TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                             S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 233 /2013                                                     

Sucre: 13 de mayo 2013                                          

Expediente: SC-25-13-S                                                                         Partes: Carmen Portales Ávila. c/ Ida Olender Mejía.

Proceso: Nulidad de Proceso Ejecutivo

Distrito: Santa Cruz                                                        


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Carmen Portales Ávila por intermedio de su apoderado F. Yves Ortiz Zúñiga de fs. 206 a 208 vlta., impugnando el Auto de Vista Nro. 286 de fecha 8 de julio de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Nulidad de Proceso Ejecutivo seguido por Carmen Portales Ávila contra Ida Olender Mejía, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital Santa Cruz, emitió la Sentencia Nro. 48/05 de fecha 3 de mayo de 2005, cursante de fojas 146 a 149 vlta., declarando IMPROBADA la demanda principal de fs. 30 a 40 y vlta., y a su vez, IMPROBADA la demanda reconvencional que sale en el memorial de fs. 81 a 84.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por F. Ives Ortiz Zúñiga en representación de Carmen Portales Ávila de fs. 152 a 155 (previa nulidad de obrados por Auto Supremo de fs. 195 a 196 vlta.), la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista No. 286 de fecha 08 de julio de 2011, cursante de fs. 202 a 203 vlta., CONFIRMA la Sentencia de fecha 03 de mayo del 2005, cursante de fs. 146 a 149 vlta. de obrados

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por parte de Carmen Portales Ávila por intermedio de su apoderado F. Yves Ortiz Zúñiga, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Luego de realizar consideraciones con relación a la radicatoria del expediente retornado con Auto Supremo de la Corte Suprema de Justicia, que se reclama su notificación en tablero y no en su domicilio procesal como se tendría señalado, que esto habría impedido el efectivo conocimiento de la demandante que la sala Civil Primera  habría tomado conocimiento de la causa, que el interés procesal radicaría en que los Vocales Edgar Molina Aponte y Adhemar Fernández Ripalda ya habrían  intervenido en el conflicto principal con ocasión refiere- de una acción de amparo Constitucional, por ello considera que debió dársele la posibilidad de incidente de recusación.

Que, la referida notificación en tablero habría “colocado” en estado de indefensión, en razón a que al desconocer que se habría radicado ilegalmente en la Sala Civil Primera no habría tenido la oportunidad de oponerse a la asunción del conocimiento de la causa.

Por ello pide se anule obrados con reposición hasta fs. 200 vlta., y se disponga se practique la notificación en su domicilio procesal a fin de que pueda presentar las legitimas objeciones a la competencia de la sala que conoció la causa.

En el fondo

Acusa la violación del art. 26 de la Ley (1455) de Organización Judicial, con relación al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, en sentido que los jueces tuvieran competencia para resolver la causa con arreglo a las pretensiones deducidas por las partes, que estas normas dispondrían que el Juez Civil no tiene competencia para ir mas allá de lo peticionado por las partes. Que, en el caso el no haberse pedido el pronunciamiento de Sentencia y el sentido de la petición par el Auto de Vista no implicaría vulneración del procedimiento.

Que, de la revisión del memorial de demanda ejecutiva se verificaría que la ejecutante habría pedido se conmine a la entrega del inmueble, que no solicitó el Auto intimatorio de pago, que nunca pidió pronunciamiento de Sentencia y tampoco que en ella se declare probada su demanda y al carecer de petitorio no debiera considerarse demanda; que los vocales de Sala Civil Primera le atribuirían pleno valor al memorial que pretendería fungir como demanda ejecutiva, al dictar Auto intimatorio de pago y declarar probada la demanda; en sujeción a lo previsto por el art. 26 de la LOJ y 190 del Código de Procedimiento Civil  habrían avalado el pronunciamiento de la Sentencia mas allá de lo pedido. Puesto que por el principio dispositivo el Juez debiera haber resuelto conforme lo alegado y probado. Finaliza pidiendo se case y declare probada la demanda.

Se acusa la violación del art. 340 del Código Civil, en sentido que no podría haberse demandado ejecutivamente una obligación que no era exigible porque no existiría declaratoria de mora, y que la recurrente nunca fuera constituida en mora, que correspondería aquello para que pudiera alegar lo que en derecho correspondiere, al carecer la cláusula de mora Automática. Finaliza pidiendo se case el Auto de Vista y declare probada su demanda.

Violación del art. 452 inc 4) del Código Civil con relación al art. 487 inc 2) del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que es requisito esencial del contrato, la forma y en la segunda norma establecería que serían títulos ejecutivos los documentos privados. Que, en el caso la minuta adjunta al proceso ejecutivo no fuera idónea para ejecutar ante la carencia de cláusula de validación. Que los vocales al pronunciar Auto de Vista vulnerarían las normas señaladas al asignarle validez al documento cuestionado. Por ello  refiere interponer recurso de casación a fin de que se case el fallo de segunda instancia y declarar probada la demanda de fs. 38 a 40.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma

En consideración a que se ha venido en plantear recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal resolverá en primer término los argumentos expuestos con relación al primero, es decir casación en la forma, en consideración a que si fueran evidentes, el fallo a emitir fuera por anular obrados, imposibilitando la consideración del recurso de casación en el fondo.

Dicho lo anterior consideramos los reclamos efectuados en la forma:

Radicado el proceso ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en consecuencia de haberse dictado Auto Supremo que anuló obrados hasta fs. 168 a efectos de que se dicte nuevo fallo; luego de la remisión respectiva, de fs. 200 vlta., pasó a la Sala Civil Primera con el decreto correspondiente de fecha 28 de mayo de 2011 y notificado a las partes con la misma de fs. 201 en fecha tres de junio del mismo año y finalmente sortear la causa en fecha 04 de julio de 2011, verificando el transcurso de un considerable tiempo en el que podía tomar conocimiento la parte recurrente del estado de su proceso, por lo que al señalar que no pudo tomar conocimiento del retorno del expediente y no habérsele notificado en su domicilio procesal sino en tablero de notificaciones como se lo hizo y que esta situación hubiera imposibilitado realizar las objeciones pertinentes, no tienen respaldo legal, en razón de que el art. 133 del Código de Procedimiento Civil sustituida por el art. 14 de la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, refiere como norma general que: “Después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias deberán ser inmediatamente notificadas en la secretaria del juzgado o tribunal a las partes. Para tal fin, las partes y los abogados que actúen en el proceso tendrán la carga procesal de asistir en forma obligatoria a la secretaría los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieren producido; si estos días fueren feriados, asistirán al día siguiente hábil”, disposición que tiene relación con lo determinado por el art. 135, con excepción de lo determinado por el art. 137 ambos del Código de Procedimiento Civil, que la notificación dispuesta por el art. 135 no podrá practicarse cuando se trate de las Resoluciones que en ella se detalla, no encontrándose entre las mismas la providencia de cúmplase respecto de un Auto Supremo anulatorio de obrados, como en el caso se reclama debió notificarse; en el entendimiento del Principio de legalidad (especificidad), manda que no hay nulidad sin ley especifica que lo establezca; por otro lado nadie puede fundar nulidad o indefensión originado en sus propios actos, siendo pertinente transcribir la máxima “nemo auditur propiam turpitudinem allegans” , que significa: “nadie será oído si alega su propia torpeza”, que emerge del Principio de Protección, en virtud de este principio que se funda en la moralidad, la nulidad sólo será declarada a petición de la parte perjudicada por el acto viciado, si no contribuyó a éste; en el caso de Autos pretende que exista una presunta nulidad de actuados cuando la propia parte recurrente, no ha cumplido con la carga procesal de apersonarse a estrados judiciales a fin de verificar el estado de tramitación del proceso en cuestión. Por último, deberá tenerse presente que las nulidades procesales deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, en base al principio de conservación.

Bajo esos antecedentes, concluiremos en señalar que el Órgano Jurisdiccional cumplió con las notificaciones pertinentes con el tiempo debido antes de emitir el Auto de Vista hoy recurrido, y fue mas bien la parte recurrente quien no cumplió con la carga procesal impuesta por la propia ley, siendo por lo mismo carente de fundamento el reclamo de la existencia de una presunta nulidad de obrados.

En consecuencia corresponderá pronunciar fallo a este Tribunal, en sujeción a lo determinado por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

En toda la extensión de la primera parte de recurso en sus siete puntos, el argumento del recurso es el hecho que presuntamente se habría vulnerado el art. 26 de la Ley de Organización Judicial Nro. 1455 (hoy abrogado) que concordaría con el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, pretendiendo encontrar incompetencia del Juez que conoció la tramitación del proceso ejecutivo, y que sus actuaciones  debieron efectuarse de acuerdo a las pretensiones deducidas por las partes y aspectos referidos a presuntos defectos de forma del mencionado proceso ejecutivo. Cuestionamientos que van dirigidos aparentemente a demostrar los defectos que contuviera el trámite del proceso ya referido.

Con relación a este acápite debe considerarse que la vía de reclamo por estos presuntos defectos no es la correcta, en razón a que la demandante ante el conocimiento de la tramitación del proceso ejecutivo al ser legalmente citada, pudo ejercitar la defensa legal correspondiente recurriendo a lo establecido por el art. 507 del Código de Procedimiento Civil referido a la interposición de excepciones y los recursos que la misma ley le franqueaba, en cambio al no haberlo hecho así, ni entendido en su cabal dimensión, no es correcto que en  proceso aparte se pretenda invalidar actuados para los que tuvo la oportunidad y el procedimiento para cuestionarlos y eventualmente hacer valer  sus derechos si consideraba acertado su razonamiento, siendo desatinada la pretensión de la recurrente, mas si sumamos a que su petitorio de casación no respalda a cual de las causales establecidas por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil se enmarcaría para dársele curso, de lo que se infiere que no tiene fundamento esta petición.

De otro lado, lo referido a la presunta violación del art. 340 del Código Civil. El reclamo de que no se hubiera declarado la mora judicialmente a fin de que proceda el proceso ejecutivo o que se habría omitido  considerar  que se demandó ejecutivamente una obligación que no era exigible ante la no existencia de mora y las demás consideraciones que giran en torno al tema, tampoco es tema de discusión en proceso ordinario aparte, pues las mismas debieron de manera correcta cuestionarse en el mismo proceso ejecutivo, por lo que no es pertinente acoger su petición de manera favorable ante su evidente equivocación.

En referencia a la presunta violación del art. 452 num. 4) del Código Civil con relación al art. 487 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, referido a los requisitos para la formación de los contratos, habrá que considerar que si bien es cierto que se adjunta de fs. 1 a  3, minutas que se dice no tenían la cláusula de mora automática, no es evidente pues en la cláusula cuarta de ambos documentos se estipula un plazo para el cumplimiento de la obligación, y considerando que todo contrato es la expresión de voluntades a los que sujetan su cumplimiento las partes intervinientes, es perfectamente válido que quien cumplió con la parte que le corresponda, exija su cumplimiento al moroso, al existir plazo vencido.

No obstante lo anterior, no son esas minutas las que se utilizaron en la demanda ejecutiva sino el Testimonio que se halla inserta de fs. 6 a 8 que de manera suspicaz olvida mencionar la demandante, y este documento que cumple con las formalidades de ley pertinentes, se encuentra entre los documentos considerados título ejecutivos por el art. 487 num.1) del Código de Procedimiento Civil, título referido a la compraventa de un bien inmueble en la que figura incluso el precio de la venta que declara recibir la ahora recurrente, en ese antecedente la pretensión de que fuera el Tribunal Ad quem quien asignaría validez a una minuta que careciera de la cláusula ritual que importara como “documento privado”, está alejado de la realidad y carente de fundamento, pues como se ha dicho, las minutas referidas inicialmente no fueron los documentos base de ejecución, sino el que cursa de fs. 6 a 8, siendo pertinente referir que una minuta es la constancia escrita que acredita la expresión de voluntades en la que se plasman acuerdos, en otras palabras, es el documento en el cual las partes fijan su acuerdo de voluntades y todos los puntos básicos o esenciales del convenio, como en el caso de Autos, la compra venta de un bien inmueble, que cuenta incluso con reconocimiento de firmas y rúbricas ante autoridad competente (Juez Sexto de Instrucción en lo Civil), ante el que comparecieron voluntariamente  y previo juramento de ley, reconociendo como suyas las firmas y rúbricas insertadas en el documento en cuestión, denotándose por lo mismo su total validez.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que las presuntas violaciones acusadas no son evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo, fallar conforme lo disponen los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma como en el fondo, contenido en el memorial de fs. 206 a 208 vlta., presentado por F. Yves Ortiz Zúñiga a nombre de su poderdante Carmen Portales Ávila. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo.  Dr. Rómulo Calle Mamani