art. 65 del texto Constitucional que señala lo siguiente: “En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación” (el subrayado y negrillas son nuestros), dicha disposición incorpora una presunción legal, en el ordenamiento jurídico familiar.     

Para orientar el presente fallo corresponde citar a Arturo Alessandri R, Manuel Gomarriva U., y Antonio Vodanovic H., quienes en la obra de Tratado de Derecho Civil señalan: “…que por presunción se entiende como el resultado de una operación lógica, mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega a aceptar otro desconocido o incierto. Las presunciones se basan en el supuesto de que debe ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de ordinario en la mayor parte de los casos en que entran los antecedentes o circunstancias conocidas…”, en criterio de los mencionados autores y como está legislado en la mayoría de los cuerpos legales en materia de prueba diremos que, las presunciones se clasifican en judiciales y presunciones legales, las primeras entendidas como simples o del hombre, son las que establece el Juez, fundado en las circunstancias o antecedentes concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, obviamente que siendo propias del operador de justicia (conjeturas), la ley no las enumera por su carácter infinito; en cambio las presunciones legales pueden ser las propiamente dichas o las de derecho, según admitan o no prueba en  contrario, las primeras consideradas como debatibles (iure et de ire, derecho por derecho que no admite prueba en contrario) y las segundas como perentorias (juris tantum, que admiten prueba en contrario),

Conforme a lo explanado la teoría de las presunciones en materia familiar diremos, que la presunción de filiación en favor de un menor se encuentra contenido en el art. 65 de la Constitución, bajo dos circunstancias, que uno de los padres endilgue a otro la calidad de progenitor y que en contra de dicha acusación, exista rechazo a esa afirmación, esta es una presunción, sin embargo esa calidad de presunción se encuentra calificada por el propio articulado objeto en cuestión, cuando el mismo texto Constitucional, señala  esa presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación, esto implica que dicha presunción será como IURIS TANTUM, o sea que admite prueba en contrario a cargo del que niega la filiación, esta norma es la aplicable al presente caso de Autos, pues en el sub lite de fs. 14 a 15 vlta., se evidencia que Gloria Cesari Guasase, en su condición de madre de los menores Heydi Josselin y Francisco y en favor de los mismos demanda reconocimiento de declaración judicial de paternidad en contra de José Lira Mamani en base a los certificados de nacimiento que cursan en fs. 2 y 3 de obrados, consiguientemente una vez citado el demandado, José Lira Mamani mediante memorial de fs. 25, niega la demanda en todas sus partes, lo que dicha circunstancia llega a constituir una presunción legal, sobre el cual éste se encontraba obligado a producir prueba en contra de dicha presunción, sin embargo, no se evidencia que el demandado hubiera producido medio de prueba alguno en el proceso que desvirtúe la presunción relativa, como se ha manifestado.

Corresponde señalar que el art. 207 del Código de Familia, redactada con anterioridad a la actual Constitución, señala que en aplicación del principio de la carga de la prueba, establecía la obligación para el demandante a forzar la producción de los medios de prueba con el objetivo de demostrar ciertos hipotéticos contenidos en el art. 208 del mismo cuerpo legal, tal es el caso de la prueba de testigos, que con el avance de la tecnología ha sido superado por la prueba pericial del ADN, no obstante el mismo, se debe aclarar que al presente, dicha disposición resulta ser aplicable a los casos en los cuales el demandado se encuentra ausente, razón por la cual no se evidencie la negativa o rechazo a la presunción de filiación o que en casos excepcionales no pueda tomarse la prueba de ADN, ni al propio demandado ni a sus consanguíneos para determinar la filiación de las personas en favor de las cuales se acciona por declaración de paternidad, en el sub lite, existiendo una demanda incoada por la progenitora, y la negativa del demandado, a éste le incumbía la carga de la prueba ante la presunción iuris tantum, con el objeto de probar su aseveración de negar la filiación de los menores, aspecto que no ha ocurrido, por lo que no puede el recurrente fundar error de derecho en la apreciación de las pruebas con la consiguiente infracción del art. 207 del Código Familiar, por no ser aplicable al caso de Autos, como se ha argumentado precedentemente.

El criterio del Juez de primera instancia, por el que ha declarado probada la demanda, radica en haber fundado su razonamiento, en base a la prueba de testigos y de haber convocado a audiencias con el objeto de tomar muestras para la prueba pericial de ADN, sin que el demandado hubiera comparecido, citando al efecto el art. 1320 del Código Civil, la negativa a esa toma por parte del demandado, llega a constituir presunción judicial, sin embargo de lo explanado se debe alegar que con la reforma Constitucional de 2009 se ha generado nuevos derechos en favor de los menores, como es el caso de una presunción legal relativa (iuris tantum) sobre la filiación de los menores y adolescentes, que obviamente admite prueba en contrario a cargo del opositor, aspecto que al no haber sido probada esa oposición por parte del demandado resultaba ser suficiente como para declarar probada la demanda, consiguientemente no se evidencia infracción del art. 207 del Código de Familia.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a la previsión contenida en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los  arts. 271 núm. 1)  y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADOS, los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 187 a 189, interpuesto por José Lira Mamani en contra del Auto de Vista Nº 16 de 13 de febrero 2013 cursante de fs. 180 a 184. Con costas.

Se regula honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo.  Dr. Rómulo Calle Mamani.