TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 286/2013

Sucre: 06 de junio 2013

Expediente: CH2713-S

Partes:      José Fernando Martínez Torres representado por José Martínez   Miranda c/ Etelvina Apaza Viuda de Navarro, Vilma Venegas de Navarro, Carlos Navarro Apaza, Cirilo Balcera Vera y María Martínez de Balcera.


Proceso:        Ordinario, Nulidad y consiguiente reivindicación.


Distrito:        Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 733 a 736 interpuesto por José Martínez Miranda en representación de José Fernando Martínez Torres, contra el Auto de Vista Nº SCI-069/2013 de 22 de febrero de 2013 cursante a fs. 724 a 728 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de nulidad y consiguiente reivindicación seguido por el recurrente en representación de José Fernando Martínez Torres, contra  Etelvina Apaza Viuda de Navarro, Vilma Venegas de Navarro, Carlos Navarro Apaza, Cirilo Balcera Vera y María Martínez de Balcera; sin respuesta al recurso; el auto de concesión de fs. 744; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

José Martínez Miranda en representación de su hijo José Fernando Martínez Torres, a fs. 20-21 inicialmente interpone demanda ordinaria de nulidad y consiguiente reivindicación, contra los nombrados supra, persiguiendo la nulidad de la cláusula tercera de la Escritura Pública Nº 250/82 y nulidad total de la Escritura Pública Nº 228/90 de 24 de mayo amparando su pretensión en los arts. 549-3, 489 y 490 del Código Civil, así como la nulidad del trámite de mensura y deslinde y consiguiente reivindicación, demanda que fue subsanada a fs. 40 y ampliada a fs. 81-82 contra Carlos Navarro Apaza por cumplimiento de contrato del 31 de junio de 1999 en base a los arts. 450, 519, 520, 531 y 1453 del Código Civil.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia 17/06 de 19 de enero de 2006 cursante a fs. 513 a 514 y vlta, declaró IMPROBADA la demanda y sus modificaciones; probadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improbada la excepción de falta de legitimación procesal en el demandante, sin lugar a la nulidad de los actos demandados ni a la reivindicación.

En apelación la Sentencia Nº 17/06, interpuesto por José Martínez Miranda en representación de José Fernando Martínez Torres (después de dos nulidades consecutivas de autos de vista), la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº SCI-069/2013 de 22 de febrero de 2013 cursante a fs. 724 a 728 y vlta., confirma totalmente la Sentencia de primera instancia, así como el Auto de fs. 296 y vlta.; en contra del indicado Auto de Vista, el demandante recurre en casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente interpone recurso de casación en el fondo sin especificar las causales previstas en el art. 253 del Código Procedimiento Civil, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

Cuestiona el actuar del apoderado (Juan Eduardo Flores Berríos) indicando que no se encuentra conforme a los límites otorgados en el poder inserto en el Testimonio 250/1982 de fs. 8-33, acusando para ello la violación del art. 811-II del Código Civil.

Afirma que motiva la nulidad no solo de la cláusula tercera sino de toda la Escritura Pública (250/82) conforme al art. 549-1 y 2) del Código Civil, ya que la minuta no debe llevar reconocimiento de firmas y rubricas por no haberse insertado la cláusula sacramental convirtiéndola a documento privado.

Que los otorgantes del poder (Nº 112/80) sólo tenían en propiedad la superficie de 1.000 mts2. y no la que indican en el poder otorgado a Juan Eduardo Flores Berríos.

Que la incursión de la familia Navarro-Venegas al amurallarse a su favor 1.836,80 mts2., benefició a Cirilo Balcera, afectando el terreno de su poder conferente, razón por la cual habría pedido la reivindicación del terreno usurpado, acusando la violación del art. 1453-I del C.C.

Que la Sentencia de interdicto de adquirir la posesión, salva su derecho a la vía ordinaria, mas no a la mensura y deslinde como lo hizo Cirilo Balcera, debiendo anularse este último proceso.

Que el Tribunal erróneamente sostiene que la demanda de cumplimiento de contrato de fs. 63 está previsto en el art 568-I del Código Civil y que según criterio del recurrente, dicho contrato debe cumplirse por efecto de los arts. 526 y 531 del mismo cuerpo legal por haber actuado Carlos Navarro Apaza a nombre propio, acusando la violación de los arts. 519, 520, 526 y 531 del Código Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Estando interpuesto recurso de casación únicamente en el fondo sin especificar las causales del  art. 253 del Código Procedimiento Civil, donde se solicita “casar” el Auto de Vista recurrido; no obstante la deficiencia del recurso, se pasa a considerar el mismo, sin embargo para tener una comprensión cabal de lo demandado por el actor y lo peticionado en el recurso y dar una respuesta al recurrente, se hace necesario remitirse al contenido de la demanda.

En ese entendido diremos que el apoderado del demandante y ahora recurrente, en su demanda de fs. 20-21 con respecto a la nulidad de la cláusula tercera de la Escritura Pública Nº 250/1982 expone de manera confusa como hechos que sustenta su demanda indicando que su poder conferente José Fernando Martínez Torres es propietario de 2.400 mts2. de terreno ubicado en Alto Tucsupaya de la ciudad de Sucre haciendo referencia a la documental de fs. 2-3 donde cursa el Testimonio Nº 736/94 con registro en Derechos Reales y pese a esa circunstancia la familia Navarro-Venegas constituida por los Sres. Etelvina Apaza Viuda de Navarro, Vilma Venegas de Navarro y Carlos Navarro Apaza (colindantes al sur) en forma abusiva y sin orden legal habrían amurallado en su beneficio 1.836,80 mts2., bajo el argumento de que en su escritura indica como colindancia al sur con la avenida abierta por la Alcaldía (calle 15) y que el Sr. Eduardo Flores Berríos (apoderado de los vendedores Alejando Ortega Soto y Gloria Vélez de Ortega) consignó la colindancia sin estar facultado por sus mandantes; en base a esos antecedentes demanda de manera expresa la nulidad de la cláusula tercera de la Escritura Pública Nº 250 de 30 de abril de 1982 por la causal prevista en el art. 549 num. 3) con relación a los arts. 489 y 490 del Código Civil y consiguiente reivindicación de fracciones de terreno indebidamente incursionado por los demandados; además demanda por la misma causal, la nulidad de trámite de mensura y deslinde instaurado por Cirilo Balcera y María de Balcera, al haber sido tramitado sin conocimiento y notificación de su mandante ni de su persona como apoderado.     

Demanda que es ratificada a fs. 40 y vlta., indicando que la pretensión de nulidad de la Escritura Pública Nº 250 radica en la sustitución de la colindancia sur introducida por el apoderado, a su vez ampliada a fs. 81-82 y vlta., contra Carlos Navarro Apaza por cumplimiento de contrato de 31 de junio de 1999 amparando su demanda ampliatoria en los arts. 450, 519, 520, 531 y 1453 del Código Civil y retirando la demanda contra Pablo Caballero Gonzales respecto a la nulidad de la Escritura Pública Nº 228/90 de fs. 37, para finalmente en su recurso de casación pedir la nulidad total de la Escritura Pública de fs. 8-33 (Nº 250/82) y alternativamente el cumplimiento del contrato privado de fs. 63, nulidad de la Escritura de fs. 12 y trámite de mensura y deslinde y reivindicación del terreno usurpado.

Como se podrá advertir, una de las pretensiones principales del actor deducida en su demanda, es la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 250/82 y no así del contrato de transferencia propiamente dicho, sin embargo en su recurso de casación pretende que este Tribunal Supremo disponga directamente la nulidad de toda la Escritura Pública, así como la nulidad de la Escritura Pública que cursa a fs. 12 (Testimonio Nº 315/97) y demás pretensiones que se indican anteriormente.

El actor, al haber demandado la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 250, se hace necesario realizar una elemental distinción entre contrato, minuta, escritura pública, protocolo y testimonio, para luego establecer si corresponde dar mérito o no a dicha pretensión.

En ese entendido y partiendo de la noción general prevista en el art. 450 del Código Civil, diremos que Contrato es el acuerdo de dos o más voluntades con la finalidad de constituir, modificar o extinguir una relación jurídica; es la expresión del negocio jurídico que constituye fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes; dependiendo de la variedad de contratos que existen en el ámbito civil, estos pueden tomar una determinada forma para su perfeccionamiento por exigencia expresa de la ley; en el caso de la compra-venta estamos frente a un contrato consensual por excelencia que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes sin necesidad de otra formalidad.

En tanto que la Minuta, no es más que la constancia escrita entre las partes contratantes que se expresa en documento específico que da cuenta de la existencia del contrato ya realizado, en ella se plasma o consigna de manera literal el acuerdo de voluntades; tiene por objeto constituir prueba de que el contrato en realidad existe generando derechos y obligaciones para las partes; se constituye en la base fundamental de la Escritura Pública.

En cambio la Escritura Pública, es el “documento autorizado con las solemnidades legales por notario competente, a requerimiento de parte e incluidos en el protocolo, y que contiene, revelan o exteriorizan un hecho, acto o negocio jurídico, para su prueba, eficacia y constitución”, definición dada por el autor Argentino I. Neri, en su obra “Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial”. En otras palabras se puede decir que es el documento autorizado con las solemnidades legales por Notario competente, a requerimiento de las partes e incluido en el protocolo, que contiene el acto o negocio jurídico para su plena eficacia o constitución; su elaboración es atribuible exclusivamente al notario. 

En tanto que el Protocolo es el conjunto o colección de documentos matrices u originales debidamente ordenados y encuadernados con los cuales en caso necesario ha de practicarse el cotejo para probar la autenticidad de los documentos que expide el notario; constituye el cuerpo matriz o lugar donde se conservan los documentos originales de las relaciones jurídicas como sinónimo de garantía de perdurabilidad y autenticidad, cuya fe y custodia se encuentra bajo exclusiva responsabilidad del notario. 

Finalmente, diremos que el Testimonio, no es más que una copia fiel que extiende el notario de la Escritura Pública.

De lo señalado anteriormente se puede advertir que, entre contrato propiamente dicho y los diferentes documentos descritos, existen diferencias sustanciales que no pueden ser confundidas a la hora de interponer una demanda, ya que cada uno se origina o llegan a tener existencia propia en distintas instancias o ámbitos de actuación, tal es el caso del contrato como acto jurídico y la minuta como instrumento literal del contrato en el ámbito estrictamente civil, se originan entre las partes contratantes, en tanto que la escritura pública, el testimonio y el protocolo, llegan a adquirir tal calidad en sede administrativa bajo la actuación del notario, de modo que las deficiencias o anormalidades que se presenten en cada uno de ellos, es atribuible a sus respectivos autores, no pudiendo todos ser demandados de nulidad por las mismas causales del art. 549 del Código Civil que están referidas simplemente a los contratos y no a Escrituras Públicas.       

Según la Ley del Notariado del 05 de marzo de 1858 aún vigente, las escrituras no deben contener más cláusulas que las expresadas en la minuta conforme lo establece el art. 23 de dicha Ley, debiendo ser extendidas en los registros sin interrupción y en letra clara, sin dejar espacios en blanco ni intervalos conforme lo exige el art. 24; cuando sea necesario salvar algún aspecto, debe hacérselo mediante “notas o llamadas” que se escribirán al margen y ser firmadas tanto por las partes y los testigos como por el notario, bajo pena de nulidad de tales notas o llamadas y si por su extensión requieren que se pongan al final de la escritura, las mismas al margen de ser firmadas conforme se indica anteriormente, deben ser expresamente aprobadas por las partes, bajo pena de nulidad de dichas notas, tal como previene el art. art. 26 de la Ley Notarial, no estando además permitido entrerrenglonar y/o adicionar en el cuerpo de la Escritura Pública; las palabras que deban adicionarse o borrarse, se pondrán al margen o al final de la escritura, aprobándose de la misma manera que se indica anteriormente, tal como lo establece el art. 28 del mismo cuerpo legal.

Siendo esas las previsiones legales respecto a las Escrituras Públicas, cuya elaboración se encuentra exclusivamente a cargo del notario, quién es responsable de plasmar y dar fe auténtica de los actos jurídicos celebrados por las partes y si dicho funcionario comete irregularidades en esa labor, se hace merecedor a las sanciones que establece la Ley del Notariado y demás leyes en vigencia, no pudiendo constituir esa situación causa de nulidad de la escritura pública, salvo los casos previstos en el art. 26 que está referidos a las “notas o llamadas” con relación al art. 28 del mismo cuerpo legal, aspecto que no se da en el caso presente.

Como se tiene indicado, el actor demandó la nulidad de la cláusula tercera de la Escritura Pública Nº 250 especificando de manera clara la fecha de su elaboración de dicha escritura, siendo la misma que corresponde al 30 de abril de 1982, cuyo Testimonio en fotocopia legalizada judicialmente cursa a fs. 33-36 replicado a fs. 345-348 y 367-370, y no demandó la nulidad del contrato de compra-venta, ni mucho menos la nulidad de la minuta de esa compra venta que correspondería al 13 de enero de 1982, y en función a la pretensión del actor, es que el Juez de la causa en el auto de relación procesal de fs. 200-201 y vlta. en su numeral 8) fijó para el demandante como uno de los puntos de hecho a ser probados, precisamente la nulidad de la cláusula tercera de la indicada Escritura Pública; pues si se demanda la nulidad de la escritura pública, debe demostrarse que el error o deficiencia se encuentra específicamente en la Escritura Pública y no en otros documentos; en ese entendido el actor no cumplió con la carga procesal prevista en el art. 1283.I del Código Civil y 375 num. 1) de su procedimiento en cuanto a demostrar que dicha Escritura Pública se encuentre afectada de nulidad conforme a la Ley del Notariado.

El Juez de la causa al haber declarado improbada la demanda respeto a la pretensión de nulidad de Escritura Pública, decisión confirmada por el Tribunal de Alzada, en el fondo resulta una decisión acertada, aunque lo realizaron con fundamento diferente a lo expresado en el presente Auto Supremo.

Por otra parte, el recurrente cuestionó de manera reiterada a lo largo de todo el proceso la actuación del apoderado (Juan Eduardo Flores Berríos), quién no habría actuado dentro de los límites otorgados en el Testimonio de Poder Nº 112/1980; la indicada persona intervino como apoderado de Alejandro Ortega Soto y Gloria Vélez de Ortega en el contrato de compra-venta del 13 de enero de 1982, cuya Escritura Pública emergente de ese contrato, es precisamente objeto de la presente demanda de nulidad parcial, donde supuestamente el apoderado habría insertado colindancias del terreno hacia el sur no autorizadas por sus mandantes; este aspecto como ya se tiene ampliamente desarrollado, no fue demostrado por parte del actor durante el proceso, es decir no se demostró que esa anormalidad se haya producido específicamente en la Escritura Pública Nº 250 del 30 de abril de 1982.

Sin embargo se debe indicar que del contenido del Testimonio de Poder Nº 112/1980 que se encuentra inserto en la Escritura Pública Nº 250/1982, se evidencia que el indicado apoderado estaba facultado indistintamente junto con Ana María Gonzales para poder vender dos lotes de terreno de 640 mts2. y 1.000 mts2. ubicados en la zona de Alto Tucsuaya de la ciudad de Sucre, ya sea en su totalidad o fracciones y realizar cuanta gestión sea necesaria para el buen éxito del mandato; en mérito a esa facultad el apoderado procedió a vender dichos terrenos en una extensión menor a las indicadas (1.444 mts2.) a favor de Etelvina Apaza de Navaro y Villma Venegas de Navarro de acuerdo a plano elaborado por profesional técnico, consignado en la respectiva minuta de compra venta del 13 de enero de 1982 las dimensiones, límites y colindancias de dichos terrenos.

Sin bien los poderconferentes no establecieron en el poder las colindancias de los terrenos a ser trasferidos, tampoco se encuentran consignadas en sus respectivos documentos de propiedad de fs. 45-50 como falsamente afirma el recurrente, sin embargo el aspecto de los límites y colindancias es inherente a cualquier transferencia de inmueble para que tenga su eficacia registral en Derechos Reales para efectos de su publicidad, siendo por tanto indispensable precisar el inmueble a la hora de realizar su transferencia con la mayor exactitud posible tal como lo exige el art. 6 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y art. 6 de su Decreto Supremo 27957 de 24 de diciembre de 2004 reglamentario de dicha Ley, habida cuenta que según el art. 811 del Código Civil, el mandato no solo comprende las actuaciones expresadas de manera literal en el mismo, sino también aquellos actos necesarios para su efectivo cumplimiento, resultando infundada la violación del art. 811-II del Código Civil que refiere el recurrente. 

El actor expone como hechos fundamentales en su demanda de nulidad parcial de la Escritura Pública, afirmando que existe incursión de parte de la familia Navarro-Venegas, aspecto reclamado a lo largo de todo el proceso, del denominativo de “incursión”, en términos jurídicos debe entenderse como “sobreposición” física de terrenos, sin embargo ese aspecto resulta irrelevante para el caso de autos por las razones ampliamente ya desarrolladas anteriormente en función a la demanda de nulidad parcial de la Escritura Pública que no está demostrada; sin embargo a manera de aclaración corresponde indicar que la sobreposición referida al tratarse de un aspecto netamente técnico, correspondía ser demostrada mediante peritaje durante la estación probatoria, aspecto que tampoco ocurrió en el caso sub lite ya que el actor no ofreció ni produjo ninguna prueba de esa naturaleza durante el proceso, simplemente trató de explicar con dibujos o gráficos realizados por su persona los cuales no tiene ningún valor probatorio.

Al contrario, las demandadas Villma Venegas de Navarro y Etelvina Apaza Vda. de Navarro al momento de interponer excepciones y contestar la demanda, presentaron en calidad de prueba documental el Informe Pericial de fs. 121-122 replicado a fs. 239-240 realizado por el perito nombrado de oficio en el proceso voluntario de mensura y deslinde seguido por el ahora recurrente ante el Juzgado 5º de Instrucción en lo Civil, si bien dicho instrumento no puede ser considerado como informe pericial, sin embargo al encontrarse debidamente legalizado judicialmente, vale como prueba documental, la misma que da cuenta de la existencia de sobreposición entre las propiedades de Pablo Caballero Gonzales y la de José Martínez, descartando la existencia de sobreposición de parte de la familia Navarro-Venegas como falsamente refiere el recurrente; según dicho informe, las últimas personas nombradas habrían comprado sus terrenos tomando como referencia de deslinde el Plano de Loteamiento Aprobado de propiedad de la Federación de Chóferes de Chuquisaca (fs. 130 y 251), es decir posterior a dicho loteamiento; por otra parte, cursa el Informe Pericial de fs. 300-302 realizado en el presente proceso por el perito de la parte demandada, que ratifica lo anteriormente señalado, es decir la existencia de sobreposición de parte de la propiedad del Sr. Pablo Caballero Gonzales en la propiedad del demandante y respecto a esta persona, el apoderado del actor por memorial de fs. 81-82 retiró su demanda de nulidad de Escritura Pública indicando que se encuentra en tratativas de arreglo.

Por otra parte, también cursa en antecedentes del proceso, fotocopia legalizada de la Sentencia dictada por el Juzgado de Sentencia Nº 1 de la ciudad de Sucre, emergente del proceso penal por el delito de despojo seguido por el ahora recurrente en contra de Villma Venegas de Navarro donde esta última fue absuelta mediante Sentencia del 02 de octubre de 2001, proceso que culminó a nivel de la Ex Corte Suprema de Justicia (fs. 141-149) sin que pueda ser revertida dicha Sentencia, donde quedó demostrado que no hubo tal despojo, aspecto que tiene sus efectos jurídicos en el presente proceso respecto a la sobreposición denunciado por el recurrente.

Como se tiene indicado líneas arriba, el apoderado del recurrente pretende en su recurso de casación, la nulidad total de la Escritura Pública Nº 250 por otras causas como es la falta de forma en el documento; al margen de ello pretende también la nulidad de la Escritura Púbica de fs. 12 donde cursa fotocopia legalizada judicialmente de un Testimonio correspondiente a la Escritura Pública Nº 315/97, sin absolutamente haber sometido a controversia durante el proceso ninguna de las dos situaciones indicadas, sin estar además facultado para ello, ya que el Poder Nº 405/2002 solo le faculta demandar la nulidad parcial de la primera escritura de referencia, resultando manifiestamente desatinado el proceder del apoderado, aspecto que se encuentra al margen de la ley sustantiva y de su procedimiento, debiendo en todo caso tener presente lo establecido en el art. 258 num. 3) del Adjetivo Civil.

Respecto a la resolución (Sentencia de fs. 58-60 vlta.) dictada en el proceso interdicto de adquirir la posesión seguido por el ahora demandando Cirilo Balcera, si bien dicha resolución salva los derechos de ambas partes para la vía ordinaria, sin embargo ese aspecto no prohíbe ni impide a ninguna de las partes el intentar buscar la solución de los problemas mediante otros medios legales como son los procesos de mensura y deslinde que en el fondo no define derechos de propiedad, siendo incluso el propio actor quien recurrió a ese tipo de procesos antes de interponer la presente demanda ordinaria, así se evidencia de los antecedentes del proceso (fs. 77,118-120, 215-217).

Respecto a la acción reivindicatoria, al no haberse demostrado la acción principal de la nulidad parcial de la Escritura Pública  No. 250 tantas veces citada y que en el fondo tiene que ver con el derecho de propiedad, ni mucho menos se tiene demostrado de manera individualizada la fracción de terreno que habría perdido el actor y de la cual aparentemente los demandados se habrían apropiado, ya que como se tiene indicado estos últimos según las pruebas aportadas (informe pericial) no se encontrarían en sobreposición en la propiedad del actor; de ello se concluye que la acción reivindicatoria demandada accesoriamente por el actor, como es lógico también queda desestimada, toda vez que no se cumple con el presupuesto legal previsto en el art. 1453 del Código Civil, ya que en el fondo ambas acciones (nulidad y reivindicación) se encuentran estrechamente vinculadas con el derecho de propiedad.

Finalmente, respecto a la demanda ampliatoria de cumplimiento del contrato de fs. 63 intentada por el actor contra Carlos Navarro Apaza y reclamado en casación exigiendo su cumplimiento dentro de los alcances de los arts. 526 y 531 del Código Civil; el indicado documento fue suscrito entre José Martínez Miranda M. en representación de su hijo José Fernando Martínez Torres y por otra parte Carlos Navarro A. en representación de su esposa Villma de Navarro y de su madre Etelvina Viuda. de Navarro, donde Carlos Navarro a título de delimitación de pertenencias aparentemente dispone sin mandato expreso parte de los terrenos de las nombradas señoras (936 mts2. de un total de 1444 mts2.), actuación que según criterio del actor se encontraría dentro de los alcances de las citadas normas legales como promesa de obligación hecha por un tercero.

Al respecto, si se toma en cuenta que la nombrada persona actuó aparentemente en representación de su esposa y de sus madre, correspondía al actor exigir el cumplimiento de dicho contrato a las verdaderas propietarias del inmueble dirigiendo la demanda contra ellas y no contra Carlos Navarro, este último habría actuado simplemente en calidad de “representante” ya que según el art. 805 del Código Civil, el mandato puede ser expreso o tácito, requiriéndose para el caso de enajenar o realizar actos de disposición, de mandato expreso conforme lo exige el art. 810.II y según el art. 467 del mismo cuerpo legal, el contrato celebrado por el representante en nombre del representando en los límites de las facultades conferidas, produce directamente sus efectos sobre el representado; en ese sentido fue resuelta por el Juez de la causa la excepción previa de impersonería en el demandado como así la de falta de acción y derecho en el demandante, decisión confirmada por el Tribunal de Alzada.

De otro lado, si se tratara de una obligación asumida a título personal o a nombre propio como refiere el recurrente, el demandando (Carlos Navarro) no podía haber dispuesto válidamente de patrimonios ajenos, máxime si se toma en cuenta que esa disposición aparentemente sería a título gratuito, requiriéndose en todo caso de poder o mandato expreso conforme lo exige el art. 810.II del Código sustantivo de la materia, aspecto que el apoderado del demandante debió tener presente al momento de firmar dicho documento, quien interviene en calidad de abogado, debiendo además tener presente lo dispuesto en los arts. 655 y 658 del Código Civil en lo referente a disposición de bienes a título gratuito.    

De lo desarrollado y fundamentado se concluye que lo resuelto en Sentencia y en el Auto de Vista SCI-069/13 de fs. 724-728, en el fondo resulta una decisión acertada aunque en algunos aspectos se realizó con otro fundamento diferente a lo expresado en el presente Auto Supremo.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por José Martínez Miranda en representación de José Fernando Martínez Torres, contra el Auto de Vista Nº SCI-069/2013 de 22 de febrero de 2013 cursante a fs. 724 a 728 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Sin costas al no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran