TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A     C I V I L

Auto Supremo: 290/2013

Sucre, 07 de junio 2013        

Expediente: O-11-13-S

Partes: María  Asunción  Rojas Ferrufino  y Víctor Agustín Quispe Magne c/

            Franklin Fernando Ayala Medrano

Proceso: Cumplimiento de contrato

Distrito:   Oruro


VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 136 a 137 de obrados interpuesto por Franklin Fernando Ayala Medrano contra el Auto de Vista Nº 006/2013 de 11 de enero 2013, cursante de fs.131 a 133 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de cumplimiento de contrato seguido por María Asunción Rojas Ferrufino y Víctor Agustín Quispe Magne contra el recurrente, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia Nº 142/2012 de 24 de agosto 2012, la Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital declaró probada en parte la demanda de fs. 8 de obrados, y dispuso:

1.- Dar lugar al cumplimiento de la obligación reclamada por la demandante.

2.- Que el demandado Franklin Fernando Ayala Medrano cancele la suma de $us. 51.976,66.- (Cincuenta y un mil novecientos setenta y seis 66/100 Dólares Americanos) a favor de María Asunción Rojas Ferrufino por concepto de intereses emergentes del documento de fecha 2 de marzo 2005 y 25 de febrero 2010.

3.- Que en caso de incumplimiento se ejecutaría conforme dispone el art. 520-I del Código de Procedimiento Civil.

4.- Y declaró improbadas la excepción perentoria de falta de acción y derecho, así como la de extinción de la obligación incoada por el demandado.

Deducida la apelación por Franklin Fernando Ayala Medrano, ésta fue remitida ante el Tribunal Ad quem, instancia que mediante Auto de Vista Nº 006/2013 de 11 de enero 2013 anuló obrados hasta fs. 107 vlta. Inclusive; disponiendo que el Juez A quo, previo al pronunciamiento del decreto de autos y la Sentencia, convoque nuevamente a las partes en litigio a una audiencia de conciliación e instale la misma conforme a derecho.

En conocimiento de la resolución emitida por el Tribunal de Segunda Instancia, el demandado interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Invocando lo previsto en el art. 253 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil señala que el Tribunal Ad quem no ha realizado un análisis correcto a la hora de confirmar la Sentencia por la que se obliga al recurrente al pago de un monto de dinero correspondiente a intereses y que superar al monto del capital devuelto en febrero del 2010, sin tomar en cuenta además que el capital en su integridad fue devuelto a la demandante de quien fue de pleno conocimiento y que en su momento consintió dicho monto como devuelto, conforme dispone el art. 317-I del Código Civil; no habiendo además el Ad quem resuelto los agravios de la apelación.

De otro lado, manifiesta que el Tribunal de Segunda Instancia no debió anular obrados sino declarar improbada la demanda, efectuando previamente a una conciliación por lo que lo resuelto carece de sustento legal.

Por lo que solicita se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de cumplimiento de obligación.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


En reiterados Autos Supremos emitidos tanto por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como el Tribunal Supremo al presente, se ha afirmado que el  recurso de casación previsto por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil tiene trascendental importancia para dar solución a los conflictos procesales; que una vez planteado en contra del Auto de Vista es porque tienen la firme convicción que el Ad quem ha infringido leyes expresas y terminantes por lo que impetran la nulidad o la casación del auto recurrido.  En ese sentido los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, marcan los dos objetivos que persigue el recurso de casación: El primero, busca invalidar una Sentencia o Auto de Vista cuando en ellas se hubiese infringido una ley sustantiva expresa, para que el Tribunal de casación dicte  resolución en el fondo aplicando correctamente la norma  infringida,  a esto la doctrina llama recurso de casación en el FONDO o recurso de casación propiamente dicho, la que se interpone para proteger la defensa del derecho sustantivo que pretende lograr la correcta aplicación de la ley sustantiva en los fallos judiciales. El segundo, busca subsanar los defectos  procesales anulando las resoluciones recurridas cuando se hubiera violado  en su tramitación las formas esenciales del proceso, en este caso estamos frente  a un recurso de casación en la forma o recurso de nulidad propiamente dicho.

Asimismo, compartiendo el criterio de la Ex Corte Suprema de Justicia, también se ha dejado establecido que ante la determinación del Ad quem de anular obrados, sólo puede interponerse recurso de casación en la forma a objeto de que este Tribunal verifique si los motivos por los que el Tribunal de Segunda Instancia ha declarado la nulidad de obrados es correcta o no; no correspondiendo de manera alguna se presente recurso en el fondo; toda vez que el Ad quem no ingresó a resolver sobre el fondo de la litis.

Finalmente, señalar que de conformidad a lo previsto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de casación podrá anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.  En ese sentido, corresponde señalar que es de interés de orden público la función jurisdiccional que cumplen los administradores de justicia y que ésta cumpla con los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, importando que el órgano jurisdiccional someta sus decisiones a las previsiones legales, de tal forma que se asegure al justiciable una resolución efectiva, eficaz y sobre todo oportuna; por lo que cuando un Tribunal decide anular de oficio obrados, debe hacerlo enmarcado en los principios que rige la materia de nulidades y en los previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 30 de la Ley Nº 025; toda vez que en el marco de la nueva Ley del Órgano Judicial especificada en su art. 17 existe un cambio en la concepción de las nulidades, habiéndose superado aquella noción de anular por aspectos de orden formal, pasando al presente a que toda nulidad de oficio necesariamente debe contemplar una afectación al derecho a la defensa, no siendo importante el cumplimiento de las formas procesales ni de la ley procesal en sí misma, sino la garantía a un debido proceso en su componente al derecho a la defensa.

En ese sentido, revisados los antecedentes se tiene que el Ad quem determinó anular obrados hasta fs. 107 vlta. fundamentando que el A quo en estricto cumplimiento a lo previsto en el art. 182 del Código de Procedimiento Civil señaló audiencia de conciliación, sin que exista en obrados el acta por el que se habría llevado a cabo la misma o su suspensión; y, que conforme a lo dispuesto por el art. 119-I y 120-I de la Constitución Política del Estado, la partes en conflicto gozaran de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asistan, como el derecho a ser oídos por una autoridad imparcial; sin embargo el Juez de la causa no  señaló otra audiencia de conciliación  entre las partes; por lo que dispuso se anule obrados con el fin de que antes del decreto de autos el A quo pueda convocar a audiencia de conciliación y se instale la misma.  Es decir que el Tribunal de Segunda Instancia, consideró la omisión de una segunda convocatoria a conciliación entre las partes como causal de nulidad de obrados hasta que esa actuación trascendente dentro del proceso, pueda llevarse a cabo.

Al respecto, debemos señalar que el art. 182 del Código de Procedimiento Civil es claro al manifestar que el Juez hasta antes de la Sentencia podrá llamar a las partes a conciliación y es precisamente esa actuación la que fue efectuada por el Juez A quo, cuando mediante providencia de 26 de julio 2012, conforme consta a fs. 105 de obrados, habiéndose notificado con dicha determinación a las partes según se tiene de las diligencias de notificación de fs. 106; ahora que en obrados no conste el acta de celebración o de suspensión de dicha audiencia, no es un acto procesal que provoque nulidad de obrados hasta que indefectiblemente dicha audiencia de conciliación se lleve a cabo.  En todo caso si el demandante creyó conveniente y pertinente que se señale nueva audiencia de conciliación, estaba en todo su derecho de solicitar al Juez nuevo señalamiento e insistir en que ésta se lleve a cabo pretendiendo resolver o conciliar aquello que es de su interés.  Al presente como se tiene en obrados, luego de la notificación con la audiencia de conciliación señalada, no existe otra actuación que no sea la efectuada por la demandante dos meses después (8 de agosto 2012), cuando impetra se emita Sentencia; de lo que se infiere que ninguna de las partes actuó bajo el principio dispositivo solicitando nueva audiencia de conciliación. 

Que, el Tribunal de Alzada al anular de oficio ha actuado sobre aspectos de forma sin tomar en cuenta que al presente los administradores de justicia debemos, necesariamente, enmarcarnos dentro los nuevos principios que tutelan la jurisdicción ordinaria, no podemos excedernos en hacer que se cumplan formalismos que solo retrasan la determinación de los tribunales de instancia e impiden a los actores conocer de manera efectiva el resultado que esperan.

Por lo anterior mencionado, con la facultad prevista en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo dispuesto en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


       

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 006/2013 de 11 de enero 2013, cursante de fs.131 a 133 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; disponiendo que el Tribunal Ad quem previo sorteo y sin espera de turno resuelva el recurso de apelación interpuesto.


No siendo excusable, se impone multa a los Vocales signatarios, a tal efecto notifíquese con la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.


De conformidad a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran