TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 268/2013

Sucre: 24 de mayo 2013        

Expediente: P-3-13-S

Partes: Juan Carlos  y José Antonio Huary Puerta c/ Luis Alfredo Huary

   Amanda Cristina Flores Pizarroso, Harold Boris Huary Morales  y

   Alfredo Huary  Rea

Proceso: Nulidad   de   contratos   de   transferencias  y escrituras pública   

               cancelación de registros inmobiliarios.

Distrito: Pando

VISTOS: Los recursos  de casación en el fondo de fs. 238 a  241 y 246 a 248, interpuestos por Cristina Amanda Flores Pizarroso y Boris Harold Morales Huary,  impugnando el Auto de Vista Nº 291, de fs. 233 a  235, pronunciado el 21 de diciembre de 2012,  por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el proceso ordinario sobre nulidad de contratos de transferencias y escrituras públicas y cancelación de registros inmobiliarios seguido por Juan Carlos y José Antonio, ambos Huary Puerta en contra de los recurrentes y otros; la respuesta de fs. 251 y vlta., el Auto concesorio de fs. 254 vlta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el  Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Cobija-Pando, en fecha 15 de agosto de 2012,  pronunció la Sentencia  cursante de fs. 195 a 200, declarando probada la demanda de fs. 52 a 57, subsanada a fs. 128 a 130, sin costas. Consiguientemente dispuso: 1.- La nulidad de la Escritura Pública Nº111 de 29 de marzo de 2005, de la Notaria de Fe Pública  a cargo de la Dra. Elizabeth Rocha Alencar; así como de la Escritura Pública No. 714 de 04 de noviembre de 2008, de la Notaría de Fe Pública a cargo de Cielo Ribera Miereles; de la Escritura Pública No. 499 de fecha 22 de agosto de 2006, de la Notaría de Fe Pública a cargo de Cielo Ribera Miereles; de la Escritura Pública No. 751 de 27 de octubre de 2006, de la Notaría de Fe Pública a cargo de  Cielo Ribera Miereles; de la Escritura Pública No. 1205 de 15 de agosto de 2009, de la Notaría de Fe Pública a cargo de María del Carmen Chirinos Cardozo y la Escritura Pública No. 139 de 23 de marzo de 2009, de la Notaría de Fe Pública Cielo Ribera Miereles. 2.- La cancelación en el Registro de Derechos Reales de las Matrículas No. 9.01.1.01.0002936; No. 9.01.1.01.0004311 y No. 9.01.1.01.0007960. 3.- La restitución mutua de lo que las partes hubieren recibido a causa del cumplimiento total o parcial de los contratos. 3.- Que los daños y perjuicios serían averiguados en ejecución de Sentencia y 4.- Se remitan antecedentes al Ministerio Público.

En apelación deducida contra esa Sentencia por los co-demandados Boris Harold Morales Huary y Cristina Amanda Flores Pizarroso, la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Cobija-Pando, el 21 de diciembre de 2012, pronunció el Auto de Vista Nº 291, cursante  de fs. 233 a 235, confirmando la Sentencia apelada, con costas.

Contra dicho Auto de Vista, los co-demandados Cristina Amanda Flores Pizarroso y  Boris Harold  Morales Huary, interpusieron recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Del recurso de casación en el fondo interpuesto por Cristina Amanda Flores Pizarroso:

Señaló que conforme el contenido de la demanda y su memorial de subsanación, los actores demandaron la nulidad de contratos de transferencia y escrituras públicas, basando su acción en el art. 459 del Código Civil, específicamente por faltar en los contratos  el objeto o la forma, como requisito de validez, por faltar en el objeto del contrato, los requisitos señalados por ley y por ilicitud de la causa y del motivo que impulsó a las partes a contratar, sin embargo, el auto que calificó el proceso, determinó como hechos a demostrar, la falta de consentimiento, la falsedad de la firma de Alfredo Huary, la pérdida de memoria del mismo, sin que en ningún momento se haya  hecho referencia a las causales de nulidad demandadas, así como, sin fijar los hechos a demostrar por la parte demandada y que pese a dichas omisiones, el Juez de la causa dicta la Sentencia No. 023 de 15 de agosto de 2012, a través de la cual declara probada la demanda y la consiguiente nulidad de las escrituras públicas, sin que se haya probado la inexistencia de objeto en el contrato, por lo que el Auto de Vista recurrido al haber confirmado dicha Sentencia, sin la debida fundamentación respecto de las causales de la nulidad de un contrato, en este caso de la falta de objeto, cuando el art. 549 del C.C. claramente establece las causales por las que puede ser anulado un contrato, no ha tomado en cuenta que es imposible concebir un contrato sin objeto, por lo que  acusa que el Tribunal Ad quem hubiera incurrido en indebida  y errónea  interpretación del art. 549-1) del Código Civil, puesto que el contrato suscrito entre su persona y Luis Alfredo Huary Puerta, tiene objeto y dicho objeto es la operación que realizaron, es decir, la transferencia del inmueble adquirido por el vendedor como anticipo de legítima, por lo que dicho Tribunal no tomó en cuenta que al no haberse  fijado como hechos a demostrar las causales de nulidad invocadas, principalmente la falta de objeto,  la parte actora nunca probó dichas causales y más por el contrario, la causal establecida como hecho a demostrar por los actores,  consistente en la falta de consentimiento de Luis Alfredo Huary Puerta, conforme al art. 554 del Código Civil, resulta ser una causal de  anulabilidad de contrato y no así de nulidad. Pidiendo se conceda el recurso a fin de que el Tribunal Supremo en aplicación del art. 274 del C.P.C. case el Auto de Vista recurrido y declare improbada la demanda, con costas.

Del recurso de casación en el fondo interpuesto por Boris Harold Morales Huary:

Los Vocales suscribientes del Auto de Vista recurrido, no obstante reconocer que no se había demandado la nulidad de su título de propiedad,  proceden a anular el mismo, con el argumento de que no hubiera existido objeto en el contrato y que por ello las otras transferencias nunca existieron, habiendo los Vocales especulado y caído presa de su irracionalidad, debido  a que el argumento subjetivo que los llevó a declarar la nulidad de su título de propiedad no encuentra sustento en norma legal alguna existente en el País, hecho por el cual, hubieran incumplido con el mandato establecido en los arts. 190 y 192-2) del C.P.C., por carecer de la debida fundamentación.

Alega así mismo, que los Vocales no tuvieron en cuenta que  quien hizo el documento falso y luego se alió  a los demandantes, confesó también que le había hecho colocar la huella digital a su padre, por lo que dicha huella digital no sería falsa, como erróneamente concluyera el Tribunal de Alzada, lo que deviene en falta de consentimiento, que no ha sido demandado en este proceso, es más ni siquiera se señala por qué su título es nulo, solicitando en última instancia se le conceda el recurso interpuesto, a fin de que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista y se declare improbada la acción interpuesta en su contra.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el marco de los recursos de casación interpuestos y de la revisión de antecedentes arrimados al proceso, se establecen  las siguientes conclusiones:

1.-Con relación al recurso de casación  en el fondo interpuesto por Cristina Amanda Flores Pizarroso.

Conforme consta  de la demanda de fs. 52 a 57,  explicada luego a fs. 128 a 130,  Juan Carlos Huary Puerta por sí y en representación de su hermano Luis Alfredo Huary  Puerta, interpone demanda de nulidad de contratos de transferencias y escrituras públicas y cancelación de registros inmobiliarios en contra  de Luis Alfredo Huary Rea, Amanda Cristina Flores Pizarroso y Harold Boris Huary Morales, basando su demanda en el art. 459 del Código Civil, es decir,  por faltar en los contratos  el objeto o la forma, como requisito de validez, por faltar  el objeto en el contrato, los requisitos señalados por ley y por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a contratar; sin embargo, no obstante estar plenamente definidas las causales por las cuales se interpuso la demanda de nulidad, el Juez A-quo califica el proceso y determina como hechos a demostrar, la fusión del predio que pertenecía a los hermanos demandantes con la propiedad de su causante, la  falta de consentimiento de los actores para la formación de las transferencias efectuadas por su hermano, la falsedad de la firma y huella digital de Alfredo Huary y la pérdida de memoria del mismo (ver fs. 140), resolución judicial que no mereciera objeción u observación por ninguna de las partes, principalmente por los actores.

Ahora  bien, dentro de dicho contexto procesal, se tiene que a fs. 38 y vlta. de obrados, cursa fotocopia legalizada del testimonio de Escritura Pública No. 714/2008 de 4 de noviembre de 2008, relativa a la venta de un inmueble de 135,87 M2, efectuada por Luis Alfredo Huary Puerta a favor de la co-demandada Cristina Amanda Flores Pizarroso, constando del Informe de fs. 10, que dicha transferencia quedó registrada bajo la matrícula dominial Nº 3.01.1.02.0000335 (fs. 11), documental que tiene la eficacia probatoria que le asignan los arts. 1289 y 1296 del Código Sustantivo Civil,  cuyo contenido, de ninguna manera puede ser desvirtuado por declaración testifical alguna a mérito de la prohibición estatuida en los arts. 1327 y 1328 del mismo Código.

Por lo que, de conformidad a los fundamentos expuestos por  los demandantes, la nulidad de dicha venta se funda en el supuesto hecho de no haber existido objeto en la misma, por una supuesta falsificación de la firma en el documento de anticipo de legítima a través del cual el co-demandado Luis Alfredo Huary Puerta adquiriera el derecho de propiedad del inmueble transferido, así como por la existencia de ilicitud de la causa y del motivo que llevó a las partes a contratar, siendo así, resulta evidente que tanto el Juez A-quo como el Tribunal Ad quem al haber declarado probada la demanda de nulidad por la causal prevista en el art. 549del Código Civil, con el simple y llano argumento de no haber existido objeto en el contrato por no haber mediado consentimiento del progenitor de los demandantes y de éstos para perfeccionar el contrato de anticipo de legítima, que  diera mérito al contrato de venta suscrito posteriormente con la recurrente y haber concluido también de forma subjetiva que la firma y huella digital del progenitor de los demandantes fue falsificada, por haberse atenido sólo a la declaración de los testigos de cargo y a la confesión del hermano de los actores, también demandado en el presente proceso, no sólo que han aplicado erróneamente el contenido del art. 549 del Código Civil, sino, que también  inobservaron los arts. 1327 y 1328 del Código Sustantivo Civil, que prohíben la  declaración de testigos para acreditar o desvirtuar el contenido de los documentos públicos, además  de no tomar en cuenta que conforme prevé el art. 521 del Código Civil, el contrato de compraventa es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes respecto a la cosa que se transfiere y al precio que se paga por ella. Así como tampoco haber aplicado correctamente la disposición sustantiva contenida en el art. 554 del Código Civil, en el sentido de que la falta de consentimiento como requisito de formación de los contratos, no resulta ser una causal de nulidad de los mismos, sino, de anulabilidad; puesto que la nulidad o invalidez es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo que se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la anulabilidad de un acto jurídico.

A lo dicho precedentemente, se añade el hecho de que el Tribunal de Alzada, concluye que de la confesión brindada por Luis Alfredo Huary Puerta y los documentos de transacción suscritos  por éste con los actores, se establecería la falsedad de las firmas y huellas digitales de Alfredo Huary Gonzáles estampadas en el documento de anticipo de legítima suscrito entre ambos, lo que acarrearía la nulidad de las demás ventas, por no haber existido el consentimiento de éste y los otros hijos para dichas ventas, error in judicando, que no encuentra respaldo en prueba idónea alguna que haya sido ofrecida y producida durante la tramitación del presente proceso, puesto que por  un elemental principio de derecho, nadie puede beneficiarse de su propia culpa y errores, no resultando la confesión un medio idóneo de prueba para demostrar la falsedad de una firma o huella digital, como erróneamente han entendido y concluido tanto el A-quo como el Tribunal Ad quem, sino, puesto que dicha falsedad debieron obligatoriamente ser probados a través de los estudios científicos y técnicos previstos por ley, entre ellos, los peritajes en  dactiloscopia, entre otros, que no han sido ofertados y producidos en la presente causa; aconteciendo lo propio en cuanto a  la acreditación de la pérdida de memoria de un ser humano, que de ninguna manera puede ser acreditada, por simples declaraciones testificales, sino, a través de certificados médicos forenses, emitidos por  profesionales médicos formados en la especialidad y con los que cuenta el Instituto de investigaciones Forenses dependiente de la Fiscalía General del Estado.

2.- Con relación al recurso de casación interpuesto por Boris Harold Morales Huary, el mismo  sostiene que los Vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado, no obstante reconocer que no se había demandado la nulidad de su título de propiedad,  procedieron a anular el mismo, con el argumento de que no hubiera existido objeto en el contrato y que por ello las otras transferencias nunca existieron, habiendo los Vocales especulado y caído presa de su irracionalidad, puesto que el argumento subjetivo que los llevó a declarar la nulidad de su título de propiedad no encuentra sustento en norma legal alguna existente en el País, hecho por el cual, hubieran incumplido con el mandato establecido en los arts. 190 y 192-2) del Código de Procedimiento Civil, por ser contradictorio y  carecer de la debida fundamentación.

Efectuada la revisión de obrados, fundamentalmente de la demanda de fs. 52 a 57, explicada luego a fs. 128 a 130, Juan Carlos Huary Puerta por sí y en representación de su hermano Luis Alfredo Huary Puerta, sólo interpone genéricamente demanda de nulidad de contratos de transferencias y escrituras públicas y cancelación de registros inmobiliarios en contra de Luis Alfredo Huary Rea, Amanda Cristina Flores Pizarroso y Harold Boris Huary Morales, sin señalar, fundamentar y menos solicitar expresamente las causales por las que tendría que decretarse la nulidad del contrato suscrito  entre Alfredo Huari Rea y Boris Harold Morales Huary (escritura pública No. 1205/2010 de fs. 48 a 50); por lo que el argumento vertido por el A-quo, respaldado por el Tribunal Ad quem en el sentido de que la nulidad del anticipo de legítima efectuado a favor Luis Alfredo Huary Rea por su progenitor fallecido, por una supuesta falsificación de firma y huella digital de su progenitor, que supondría la inexistencia de objeto, por falta de consentimiento en su formación, acarrearía la  nulidad de los demás contratos suscritos con posterioridad a éste (contrato de anticipo de legítima), también resulta irracional y desprovisto de toda lógica jurídica, que efectivamente implica el principio de congruencia objetiva contenido en los arts. 190 y 192-2) del Código de Procedimiento Civil, debido a que, no toma en cuenta el mandato contenido en dichas normas procedimentales, relativas a que los Jueces y Tribunales deben pronunciar sus fallos en la medida en que han sido demandado y probados los hechos, sin otorgar más o fuera de lo pedido por las partes (ultra y extra petitum), lo contrario, importa vulneración de derechos y garantías fundamentales, como el derecho a la defensa y debido proceso legal,  protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, que se constituyen en verdaderos límites sustanciales a la discrecionalidad de los Jueces, como evidentemente acontece en el caso de autos, en el que, aparte de no haberse demandado y fundamentado expresamente  la nulidad del título de propiedad del recurrente Boris Harold Morales Huary, de ninguna manera puede declararse nulo el mismo, por defectos que pudiera contener otro título distinto (anticipo de legítima) y mucho menos, si dicho defecto sólo está referido a  una supuesta falta de consentimiento para su formación, que  se encuentra catalogada  por el art. 554 del Código Civil como causal de anulabilidad y no así de nulidad.

Consecuentemente, siendo evidentes las infracciones acusadas por los recurrentes anteriormente nombrados, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271-4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y conforme dispone el art. 41 de la Ley Nº 025 y de conformidad a la SCP-2537/2012 de 14 de diciembre 2012.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 4) y  274 del Código de Procedimiento Civil, CASA  el Auto de Vista Nº 291/2012, de 21 de diciembre de 2012, cursante a fs. 233 a 235 y deliberando en el fondo declara IMPROBADA en todas sus partes la  demanda de nulidad de fs. 52 a 57, aclarada a fs. 128 a 130. Sin responsabilidad, por ser excusable el error.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran.