TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               

      S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 236/2013

Sucre: 13 de mayo de 2013

Expediente: LP-32-13-S

Partes: Enrique Choque  Flores y otra  c/ Felipe Pérez Sarzuri y Lucila Choque

de Pérez

Proceso: Usucapión extraordinaria

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 130 a 133, interpuesto por Enrique Choque  Flores y Tomasa Limachi Patzi contra del Auto de Vista Nº S-406/2012 de 9 de octubre de 2012 cursante a fs. 125 a 126, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de usucapión extraordinaria, seguido por el recurrente contra    Felipe Pérez Sarzuri y Lucila Choque de Pérez, la respuesta de fs. 140 a 143, el Auto de concesión de fs. 154, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mediante Resolución Nº 178/2010 de 15 de mayo de 2010, El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, dicta Sentencia declarando probada la demanda de fs. 13 a 14 interpuesta por Enrique Choque  Flores y Tomasa Limachi Patzi previa ejecutoria,  por operada la usucapión  decenal o extraordinaria del lote de terreno  ubicado en la Zona 16 de Julio de la Ciudad de El Alto, Calle Eulert Nº 508, con una superficie de 500 Ms.2, a favor de Enrique Choque  Flores y Tomasa Limachi Patzi , debiendo Derechos Reales de la Ciudad de El Alto, asignar un nueva matrícula computarizada, disponiendo asimismo la inscripción definitiva del terreno objeto de la litis en favor de los actores.

Contra esa Resolución de primera instancia, el heredero de los demandados, José Pérez Choque apersonándose al proceso,  interpuso recurso ordinario de apelación, el mismo  mereció el Auto de Vista  Nº 406/2012 de 9 de octubre de 2012, que anula obrados hasta fs. 15 inclusive; resolución que es recurrida en casación por los demandantes mediante memorial de fs. 130 a 133vlta., con respuesta de fs. 140 a 143 y Auto de  concesión del recurso de fs. 154.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

EN EL FONDO.-

1) Señala el recurrente que el Auto de Vista recurrido, en su parte considerativa y dispositiva, no interpreta a cabalidad la esencia del art. 222 del Código de Procedimiento Civil toda vez que  admite un recurso de apelación fuera del término previsto por los artículos 220 inc. 1)  y 222 de la norma señalada porque  según la última notificación a la defensora de oficio (fs. 94) estaba habilitado para apelar a partir del 21 de agosto de 2012 sin embargo, el apelante presentó el recurso en fecha 14 de junio de 2012, antes de la publicación de los edictos, por lo que el Tribunal Ad quem, habría incurrido en vulneración de los arts. 220, 222, 128, 137, 140, 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil y el art. 17 parágrafo I de La Ley No. 025, al admitir un recurso que no ha sido presentado dentro de los diez días posteriores pues  la Sentencia se habría ejecutoriado y no correspondía su admisión.

2) Manifiesta asimismo que el número de Resolución que figura en la apelación es el 1278/2012, siendo lo correcto 178/2012, error que no ha sido advertido por el A quo,  y que ameritaba denegar el recurso, lo que demuestra que el Tribunal no realizó la revisión integral y formal del recurso conculcando por omisión  los arts. 17 parágrafo I de la Ley  del Órgano Judicial y 87 y 3 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

3) Señala asimismo, que si bien el apelante afirma  que es hijo de los demandados, no ha acreditado esta calidad por documentos idóneos que demuestren ese aspecto y su  legitimación para intervenir  en el proceso, omisión que no fue  observada por el Tribunal  incurriendo en incumplimiento de deberes al no advertir estos aspectos que ameritaban la no admisión del recurso, infringiendo los arts. 90, 91 y 222 del Código de Procedimiento Civil y  17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial.

4) Manifiesta que  otra omisión fatal es que el recurrente no ha adjuntado  los certificados de defunción que demuestren  el fallecimiento  de los demandados, violando los arts. 55, 132, 327 del Código de Procedimiento Civil, además de haberse dirigido la demanda  contra los presuntos herederos mediante edictos por lo que no ameritaba la nulidad de obrados, acusando nuevamente  que no se ha demostrado su calidad de hijo-heredero de los demandados con un certificado de nacimiento original, razón por la que tanto el Juez A Quo como el Tribunal de Alzada, han violado el art. 222 del Código de Procedimiento Civil que establece el deber del recurrente de acompañar las pruebas junto con el recurso.

5) Refiere asimismo, que  el apelante  es notificado con la radicatoria  de la causa el  28 de septiembre de  2012, empero recién en fecha 5 de octubre de 2012 se apersonó y  presentó prueba en fs. 106, sin mencionar el art. 232 del Código de Procedimiento Civil la misma que es extemporánea, admitido su apersonamiento,  recién  el 9 de octubre  de 2012 presenta  documentos de fs. 121 a 122 en  fotocopias simples, vulnerando el art. 1311 del Código Civil, al admitir el Tribunal estos documentos, viola el art. 232 del Código de Procedimiento Civil.

EN LA FORMA.-

1.- Que,  hay errónea interpretación de la Ley  cuando en  la Resolución  S-406/2012, considerando 2), el Tribunal  señala “…que  se habría calificado el proceso sin que exista contestación…”asimismo cuando  manifiesta “…que la defensora de oficio hubiera ocasionado un vicio procesal insubsanable al no existir contestación…” vulnerando,  las garantías procesales  de los demandados; errónea revisión  de los antecedentes del proceso y de la interpretación de la Ley, señalan los recurrentes, porque se viola el art. 346 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil pues la defensora de oficio tácitamente respondió con su silencio y evasivas  lo que no puede considerarse como indefensión.

2.- Que, otro agravio  se produce cuando el Tribunal en la parte  considerativa y de la ratio decidendi  señala que  “ni siquiera se ha  notificado a la defensora de oficio”, lo que considera incorrecto porque no se valoró ni  revisó los actuados procesales  para anular la Sentencia, sino una mala interpretación de las normas jurídicas en perjuicio, desmedro y violación al debido proceso y  la seguridad jurídica con la conculcación de los arts. 87, 3 inc. 1) de la Constitución Política del Estado y 17 de la Ley del Órgano Judicial, toda vez que la misma se ha practicado a fs. 91, siendo en consecuencia,   erróneos e incorrectos  los fundamentos para anular la Sentencia

Manifiesta que una vez interpuesto el recurso de casación en el fondo, este Tribunal CASE totalmente el Auto de Vista recurrido  y anule la concesión del recurso de apelación de la Sentencia de primer grado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Interpuesto el recurso de casación y previo discernimiento de los agravios de forma y de fondo, por el desorden con que han sido planteados los mismos y la confusión en asuntos de fondo y de forma, corresponde en principio considerar el segundo de ellos, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas, este Tribunal estaría impedido de ingresar al fondo del asunto.

Establecido lo anterior corresponde precisar que el principio de impugnación que rige la sustanciación de todo proceso judicial,  se encuentra garantizado por el artículo 180-II de la Constitución Política del Estado. Por su parte el artículo 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, reconoce el derecho a recurrir de un fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de alzada sino con la respuesta que el Tribunal superior brinde respecto a los motivos que fundan la impugnación, respuesta que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, pues,  solo así se satisface materialmente el derecho a la impugnación.

En el caso sub lite, se establece que el Tribunal de Alzada anuló obrados  hasta la admisión de la demanda bajo el  fundamento de que la ausencia de contestación en el proceso  y la inactividad de la defensora de oficio después de opuestas las excepciones,  habría provocado un vicio insubsanable que no ha sido motivo de análisis por parte del Juez en su condición de director del proceso, anulando obrados hasta fs. 15,  por indefensión de los demandados, disponiendo que el Juez Aquo rectifique procedimientos de conformidad a lo previsto en el art. 237 I-4) del Código de Procedimiento Civil.

De la revisión de obrados se advierte  que,  publicados los Edictos de fs. 21  a 23, mediante decreto de fecha 24 de septiembre de 2004, el juez de la causa, designó para los demandados, defensora de oficio,  quien,  mediante memorial de fs. 26 y vlta., se apersonó oponiendo excepciones previas de obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, hecho que prueba que los demandados han estado a derecho desde el inicio del proceso; si bien resulta también evidente que a partir de ese actuado la abogada de oficio ha entrado en  inactividad procesal, su ausencia no  implica que su defendido haya ingresado en estado de indefensión, toda vez que a partir de la publicación de los  Edictos, los demandados, herederos o terceros interesados en el pleito, han tenido la oportunidad de asumir conocimiento de la acción intentada por los ahora recurrentes, muestra de ello es el apersonamiento de Juan Pérez Choque, hijo de los demandados,  quien aun en esas condiciones, ha tenido la posibilidad de incorporarse a la litis  a tiempo para deducir  recurso de apelación, como se tiene de los memoriales de fs. 80 a 85 vlta. de obrados,  siendo erróneo el entendimiento del Tribunal al respecto.

Que de los antecedentes del proceso se evidencia también la inexistencia de contestación a la demanda, hecho que conforme el argumento del Tribunal de Alzada ha ocasionado  un vicio procesal insubsanable, toda vez que el Juez calificó el proceso  y fijó los puntos de hecho a probar, sin considerar que la contestación tiene para el demandado, el mismo valor que la demanda para el actor, porque fija los alcances de sus pretensiones, hecho que habría dado lugar a la vulneración de las garantías procesales de los demandados, no atribuibles a ellos  toda vez que  este vicio se habría  producido a raíz del abandono de la causa por parte de la abogada de oficio y correspondería  la nulidad del proceso.

Al respecto, corresponde señalar que si bien resulta evidente la inexistencia de la contestación y siendo asimismo cierto que la contestación es una pieza importante en el proceso, una vez citado y emplazado, el demandado no está impedido por mandato de la Ley  a contestar la misma pues no constituye una obligación  inexcusable para él, sino  una manifestación que puede hacerla o no  en su favor y que por cierto, va a delimitar el ámbito  en el que va a versar el proceso. Sin embargo el hecho de que no conteste a la demanda o una vez apersonado no ejerza actividad procesal, no significa que el mismo ingrese en estado de indefensión, porque al haber sido citado y emplazado con la acción interpuesta en su contra, se le ha advertido  la existencia de una acción judicial de la que forma parte; en ese entendido, la ausencia de contestación cuando  el demandado ha asumido conocimiento de la demanda por cualquier medio,  no constituye un vicio procesal que amerite la nulidad de obrados, en el caso de autos,  si bien este hecho se ha suscitado porque la defensora de oficio no ha cumplido a cabalidad las funciones que le han sido encomendadas a tiempo de su designación,  ésta, es  una cuestión atinente exclusivamente a la defensora, así lo tiene modulado el Tribunal Constitucional que ha definido  que cuando el defensor de oficio, ha abandonado el proceso como en el caso de Autos o no ha realizado de manera efectiva la defensa, en tanto el proceso se haya desarrollado sin vicios que atenten el derecho a la defensa de su representado, éste es un hecho que debe generar responsabilidad para el defensor y no así para las partes, no como interpretó erróneamente el Tribunal de Alzada, anulando con ese  argumento  la Sentencia N° 178/2012, de fs. 74 a 75 hasta la admisión de la demanda, sin tomar en cuenta  que en el tema de nulidades, no se trata de aplicar la nulidad por la nulidad, ni de la defensa de meras formalidades,  sino de verdaderas garantías que contribuirán para  que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, razón por la que en este ámbito procesal, existen ciertos principios que rigen las nulidades y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar esta extrema medida, así, el principio de protección que  establece que la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de  terceros interesados en la litis a quienes afecta la Sentencia, quedan en indefensión, aspecto que como se tiene fundamentado, no ha acontecido en este caso; asimismo, el principio de especificidad, regulado en el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, que impide que los actos procesales sean declarados nulos si tal nulidad no está establecida expresamente en la Ley pues no solo se debe tomar en cuenta  si se trata o no de normas de orden público, sino y sobretodo la trascendencia, la incidencia de la nulidad en el derecho  a la defensa de las partes, en ese entendido, la nulidad,  se constituye en una extrema medida, que puede imponerse cuando el juzgador está convencido  de que esa sanción es la única vía que va a permitir la tramitación del proceso, sin la cual no se podría cumplir con su cometido, realizando una interpretación completa de la demanda y tomando en cuenta los principios del debido proceso, eficiencia y eficacia.

De lo anterior se concluye que resultan pertinentes, los motivos reclamados por los recurrentes en sentido de que la falta de contestación  a la demanda y la inactividad procesal de la defensora de oficio, no han provocado indefensión de los demandados y  por lo tanto no son argumentos válidos para determinar la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de Alzada, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previstos por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, que también fueron afectados pues el Tribunal con la decisión asumida no ingresó a conocer el recurso de apelación interpuesto por Jorge Pérez Choque lo que conlleva también la afectación del derecho a la impugnación, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, omisión que por determinación del artículo 254 - 4) del Adjetivo de la materia, debe ser sancionada con la  nulidad del pronunciamiento de alzada.

Respecto a los agravios acusados en el fondo, al haberse tramitado el proceso con vicios de orden procedimental y habiéndose infringido normas de orden público y de cumplimiento obligatorio que devienen en la nulidad de lo actuado, no corresponde a este Tribunal emitir criterio alguno.

Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por los  artículos 271 -3) y 275  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los artículos 42 -1)  de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 108 vlta. inclusive,  y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y en virtud a los medios de  prueba aportados por el apelante en segunda instancia para que los valore.

Siendo excusable el error, no corresponde la aplicación de multa a los miembros del Tribunal.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATORA: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán