TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 222/2013

Sucre: 06 de mayo 2013

Expediente: LP 25 13- S

Partes: Donato Paredes Choque c/ Teresa Quispe Mendoza                               


Proceso: Divorcio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 219 y vlta. interpuesto por Teresa Quispe Mendoza contra el Auto de Vista-Resolución Nº 435/2012 de fecha 16 de noviembre 2012 cursante a fs. 204 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de divorcio seguido por la recurrente contra Donato Paredes Choque; la respuesta al recurso de fs. 222 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 223, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Donato Paredes Choque, a fs. 8 interpone demanda de divorcio en contra de Teresa Quispe Mendoza por la causal prevista en el art. 130 num. 4) del Código de Familia, subsanada de fs. 17 a 19 de cuyo contenido se resume los siguiente: indica que en fecha 12 de julio de 1974 contrajeron matrimonio civil con la señora Teresa Quispe Mendoza y que en vigencia del mismo procrearon seis hijos de nombres María Luisa, Janeth Elvira, Gladis Virginia, Willy Claudio, Elba Roxana y Rosa Esther Paredes Quispe, todos mayores de edad y que debido al carácter irascible de su esposa, no obstante los años transcurrido no pudieron congeniar y entenderse, extremo que en el mes de mayo de 2010 de común acuerdo verbal, decidieron poner fin a su relación conyugal aun viviendo en la misma casa pero en habitaciones distintas; no obstante de ese acuerdo, refiere haber sido víctima de agresiones verbales y de hecho de manera pública, amenazas de muerte de parte de su esposa y de su entorno familiar, motivo por el cual interpone la indicada demanda de divorcio, ofreciendo al mismo tiempo una asistencia familiar para sus tres hijos de 600 Bs. y solicita que en ejecución de Sentencia se proceda a la partición de tres inmuebles (casas) que constituyen bienes gananciales.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Cuarto de Partido en Materia Familiar de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia - Resolución Nº 252/2012 de fecha 14 de marzo de 2012 cursante a fs. 173 a 174 y vlta., declaró probada la demanda, disponiendo la disolución del vínculo matrimonial, homologando al mismo tiempo el Auto de fs. 53 de medidas provisionales con la modificación de que se lo exonera a la esposa de la asistencia familiar en aplicación del art 143 del Código de Familia.


En apelación la SentenciaResolución Nº 252/2012 interpuesta por la demandada Teresa Quispe Mendoza, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de VistaResolución Nº 435/2012 de fecha 16 de noviembre 2012 cursante a fs. 204 y vlta., anula el Auto de concesión de la apelación de fs. 190; en contra de esta Resolución de segunda instancia, la demandada recurre en casación.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente interpone recurso de casación, sin especificar si es en la forma o en el fondo, de cuyo contenido se resume lo siguiente: 

Refiere que el fallo de segunda instancia lesiona su derecho a la asistencia familiar, ya que su persona se encontraría en estado de necesidad, siendo este el motivo principal para solicitar y gozar de dicho beneficio ya que debido a su avanzada edad (62 años) no le permite acceder a otro ingreso económico.

Que tiene todo el derecho de apelar del fallo y el Tribunal de segunda instancia debería manifestarse en el fondo de la apelación ya sea confirmando o revocando la Sentencia, pero no de manera totalmente ilógica anular el Auto de concesión; esta situación podría darse únicamente en el caso de que el recurso hubiera sido planteado fuera de plazo, aspecto que no ocurre en el caso de Autos.   

Con tales argumentos concluye solicitando a este Tribunal Supremo, se “revoque parcialmente” el fallo de divorcio otorgándole la asistencia familiar solicitada.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El Tribunal Ad quem al haber emitido una Resolución anulatoria de obrados, se hace necesario realizar algunas consideraciones respecto al tema de las nulidades; en ese entendiendo diremos que la nulidad es la sanción por la cual el ordenamiento legal priva a un acto jurídico de sus efectos formales cuando en su emisión y/o ejecución no se han guardado las formas prescritas por ley o por errores de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleva la afectación del debido proceso.

En el sistema procesal, las nulidades se encuentran regidas por ciertos principios básicos que corresponden ser observados a la hora de decretar la nulidad, es así que se tiene el Principio de Especificidad o Legalidad, a través del cual ningún acto o trámite puede ser declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinado por ley, es la norma jurídica la que determina cuando un acto procesal debe ser anulado, principio que se encuentra contemplado en el art. 251 del Código de Procedimiento Civil; también se tiene el Principio de Finalidad del Acto, este principio debe ser entendido en su dimensión objetiva, pues a través del cual no basta que la sanción legal para declarar la nulidad se encuentre establecida en la ley, sino que debe tenerse en cuenta que el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado; por otra parte también se tiene el Principio de Trascendencia que establece que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad, salvo en los casos para resguardar las garantías y evitar la violación a derechos esenciales de la defensa en juicio, es decir se debe tenerse en cuenta, en qué medida el acto a ser anulado puede incidir o cambiar radicalmente el curso del proceso; finalmente, el Principio de Convalidación, nos indica que la nulidad no podrá ser reclamada si el acto es consentido ya sea expresa o tácitamente, por eso se dice que la nulidad solo precede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación del proceso, principio que tiene estrecha relación con el principio de preclusión, mismos que se encuentran previstos en el art. 16 de la Ley 025 del Órgano Judicial y que impone a los operadores de justicia el deber de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando exista irregularidad reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa; principios básicos que deben necesariamente ser tomados en cuenta a la hora de proceder a decretar la anulación del proceso o de una Resolución Judicial.

En el caso presente, la recurrente en su memorial de recurso de casación de fs. 219 y vlta., reclamó en apelación el derecho que le asistiría respecto a la asistencia familiar, agravio que el Tribunal de Alzada no habría emitido pronunciamiento, aspecto que la recurrente acusa en casación.

En el Auto de Vista recurrido, el Tribunal Ad quem basó su decisión de anular el Auto de concesión de fs. 190 del recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia bajo el argumento de que la apelación carece de agravios y falta de acreditación del requisito procesal básico que es el interés legalmente válido, indica que no existe una demostración de los motivos para considerar errónea la Resolución impugnada por esa razón no tendría competencia para conocer la Alzada, y que el Auto de concesión no correspondería a procedimiento; en base a esos argumentos el Tribunal Ad quem procede a anular simple y llanamente el Auto de concesión de fs. 190 que concede la apelación en contra de la Sentencia de primera instancia; con esa actuación el Ad quem desconoce su propia competencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil para resolver el recurso, decisión asumida al margen de la normativa legal vigente que rige la materia y es totalmente contraria a los principios procesales que rigen las nulidades descritas anteriormente; con esa determinación se atenta el principio constitucional previsto en el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado respecto a la garantía que tiene todo litigante de impugnar las Resoluciones Judiciales y va en contra del principio de acceso a la justicia previsto en la propia Constitución.

El argumento del Tribunal Ad quem en el sentido de que la recurrente no habría fundamentado los agravios punto por punto ni acreditado el interés legalmente válido para recurrir, implica desde luego incurrir en una excesiva solemnidad y cae en un formalismo vacío, toda vez que, la recurrente se constituyó en parte principal  del proceso en su calidad de sujeto pasivo, en esa condición la Sentencia de primera instancia le fue adversa a sus intereses, esa sola  situación acredita su interés legítimo para reclamar del fallo y le habilita para impugnar dicha Resolución, quien en su recurso de apelación de fs. 185, claramente indica que fue lesionado su derecho a la asistencia familiar por encontrarse en estado de necesidad y debido a su avanzada edad no estaría en la posibilidad de proveerse de los medios económicos de subsistencia, por tal razón implora al Tribunal de Alzada que no se le exonere de la asistencia familiar, recurso que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal previsto por el art. 220 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, en esa media, le correspondía al Tribunal de Alzada en función a una reevaluación de los medios de prueba en segunda instancia, resolver el recuro conforme al art. 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil, ya sea confirmando o revocando la Sentencia de primera instancia, pero de ninguna manera anular el Auto de concesión de la apelación sin realizar además una adecuada fundamentación y motivación del fallo como lo exige la jurisprudencia constitucional.

Se debe tener presente que hoy en día rigen los principios que sustentan la potestad de impartir justicia y los principios procesales que rigen la jurisdicción ordinaria consagrados en el nuevo orden constitucional previstos en el art. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, los mismos que se encuentran replicados en la Ley Nº 025 del Órgano Judicial; frente a esta situación resulta un rigorismo exagerado exigir que el recurso ordinario de apelación contenga un alto grado de tecnicismo jurídico y bajo ese argumento anular el Auto de concesión, pretexto de falta de cumplimiento de requisito y exigencias en la fundamentación o de contenido en el recurso, siendo además que la deficiencia en la fundamentación del recurso de apelación de ninguna manera puede constituir causa para decretar la nulidad al no encontrarse prevista esa situación en la normativa legal que rige la materia; con ese actuar se restringe el acceso a la justicia y el derecho a la doble instancia o impugnación que tiene todo litigante.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: “…..es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las Resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”.

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en las Sentencias Constitucional Plurinacionales SCP 0903/2012 de 22 de agosto de 2012 y SCP 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista en los arts. 271 num. 3) y 275 del adjetivo de la materia.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 435/2012 de fecha 16 de noviembre 2012 cursante a fs. 204 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada resolviendo el recurso de apelación de fs. 185 y vlta. en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Se apercibe a los Vocales signatarios del Auto de Vista recurrido y se les invoca a realizar una eficiente administración de justicia.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rita Susana Nava Duran