TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                           S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 204/2013

Sucre: 17 de Abril    de  2013       

Expediente: CB-12 -13-S

Partes: José María Terán Terán  c/ Juan Carlos Morales Larrea y otros

Proceso: Nulidad de transferencias y otros

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 365 a 371, de obrados, interpuesto por el Banco Nacional de Bolivia S.A. oficina Cochabamba representado por Arturo Iriarte Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 139/2012 de 24 de Septiembre de 2012, cursante a fs. 336 a 338 vlta., de obrados, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Cochabamba, dentro el proceso ordinario de nulidad de transferencias y otros, seguido por José María Terán Terán contra  Juan Carlos Morales Larrea y otros, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, José María Terán Terán, interpone demanda  de nulidad de transferencias y otros en contra de Juan Carlos Morales, María del Carmen Velasco de Morales y el Banco Nacional de  Bolivia de Cochabamba, demandando  la nulidad  absoluta del documento privado de 14 de noviembre de 1987 y su registro en Derechos Reales de fecha 21 de enero de 1998, en virtud a que, dicha trasferencia  realizada mediante poder Nº 301 de 24 de abril de 1954 por Andrés Bleyer Weill, a favor del demandado Juan Carlos Morales Larrea, que sin embargo Andrés Bleyer Weill ya hubiera fallecido en fecha 12 de Agosto de 1967, antes de haber firmado el documento de  fecha 14 de Noviembre de 1987, también solicitó la nulidad de Escritura Pública de fecha 5 de abril de 2001 y su registro bajo la matricula 3011020011931, bajo el asiento A-1, de fecha 9 de abril de 2001 sobre el lote Nº 188 de la manzana “M” registrado a nombre del Banco Nacional de Bolivia, mismo que hubiera adquirido por contrato de dación de pago por parte de Juna Carlos Morales Larrea y su esposa.

Tramitada la causa el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de Cochabamba emite Sentencia en la que se resuelve declarar Probada la demanda de fs. 16 a 18, así como las excepciones perentorias de opuestas por el actor de fs. 79 vlta., e Improbada la Acción Reconvencional planteada por el codemandado Juan Carlos  Morales Larrea de fs. 69 a 72 de obrados. Así como las excepciones perentorias de fs. 51 a 53 y 70 vlta., sin costas por ser juicio doble. Declarando en consecuencia nulos  los actos jurídicos  que generaron 1) la minuta con valor de documento privado de 14 de noviembre de 1987 y su inscripción en Derechos Reales a fs. y partida Nº 171 del Libro Primero de propiedades de 21 de enero de 1988, en razón de que quien extiende el instrumento falleció 20 años antes de su extensión; 2) como consecuencia, la nulidad de Escritura de fecha 5 de abril de 2001 y su inscripción en Derechos Reales bajo matricula computarizada 3011020011931, en el asiento A-1 de 9 de abril de 2001; 3) la Reivindicación física del lote a su favor, bajo conminatoria de desapoderamiento, y 5) El pago de Daños y Perjuicios ocasionados averiguables en esta de ejecución de Sentencia.

Sentencia de Primera instancia que fue apelada por la entidad financiera  codemandada, que fue resuelta mediante Auto de Vista de fecha 24 de setiembre de 2012, misma que confirma la Sentencia de primera instancia con la  modificación  de no sancionar en daños y perjuicios a los demandados sin costas, Resolución de segunda instancia, que es recurrida de casación, por María del Carmen Velasco de Morales , también por el Banco Nacional de Bolivia  S.A., en la forma y el fondo y mediante Auto de fecha 26 de diciembre de 2012, se rechazó el recurso de casación de la codemandada de la Sra. María del Carmen Velazco Morales, en virtud a que esta no apelo de la Sentencia y en el mismo, se concedió el recurso al Banco Nacional, mismo que se analiza; y :


CONSIDERANDO II:


DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Que, el Juez de la causa al dictar la Sentencia no fundamento adecuadamente, como también acertaría la vocal disidente, quien consideraría que debe anularse la Sentencia por que no cumpliría con la debida fundamentación, que en su considerando II, el A quo habría realizado un análisis sobre los documentos público y privados, y comentarios de tratadistas que hacían suponer que la demanda necesariamente debía ser declarada improbada, debido a que el documento privado con reconocimiento de firmas de los esposos Morales, sería un instrumento público registrado en Derechos Reales y oponible contra terceros.


2.- Que, no existió ningún elemento probatorio para que, el inferior establezca que Andrés Bleyer Weill (fallecido) y Andrés Bleyer (vendedor) sean la misma persona, debió solicitarse certificaciones de subscripciones, que sirva de apoyo legal, además de reflexión al juzgador para determinar , si  el Sr. Andrés Bleyer Weill y Andrés Bleyer, son diferentes personas, es decir que podrían ser padre e hijo o tío y sobrino, que el Juez A quo habría obrado con poca responsabilidad en el análisis y fundamentación, particularmente respecto ello, que culminó declarando  que el vendedor de los esposos Morales murió hace más de veinte años, sin ninguna documentación que demuestre ese extremo.


3.- Que, del mismo modo el A quo habría señalado que, el banco no enervó lo acreditado por el actor, que si en embargo, el banco no tenía nada que acreditar ni enervar acerca de la muerte de Andrés Bleyer Weill, en primer lugar porque no es apoderado del  vendedor y en segundo lugar, porque el actor no demostró, que el vendedor y el Sr. Andrés Bleyer Weill son la misma persona que en atención a los art. 1.283 del Código Civil parágrafos I y II, son la misma persona.


4.- Que, el A quo no tomó  en cuenta, el Auto de relación procesal de fecha de 24 de Agosto de 2005, al momento de dictar Sentencia, que de haberlo realizado habría  concluido que el actor no presentó ninguna prueba sobre los siguientes puntos: a) que no existe,  prueba presentada por el actor, que el apoderado de los hermanos La Salle era Andrés Bleyer Weill; b) Que tampoco existiría documento presentado por el actor, que demuestre la venta de la Congregación a favor de Gustavo Urquidi Aramburo, para establecer la secuencia de ventas efectuadas de dicha institución, que no existiría prueba porque los esposos Urquidi, habrían vendido a los esposos Terán el Lote Nº 396, como señalaría la Escritura de venta que cursa en  obrados; c)Que no existe prueba técnica que acredite que el lote, aun bajo otra numeración es el terreno reclamo por el actor, así como de la  ubicación y superficie  reclamada, menos de la eyección que hubiera sufrido por parte del Banco Nacional.


5.- Que, el actor no habría enervado la indiscutible prueba técnica presentada por la entidad recurrente, toda vez que el actor no habría demostrado que el lote de su propiedad signado con el Nº 396, con  una extensión de 567 mts2., ubicado en la zona de Santa Mónica, es ahora el lote Nº 188 con una superficie de 560 mts2., por que no presentó plano de regularización del lote antes Nro. 396 ahora 188, que estos importantes datos técnicos, ignorados, fueron motivo suficiente para que el actor, no tuviera acceso al lote ni se arriesgara a invertir dineros efectuando mejoras en el predio.

6.- Que, según certificado de  folio con matricula Nº 3011020008429 de fecha 26 de mayo de 2000, el lote Nº 188 perteneciente a Gustavo Urquidi hubiese sido transferido al Roberto Torrico, según certificación que cursaría en obrados que acreditaría que, el actor no es propietario del lote Nº 188, así como la falsedad de la demanda.

7.- Que, el Auto de Vista recurrido  violaría la legislación vigente y producirían agravios sobre el derecho propietario del banco otorgado en dación de pago, sin tomar en lo absoluto todos los argumentos procesales y técnicos desplegados por el banco tanto en la respuesta a la demanda y en recurso de apelación, con referencia  al derecho propietario que posee el banco sobre el lote Nº 188 de la manzana “M”, habiendo presentado prueba que el actor nunca fue propietario del inmueble reclamado y menos sobre la ubicación y superficie, aspectos  que no habrían sido valorados por el Ad quem que confirmado la Sentencia que carecería de fundamento.


Finalmente, señala que el Ad quem habría vulnerado los derechos del Banco,  al haber efectuado una valoración equívoca al dictar un fallo parcializado vulnerando sus derechosa la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, solicitando  a este Tribunal pronuncie Resolución, casando el Auto de Vista y en consecuencia se declara improbada la demanda.


CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


De la lectura del recurso se puede establecer que la entidad recurrente, si bien dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo, sin la debida   individualización de cuales son de forma y cuáles de fondo, se pasa a dar respuesta conforme  lo acusado:


Refiere que, el Juez de la causa al dictar la Sentencia no fundamentó adecuadamente, como también acertaría la vocal disidente, quien consideraría que debe anularse la Sentencia por que no cumpliría con la debida fundamentación, si bien es evidente que la Sentencia no fue fundamentada exhaustivamente, pero no es menos evidente, que la misma, tiene los elementos jurídicos básicos, en otras palabras es razonablemente comprensible, y contiene decisiones expresas claras y positivas.

Manifiesta, que el documento privado con reconocimiento de firmas de los esposos Morales, sería un instrumento público registrado en Derechos Reales y oponible contra terceros, olvidando que en obrados consta, certificado de defunción de supuesto apoderado de la congregación La Salle, fallecido antes de que se efectué la venta a favor de Juan Carlos Morales.


Respecto al  reclamo de que  no existió ningún elemento de prueba, para que el Juez A quo, haya establecido, que el  Sr. Andrés Bleyer Weill (fallecido) y Andrés Bleyer (vendedor) sean la misma persona, señalar que  precisamente la entidad codemandada junto con el demandado Juan Carlos Morales Larrea, fueron quienes  manifestaron y sustentaron este aspecto, empero  cuando la  entidad financiera manifestó en su recurso de casación,  que no tenía  nada que acreditar ni enervar acerca de la muerte de Andrés Bleyer Weill, en primer lugar porque no era apoderado del  vendedor y en segundo lugar, por que el actor no demostró, aquello, ciertamente no comprendió que como parte codemandada y al haber sustentado que el fallecido Andrés Bleyer Weill y el vendedor Andrés Bleyer de su garante, eran diferentes personas, indicando inclusive  que podría tratarse de Padre e hijo o tío y sobrino, tenía toda la obligación de demostrar fehacientemente los fundamentos vertidos tanto en su contestación a la demanda  y a lo largo del proceso, infiriéndose  que no cumplió  con el mandato del art. 375 de la norma adjetiva civil que señala: “que la carga de la prueba le incumbe:1) al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho 2) Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor”; consecuentemente el  recurrente tenía la carga de  probar que  Andrés Bleyer Weill y Andrés Bleyer eran distintas personas, toda vez que esa alegación la hizo la entidad co demandada, precisamente para justificar un aparente hecho impeditivo del derecho que alegaba el actor, cuál es justamente la identidad de la persona que intervino en calidad de apoderado de la Congregación “La Salle”.

Respecto a la acusación de que no existiría prueba  presentada por el actor, que demuestre la venta de la congregación a favor de Gustavo Urquidi Aramburo,  y de éste al actor, que establezca  la secuencia de las ventas efectuadas, manifestar que en obrados consta a fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 208, documentación respecto al tracto sucesivo  de la ventas efectuadas por la Congregación “La Salle” a través del apoderado Jaime Wenceslao a favor de Gustavo Urquidi el año 1959 y que éste a su vez vendió el 20 de Noviembre de 1972 a favor del actor José María Terán Terán, el inmueble objeto de la Litis, mismo tiene registrado su derecho propietario  en Derecho Reales, bajo la partida Nº 126 a fojas 68 del Libro Primero de Propiedades de la ciudad, asiento A, de fecha 21 de febrero de 1973, no siendo evidente en consecuencia que no se habría acreditado el extremo acusado por la parte recurrente.

En cuanto a la aseveración de que  los esposos Urquidi, vendieron el lote Nº 396 al actor,  tal como constaría en las Escritura de éste último, se debe señalar, que los esposos Urquidi eran propietarios del lote Nº 188 como se evidencia de las pruebas presentadas de fs. 1, 2, 40 y 313 de obrados y en consecuencia, los esposos Urquidi, no podían transferir otro lote, que no sea el lote Nº 188, en virtud a que se tiene acreditado  que los mimos adquieren precisamente el lote Nº 188 y el lote N° 396 a la que hace referencia la entidad recurrente, corresponde  a la numeración de la Manzana del referido inmueble, como consta del plano aprobado a fs. 50 presentado por la propia entidad recurrente, y el testimonio de propiedad del actor de fs. 3, 4, 5 y 6, de manera que no existe duda respecto a que el lote Nº 188 ciertamente es de propiedad del actor.


Por otro lado, también se acusa que no cursa en obrados prueba técnica que acredite, que el lote del actor, aún bajo otra numeración es el terreno reclamado, así como de su ubicación ni superficie, en cuanto a ello manifestar, que  la prueba extrañada,  la presento precisamente  la entidad recurrente, consistente en plano  aprobado de fs. 50, de regularización de los lotes 187 y 188, a nombre de Juan Carlos Morales Larrea (demandado), mismos que coinciden con los datos del testimonio de propiedad del actor cursante a fs.3, 4, 5 y 6 de obrados, en cuanto a distrito correspondiente al Nº 2, la numeración del lote 188, la manzana  396  y las colindancias al  norte con el lote 187, al sud con el Lote 189, al este con la calle 3 (ahora calle Nicolás Ortiz) y al oeste con el lote 198, no siendo evidente lo manifestado  por la parte recurrente.


En cuanto a que el actor no habría enervado la indiscutible prueba técnica presentada por  la entidad recurrente, y no haber demostrado que  su propiedad signada con el Nº  396, con  una extensión de 567 mts2., ubicado en la zona de Santa Mónica, es ahora el lote Nº 188 con una superficie de 560 mts2., que habría sido motivo suficiente, para que el actor no tuviera acceso al lote ni se arriesgara a invertir y efectuando mejoras en el predio, señalar que, el recurrente insiste en indicar que el lote del actor, sería  el 396; sin embargo, como ya se tiene manifestado, de la prueba que cursa en obrados se evidencia  que dicha numeración corresponde al manzano “M-Trecientos Noventa y Seis” según reza el testimonio de propiedad del actor, coincidente con el plano de fs. 50 presentada por el  recurrente, por otro lado,  en cuanto a la ubicación del mismo, se tiene que según certificación de fs. 7 la congregación de los hermanos “La Salle”, eran propietarios de los fundos denominados con los Nombres de “Mayorazgo”, “Santa Mónica” o “Quita Beato Salomón” de manera que no resulta ser evidente que el  inmueble del actor estuviera ubicado en otra zona, toda vez, que se tiene demostrado también que el lugar es conocido  con  esos nombres.


Asimismo, señaló que según certificado de folio con matricula Nº 3011020008429 de fecha 26 de mayo de 2000, el lote Nº 188 perteneciente a Gustavo Urquidi, hubiese sido transferido por éste último, a Roberto Torrico, según certificación  de fs. 40  y 313 de obrados que acreditaría, que el actor no es propietario del lote Nº 188, se debe señalar que aun siendo evidente, que en  obrados existen dicha certificación, no es menos evidente que el actor también demostró que dicha venta también  fue fraudulenta, toda vez que el  Notario Alejandro Mostajo Salinas, ante la cual se habría suscrito dicha  venta, ya había falleció el año 1972 como se tiene del Certificado de Defunción de fs. 183, en consecuencia, no era posible su intervención, en dicha venta  realizada el año 1975, en virtud a que el indicado notario ya había fallecido, por lo tanto, tampoco resulta ser evidente ese extremo.


Finalmente, cuando manifiesta que, el Auto de Vista recurrido violaría la legislación vigente y ello le causaría agravios sobre su derecho propietario, sin haber tomado en cuenta en lo absoluto, todos los argumentos procesales y técnicos desplegados por este último, pero que sin embargo, no habrían sido valorados por el Ad quem, manifestar que ello no es evidente toda vez que precisamente de la compulsa de todos los argumentos, y prueba técnica, aportada  por la parte recurrente los Tribunales de instancia llegaron a la conclusión que el inmueble que reclamó el actor correspondía  al lote Nº 188, que estaba en posesión del demandado, que posteriormente fuera transferido en dación de pago por una obligación contraída por los padres del demandado y transferido al recurrente, corroborado por la prueba presentada por la entidad recurrente, de tal manera no resulta cierto que el Auto de Vista haya confirmado  la Sentencia vulnerando sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Por todo lo expuesto, se determina que no existen motivos para que este  Tribunal pronuncie Resolución, casando el Auto de Vista y declarar improbada la demanda como lo hubiera solicitado la entidad recurrente, siendo por ende de aplicación los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La  Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo la facultad prevista en el art. 42 num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el  fondo, presentado,  por el Banco Nacional de Bolivia S.A. Regional Cochabamba cursante de fs. 365 a 371 y Vlta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán