TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 216/2013

Sucre: 26 de abril 2013

Expediente: CB 30 13 - S

Partes: Rosa Quiroga Vda. de Antezana c/ Carlos Quino Bravo y Carlos Andrés Quino Antezana y otros

Proceso: Nulidad de documento  


Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de “casación o nulidad en el fondo” de fs. 205 a 207 interpuesto por Carlos Quino Bravo, contra el Auto de Vista Nº 158/2012 de fecha 24 de octubre de 2012 cursante de fs. 199 a 202 y vlta.  pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de documento seguido por Rosa Quiroga López Vda. de Antezana, contra el recurrente y otros; sin respuesta al recurso; el Auto de concesión de fs. 210; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Rosa Quiroga Vda. de Antezana, de fs. 17 a 18 y vlta. interpone demanda ordinaria de nulidad de documento, contra Carlos Quino Bravo y sus hijos Andrés, Mariela, Andrea, Carlos, Julio, Jhovanny y Rosita, todos de apellido Quino Antezana (los dos primeros hijos nombrados, mayores de edad y el resto menores de edad), de cuyo contenido se resume lo siguiente: indica que ante el fallecimiento de su esposo Julio Antezana Rodríguez se declaró heredera el 2004 respecto al lote de terreno de 855 mts2. como bien ganancial denominado “Mesadilla” ubicado en la región de Tupuraya, Cantón Santa Ana de Cala Cala, trámite que  fue registrado en DD.RR. bajo la Matrícula Nº 3011020021499 Asiento A-1 de fecha 12 de abril de 2004; sin embargo su hija Gaby Vitalia Blanca Antezana Quiroga, aprovechando de su avanzada edad (83 años) y del cariño y amor que le brindaba como madre, le había hecho firmar un documento de transferencia a título de compra-venta del 50 % de sus acciones y derechos que le correspondía como bien ganancial, más el 10 % de la parte como heredera de su nombrado esposo, sin haber recibido ningún pago de dinero, cuando en verdad su persona solo estaba transfiriendo en forma gratuita la mitad de la parte que le correspondía como propietaria del bien ganancial; ante el fallecimiento de su nombrada hija, su esposo Carlos Quino Bravo (yerno) es quien pretende a toda costa sacarle del inmueble apropiándose del 60 % del mismo, habiendo su hija y el yerno actuado en su contra con dolo y mala fe, motivo por el cual al amparo de los arts. 546, 549 inc. 1) 2) 3) y 550 del Código Civil demanda la nulidad del documento de transferencia de fecha 04 de agosto de 2004 y la Escritura Pública Nº 785/2004 con matrícula 3011020021499, Asiento A-2 del 10 de noviembre de 2004.  

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 02 de diciembre de 2008 cursante de fs. 175 a 178, declaró IMPROBADA la demanda y PROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuestas a la demanda.

En apelación la Sentencia de fecha 02 de diciembre de 2008, interpuesto por Rosa Quiroga Vda. de Antezana, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de fecha 24 de octubre de 2012 cursante de fs. 199 a 202 y vlta., revoca parcialmente la Sentencia apelada y declara probada la demanda e improbada las excepciones perentorias, disponiendo la nulidad de la Escritura Pública Nº 785/2004 de fs. 13 a 15 y reconociendo derecho propietario a favor de los demandados Carlos Quino Bravo, Carlos Andrés y Mariela Quino Antezana como herederos de Gaby Vitalia Blanca Antezana Quiroga sobre el 25 % del terreno del inmueble objeto de transferencia;  en contra de esta Resolución de segunda instancia, el demandando Carlos Quino Bravo, recurre en “casación y nulidad en el fondo”.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El recurrente interpone recurso de “casación o nulidad en el fondo”, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

Indica que, el Auto de Vista recurrido es contradictorio ya que por un lado revoca parcialmente la Sentencia de primera instancia y declara la nulidad de la Escritura Pública Nº 785/2004 y paralelamente dispone el reconocimiento de su derecho propietario conjuntamente sus hijos como herederos únicamente sobre el 25 % del inmueble objeto de litis.

Acusa que, el Auto de Vista recurrido contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley haciendo referencia para ello a los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, otorga mayor validez a una sola declaración testifical sobre lo expresado en un documento público. De la misma manera acusa la violación del art. 1287 y 1289 del Código Civil con relación a los documentos públicos.

Acusa también la violación de los arts. 489 y 490 del Código Civil respecto a la causa y motivo ilícito, indicando que esos aspectos jamás fueron acreditados siendo inexistentes y bajo ningún concepto se adecuan al caso; refiriendo al mismo tiempo que tampoco concurre error esencial previsto en el art. 474 del Código Civil.

Indica que, en cuanto a la valoración de la declaración confesoria de su persona, resulta sesgada y forzada, el hecho de no haber podido precisar cuánto se pagó por la venta, resulta irrelevante para probar la nulidad demandada por la actora.

Que, la codemandada Mariela Quino Antezana quien también es cotitular del derecho propietario, al no haber comparecido a asumir defensa dentro del proceso, no se le declaró su rebeldía, tampoco se le notificó con las demás actuados procesales que le permitan asumir su defensa.

Con tales argumentos termina indicando que interpone recurso de “casación o nulidad en el fondo”  solicitando se CASE el Auto de Vista recurrido o en su caso, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, poniendo de manifiesto el fallecimiento de la demandante y pidiendo la suspensión de la tramitación del proceso.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurrente al haber interpuesto recurso de casación bajo el denominativo de “casación o nulidad en el fondo”, se entiende que quiso interponer al mismo tiempo ambos recursos, es decir en la forma y en el fondo conforme se encuentra  establecido en el art. 250 del Código Procedimiento Civil, sin embargo del contenido del memorial del recurso de fs. 205 a 207 se evidencia que el mismo contiene aspectos que hacen al fondo, habida cuenta que se acusa la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley y mala valoración de la prueba; en ese sentido se encuentra la petición pidiendo que se case el Auto de Vista; hecha esta aclaración se pasa a considerar el mismo.

Como primer argumento el recurrente refiere que el Auto de Vista recurrido es contradictorio ya que por un lado revoca parcialmente la Sentencia de primera instancia y declara la nulidad de la Escritura Pública Nº 785/2004 y paralelamente dispone el reconocimiento de derecho propietario a favor de su persona conjuntamente sus hijos como herederos de Gaby Vitalia Blanca Antezana Quiroga únicamente sobre el 25 % del inmueble objeto de transferencia; al respecto corresponde indicar que el art. 253 num. 2) del Código Procedimiento Civil establece como una de las causas de casación en el fondo cuando la Resolución contuviere disposiciones contradictorias, conocido en doctrina como Sentencias “Auto contradictorias”, por contener al mismo tiempo dos resoluciones opuestas  entre sí sobre una misma cuestión, haciéndole inconsecuentes consigo mismas.

El art. 190 del Código Procedimiento Civil establece que la Sentencia “…contendrá decisiones expresas, positivas y precisas”; esta regla establecida en relación a la Sentencia de primer grado, es también aplicable a la Sentencia de segundo grado o Auto de Vista; por ello la parte resolutiva debe ser congruente y contener decisiones que entre ellas no sean incompatibles; en ese sentido el art. 253 num. 2) del Código Procedimiento Civil no deja duda alguna y considera que cuando existe disposiciones contradictorias en la parte resolutiva del fallo, se incurre en “error in judicando” que amerita la casación en el fondo al considerar que la contradicción en la Resolución del fallo implica un error del Juez.

En el caso presente la contradicción denunciada por el recurrente se encuentra en la parte dispositiva del Auto de Vista recurrido donde se observa no solo una evidente contradicción sino también imprecisiones en esa parte dispositiva del fallo, ya que al revocar parcialmente la Sentencia de primera instancia y declarar probada la demanda de fs. 17 a 18, no especifica que parte de la Sentencia se estaría revocando y en cuanto a la demanda propiamente dicha, tampoco aclara si la misma se declara probada en parte o en todo.

Por otra parte, al haber declarado probada la demanda determinando la nulidad de la Escritura Pública Nº 785/2004 del 05 de noviembre de 2004 que cursa de fs. 13 a 15 a través de la cual la Sra. Rosa Quiroga Vda. de Antezana transfirió en favor de su hija Gaby Vitalia Blanca Antezana Quiroga, sus acciones y derechos del lote de terreno de 855 mts2. denominado “Mesadilla” ubicado en la región de Tupuraya, Cantón Santa Ana de Cala Cala del Departamento de Cochabamba y como emergencia de esa nulidad decretada, quedó sin efecto y valor legal en su totalidad la referida Escritura Pública anulándose también los derechos que se reconocen en la misma, ya que el fallo no indica que se declara su nulidad parcial de dicho documento, sin embargo al mismo tiempo reconoce derecho propietario sobre el 25% del terreno objeto de transferencia en favor del demandado Carlos Quino Bravo y de sus dos hijos mayores Carlos Andrés y Mariela Quino Antezana (dejando al margen a sus cinco hijos menores quienes también fueron demandados), sin considerar que la referida fracción del 25% emerge de esa misma transferencia anulada; siendo esas las contradicciones más evidentes que se advierte en la parte dispositiva del fallo, aspectos que hacen al fondo de la Resolución, ya que al haber declarado la nulidad total de la indicada Escritura Pública, no se podía al mismo tiempo reconocer derecho propietario a favor de ninguno de los demandados, como así declarar improbadas las excepciones perentorias opuestas a la demanda toda vez que en el caso sub lite se demandó únicamente la nulidad de los documentos de transferencia y no existe pretensión de ninguna de las partes en el sentido de que se reconozca derecho propietario a favor de los demandados.

Al ser contradictorio e impreciso el fallo, no reúne las condiciones de certeza y deja en estado de inseguridad jurídica a las partes litigantes, y en observancia de los principios de Eficacia y Seguridad Jurídica previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y arts. 3 num. 4) y 30 num. 7) de la Ley 025 del Órgano Judicial, los operadores de justicia tienen el deber de velar por la solución del conflicto emitiendo Resoluciones eficaces que otorguen a las partes la debida seguridad jurídica, de modo que sus decisiones sean ejecutables.

Por otra parte, el recurrente refiere que el Tribunal de Alzada ha incurrido en mala valoración de la prueba testifical acusando la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento; al respecto, tratándose de la valoración de pruebas testificales, las referidas normas legales dejan a criterio del Juez de la causa la apreciación de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica y prudente arbitrio y según criterio del Juez A quo, llegó a la conclusión de que las declaraciones testificales de cargo al no ser uniformes, precisas ni concluyentes respecto a la falsedad e ilicitud que se demanda, indicó que no tienen eficacia probatoria frente a los documentos públicos; sin embargo de acuerdo al art. 1329 num. 2) del Código Civil, la prueba de testigos es admisible y por tanto apreciable cuando el acto es impugnado por falsedad o ilicitud como ocurren en el caso presente.   

En ese entendido, si bien el Tribunal de Alzada procedió a apreciar las pruebas testificales tanto de cargo como descargo, sin embargo tampoco realizó una valoración integral en su verdadera dimensión, ni tomó en cuenta la confesión judicial de la demandante, simplemente hace mención a algunas partes de las declaraciones testificales de alguno de los testigos sin precisar los nombres dejando al margen a los demás, tal es el caso de la declaración de Eleuterio Valencia Espinoza que cursa a fs. 149 que no fue tomada en cuenta, que según el sentido de su declaración manifiesta que él había construido la vivienda de dos plantas del demandado (Carlos Quino Bravo) en el inmueble que fue objeto de transferencia, trabajando desde el mes de febrero del 2006 hasta noviembre del mismo año, ocasión en la cual la Sra. Rosa (demandante) le manifestó que le había transferido el inmueble a su hija (Gaby Vitalia Blanca Antezana Quiroga) y cuando estaba construyendo, él le había preguntado hasta que parte iba a construir, la Sra. Rosa le indicó que proceda con la construcción porque esa parte ya es de su hija por la transferencia que le hizo y por esa razón avanzó unos dos metros más aproximadamente, de donde se entiende que esa construcción fue con el previo consentimiento de la demandante, además así lo manifiesta en su confesión de fs. 141 y vlta.

Por otra parte, ante la pregunta formulada en el interrogatorio de que la demandante junto a sus hijas echaron del hogar a Carlos Quino y sus hijos, el mismo testigo responde indicando ser evidente y le consta esa situación porque él seguía trabajando en el inmueble y eso pasó cuando llegaron las hijas de la Sra. Rosa del extranjero, declaración que merece credibilidad por haber sido el testigo quien estuvo a cargo de la construcción de la obra y haber permanecido todo ese tiempo muy cerca de las personas que hoy se encuentran en conflicto, indicando incluso que anteriormente todos compartían la comida en esa casa donde construyó la vivienda, declaración que sin embargo el Tribunal de Alzada no la tomó en cuenta, la misma que a su vez se halla respaldada por la declaración de fs. 150 del testigo Juan Carlos Ávila Soleto, quien manifiesta ser arquitecto y que fue contratado para realizar la división del predio e hizo la medición del terreno para la construcción del inmueble y elaboró el plano de división en un 50 % del total del terreno para Carlos Quino y su esposa y el otro 50 % era la parte restante del terreno y ese trabajo lo hizo cuando aún vivía la hija Gaby Antezana, cursando también a fs. 123 plano de regularización de vivienda y relación de superficies con una extensión total de 386,97 mts2. de terreno a nombre de Carlos Quino Bravo y Carlos Andrés Quino Antezana sin aprobación por la instancia correspondiente, el mismo que al no haber sido observado por ninguna de las partes, sirve de orientación e información para el caso presente.

El recurrente también acusa al Tribunal de Alzada de haber incurrido en violación de los arts. 489 y 490 del Código Civil; la primera norma legal se refiere a la “causa ilícita” y establece lo siguiente: “La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”; en el caso presente la transferencia de una fracción del inmueble, realizada por la Sra. Rosa Quiroga Vda. de Antezana en su calidad de legítima propietaria en favor de su hija Gaby Vitalia Blanca Antezana Quiroga, no se encuentra prohibida por ley ni resulta contraria a las buenas costumbres, ni mucho menos constituye un medio para eludir la aplicación de la ley, tampoco afecta las reglas de sucesión hereditaria, toda vez que los documentos de transferencia indican que se ha realizado a título oneroso (compra venta) y durante la tramitación del proceso no se ha demostrado con prueba contundente lo contrario a lo expresado en dichos documentos. En tanto que la segunda citada norma legal sustantiva se refiere al “motivo ilícito” el mismo que establece: “El Contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”; situación que tampoco se da en el caso presente por las razones antes indicadas; es más, para que tal actuación sea contraria al orden público, la norma legal en análisis exige la concurrencia de voluntades de ambos contratantes, es decir que ambos tengan la voluntad de actuar contra el orden público o las buenas costumbres, aspecto que en el caso presente no se ha dado.

Por otra parte, el Tribunal Ad quem indica que, la parte actora también ha demandado la existencia de error esencial en cuanto a la naturaleza del contrato, demostrando que solo ha cedido el 25 % del terreno a favor de su hija por un precio no existente y que no se habría cumplido las formalidades que exige una venta para su concreción como es el pago del precio y la entrega de la cosa; al margen de ello el Tribunal realiza una presunción indicando que la demandante al momento de firmar no pudo haber leído ni captado el tenor del documento de transferencia debido a la insuficiencia visual y su enfermedad; en base a esas afirmaciones llega a la conclusión que dicho contrato es “falso e ilícito”, aspectos que fueron rechazados por el recurrente fundamentando como agravios esa situación en su recurso de casación; sobre este particular se debe indicar que, ese aparente error esencial en la transferencia, ya sea respecto al porcentaje del terreno o sobre la gratuidad de dicha transferencia, no se tiene demostrado a plenitud en el proceso ya que las declaraciones testificales tanto de cargo como de descargo no hacen referencia si esa transferencia fue solo en el 25 % del total del terreno y si la misma fue a título gratuito como afirma la parte demandante y el Tribunal de alzada; las declaraciones de los testigos de cargo de fs. 144 a 146 son muy dispares en sus afirmaciones, el primero refiere que la demandante hubiera dado a su hija una parte del terreno, el segundo indica que le dio solo la cuarta parte que le correspondía a la demandante y el tercero indica que fue un pedacito pequeñito; de donde se concluye que la parte actora no ha cumplido con la carga procesal establecido en el art. 1283 parágrafo I del Código Civil y 375 num. 1) de su procedimiento en cuanto a la obligación de demostrar lo establecido en el Auto de relación procesal de fs. 82 y por consiguiente no fueron desvirtuados el contenido de los documentos públicos que respaldan la transferencia realizada por la madre a favor de su hija.

En base a las declaraciones de los testigos de cargo de fs. 144 y 146 y los certificados médicos oftalmológicos de fs. 191 a 192, el Tribunal Ad quem llega a la conclusión de que la actora a tiempo de firmar no pudo haber leído ni captado el tenor del documento de transferencia de sus acciones y derechos realizado a favor de su hija, atribuyendo esa situación a la insuficiencia visual que padecía; esa situación no se constituye en un aspecto determinante para el presente caso en particular, ya que por la documental que cursa a fs. 1 y 2 consistente en copia simple de la minuta de transferencia de terreno de fecha 04 de agosto de 2004, se infiere que la Sra. Rosa Quiroga López Vda. de Antezana (demandante), no sabía leer ni escribir ya que en dicho documento simplemente interviene consignándose su impresión digital junto al testigo de ruego y los presenciales del acto exigidos por el art. 1299 del Código Civil; esa su falta de instrucción básica escolar también se observa en los actuados procesales a lo largo de la tramitación de la causa interviniendo simplemente con su impresión digital, aspecto que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta, atribuyendo la aparente falta de conocimiento del contenido del documento de transferencia simplemente a la disminución visual de la actora que llega a ser un elemento completamente secundario, cuando en los hechos la indica que persona no sabía leer ni escribir; en todo caso, esta última situación debió ser el motivo principal para alegar el supuesto engaño que se dice haber sufrido, sin embargo la actora en su demanda no hace referencia para nada a esa situación.    

El recurrente al momento de la interposición de su recurso de casación también pone de manifiesto que hubiera fallecido la demandante, sin acreditar esa situación con ninguna prueba, no obstante que el Tribunal Ad quem mediante providencia de fecha 21 de enero de 2013 cursante a fs. 208 le exigió al recurrente que acredite ese hecho; según el art. 55 del Código Procedimiento Civil cuando la parte que actuare personalmente falleciera o se incapacitare, comprobado el hecho el juez suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al tutor mediante edictos para que se hagan presentes y asuman defensa en el estado en que se encontrare la causa; en el caso presente, la actora venia actuando personalmente en la tramitación de la causa y ante la falta de acreditación del supuesto hecho de su fallecimiento, el Tribunal Ad quem como este Tribunal Supremo se encuentran impedidos de dar aplicación al citado artículo, hasta mientras no se acredite con documentación idónea el hecho denunciado.   

Finalmente, es menester dejar claramente establecido que para el caso de los contratos de compra-venta, la falta del pago del precio y la entrega de la cosa, constituyen causas para la Resolución del contrato tal como lo establecen los arts. 622 y 639 del Código Civil y de ninguna manera amerita para que el Tribunal Ad quem llegue a la conclusión de que el contrato de transferencia es falso o ilícito como lo afirma en el Auto de Vista recurrido, aspecto que se encuentra fuera del contexto legal, ni mucho menos constituyen causas de nulidad del contrato previstas en el art. 549 del Código Civil.     

De lo expuesto se concluye que el Tribunal Ad quem en la emisión del Auto de Vista recurrido, ha incurrido en contradicción al establecer en la parte dispositiva del fallo dos situaciones adversas, como es la nulidad de la escritura pública Nº 785/2004 y al mismo tiempo reconocer derecho de propiedad a favor de los demandados; como también ha incurrido en inadecuada apreciación de la prueba testifical y aplicación indebida de normas sustantivas civiles, lo que amerita la casación del Auto de Vista recurrido, decisión que es asumida conforme a la exigencia del art. 41 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2537/2012 (Punto III.5) de fecha 14 de diciembre de 2012 por estar conformada la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia por dos Magistrados simplemente.  

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº 158/2012 de 24 de octubre de 2012 cursante de fs. 199 a 202 y vlta.  pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la Sentencia de primera instancia de fecha 02 de diciembre de 2008 cursante a fs. 175 a 178.

Sin responsabilidad por ser error excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán