TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 255/2013

Sucre: 17 de mayo 2013 

Expediente: SC - 26 13 - S

Partes: Blanca Lucia Saucedo Núñez. c/ Robert Vaca Zelaya y Elda Romero Vda.

             de Cortez.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 399 y vlta., (del folio corregido), interpuesto por Elda Romero Vda. de Cortez en contra del Auto de Vista Nº 142, de 21 de septiembre de 2012 cursante de fs. 395 a 397 (del folio rectificado), pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de reivindicación y otros seguido por Blanca Lucia Saucedo Núñez en contra de Robert Vaca Zelaya y la recurrente, la concesión de fs. 415, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial dicta la Sentencia Nº 106/2010 de 6 de diciembre de 2010, que cursa de fs. 311 a 314, declarando probada la demanda de fs. 78 a 79 vlta., de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, interpuesto por Blanca Lucia Saucedo Núñez e improbada la demanda reconvencional de fs. 115 a 116 interpuesto por Robert Vaca Zelaya de usucapión decenal sin costas, disponiendo en su mérito que los demandados hagan la entrega del inmueble signado con el lote Nº 29 manzana 21 de la U.V. 70 a su propietaria, en el plazo de 30 días previo reconocimiento de las mejoras introducidas por los demandados a ser calificado en vía incidental en ejecución de Sentencia.

Dicho fallo de primera instancia es recurrida en apelación por Lisette Selene Juárez en representación de la demandante, Robert Vaca Zelaya, y Elda Romero Vda. de Cortez, que fueron objeto de conocimiento por parte de la Sala Civil Segunda, que emitió el Auto de Vista de 12 de noviembre de 2011 que cursa en fs. 362 y vlta., que a  su vez fue recurrida de casación por la co demandada, motivo por el cual este Tribunal emite el Auto Supremo Nº 166 de  22 de junio de 2012, disponiendo que la Sala Civil Segunda dicte nuevo fallo en atención del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se dicta el Auto de Vista Nº 142 que cursa en fs. 395 a 397 (folio corregido), que a su vez es recurrida de casación en la forma, objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Refiere que la actora contradictoriamente demanda reivindicación, desocupación y entrega más acción negatoria, sin embargo el Juez no se hubiera pronunciado sobre la acción negatoria y que al momento de recurrir de apelación se hizo notar esa causal de nulidad, con lo que se hubiera vulnerado los arts. 254 inc. 5) y 252 del Código de procedimiento Civil, aspecto que no ha sido saneado por el Tribunal de Alzada que corresponde ser saneado por el Tribunal de casación.

2.- Arguye que la obligación de saneamiento procesal solo corresponde a los Jueces A quo, sino a los Jueces de Alzada, como señala la disposición especial segunda de la ley Nº 1760, pues en la presente causa se ha incurrido en la  infracción contenida en el art. 131 de la Ley  Nº 2028 de Municipalidades,  que no fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Alzada, infringiendo el art. 254 núm. 7) del Código de Procedimiento Civil, sobre la misma sostiene que de fs. 195 se ha notificado con la demanda de usucapión a un funcionario subalterno del Gobierno Municipal, que la ley prescribe que fuera citación y no notificación, por lo que señala haberse infringido el art. 127 y 128 del Código de Procedimiento Civil, y cita el Auto Supremo Nº 4 de 1 de febrero de 2005.

Por lo que solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- En cuanto al reclamo de que la “acción negatoria” contenida en el tenor de la demanda de su contraparte no hubiera merecido pronunciamiento en la Sentencia de primera instancia se dirá que el Auto de Vista Nº 142/2012 recurrido, anula los obrados hasta la Sentencia, lo que implica que el vicio de una Sentencia pronunciada infra petita acusada por la demandada, hubiera desaparecido, por lo que no existiría razón para impugnar dicho fallo, pues la Resolución de Vista anula la Sentencia de primera instancia, consecuentemente se dirá que no puede considerarse como infracción o vulneración de normativa alguna en contra de la recurrente de modo alguno en vista de que el presunto acto viciado de nulidad, ya ha sido anulado por el Auto de Vista recurrido, razón por la que no se advierte infracción o vulneración alguna, en razón de que al anularse la Resolución en que la recurrente alega infracción de norma adjetiva ha desaparecido, por lo que dicha infracción se torna en infundada.

2.- El segundo vicio de nulidad que denuncia la recurrente, pasa a ser considerada en sentido de que acusa error in procedente anterior al acto anulado, como es la Sentencia emitida dentro de Autos, el mismo radica en que el Tribunal de Alzada no hubiera saneado el proceso, que también en esta instancia casacional se reclama la infracción del art. 131 de la ley de Municipalidades, cuyo texto es el siguiente: “(Proceso de usucapión). En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses Municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad. No procederá la usucapión de bienes de propiedad Municipal o del Estado” al respecto se deberá señalar que cuando se debe analizar un vicio de procedimiento, el mismo debe ser evaluado en base a los principios que orientan las nulidades procesales, como el de especificidad, transcendencia, finalidad del acto y convalidación, respecto al primero de ellos, se indicará que resulta evidente que el art. 131 de la ley Nº 2028, señala que la falta de citación al ente Municipal con una demanda de usucapión constituye un vicio de nulidad, por lo que el principio de especificidad en cierta manera quedaría justificado.

Sin embargo del principio de especificidad se debe analizar una nulidad procesal en base a los otros principios, como el de finalidad del acto, aplicable a la presente controversia, para ello se debe recurrir al aporte doctrinario de  Lino Enrique Palacio que  en su obra Derecho Procesal Civil tomo IV página 145, señala: “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto”, por lo que se entiende que, no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada, consecuentemente se dirá que el objeto del art. 131 de la mencionada Ley de Municipalidades, es precisamente para que el Municipio, pueda asumir defensa y demostrar que el bien objeto de la usucapión constituye bien Municipal, para los efectos de precautelar la propiedad de dominio público, aspecto que, de constatar que se trata de un bien Municipal o que no se tenga la certeza de que la calidad del bien, sea de dominio público o privado, ciertamente hubiera ameritado nulidad procesal, en vista de no haberse dado cumplimiento a dicha disposición, empero, para la presente controversia se debe tomar en cuenta los antecedentes  que constan en el proceso como los planos de fs. 36 y fs. 145 consistente en plano de ubicación del inmueble, que acreditan que el objeto de la litis de usucapión tiene el uso de suelo para vivienda, el mismo que es  acreditado con la certificación de uso de suelo de fs. 24 y los comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble de fs. 16 a 23, que acreditan que el inmueble objeto de la reconvención fuera propiedad privada, documentación que concuerda con los documentos de fs. 164 a 166 que acreditan también el carácter de propiedad privada del inmueble litigado, por lo que ante la suficiente documentación emitida por el ente Municipal que acredita que el inmueble fuera consignado como propiedad privada, resultando que una nulidad procesal en la especie, resultaría ser innecesaria en vista de los documentos emitidos por el ente Municipal, que refieren la calidad de propiedad privada del objeto de la litis.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a la previsión contenida en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 núm. 1)  y 273  del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma de fs. 399 y vlta., (del folio corregido), interpuesto por Elda Romero Vda. de Cortez en contra del Auto de Vista Nº 142, de 21 de septiembre de 2012. Con costas.

Se regula honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.