TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A     C I V I L

Auto Supremo: 270/2013

Sucre: 27 de mayo 2013      

Expediente: CB-27-13-S

Partes: Julio  Humberto  Valenzuela  Gonzales,  Martha  Fiorilo   de  Valenzuela

       Empresa Constructora JUVALGO Ltda. c/ Jaime Alfonso Zubieta Flores

   Banco BISA S.A.

Proceso: Resarcimiento por hechos ilícitos,  daños y perjuicios

Distrito:   Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1165 a 1168 interpuesto por Jaime Alfonso Subieta Flores en representación del Banco BISA S.A. y el recurso de casación también en el fondo cursante de fs. 1172 a 1178 presentado por Julio Humberto Valenzuela Gonzales y Martha Fiorilo de Valenzuela, ambos contra el Auto de Vista Nº 157/2012 de 18 de octubre 2012 de fs. 1151 a 1162  pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de resarcimiento por hechos ilícitos y daños y perjuicios seguido por la Empresa JUVALGO contra el Banco BISA S.A., los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia de 14 de noviembre 2006 el Juez Primero de Partido en lo Civil de la Capital, declaró probada en parte la demanda de fs. 23 y probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia e improbada la de falta de acción y derecho opuestas por el banco BISA S.A..  En consecuencia, dispuso que el Banco Bisa S.A. por intermedio de sus personeros  resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Consorcio COINBOL-JUVALGO Ltda. Por los irregulares desembolsos efectuados en la suma de $us.17.000.- y Bs.8.619 a favor de la empresa COINBOL Ltda. Representada por Mario López Prada y Zulema López de López, cuyo monto se averiguará en ejecución de sentencia.

Deducida la apelación por ambas partes, La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 157/2012 de 18 de octubre 2012 confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada.

Ante la determinación adoptada por el Tribunal Ad quem, tanto la empresa demandante JUVALGO Ltda. como el Banco BISA S.A. interpusieron recurso de casación en el fondo, mismos que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Recurso de casación en el fondo presentado por el BANCO BISA S.A.:


Refiere que de conformidad con el art. 984 del Código Civil, teniendo en cuenta que la responsabilidad civil se determina únicamente cuando una persona produce un “daño” a otra, sin embargo en este caso, se tiene que el Juez A quo y el Tribunal de Alzada en su momento, a tiempo de dictar las resoluciones no consideraron que pese a lo irregular de las transferencias de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- dichos montos de dinero fueron reconocidos por el propio Julio Valenzuela Gonzáles en el balance y estados del propio Consorcio COINBOL-JUNALGO, por lo que se tiene que el Banco BISA S.A. no cometió daño alguno contra el indicado consorcio ni tercera persona, por lo que no correspondería que se determine ni califique responsabilidad civil alguna al no existir daño civil que se tenga que reparar.  Es decir que se resolvió el pago de daños y perjuicios sin contar con los requisitos y elementos esenciales para determinar el daño y consiguiente responsabilidad civil, entre ellos se tiene a la conducta antijurídica o incumplimiento contractual desarrollada por el agente comisor del daño, producción de un daño o perjuicio y nexo o vínculo causal; en el caso presente se tiene que los dineros transferidos no fueron a otorgar ventaja alguna al Banco BISA S.A., sino fueron transferidas a favor del consorcio COINBOL-JUVALGO, demostrando con ello que no han sido causantes de daño alguno.

Concluyendo con su recurso solicita que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista y deliberando en el fondo, declara improbada la demanda y probada la excepción de falta de derecho y acción.


Recurso de casación en el fondo presentado por la Empresa JUVALGO Ltda.:


Aludiendo a lo previsto en el art. 253 núm. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, el recurrente:

1.- Acusa la violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal de Alzada no observó que el Juez A quo no cumplió con la obligación de emitir una Sentencia que recaiga sobre las cosas litigadas en la manera en que fueron demandadas; toda vez que ignoró el contenido de la misma, las pruebas presentadas y exoneró al Banco BISA S.A. de la obligación de devolver lo indebidamente dispuesto por dicha entidad bancaria a favor de quien no estaba facultada para ordenar transacción alguna; es decir, que el Tribunal de Alzada se detiene en un análisis del cheque por la suma de $us.25.000.- que fue dispuesto irregularmente en vez de analizar el criterio legal del A quo que fue motivo de apelación, sustentando que dicha actitud ocasionó en los recurrentes daño a su patrimonio y economía, aspecto que fue completamente ignorado.

2.- Refiere asimismo, que la documental de fs. 389, 390, 391, 392, 393 y 394, así como la de fs. 655, 656, 657, 658 y 659, no han sido correctamente valoradas ni por el A quo ni el Tribunal de segunda instancia, prueba con la que se demuestra que en su momento el Banco BISA S.A. ignoró la determinación adoptada por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras respecto a que correspondía la devolución de los tres depósitos que motivaron la presente Litis y sin valorar dicha documental declaró probada en parte la demanda, sin que se restituya a favor de la empresa demandante el depósito por $us. 25.000.-, por lo que consideran que tanto el A quo como el Tribunal de Alzada violaron lo dispuesto en el art. 1296 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitando que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista y se declare probada la demanda en todas sus partes.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Con relación al recurso de casación en el fondo presentado por el Banco BISA S.A.:

El art. 258 del Código de Procedimiento Civil es concreto al señalar que una vez presentado el recurso de casación, éste debe reunir ciertos requisitos, especificados en su núm. 2) que debe citarse con términos concretos, claros y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, además de describir en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en la forma, en el fondo o en ambos.  En el sub lite, si bien no se cita con términos claros cuál la causal por la que se recurre en el fondo y qué leyes fueron violadas o aplicadas falsa o erróneamente, en atención a los nuevos principios que rigen la administración de justicia publicitados en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, rescatando la pretensión del recurrente diremos:

El recurrente hace alusión a que la responsabilidad civil se determina únicamente cuando una persona produce un “daño” a otra y que en el caso que se demanda ni el Juez A quo ni el de Alzada consideraron que las transferencias de  $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- fueron reconocidos por el demandante a tiempo de conocer los mismos en el balance de estados de la sociedad accidental y que por lo tanto no debería determinarse ni calificarse responsabilidad civil alguna al no existir daño civil.  Al respecto se debe realizar las siguientes precisiones:

El art. 984 del Código Civil señala que quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento.

Como hecho ilícito, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, entendemos que son los hechos voluntarios que resultan violatorios a una regla jurídica; de lo que podemos inferir que al realizar una actuación de la que conocemos se ejecuta fuera del ordenamiento jurídico establecido tiene carácter culposo, comprendiendo a la culpabilidad como el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica (Jiménez se Asúa).  En términos generales puede decirse que actúa con culpa quien causa un daño sin propósito de hacerlo, pero obrando con imprudencia o negligentemente o, pudiera añadirse, con infracción de reglamentos.

Siguiendo con Manuel Osorio, el resarcimiento es la reparación o indemnización de daños, males y perjuicios.

Señalado lo anterior, en el caso de autos ni el A quo ni el Ad quem han incurrido en error a tiempo de valorar la prueba en la que consta que las transferencias de las sumas de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- fueron efectuadas por funcionarios del Banco BISA S.A. de manera contraria a la reglamentación y condiciones estipuladas en la actividad bancaria y contrarias a la nota de 29 de febrero 2005 cursante a fs. 52 de obrados por la que Julio Valenzuela González Gerente General del consorcio COINBOL-JUVALGO hace conocer al Banco BISA S.A. que:  “En los cheques siempre deberán figurar las firmas de: Sr. JULIO H. VALENZUELA GONZALES, con C.I. Nº 745018-Cbba, como gerente general; Sra. ZULEMA NORA LOPEZ DE LOPEZ, C.I. 596452 Oru. como administradora y la del Sr. JULIO O. TORREZ GOMEZ ORTEGA, C.I. Nº 753226 Cbb. como director (y/o alternativamente solo en este último caso, la de su esposa, la Sra. YVETTE SANJINEZ DE TORREZ C.I. Nº 218706 L.P) Vale decir que todo cheque debería siempre llevar tres firmas.”;  sin embargo de ello conforme se evidencia de fs. 54, 55 y 56 las transferencias de traspaso de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- de la cuenta del Consorcio COINBOL-JUVALGO fueron transferidas a solicitud de Mario López Prada la primera y de Zulema de López la segunda a la cuenta de la Empresa COINBOL.  Estas transacciones efectuadas sin advertir lo manifestado por el Sr. Julio Valenzuela respecto a la participación de los socios en el manejo de la misma, en su momento ha ocasionado perjuicio en la administración de la economía de la sociedad accidental conformada por COINBOL-JUVALGO, toda vez que al actuar de forma negligente como entidad bancaria sin respetar las exigencias administrativas provocó daño a dicha sociedad accidental, no solamente al ahora demandante, sino que al existir una línea de crédito solicitada y tramitada por el demandante como gerente de JUVALGO, otorgó en calidad de garantía inmuebles y muebles de su propiedad, mismos que en su momento por las desavenencias y abuso de confianza de sus socios que lograron a través del Banco BISA S.A. se vieron afectados al punto de tener que cumplir con sus obligaciones otorgando algunos de sus inmuebles en dación de pago; no existiendo duda en la forma culpable en la que actuó el Banco BISA S.A. los jueces de instancia resolvieron de manera correcta que dicha entidad quede obligada al resarcimiento de daños y perjuicios a favor del consorcio COINBOL-JUVALGO.  Ahora el hecho de que el Sr. Julio Valenzuela Gonzales, conocía de dichos movimientos bancarios como transferencias efectuadas del consorcio conformado a la Empresa COINBOL y que constaron en el informe de balance, es evidente, como también es cierto que a raíz de dichas transferencias  y advertidas las mismas por el demandante, en su momento efectuó las gestiones de orden administrativo correspondientes para poder solicitar al banco BISA S.A. proceda a la restitución de dichas transferencias a la cuenta del consorcio COINBOL-JUVALGO, logrando inclusive la determinación del Intendente General de la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras (Fs. 160-161) por la que instruye a la entidad bancaria reponer las sumas indebidamente canceladas y transferidas en favor de Julio Valenzuela Gonzáles; aspectos que desde un inicio fueron reclamados directamente al Banco y a la entidad fiscalizadora del mismo, así como la acción penal seguida contra sus socios de la que emergió Sentencia condenatoria por abuso de confianza y apropiación indebida.


Con relación al recurso de casación en el fondo presentado por JUVALGO:


Respecto a los dos puntos señalados por el recurrente, mismos que se concentran en señalar que no existió correcta valoración de la prueba de la documental que especifica, por una parte; y, por otra sobre la violación al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse fallado sobre las cosas litigadas en la manera que fueron demandadas; simplemente señalar que de la revisión de antecedentes se evidencia que tanto el A quo como el Tribunal de segunda instancia valoraron la prueba en su integridad conforme dispone el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, habiendo además resuelto sobre todas y cada una de las pretensiones del actor, aunque no señaladas de manera específica, pero sí resueltas de manera general; especificando además que lo que pretenden los demandantes y hacen énfasis en dicho aspecto es el referido a la devolución del cheque de $us. 25.000.- la misma que conforme a la prueba presentada se evidenció que la transacción del cheque fue de conocimiento del Gerente General del consorcio COINBOL-JUVALGO y al igual que las otras dos transacciones bancarias efectuadas si bien éstas no fueron de su beneficio; sin embargo dicho dineros no fueron a parar a las cuentas el Banco BISA S.A. como tal ni beneficiaron a dicha institución bancaria.  Ahora que por dichas circunstancias mencionen los actores que se dañó su economía, mermando la misma y provocando iliquidez para realizar los pagos respectivos del crédito obtenido de la misma entidad bancaria, claramente se ha establecido que dentro la demanda correspondiente será el Banco BISA S.A. y el consorcio COINBOL-JUVALGO que tengan que hacer valer su mejor derecho, por una parte; y, por otra la Sentencia y confirmación de la misma ha dejado establecido que por la negligencia del Banco BISA S.A. se ha producido afectación a sus interés, lo que ha motivado a declarar probada la demanda por daños y perjuicios ante la actuación culposa de dicha entidad financiera; además que conforme consta de fs. 877 a 892 existe Sentencia penal por la que se declara probada la demanda de abuso de confianza y apropiación indebida, condenando a los esposos López-López a una condena de tres años de cárcel y reparación de daños civiles, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.

Por lo anterior corresponde que este Tribunal resuelva conforme prevé los arts. 271 num. 2) y 273 del Adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1165 a 1168 interpuesto por Jaime Alfonso Subieta Flores en representación del Banco BISA S.A. y el recurso de casación también en el fondo cursante de fs. 1172 a 1178 presentado por Julio Humberto Valenzuela Gonzales y Martha Fiorilo de Valenzuela, ambos contra el Auto de Vista Nº 157/2012 de 18 de octubre 2012 de fs. 1151 a 1162  pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  Sin costas por ser ambas partes las que recurren.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran