TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 293/2013

Sucre: 07 de junio 2013

Expediente: B-13-13-S

Partes: Ponciano Choque Choquevillca y Teodocia Limachi de Choque. c/ María

             del Carmen Tamo Vargas, Mercedes Colque Tamo  y Armando  Hamachi  

             Larico.

Proceso: Mejor derecho propietario y reivindicación, más daños y perjuicios

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 171 a 172 vlta., interpuesto por Maria del Carmen Tamo Vargas contra el Auto de Vista Nº 08/2013 de fecha 25 de enero de 2013, cursante de fs. 168 a 169 vlta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el proceso de mejor derecho propietario y reivindicación, más daños y perjuicios seguido por Ponciano Choque Choquevillca y Teodocia Limachi de Choque contra María del Carmen Tamo Vargas, Mercedes Colque Tamo y Armando Hamachi Larico, la concesión de fs. 181, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez de Partido Mixto de San Borja, Provincia Ballivián, del Departamento del Beni dicta la Sentencia Nº 19/2012 de 01 de junio de 2012, cursante de  fs. 145 a 149, declarando probada en parte la demanda cursante de fs. 28 a 29 y 35 de obrados, de mejor derecho y reivindicación.

Resolución de fondo que es apelada por María del Carmen Tamo Vargas y Mercedes Colque Tamo por escrito de fs. 152 a 153 vlta., y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 08/2013 de 25 de enero de 2013, cursante de fs. 168 a 169 vlta., que confirma totalmente la Sentencia  N° 19/2012; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por María del Carmen Tamo Vargas, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurso presenta  los siguientes puntos de consideración:

Señala que en la Resolución recurrida el Tribunal Ad quem no ha tomado en cuenta, peor aún valorado ni tasado la prueba incurriendo en error de hecho y de derecho en lo siguiente:

La documental de fs. 55, donde se da inicio a un derecho propietario, en la transferencia que realiza la Honorable Alcaldía Municipal de San Borja a favor de Carmen Tamo Vargas, documental que tiene la fuerza probatoria del art. 1296 del Código Civil.

Las documentales de fs. 46, en la que la Unidad de Catastro Urbano realiza un acta de mensura, 11 de septiembre de 2008, donde con precisión se identifica el lote de terreno de María del Carmen Tamo Vargas, en el manzano Nº 061, lote Nº 05.

La documental cursante de fs., 47 consistente en el plano de ubicación del lote de terreno de propiedad de María del Carmen Tamo Vargas, realizados por la Unidad de Catastro, donde nuevamente se puede establecer que el manzano Nº 61, lote Nº5 pertenece a María del Carmen tamo Vargas y demás pruebas testificales que no demuestran la ubicación de dicho terreno pero acredita un derecho propietario.

El informe realizado por personeros de la Honorable AlcaldíaMunicipal con respecto a la ubicación del lote de terreno de María del Carmen Vargas tamo no coinciden los datos y no se pudo demostrar que se trata de un solo terreno, sino que siempre nacieron dos terrenos diferentes, uno que pertenece a Ponciano Choque Choquevillca ubicado en la Urbanización San Antonio, manzano Nº 061, lote Nº 2 y el otro de la recurrente con ubicación en Urbanización San Antonio, manzano Nº61, lote Nº 5; en todas las pruebas del proceso no se pude demostrar que los dos lotes en litigios eran uno solo, pruebas que no fueron valoradas, analizadas y pese a dárseles el valor legal se vulneróporque en ningún momento se demostró que eran las mismas pruebas del mismo lote de terreno, la mismas que al no haber sido valorada y tasada correctamente, se incurre en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba. Por lo que no interpretaron o interpretar erróneamente las pruebas aportadas se quebranta los artículos 1296, 1334 y 1321 del Código Civil y 397, 398, 427 y 404 del Código de procedimiento Civil, incurriendo en la causal establecida en el art. 253 num.,3) del Código de procedimiento Civil.

Finalmente señala que interpone recurso de Casación en el Fondo, que deliberando en el fondo declaren improbada la demanda la demanda de mejor derecho, reivindicación de inmueble.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, previo entrar en análisis del recurso es imprescindible realizar las siguientes precisiones en torno al tratamiento de la prueba en el recurso de casación por las contradicciones conceptuales sobre las cuales se basa el recurso de análisis.

Es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.

En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando ellas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Couture.

En este examen de lo esencial y decisivo de la prueba, cabe la posibilidad de error probatorio por parte de los Jueces de grado, lo que la doctrina denomina error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, cada una con matiz diferente que seguimos a explicar.

Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

Por lo manifestado anteriormente se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253 núm., 3) del Código de Procedimiento Civil, para que el Tribunal de Casación aperture su competencia y realice el examen sobre el error denunciado.

En el caso de análisis, el recurso de casación transita sobre la denuncia de error de hecho y de derecho en la valoración de algunos medios probatorios, aunque en forma desorientada acusa ambos tipos de error en la valoración del mismo elemento de prueba, sin distinguir cuál el yerro cometido por el juzgador de grado para que este Tribunal proporcione el examen preciso y adecuado sobre la prueba de denuncia; que sin embargo de la revisión de las documentales cursantes de fs. 46, 47 y 55, consistente en acta de mensura de lote de terreno, plano demostrativo del mismo y fotocopia simple de la Escritura Pública de transferencia del dominio del inmueble que hace la Honorable Alcaldía Municipal de San Borja a favor de María del Carmen Tamo Vargas, respectivamente,no se observa error de derecho o de hecho en su apreciación, por cuanto los Jueces de grado le otorgaron a cada uno de ellos la valoración que la ley les otorga, sin que su contenido objetivo hubiese sido distorsionado, alterado o cercenado, de ahí que el Juez en Sentencia (punto 5) manifieste que la demandada conforme la documentación es propietaria del lote de terreno Nº8, manzano 06 de la Urbanización San Antonio. Que, sin embargo a ello, como se ha manifestado supra, la Resolución emergió del análisis de todo el conjunto probatorio que decantó como decisivo otros elementos probatorios, que otorgaron la convicción al Juez que el actor tiene mejor derecho propietario que la recurrente. Sin perjuicio de lo indicado, las literales precitadas no fueron acusadas en su valoración en el recurso de apelación, centrando la discusión apelatoria sólo en el informe pericial de fs. 116 a 121, siendo imperioso que esa denuncia sea realizada de forma oportuna ante el Tribunal Ad quem, para que en examen de doble instancia proceda a verificar la existencia del agravio en la valoración de la prueba, por cuanto no es permisible el per saltum, que consiste en saltar las instancias y realizar la denuncia de la infracción llanamente en el recurso de casación.

En relación a la denuncia de hecho y de derecho del informe pericial (fs. 116 a 121 y fs. 126 a 128); la denuncia realizada no puede servir de excusa para pretender una nueva valoración, sino, debe ir enfocada a la existencia o no del error atribuido; en tal sentido, la recurrente no concluye sobre el error que hubiese existido en la valoración de la citada prueba, más bien de forma general acusa error de hecho y de derecho en la apreciación judicial, y por el contrario, en un discordancia con su propio reclamo, atribuye error en la conclusión del medio probatorio (prueba pericial) aduciendo que “en ningún momento se pudo demostrar, que se trataba de un solo terreno, sino que siempre, nacieron dos terrenos diferentes”, sin entender que la acusación sobre el error debe ir en la apreciación que el Juez hizo de ese elemento probatorio, y no sobre el error que supuestamente cometió el perito, que conlleva otro mecanismo procesal conforme el art. 440 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil. Aún a ello, se evidencia que los de grado otorgaron al informe pericial de fs. 116 a 121 y su ratificación de fs. 128 la eficacia probatoria que le asiste el art. 441 del Código adjetivo Civil, otorgando a su contenido conclusivo la aplicación objetiva que merece. En tal razón,  no siendo sustentable los fundamentos que hacen al recurso de casación en el fondo, este es infundado.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 núm., 2) y 273 del  Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 171 a 172 vlta., interpuesto por María del Carmen Tamo Vargas contra el Auto de Vista Nº 08/2013 de fecha 25 de enero de 2013, cursante de fs. 168 a 169 vlta., deobrados, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Sin costas por no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.