TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 245/2013

Sucre: 16 de mayo 2013

Expediente: CB 36 13 S

Partes: Juany Siles Coca, Teófila Vidal de Ovando, Andrés Vidal Arévalo. c/ José

             Eliodoro  Vidal Arévalo, Albina Marzana, Ana María Vidal Santa Cruz.

Proceso: Nulidad de documentos  

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 520 a 529 interpuesto por José Eliodoro Vidal Arévalo, Ana María Vidal Santa Cruz y Albina Marzana de Vidal, contra el Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2012  cursante de fs. 511 a 515 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de documentos seguido por Juany Siles Coca, Teófila Vidal de Ovando, Andrés Vidal Arévalo contra los recurrentes; la respuesta al recurso de fs. 533 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 535; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Juany Siles Coca, de fs. 16 a 17 y vlta. interpone demanda ordinaria de nulidad de documentos consistente en el Poder Nº 209/2000 y Escrituras Públicas de transferencias Nº 491/2002 y 606/2002 debidamente registradas en Derechos Reales., demanda que lo dirige contra José Eliodoro Vidal, Albina Marzana de Vidal y Ana María Vidal Santa Cruz, de cuyo contenido se resume los siguiente: indica que es hija y única heredera de Andrés Siles Gonzales, esposo de Felicidad Vidal Encinas y que su tía Albina Marzana de Vidal en base al Poder 209/2000 supuestamente otorgado por la esposa de su fallecido padre, procedió a vender de manera ficticia a sus tíos (de la demandante) José Eliodoro Vidal (esposo de la apoderada) y Ana María Vidal Santa Cruz, los inmuebles de 518,52  mts. 2 ubicado en el pasaje Zoológico y el otro inmueble de 327 mts., 2 ubicado en Av. Tadeo Haenke que le pertenecían en vida al padre de la actora, ventas que fueron realizadas por el precio total de Bs. 615.000 y que las mismas resultarían ficticias o simuladas, simplemente lo realizaron con el fin de perjudicar a su persona, sustentando su demanda en los arts., 549 numerales 3 y 5), 592, 1295 y 1299 del Código Civil, demanda a la cual y antes de su admisión se adhieren Andrés Vidal Arévalo y Teófila Vidal de Ovando y posteriormente, la primera demandante Juany Siles y Andrés Vidal Arévalo desisten de la acción y del derecho quedando excluidos del proceso (fs. 165, 168 y 169) continuando con la demanda únicamente Teófila Vidal de Ovando y posteriormente interviene el Sr. Nilo Vidal Boheme en calidad de tercero coadyuvante, tal como consta de fs. 179.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 06 de febrero de 2009 cursante de fs. 471 a 485, declaró probada en parte la demanda de fs. 22 de Teófila Vidal de Ovando con relación a la demanda adherido de fs. 16 a 17; probada la tercería coadyuvante de Nilo Vidal Boheme de fs. 179; improbada la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios y las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, opuestas por los demandados, disponiendo la nulidad de las transferencias contenidas en las escrituras públicas Nº 491/2002 registrada en DD.RR. bajo la matrícula 3011010000010 y escritura pública Nº 606/2002 con matrícula 3011990000233, sin lugar a la nulidad del Poder.

En apelación la Sentencia de fecha 06 de febrero de 2009, interpuesto por los demandados José Eliodoro Vidal Arévalo, Albina Marzana de Vidal y Ana María Vidal Santa Cruz , la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2012 cursante a fs. 511 a 515 y vlta., confirma la Sentencia apelada con costas;  en contra de esta Resolución de segunda instancia, los indicados demandados, recurren en casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes interponen recurso de casación en la forma y en el fondo por las causales del art. 254 num. 4) y art. 253 numerales 1-2-3) del Código de Procedimiento Civil, con argumentos reiterados y entremezclados, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

1.- En la forma, indican que existe una manifiesta intencionalidad de los Jueces de grado de fallar y decidir sin que exista una correcta acción de nulidad y/o anulabilidad planteada por los demandantes conforme a lo establecido en el art. 327 del Código Civil.

Refieren que el Tribunal Ad quem comete un grave error de fundamentar su decisión en una demanda expresamente desistida, demanda que ha sido sostenida únicamente por Teófila Vidal de Ovando quien no ha demandado la nulidad por simulación.

Que, el Tribunal de Alzada no ha cumplido con el deber de resolver la argumentación establecida en el recurso de apelación en el punto 1.2 y por el contrario ingreso a fallar en base a una incompleta, anómala y errónea demanda de nulidad, concediendo más de lo pedido o sin pronunciarse sobre alguna pretensión, lo que determina la nulidad tanto de la Sentencia de primera instancia como del Auto recurrido.

2.- En el fondo; piden se tome en cuenta su memorial de alegatos en conclusiones de fs. 461, donde indican que realizaron un resumen de las pruebas aportadas por los demandantes.

Acusan la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 190, 192, 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil. y arts. 1289, 1297 y 1320 del Código Civil.

Vuelven a reiterar indicando que la demanda incoada por Juany Siles Coca fue desistida de la acción y del derecho y la única demandante es Teófila Vidal de Ovando quien no ha cumplido con la obligación de probar los hechos fácticos de su demanda, sin embargo en el Auto de Vista se llega a deducir la decisión de la causa en base a supuestas presunciones,, aspecto que no sería aplicable al presente caso.

Que, existe error de hecho y de derecho en cuanto a la consideración de la nulidad, nulidad por simulación y la anulabilidad, que son instituciones jurídicas independientes y que el Tribunal de Alzada erróneamente aplica el principio jurídico de “in iura nobit curia”, cuando la base jurisdiccional sobre la cual se toma la decisión en Sentencia es la demanda, no pudiendo el juzgador, complementar, aumentar ni mejorar los hechos ni menos la fundamentación jurídica.

Acusan error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, citando para el efecto el art. 1320 del Código Civil.

Que, no existe en el proceso prueba alguna que indique indiciariamente que el precio de las ventas no se hubiera cancelado como afirma el Tribunal de Alzada.

No se toma en cuenta las declaraciones de los co-demandantes que reconocieron derecho propietario a favor de los adquirentes al momento del desistimiento del proceso, tampoco se toma en cuenta las declaraciones de Maura Vidal Arévalo y Andrés Vidal Arévalo (fs. 431 a 432).

Refieren que existe error de hecho y de derecho en cuanto al supuesto beneficio de ganancialidad del 50% a favor de la vendedora Albina Marzana, sin considerar y analizar el documento de declaración de derechos patrimoniales de fs. 401 a 403 y que tal supuesta ganancialidad ha sido eliminada por la expresa declaración contenida en dicha documental.

Con tales argumentos concluyen indicando que el Tribunal Supremo de Justicia  CASE y o ANULE  el Auto de Vista recurrido y la Sentencia dictada en primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Los recurrentes en su ampuloso memorial de fs. 520 a 529 interponen recurso de casación en la forma y en el fondo por las causales de los arts. 254 num. 4) y art. 253 numerales 1-2-3) del Código de Procedimiento Civil, y si bien dichos recursos fueron interpuestos de manera diferenciada, sin embargo son confusos y contienen argumentos entremezclados que se encuentran reiterados en uno y otro recurso; no obstante esa deficiencia, se pasa a considerar los mismos en el orden como fueron planteados. 

I.- Recurso en la forma: 

Los recurrentes indican que el Tribunal de Alzada no han cumplido con el deber de resolver la argumentación establecida en el punto 1.2 del memorial de recurso de apelación y por el contrario ingreso a fallar en base a una incompleta, anómala y errónea demanda de nulidad, concediendo más de lo pedido o sin pronunciarse sobre alguna pretensión, indicando que ese aspecto determinaría la nulidad tanto de la Sentencia primera instancia como del Auto de Vista recurrido; al respecto corresponde dejar establecido que Juany Siles Coca de fs. 16 a 17 inicialmente interpuso demanda de nulidad de documentos en contra de los hoy recurrentes, amparándose entre otras normas jurídicas, en el art. 549 del Código Civil numerales 3 y 5),  exponiendo como parte de sus argumentos que se tratan de ventas fictas o simuladas, aunque posteriormente de fs. 168 hizo desistimiento expreso tanto de la acción como del derecho, admitiéndose el desistimiento por Auto de fs. 169, ese desistimiento es únicamente con respecto a la pretensión de su persona sin comprometer ni afectar los derechos de los demás demandantes.

Por otra parte también se tiene que Teófila Vidal Arévalo de Ovando y Andrés Vidal Arévalo (hermanos de Felicidad Vidal Encinas), antes de la admisión de la demanda de Juany Siles Coca, de fs. 22 a 23 se apersonaron también demandando la nulidad de las mismas transferencias que fueron realizadas por los demandados, adhiriéndose además a la demanda interpuesta por su antecesora en todo su contenido, no otra cosa significa cuando afirman que se apersonan a objeto de seguir el proceso de nulidad de ventas iniciado por Juany Siles, exponiendo como hechos que se tratan de ventas fictas y simuladas, pidiendo la citación a los demandados con su demanda ampliatoria, misma que es admitida por el Juez de la causa en calidad de co-demandantes, tal como se evidencia de fs. 24, aunque posteriormente el Sr. Andrés Vidal Arévalo también desistió de su demanda, continuando únicamente la Sra. Teófila Vidal Arévalo y durante el proceso se apersona también el Sr. Nilo Vidal Boheme en calidad de tercero coadyuvante, en ese sentido fue resuelta la causa en Sentencia por el Juez de primera instancia conforme a lo establecido por los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.  

En cuanto al reclamo por la falta de pronunciamiento al punto 1 y 2 del memorial de recurso de apelación, no es evidente esa situación toda vez que el Tribunal de Alzada en el numeral 2 del segundo considerando del Auto de Vista da una respuesta de manera expresa a los recurrentes y debidamente sustentada en normas legales y en principios jurídicos universalmente aceptados en el campo del derecho, encontrándose dicha actuación enmarcada al art. 236 del Código adjetivo de la materia, de donde se concluye que el recurso de casación en la forma deviene en infundado, más aun si se toma en cuenta que los recurrentes solicitan se declare la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo sin especificar el actuado procesal.        

Los demás argumentos expresados en el recurso de casación en la forma como ser: la manifiesta intencionalidad de los Jueces de grado de fallar y decidir sin que exista una correcta acción de nulidad y/o anulabilidad, así como el grave error de fundamentar la Sentencia y el Auto de Vista en base a una demanda de nulidad expresamente desistida que refieren los recurrentes, son aspectos que hacen al fondo del asunto y no corresponde ser analizados en el recurso de casación en la forma, mismos que además se encuentran reiterados en el recurso en el fondo, donde en todo caso podrán ser considerados según correspondan. 

Recurso en el fondo:

Los recurrentes solicitan se tome en cuenta su memorial de alegatos en conclusiones de fs. 461 donde indican haber realizado un resumen de las pruebas aportadas por los demandantes, en base a ese antecedente acusan la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 190, 192, 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil. y arts. 1289, 1297 y 1320 del Código Civil; sobre el particular se hace notar a los recurrentes que no toman en cuenta lo establecido en el art. 258 num. 2) del Código de  Procedimiento Civil, norma legal que en su última parte contiene una prohibición expresa de fundar el recurso en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, no estando permitido realizar simples remisiones a memoriales anteriores sin realizar la fundamentación correspondiente de los agravios.

Respecto a la violación, interpretación y aplicación indebida de las referidas normas legales que se indican, los recurrentes tampoco realizan una fundamentación adecuada, simplemente mencionan de manera general que se infringieron los preceptos jurídicos enunciados; sin embargo de ello, se debe indicar que respecto a la infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, ya se tiene desarrollado en el recurso de casación en la forma, igual situación ocurre respecto a los arts. 192 y 236 del mismo cuerpo legal, por corresponder esencialmente ser reclamados estos aspectos en recurso de casación en la forma y no en el fondo como incorrectamente pretenden los recurrentes, y en cuanto al art. 237 del Código adjetivo de la materia, simplemente se refiere a las formas de Resolución del Auto de Vista como consecuencia del análisis del recurso efectuado por el Tribunal de Alzada y de ninguna manera implica que se esté tomando una decisión de fondo en base a dicha norma legal.

Los recurrentes reiteran que la demanda incoada por Juany Siles Coca fue desistida de la acción y del derecho y la única demandante es Teófila Vidal de Ovando, quien no habría cumplido con la obligación de probar los hechos fácticos de su demanda, sin embargo en la Sentencia de primera instancia se llega a  deducir la decisión de la causa en base a supuestas presunciones y que según criterio de los recurrentes no sería aplicable al presente caso, decisión confirmada por el Auto de Vista; al respecto, como ya se tiene indicado líneas arriba, la actora Teófila Vidal se adhirió en todo el contenido de la demanda presentada por Juany Siles, con esa decisión lo que hizo es hacer suyas para sí lo expuesto en dicha demanda incluidas la pruebas documentales que fueron acompañadas a la misma, así además se evidencia por el memorial de fs. 320 a 321 de ofrecimiento de prueba donde se ratifica en toda la prueba presentada por Juany Siles, como también al margen de ello ofreció y produjo prueba documental y testifical durante el proceso, cuyas declaraciones cursan de fs. 438 a 441, aunque los testigos no aportan con mayores elementos de juicio, sin embargo existen también las declaraciones testificales de descargo y varias otras pruebas documentales tanto de cargo como de descargo que cursan en el proceso, mismas que fueron valoradas y apreciadas en su conjunto por el Juez de la causa bajo el principio de comunidad de la prueba conforme a los arts. 1286 del Código Civil, y 397 de su Procedimiento, en base a las cuales tomó la decisión en Sentencia de declarar probada en parte la demanda.

Otro aspecto que generó reiterados reclamos de parte de los recurrentes a lo largo de todo el contenido del recurso, es referido a la prueba de presunciones de la cual también se valió el Juez de la causa para emitir el fallo de primera instancia, decisión confirmada por el Auto de Vista recurrido. Las presunciones judiciales al constituir un medio de prueba legalmente permitido por la ley conforme lo dispone el art. 1285 con relación al 1320 del Código Civil y art. 477 de su Procedimiento, su aplicación no puede quedar al margen sobre todo cuando se trata de desentrañar la nulidad por simulación; en el caso presente los recurrentes no cuestionan el aspecto sustancial o de fondo del instituto jurídico de la simulación propiamente dicha, ni mucho menos fundamentan o desarrollan sobre ese aspecto, el reclamo se encuentra orientado únicamente respecto a la falta de demostración de los hechos fácticos en base a los cuales se demandó la simulación y que las presunciones no serían medios idóneos de prueba para demostrar ese aspecto; en ese sentido no amerita ingresar a analizar la figura jurídica de la simulación ni la subsunción legal efectuada por los Tribunales de instancia, porque al respecto la parte no formuló reclamo alguno, correspondiendo simplemente determinar si lo afirmado por los recurrentes respecto a las presunciones como medios de prueba son o no aplicables al caso.

En ese sentido diremos que el art. 544 parágrafo II del Código Civil, establece que los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes y según el art. 545 de mismo cuerpo legal, la prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios, incluyendo el de testigos; en el caso presente, al haber sido una tercera persona quien acusa directamente de nulidad por simulación las Escrituras Públicas Nº 491/2012 y 606/2012 que cursan en antecedentes del proceso, es perfectamente aplicable la prueba de indicios y presunciones judiciales, mismos que son medios de prueba legalmente permitidos, tal como lo establece el art. 1320 del Código Civil y 477 de su procedimiento, constituyen prueba autónoma librada al prudente arbitrio del juzgador y tienen trascendental importancia para comprobar la simulación, comporta un razonamiento lógico-jurídico que le permite de manera más amplia al juzgador apreciar los hechos denunciados, siendo de aplicación privativa de los Jueces de instancia e incensurable en casación, salvo error manifiesto o quebrantado de alguna regla de criterio legal.

Según Muñoz Sabaté citado por Carlos Morales Guillén, en su obra “La prueba de la simulación”, destaca la importancia de la función en la técnica probatoria que cumplen los “indicios” dando a la prueba judicial la categoría de disciplina autónoma y científica como método dirigido a la averiguación preprocesal de los hechos, indicando que la prueba de la simulación comporta casi exclusivamente una actividad presuncional; en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria en conformidad con la doctrina.

Dentro del contexto anteriormente señalado, el Juez A quo sobre la base de la prueba documental, testifical aportada por las partes en el proceso, aplicó los indicios y presunciones judiciales realizando una serie de consideraciones y partiendo de que el tercero (demandante) no está en la posibilidad de acreditar a través de la exhibición del contrato oculto (contradocumento), toda vez que la simulación por su naturaleza es concebida dentro del más alto grado de confiabilidad que los contratantes puedan crear entre sí, y para sustentar esa posición desarrolla varios elementos doctrinales fundamentando de manera detallada de las razones de su decisión y sobre la base de ese razonamiento llega a la conclusión de que existe alto grado de certeza de que las transferencias realizadas se tratan de simulaciones absolutas bajo la apariencia de contratos de compra-ventas, ocasionando perjuicios económicos a quienes tienen derechos sucesorios sobre los inmuebles que fueron objeto de transferencias, aspecto que de acuerdo al art. 543.I con relación a los  arts. 544 parágrafo II y 549 núm. 5 del Código Civil es causal de nulidad, decisión que se encuentra ampliamente fundamentada con respaldo legal y elementos doctrinales, vinculando al mismo tiempo la confesión judicial espontánea de los demandados, quienes al momento de contestar la demanda, de fs. 41 punto 4.4 segundo párrafo y de fs. 45 núm. 3 y 4 reconocen la no cancelación en efectivo por las transferencias realizadas de los inmuebles y que las mismas serían a cambio de los supuestos gastos que habrían realizado los demandados en la curación de la enfermedad de Andrés Siles Gonzales, sin embargo en las escrituras de transferencias la apoderada-vendedora indica haber recibido en efectivo el dinero por esas transferencias, aspecto que resulta totalmente contradictorio.     

Es preciso aclarar que en dichas transferencias interviene Albina Marzana de Vidal en su condición de apoderada de Felicidad Vidal (cuñada), transfiriendo la totalidad del inmueble de 327,15 mts.,2 ubicado en la Av. Tadeo Haenke de la ciudad de Cochabamba, en favor de su propio esposo José Eliodoro Vidal Arévalo y el otro inmueble de 518 mts2. ubicado en Pasaje Zoológico, es transferido a su mismo nombrado esposo y a su sobrina Ana María Vidal Santa Cruz  al 50% para cada uno de ellos.

Los recurrentes también acusan error de hecho y de derecho en la consideración de la nulidad, nulidad por simulación y la anulabilidad, en que hubiera incurrido el Juez de la causa como el Tribunal de Alzada; del contenido de la demanda de fs. 22 a 33 interpuesto por Teófila Vidal de Ovando donde al margen de adherirse en todo el contenido de la demanda de Juany Siles Coca, expone como hechos indicando que las transferencias realizadas por los demandados se tratan de ventas ficticias o simuladas y por esa razón demanda la nulidad de esas transferencias solicitando en su petitorio de manera expresa que se declaren nulos los documentos de transferencia; a su vez, la demanda de fs. 16 a17 y vlta. que fue interpuesta por Juany Siles Coca, también demandó la nulidad de las mismas transferencias amparándose en el art. 549 numerales 3 y 5 del Código Civil, es decir por ilicitud de causa y motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato y en los demás casos establecidos por ley, aunque posteriormente desistió de la acción y del derecho, aclarándose que ese desistimiento surte efectos únicamente con respecto a Juany Siles y de ninguna manera afecta los derechos de los demás demandantes y al haberse adherido a esa demanda la Sra. Teófila Vidal de Ovando asume para sí los fundamentos de dicha demanda, de donde se colige que la exposición de los hechos como las pretensiones en ambos memoriales de demanda, indudablemente es por la nulidad de las transferencias indicadas, siendo ésta la posición adoptada por el Juez de la causa para la Resolución de la misma.

Al encontrarse claramente identificada la pretensión de la parte actora, debe tomarse en cuenta el principio jurídico de “editio actionis” y “iuria novit curia”, los mismos que orientan en el sentido de que no es requisito indispensable que las partes tengan necesariamente que invocar la norma jurídica para sustentar su pretensión, bastando la exposición de los hechos, en base a los cuales el juez debe aplicar el derecho. Al respecto el tratadista Hugo Alsina citado por Gonzalo Castellanos Trigo indica: “No es obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce (editio actionis) ni si quiera la de citar las disposiciones legales en que se funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor (iuria novit curia), de modo que el silencio o el error de éste no tiene ninguna consecuencia jurídica”; principios jurídicos que se encuentran reconocidos en la mayor parte de las legislaciones del mundo.

Otro aspecto reclamado por los recurrentes es con relación a que no se hubiera tomado en cuenta la declaración de reconocimiento de derecho propietario que hicieron los demandantes a favor de los demandados adquirentes al momento de realizar el desistimiento de la acción y del derecho, ni las declaraciones de Maura Vidal Arévalo y Andrés Vidal Arévalo (hermanos de Felicidad Vidal). Inicialmente Juany Siles Coca, Andrés Vidal Arévalo y Teófila Vidal de Ovando, al ser todos ellos demandantes, venían actuando en calidad de litis consorcio necesaria activa y como consecuencia  del desistimiento de la acción y del derecho que realizaron los dos primeros nombrados, éstos quedaron totalmente excluidos del proceso dejando de ser parte del mismo; esa decisión asumida no puede perjudicar a los demás actores aunque así hubieran reconocido derecho propietario a favor de los demandados como lo hace Juany Siles Coca, toda vez que según el espíritu del art. 67 del Código de Procedimiento Civil el litisconsorcio implica una relación procesal única con pluralidad de sujetos procesales, pero con plena Autonomía de estos últimos, ya que cada cual busca hacer prevalecer un derecho específico de manera independiente, de tal manera que los actos de los unos ni aprovechan ni perjudican a los otros y como consecuencia de esa Autonomía cada uno de los sujetos procesales deben tener capacidad procesal para actuar en el proceso, razón por la cual el resultado del proceso como el contenido de la Sentencia puede ser distinto con respecto a cada uno de ellos; aspecto que precisamente ocurre en el caso presente y por consiguiente las declaraciones que pudieron haber realizado al momento de su desistimiento no pueden favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes en litigio.

Respecto a la declaración de Maura Vidal Arévalo de Medrano a favor de los demandados plasmada en la documental que cursa de fs. 431 a 432, fue debidamente valorada y apreciada por el Juez de la causa, así se evidencia del contenido de la Sentencia de primera instancia (fs. 480), de tal modo que la invocación de los arts. 1286 y 1290 del Código Civil como infringidos que refieren los recurrentes no corresponde al caso.             

Se acusa también error de hecho y de derecho en cuanto al supuesto beneficio de ganancialidad del 50% a favor de la apoderada y vendedora Albina Marzana, sin considerar y analizar que el documento de fs. 401 a 403 es de carácter patrimonial y que tal supuesta ganancialidad hubiera sido eliminada por la expresa declaración contenida en la documental referida; argumento confuso que no se da a entender cuál la pretensión que buscan los recurrentes, ya que al tratarse de un inmueble, la transferencia es de naturaleza eminentemente de carácter patrimonial; la documental a la cual se hace referencia se trata de la minuta de transferencia que realiza Albina Marzana en calidad de apoderada a favor de su propio esposo José Eliodoro Vidal Arévalo y Ana María Vidal Santa Cruz de la totalidad del inmueble de 518,52 mts. 2 constituyendo a cada uno en propietarios al 50% del indicado inmueble, donde la esposa por disposición del Código de Familia también llegará a tener derechos gananciales en el futuro en la fracción que transfiere a su esposo. 

De lo relacionado se concluye que los Jueces de instancia no incurrieron en ninguna de las causales de los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil que amerite la casación del Auto de Vista recurrido o la nulidad del proceso, por el contrario su actuación se encuentra enmarcada a derecho.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num., 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en fondo interpuesto por José Eliodoro Vidal Arévalo, Albina Marzana de Vidal y Ana María Vidal Santa Cruz, contra el Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2012  cursante de fs. 511 a 515 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.