TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 251/2013

Sucre: 17 de mayo 2013

Expediente: CB-33-13-S

Partes: María Gloria Beatriz, María del Rosario y Cesar Renato todos de               Apellidos  Argandoña Barrientos. c/ María Renee Barrientos de Cortez

Proceso: Rendición de Cuentas

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación de fs. 331 a 333 vlta.,  interpuesto por Luis Fernando Campos Campos en representación de María Renee Barrientos de Cortez  contra el Auto de Vista de fecha 07 de noviembre de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cursante de fs. 325 a 327 vlta., en el proceso de Rendición de Cuentas seguido por María Gloria Beatriz , María del Rosario y Cesar Renato  todos de apellidos Argandoña Barrientos contra María Renee Barrientos de Cortez, la concesión de fs.336, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la Capital dicta la Sentencia de fecha 20 de agosto de 2008, cursante de fs. 296 a 302 declarando probada la demanda de fs. 6 a 7, ratificada de fs. 54 a 55 e improbada las excepciones opuestas de fs. 91 a 94. En consecuencia ordena que la demandada rinda cuentas documentada a los demandantes herederos de la Sra. Elena Barrientos Ortuño, de la gestión del mandato y su administración desde que otorgado el poder hasta la muerte de la mandante, respecto a todos sus bienes muebles e inmuebles y en especial de las ventas que hizo en uso del poder.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación por María Renee Barrientos de Cortez por medio de su apoderado, por memorial de fs. 308 a 311, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de fecha 07 de noviembre de 2012, cursante de fs. 325 a 327 vlta., que confirma la Sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por escrito de fs. 331 a 333 vlta., de obrados, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

Del Recurso de Casación en la forma:

Señala que se ha denunciado que la Sentencia dictada es ultra petita, aspecto que no fue resuelto por el Tribunal de Alzada, pues no existe pronunciamiento sobre este aspecto esencial planteado en casación. Indica que en la parte considerativa de la Sentencia, manifiesta el hecho de que su mandante haya ejercido un mandato otorgado la hace pasible a rendir y abonar todo cuanto hubiere recibido a causa de su mandato; pues esa pretensión nunca fue deducida  por la parte demandante siendo por tanto ultrapetita.

Del recurso de Casación en el Fondo:

Expresa que el Auto de Vista en su parte considerativa efectúa una especulación altamente subjetiva al referirse al tiempo en que se habrían efectuado las transferencias de los bienes de la de cujus Elena Barrientos Ortuño, que fuese a pocos meses o semanas antes de su deceso, manejando éste argumento como sustento para la Resolución, conlleva un aplicación indebida de la ley conforme señala el art. 253 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Acusa que convierte en ilegal al Auto de Vista  atribuirle la calidad de escrita a la rendición de cuentas cuando la norma positiva no establece que necesariamente tenga que ser escrita sino más bien que debe ser clara, lo que se ha comprobado con las escrituras adjuntas al proceso.

Señala que el art. 817 parágrafo 1 del Código Civil, encierra la premisa de obligatoriedad a la que se encuentra sometido el mandatario respecto a sus actos de gestión, información que fue proporcionada a la mandante, circunstancia que exonera de rendir cuentas a personas ajenas. Por otra parte los bienes que eran de propiedad de Elena Barrientos Ortuño fueron transferidos en vida de ésta, razón por la cual la obligación de rendir cuentas no corresponde en este caso porque las transacciones que se realizaron son la plena expresión y cuenta que quería ella mientras se encontraba en vida.

Indica que durante la tramitación del proceso se han adjuntado copias legalizadas de todos los actos y transferencias efectuadas lo que demuestra incuestionablemente que la gestión y rendición de los actos de su mandante fueron efectuadas en vida, prueba que no fue tomada en cuenta incurriendo en error.

Expresa que con todas esas apreciaciones se puede inferir que los demandantes no tienen derecho a exigir una rendición de cuentas que ya fue rendida en momento oportuno y al titular del derecho que origina, porque esa era la única persona a quien tenía que rendir cuentas.

Finalmente pide remitir antecedentes ante el Tribunal Supremo para que dicte Auto Supremo de casación y deliberando en el fondo determine la improcedencia de la rendición de cuentas  o en su defecto dicte Auto Supremo de nulidad por existir actividad procesal defectuosa.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Del Recurso de Casación en la Forma:

La denuncia versa sobre incongruencia negativa del Auto de Vista, por no haberse dado respuesta a un agravio de apelación, relacionado a lo ultra petita de la Sentencia; a lo cual se debe señalar que dicha infracción denunciada no es evidente puesto que el Auto de Vista, en su Considerando II, empieza otorgando esa respuesta al señalar que “Es evidente, como señala el A quo, que el mandatario está obligado a rendir cuentas al mandante y abonarle todo cuanto haya recibido a causa del mandato, tal cual determina el artículo 817 del CC….”; ahora bien, dicha respuesta emerge de lo preceptuado en la norma citada, obligación del mandatario, por lo que la referencia en la parte considerativa de la Sentencia debe ser entendida como fruto de ese análisis, que de ningún modo la torna en ultrapetita por lo puntual que es en su parte resolutiva. Por lo que el recurso de Casación en la Forma deviene en infundado.

Del Recurso de Casación en el Fondo:

Conforme los términos del recurso, previo a otorgar respuesta puntual, se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

La rendición de cuentas es una acción que permite conocer el estado de situación  de una administración, negocio o mandato; rendición que se activa como derecho del mandante y la obligación del mandatario, conforme señala el art. 687 del Código de Procedimiento Civil: “Todo el que administre o gestionare negocios ajenos estará obligado a rendir cuentas de su gestión”, concordante con el art. 817 del Código Civil que señala la obligación del mandatario de informar sobre su actuación, además de la obligación a rendir cuentas al mandante y abonarle todo cuanto haya recibido a causa del mandato, aún cuando lo que haya recibido no se debiera al mandato; obligación que no puede sustraerse y debe ser presentado en términos claros y precisos, acompañado de toda la documentación pertinente conforme exige el art. 689 del Código Adjetivo Civil.

En éste marco, es pertinente señalar que la norma no exige de manera precisa la forma en como debe ser presentada la rendición de cuentas, sin embargo, conforme señala el art. 805 parágrafo II del Código Civil que permite la otorgación de mandato de forma verbal, por analogía, es pausible que ésta rendición sea también de forma verbal, claro esta, aceptada de esa manera por el mandante,  sin que ello desvirtúe que deba hacerse en términos claros y precisos acompañada de la documentación pertinente, como norma el citado art. 689 del Código Adjetivo Civil. Sin atenuar lo inferido, se debe tener presente, que al realizarse una rendición verbal  la  acreditación de ese acto debe ser conforme las reglas que rigen a las pruebas del derecho común, en tal caso resulta ineficaz la prueba de testigos conforme señala el art. 1328 par. I del Código Civil que expresa que la prueba testifical no se admite para acreditar la existencia ni la extinción de una obligación, cuando el valor de ella exceda el límite de las acciones minima cuantía determinada por la Ley de Organización Judicial.

En el caso de análisis, se denuncia que el Auto de Vista efectúa una especulación altamente sugestiva al referirse al tiempo en que se realizaron las transferencias de los bienes; a lo cual éste Tribunal no considera que exista especulación en relación a las fechas de las transferencias, que conforme las literales de fs. 218 a 232 se evidencia que las transferencias mencionadas fueron cercanas al deceso de Elena Barrientos Ortuño de Grcina, por lo que está relación de tiempo, de naturaleza exacta, no es susceptible de interpretaciones sugestivas como la recurrente arguye, aún a ello, no se encuentra en la denuncia la violación de norma sustantiva que el Ad quem hubiese incurrido.

Respecto a la forma de presentación de la rendición de cuentas; si bien es cierto que la norma no especifica la forma en como debe realizarse, y aquí es asequible el análisis supra, que por analogía del art. 805 parágrafo II del Código Civil, puede ser de forma verbal, sin embargo a ello, si la demandada afirma que realizó la rendición de cuentas en vida de la mandante de forma verbal, ésta debió acreditar tal  extremo mediante prueba idónea, conforme las reglas que hacen a la materia, es decir, por los medios probatorios idóneos excepto por prueba testifical que no es admisible para acreditar la extinción de una obligación conforme los términos del art. 1328 parágrafo I del Código Sustantivo Civil.

En ese mismo sentido, se debe señalar que es cierto que todos los bienes de Elena Barrientos Ortuño de Grcina, conforme la documentación adjunta, fueron transferidos en vida de la misma, empero, los contratos por los cuales fueron trasmitidos los bienes no fueron suscritos personalmente por la causante de los actores, sino por medio de la mandataria, ahora recurrente, por lo que respecto a los actos realizados en ejercicio del mandato deben estar sujetos a una rendición de cuentas, y que no habiéndose acreditado que esa rendición fue otorgada en vida de la mandante, es perfectamente admisible que los herederos legales accionen está vía para que la mandataria cumpla con la obligación omitida.

Por lo analizado, se concluye que la decisión asumida por el Ad quem es pertinente, y que no existe fundamento en el recurso de casación que pueda enervar dicho decisorio, por lo que deviene que se declare infundado.

Por lo expuesto, éste Tribunal de Casación, emite Resolución determinada por los arts. 271 núm.  2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, ambos recursos, interpuesto por Luis Fernando Campos Campos en representación de María Renee Barrientos de Cortez  contra el Auto de Vista de fecha 07 de noviembre de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cursante de fs. 325 a 327 vlta. Sin costas por no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr.  Rómulo Calle Mamani.