TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A    C I V I L

Auto Supremo: 239/2013

Sucre: 13 de mayo 2013

Expediente: LP 22 13 - S

Partes: Luís Alfonso Palma Meneses. c/ Maasady Verónica Curi Soria Galvarro

Proceso: Denuncia de Maltrato, Físico y Psicológico 

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de nulidad en la forma y de casación en el fondo de fs. 303 a 307 interpuesto por Luis Alfonso Palma Meneses, contra el Auto de Vista Resolución S-410/2012 de fecha 16 de octubre de 2012 cursante de fs. 294 a 295  pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, en el proceso ordinario de denuncia de maltrato, físico y psicológico seguido por el recurrente contra Maasady Verónica Curi Soria Galvarro; la respuesta al recurso de fs. 312 a 313; el Auto de concesión de fs. 316; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Luis Alfonso Palma Meneses, de fs. 12 a 14 interpone denuncia de maltrato físico y psicológico, contra Maasady Verónica Curi Soria Galvarro respecto al menor Mateo Alfonso Palma Curi, de cuyo contenido se resume lo siguiente: indica que el 06 de enero de 2003 contrajo matrimonio con la mencionada persona en los Estados Unidos de Norte América, quien no pudo adaptarse en ese país, manifestado siempre encontrarse bastante deprimida, motivo por el cual el 04 de octubre de 2009 decidieron separarse retornando la esposa a Bolivia a radicar en Cochabamba junto con el indicado menor y a consecuencia de esa separación su matrimonio fracasó, tramitándose el divorcio en Estados Unidos y posteriormente el demandante se vino a radicar a la ciudad de La Paz el 2010 con el fin de estar cerca de su hijo. 

Sin embargo indica que la madre desde su llegada agrede física y psicológicamente al niño con conductas de maltrato continuo, como gritos descontrolados, ridiculizaciones, ira desmedida, regaños violentos, amenazas, etc.; además es obligado a presenciar actividades sociales en su domicilio donde se ingiere bebidas alcohólicas al punto de que la madre pierde la conciencia, existiendo además denuncia a la Brigada de la Familia por el vecino de la madre y una denuncia de parte del demandante ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; en base a esos antecedentes plantea demanda de maltrato físico y psicológico al amparo de la Ley Nº 2026.

Sustanciado el proceso en primera instancia conforme a las disposiciones de la Ley 2026, la Juez Segundo de  Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de La Paz en suplencia legal, mediante Sentencia-Resolución Nº 161/12 de fecha 25 de abril de 2012 cursante de fs. 212 a 214 y vlta., declaró improbada la denuncia (demanda), ordenando a ambos padres del menor que acudan a terapia de apoyo psicológico por el espacio de dos años ante la Fundación Encuentro, homologando la prohibición de viaje del menor; homologando también el derecho de visitas del padre dispuesto por el Juzgado 2º de  Instrucción de Familia, ordenando al mismo tiempo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Zona Sur de la ciudad de La Paz realizar el seguimiento en el entorno familiar de la madre.

En apelación la Sentencia Nº 161/12, interpuesto por el demandante, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista-Resolución S-410/2012 de fecha 16 de octubre de 2012 cursante de fs. 294 a 295, confirma la Sentencia apelada;  en contra de esta resolución de segunda instancia, el demandante, recurre en casación en la forma y en el fondo.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


El recurrente interpone recurso de nulidad o casación en la forma por la causal del art. 254 num.,4) y casación en el fondo por las causas previstas en el art. 253 numerales. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

I.- En la forma, acusa a la Sentencia de primera instancia de incongruente y contradictoria que lesiona los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, cohonesta la total parcialidad en la que ha incurrido la Jueza de primera instancia.

Que, se incurre en error de procedimiento por cuanto no ha corregido el error que contiene la parte resolutiva de la Sentencia en el num., 2) que en forma ultra petitium le sanciona con la pena de cumplimiento de terapias psicológicas, sin considerar que tiene la calidad de demandante y/o denunciante, situación confirmada por el Tribunal de Alzada.

Indica que al no haberse probado nada y al no existir reconvención, nunca debió ser sancionado con ningún tipo de pena como son las terapias psicológicas sin haber sido ese aspecto fijado en el objeto del proceso.

II.- En el fondo, el recurrente indica que lo resuelto en la Sentencia es irracional, ilegal e injusto, ya que durante el desarrollo del proceso denunció que ha sido víctima de chantajes por parte de la Directora de la Fundación a la cual la Sentencia le ordena concurrir a realizarse las terapias durante dos años.

Que, el Tribunal de Alzada incurre en error de hecho en la valoración de las pruebas de fs. 37, 64, 78-86, 144, 145, 148, 149, 155, 158 y 210 que son insuficientes, parciales y no decisivas para la solución del conflicto, dejando de lado las pruebas de fs. 185 vlta., 186 y 188, acusando la violación de los arts. 1330 del Código Civil y 479 del Código de Procedimiento Civil.

Que, no se aceptó la declaración del testigo Ramiro Pardo (miembro de la Fundación Encuentro), tampoco se ha realizado la producción en juicio de la grabación y respectiva transcripción de la misma.

Que, la Sentencia de primera instancia como el Auto de Vista sostienen que no hubo maltrato físico ni psicológico por parte de la demandada, dejando de lado la prueba aportada de fs. 57 al 59, la misma que se constituye en fundamental, útil y pertinente.

Al concluir que no hubo maltrato, se lesiona el art. 3-1 de la Convención Sobre Derechos del Niño, así como se incurrió en error de juicio por no aplicar el art. 108 del Código Niño, Niña y Adolescente

Con tales argumentos termina indicando que el Tribunal Supremo de Justicia, sino anula obrados, casará el Auto de Vista impugnado, estimando la demanda en todas su partes.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Al haberse sido interpuesto recurso de nulidad en la forma y recurso de casación en el fondo por las causales de los arts. 254 num. 4) y 253 numerales 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, se pasa a considerar dichos recursos en el orden como fueron plateados.

1.- Recurso en la forma: 

El recurrente acusa a la Sentencia de primera instancia de incongruente y contradictoria que lesiona los arts. 190 y 192 del Procedimiento Civil y el Auto de Vista al confirmar la Sentencia cohonesta la total parcialidad en la que ha incurrido la Jueza de primera instancia; los fundamentos desarrollados en el recurso con respecto a los supuestos agravios que se indica, al margen de ser bastante confusos, se refieren a la valoración de prueba testifical de cargo, la falta de probanza del maltrato denunciado, parcialidad del Tribunal de Alzada en favor de la demandada, vinculando esos aspectos al principio de congruencia; como se podrá ver los argumentos señalados se encuentran orientados al fondo del asunto y no a la forma y por consiguiente no corresponde ser considerados en recurso de casación en la forma. 

Por otra parte el recurrente indica que el Tribunal de Alzada incurrió en error de procedimiento al no corregir el error que contiene la parte resolutiva de la Sentencia en el numeral 2, que en forma ultra petitium le sanciona con la pena de cumplimiento de terapias psicológicas por el lapso de dos años, sin considerar que tiene la calidad de denunciante, ya que al haber sido declarada improbada la demanda y dada la naturaleza del proceso que no existe reconvención, nunca debió haber sido sancionado con ningún tipo de pena. Lo señalado por el recurrente, aparentemente implicaría una contradicción en la parte dispositiva del fallo, aspecto que según el art. 253 num. 2) del Código de Procedimiento Civil sería causa para la procedencia del recurso de casación en el fondo; sin embargo se entiende que el reclamo del recurrente es en el sentido de que ante la inexistencia de demanda reconvencional en su contra en la cual se pida la aplicación de una sanción, no ameritaría que en Sentencia se disponga que su persona se someta a terapias psicológicas, aspecto que lo tornaría en fallo “ultra petita”; sin embargo, es preciso indicar que las terapias psicológicas de ninguna manera deben ser entendidas como una sanción, sino como una medida de apoyo psicológico a los padres para que puedan superar sus problemas que vienen atravesando, en resguardo del interés superior del menor.

En materia del menor, el Juez tiene amplias facultades para disponer medidas en procura del interés superior del mismo y en función de la evaluación de los antecedentes ocurridos durante la tramitación del proceso, puede disponer en Sentencia las medidas correctivas que considere necesarias para los padres, sin necesidad de que las partes lo soliciten; en el presente existen los informes técnicos social y psicológico del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de la causa que recomiendan la aplicación de terapias psicológicas a los progenitores del menor para reconfigurar la relación paterno filial adecuada y saludable con el hijo, quien durante sus entrevistas manifiesta que sus padres pelean mucho y sobre ese aspecto prefiere no hablar; el hecho de que los padres estén en constante agresión frente al niño, indudablemente que le afecta de manera negativa tanto en su salud física y metal; en atención a esas circunstancias y en base a la recomendación del Equipo Multidisciplinario del Juzgado, la Juez de la causa determinó en Sentencia que ambos padres se sometan a terapia de apoyo psicológico, medida que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 219 inc. d) y 269 num. 8) de la Ley 2026 Código Niño, Niña y Adolescente y que no constituyen fallo ultra petita como refiere el recurrente.

2.- Recurso  en el fondo:    

El recurrente califica que lo resuelto en la Sentencia es irracional, ilegal e injusto, ya que durante el desarrollo del proceso denunció que ha sido víctima de chantajes por parte de la Directora de la Fundación a la cual la Sentencia le ordena concurrir a realizarse las terapias durante dos años; respecto a las terapias de apoyo psicológico que dispuso la Juez A quo en Sentencia, ya se realizó su consideración en el recurso de casación en la forma por haber el recurrente también reclamado ese aspecto en la forma, no correspondiendo reiterar sobre lo mismo; en cuanto al chantaje de que hubiera sido víctima por parte de la Directora de la Fundación Encuentro, no cursa en antecedentes del proceso prueba alguna que acredite ese aspecto; sin embargo en caso de ocurrir esa situación y al tratarse de una cuestión accesoria, nada impide al Juez de la casusa para que en ejecución de Sentencia y previa acreditación del hecho denunciado, pueda disponer el cambio para que los padres del menor puedan acudir a otra institución especializada, ya sea pública o privada a realizarse las terapias de apoyo psicológico.    

El recurrente también indica que el Tribunal de Alzada incurre en error de hecho en la valoración de las pruebas de fs. 37, 64, 78 a 86, 144, 145, 148, 149, 155, 158 y 210 las mismas que según el criterio del recurrente serían insuficientes, parciales y no decisivas para la solución del conflicto, dejando de lado las pruebas de fs. 185 vlta., 186 y 188, acusando la violación de los arts., 1330 del Código Civil y 479 del su Pdto; en las piezas procesales que se indican cursan distintas pruebas documentales presentadas por la parte demandada y muchas de estas están referidas a la atención que brinda la madre al niño, no otra cosa significa la certificación del Director del colegio respecto al buen rendimiento académico del niño, gastos escolares y por otros conceptos; según el art. 1283 parágrafo I del Código Civil y art., 375 num. 1) del Adjetivo Civil la carga de la prueba corresponde a la parte actora en ese entendido el ahora recurrente tenía la carga procesal de demostrar  lo denunciado en su demanda y no atribuir ésta situación a la parte demandada como aparentemente pretende entender; de fs. 185 a 186 y 188 corresponde a las declaraciones testificales de cargo, realizadas por Nely Peralta (ex dependiente del demandante), Fabián Marín Flores Echeverría, quien indica ser amigo de María Soledad que resulta ser hermana del demandante, testigos que fueron tachados por la parte demandada al momento de contestar la demanda por las causales 1), 2), 3) y 6) del art. 446 del Código de Procedimiento Civil, aplicable como norma supletoria por expresa disposición del art. 294 del Código Niño, Niña y Adolescente y durante la realización de las declaraciones en el juicio oral, se ratificó en la tacha interpuesta y en observancia del art. 474 del Adjetivo Civil se abstuvo de contrainterrogar a los testigos; declaraciones que al momento de emitir la Sentencia, el Juez A quo, las tomó simplemente en calidad de información, decisión que se encuentra dentro de los alcances del art. 447 parágrafo II) de la última citada norma legal.

En cuanto al rechazo de la sustitución de la testigo María Soledad Palma Meneses por el Sr. Ramiro Pardo Burgos y la producción de grabación, estas pruebas fueron rechazadas por la Juez de la casusa en razón a los principios de celeridad y oralidad que rige en este tipo de procesos, por considerarlas extemporáneas y haber precluido el derecho del actor de ofrecer dichas pruebas, respaldando su decisión que se encuentra legalmente sustentada en el art. 280 del Código Niño, Niña y Adolescente; respecto a la sustitución de testigo, es de hacer notar que el demandante al momento de interponer su demanda estuvo plenamente consciente de que estaba ofreciendo como testigo a su hermana María Soledad y que esa situación se encuentra expresamente prevista como causal de tacha en el art. 446 num., 1) del Código de Procedimiento Civil, desde ese punto de vista no se justifica dicha sustitución.      

Con respecto a la prueba de fs. 57 a 59, la misma se trata de un informe de la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que la abogada de dicha Institución presentó al momento de asumir defensa del menor, donde éste refiere de manera reiterada que sus papás pelean o discuten mucho y que esa situación no le gusta y le hace sentir muy triste, prueba que aparentemente no hubiera sido tomada en cuenta por la Juez de la causa, sin embargo esa documental no es la única que refiere las agresiones mutuas que se provocan ambos progenitores, sino que también existen los Informes Técnicos Sociales y Psicológicos de fs. 168 a 184 emitidos por el Equipo Multidisciplinario del Juzgado de la causa, los cuales son más explícitos, pruebas que deben ser apreciadas y valoradas en su conjunto bajo el principio de comunidad de la prueba y no de manera aislada; en todo caso la prueba de fs. 57 a 59 a la que se hace referencia, respalda la decisión asumida en la Sentencia por el Juez A quo.

Por todo lo expuesto, no se advierte que los Jueces de instancia hubieran incurrido en las causales de los arts. 254 num., 4) y 253 del Código de Procedimiento Civil que ameriten la anulación de obrados, ni menos la casación del Auto de Vista recurrido.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista por los arts., 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num., 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADOS los  recursos de casación en la forma y en fondo interpuesto por Luis Alfonso Palma Meneses, contra el Auto de Vista Resolución S-410/2012 de fecha 16 de octubre de 2012 cursante de fs. 294 a 295 pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.