TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L  A   C I V I L


Auto Supremo: 217/2013

Sucre: 26 de abril 2013

Expediente: LP- 26- 13-S

Partes: Juana Mamani de Jochane y Cipriano Mamani Hidalgo. c/ Sebastián    

             Mamani Hidalgo. 

Proceso: Nulidad de Partida de Nacimiento

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 225 a 226 vlta. interpuesto por Sebastián Mamani Hidalgo contra el Auto de Vista Nº 478/2012 de fecha 24 de diciembre de 2012 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 223 y vlta., en el proceso de Nulidad de Partida de Nacimiento, seguido por Juana Mamani de Jochane y Cipriano Mamani Hidalgo contra Sebastian Mamani Hidalgo, la concesión de fs. 231, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido y de Sentencia de Corocoro, ante la perdida de competencia del Juez de Partido y de Sentencia de Viacha, dicta la Sentencia de fs. 203 a 204 de obrados, declarando probada la demanda de fs.8 a 9 y aclaración de fs. 14 y vlta, por consiguiente declara nulo el Certificado de Nacimiento, expedido por la D.R.C. Nº 2061, Localidad Viacha, Nombre del Inscrito: Sebastián Mamani Hidalgo, como también su cédula de identidad personal Nº 380652 L.P.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación por Sebastián Mamani Hidalgo por escrito de fs. 207 a 208 vlta.,  y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 478/2012 de fecha 24 de diciembre de 2012, cursante de fs. 223 y vlta. que anula el auto de concesión de fs. 213 de fecha 4 de junio de 2012, por la falta de fundamentación en la alzada de fs. 207 a 208 vlta.; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el recurso de casación interpuesto en lo más relevante expresa los siguientes puntos de consideración:

1.- Que, el Auto de Vista considera que no ha sufrido ningún agravio de la Sentencia, en el memorial de apelación -dice- fundamento adecuadamente los agravios que le causa esa Sentencia que dispone la anulación de su partida de nacimiento, se le esta negando el derecho a obtener una nueva valoración sobre este caso.

2.- Expresa, que la demanda se ampara en los arts. 549 y 1527 del Código Civil, que son normas totalmente contradictorias, ya que el art. 549 se encuentra dentro la Sección II de la Nulidad del Contrato es decir sobre casos de nulidad de contrato, por lo que el Juez de Corocoro no ha interpretado debidamente ese artículo porque su partida de nacimiento no es un contrato ni acuerdo de partes, además que es otro el procedimiento para invalidar el mismo.

3.- Acusa que se anuló su cédula de identidad sin mayor argumento legal, documento que utiliza desde que tiene uso de razón, así como su libreta de servicio militar que son documentos que demuestran su nombre correcto e identidad.

4.-Indica que la Constitución Política del Estado, señala que todo estante y habitante debe tener un nombre y una identidad, y que juzgador ha vulnerado este derecho sin ningún reparo.

Finalmente solicita se conceda el recurso  por ante Tribunal Supremo de Justicia cuyas autoridades casen en el fondo el referido Auto de Vista. 

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Apartándonos de lo vertido en el recurso, en aplicación del 252 del Código de Procedimiento Civil que señala: “El Juez o Tribunal de Casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”,  se procede a realizar el siguiente análisis:

El orden Constitucional garantiza el principio de doble instancia en la jurisdicción ordinaria conforme señala el art. 180 parágrafo II del texto Constitucional, bajo ese criterio el art. 30 num. 14 de la Ley Nº 025 señala que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el Principio de Impugnación que: “Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior, de las Resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causa un agravio”, previsiones que no se reducen a simples declaraciones programáticas, sino al contrario, es la vocación Constitucional y el sustento del cual debe verter la tarea de administrar justicia para todos los habitantes que constituyen el pueblo boliviano, por lo que el proceder de los Jueces y Tribunales de justicia deben ser coherentes con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional.

Bajo la misma línea se debe señalar, que la apelación es el recurso ordinario que garantiza la doble instancia en el proceso, recurso dado para reparar los agravios  que profesa, aparentemente, la Sentencia; en consecuencia, la apelación abre la operación de revisión a cargo del superior, encontrándose en desarrollo el derecho de impugnación del litigante, que de “…ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho la respuesta que le corresponde”. (A.S. Nº 44/2012).

En tal razón, el agravio formulado en apelación, juega un papel gravitante a momento de la Resolución en Alzada, pues los límites de la apelación están dados por el propio recurso, que abre materialmente la competencia del juez de segunda instancia, por lo que se debe tener prudencia en considerar su tratamiento, toda vez que el art. 219 y 227 del Código Adjetivo Civil no impone una técnica explicita de formulación del recurso, o sea,  no imputa requisitos de fondo, lo cual supone  que es el Juez o Tribunal que debe examinar el recurso y lo haga sin un rigorismo excluyente siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de doble instancia y debido proceso, bastando que el agravio tenga análisis crítico de la Sentencia y sostenga por qué dicha Sentencia le es gravosa a sus intereses; claro está, que no siempre un recurso presenta una técnica ideal de expresión de los agravios, lo que no supone que no lo contenga, y por tanto no es permisible desestimar de entrada la apelación deducida, por una aparente falta de técnica recursiva y ausencia de normativa legal y especifica. 

En el marco de lo expuesto, éste Tribunal Supremo de Justicia encuentra que el Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar la Resolución de vista, no ha realizado una exhaustiva revisión y análisis del recurso de apelación planteado de fs. 207 a 208 vlta., de obrados, coligiéndose que el impugnante si fundamentó y expresó sus agravios, talvez no con una técnica adecuada, pero si cumplió con lo determinado por los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil; como es el de criticar la base legal de la demanda inherente a la nulidad de contrato y no así a la filiación, la calificación del proceso y los puntos de hecho a probar como si fuera  de un contrato; la base legal de la Sentencia en el art. 551 del Código Civil,  la disposición de la misma en anular el certificado y no la partida de nacimiento; y lo ultra petita de la Resolución de primera instancia, que más allá de ser valederos o no, correctas o incorrectas esas pretensiones que deben ser examinadas en doble instancia, constituyen una crítica a la Sentencia y debe ser el Tribunal de Alzada el que deba absolver tales agravios y darles una repuesta fundamentada. 

Consiguientemente el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de entrar a considerar el fondo del recurso y no desconocer su competencia, como evidentemente lo hizo al anular el Auto de Concesión de Alzada, determinación encontrada en que la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales tal como son los arts., 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, lo que resulta contrario al debido proceso y ajeno al principio de impugnación, más aun cuando el presente proceso trata un tema delicado por cuanto versa en el fondo sobre el derecho fundamental de la identidad y la personalidad del recurrente.

De la Nulidad de la Concesión del Recurso de Apelación:

Sin perjuicio de lo antes explicado, hasta el presente se ha orientado en asumir la posición de anular obrados hasta la concesión del recurso de Alzada, a razón de que la apelación no cuente con la expresión de agravios exigida por el art. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, posición jurisdiccional asumida desde la extinta Corte Suprema en caso de encontrase situación a la descrita.

En torno a esta previsión cabe considerar que, el nuevo orden de las nulidades procesales nos emplaza que ésta es una decisión de ultima ratio, solución excepcional cuando no se encuentre otro medio procesal para subsanar las irregularidades en proceso, siempre bajo la aplicación de los principios procesales y se vulnere al debido proceso en cualquiera de sus elementos con incidencia directa al derecho a la defensa, a esto el Auto Supremo N° 83/2013 señala que “…la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”,  criterio coherente con el art. 16 par. I de la Ley N° 025 que dice: “Las y los Magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir  con el desarrollo del proceso, sin retrotraer las etapas  concluidas , excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a Ley”.

En tal razón, resulta inadecuada la aplicación de una decisión anulatoria de obrados cuando el recurso de apelación no contenga la expresión de agravios requerida, más aun teniendo presente que el recurso de apelación defectuoso no constituye un acto procesal viciado o que afecte al debido proceso y ofenda al derecho a la defensa del contrario, sino que es una eventualidad propia del proceso imputable al impugnante, que no afecta al desarrollo de la causa y por ende al derecho de las partes, por lo que no es pausible, radicado el proceso ante el Tribunal Ad quem, retrotraer etapas procesales como se hace al anular obrados hasta la concesión del recurso.

En tal razón, modulando el accionar jurisdiccional descrito, el Juez o Tribunal de Alzada, luego de la revisión exhaustiva y amplia del recurso de apelación y al cerciorarse que es  carente de agravios, deberá emitir Resolución conforme señala el art. 237 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, “Confirmatorio Total, con costas en ambas instancias”, haciendo constar que no se ingresó a un análisis de fondo por lo insuficiente del recurso. Resolución contra la cual la parte podrá interponer recurso de casación en la forma o de nulidad, si considera que su apelación efectivamente contenía la exposición de agravios y que los mismos fueron indebidamente omitidos por el Ad quem.

Por lo expuesto éste Tribunal de Casación, emite Resolución en la manera determinada por los arts., 271 num. 3)  y 275 del código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista cursante de fs. 223 y vlta, de fecha 24 de diciembre de 2012, debiendo el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, dictar nueva Resolución dentro el marco establecido por el art. 236 del procedimiento Civil respecto a la apelación deducida contra la Sentencia.

Siendo excusable el error no se impone multa al Tribunal de alzada.

En aplicación del art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.