TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

 

Auto Supremo: 203/2013

Sucre: 17 de abril 2013

Expediente: CB-10-13-S

Partes: Delia Corina Rendón Céspedes y Otros. c/ Lourdes Berna Sandi Soliz

Vda. de Rendón.

Proceso: División y Partición

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 558 a 561, interpuesto por Lourdes Berna Sandi Soliz Vda. de Rendón contra el Auto de Vista de fecha 12 de septiembre de 2012 cursante de fs. 521 a 523 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de ordinario de División y Partición seguido por Delia Corina Rendón Céspedes y otros contra Lourdes Berna Sandi Soliz Vda. de Rendón, la concesión de fs. 567, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Duodécimo en lo Civil dicta la Sentencia de fecha 19 de agosto de 2010 cursante de fs. 416 a 426 vlta., declarando probada en parte la demanda de fs. 27 a 29; improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuesta a la demanda principal; improbada la mutua petición.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación por Lourdes Berna Sandi Soliz Vda. de Rendón por escrito de fs. 429 a 431 vlta., y nulidades emergentes de por medio, se dicta el Auto de Vista de fecha 12 de septiembre de 2012 de fs. 521 a 523 vlta., que confirma la Sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo y la forma por escrito de fs. 558 a 561 de obrados, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En el recurso de casación interpuesto expresa los siguientes puntos de consideración:

En la forma:

Acusa que los puntos observados de la Sentencia en apelación no fueron absueltos, aun cuando tales debieron sin excusa ser fundamentados de forma totalmente motivada y son:

Sobre los bienes del de cujus, se planteó en la contestación que el acervo hereditario no solo constituye el bien de Cochabamba sino también otros bienes inmuebles y terrenos en al ciudad de Oruro y Norte de Potosí, planteándose también la división de estos, y pese a que se planteo recurso emergente, en Sentencia y Auto de Vista no se pronunciaron al respecto.

De la Circular 035/94 que de fs. 61 vlta., se dispone la notificación del Municipio de Cercado que a partir de esta notificación en cumplimiento del art. 131 de la Ley de Municipalidades es parte de la presente demanda, a objeto de que presente certificaciones, que merecen fe probatoria, por ello se puede afirmar que los demandantes no hicieron nada por ante el ente municipal y peor aun el pago de impuestos.

Sobre su domicilio, la documental de fs. 329 y 330 certifican que no tiene domicilio permanente en Oruro, además que de fs. 331 derechos reales certifica que no tiene inmueble en esas ciudad; así como las certificaciones de 335 a 336, y la prueba testifical cursante a fs. 350 a 352 confirma las mejoras en el inmueble, refrendado por la certificación de la junta vecinal de fs. 128.

Del informe pericial, cursante de fs. 309 a 319 acredita las erogaciones económicas en el inmueble, la inspección judicial de fs. 354 coincide con el avaluó, así también las certificaciones de fs. 120 a 240, prueba que tiene valor probatorio y merecen la fe que le otorga el art. 1287 del Código Civil.

En el fondo:

Acusa interpretación errónea de la ley, en razón a que el Auto de Vista señaló que al haberse declarado heredera en 50% de acciones y derechos de su fallecido esposos como si este no hubiese tenido otros herederos, lo que es falso por encontrarse inscrita en al matricula 3.01.1.01.0000009, posterior se realizó la declaratoria y el anticipo de legitima que fue inscrito en el 50% en fecha 04 de mayo de 2000 en el asiento 3. El interdicto de adquirir la posesión fue publica, pacifica sin oposición y continuada hasta la fecha en que se inicio la litis, posesión de conocimiento de los demandantes que no plantearon acción oportuna.

Reclama que el Auto de Vista establece que no se demostró la buena fe sobre los 50% de acciones y derechos por más de 5 años, a esto la usucapión quinquenal estima que deba concurrir los siguientes elementos: Titulo idóneo inscrito, Buena Fe, Termino para prescribir; y siendo que la demanda se planteó el 25 de enero de 2001 después de 7 años después de haber inscrito su derecho, por esta razón se consolida la usucapión quinquenal.

Señala que respecto a la usucapión decenal del 50 % restante, se adquirió por el sólo hecho de sus posesión. Luego reitera la recurrente que los demandantes no tienen radicatoria en esta ciudad, y que la instancia legal correspondiente es decir 5 años después de la última actuación judicial el año 2000, después de 7 años es decir el año 2007 instauran la demanda de división y partición cuando sus derechos han prescrito conforme a ley.

Finalmente, solicita se conceda el recurso a fin de que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista impugnado y dicte Resolución revocatoria de la Sentencia ordenando se dicte una nueva Resolución.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación en la forma:

De la lectura del recurso se advierte que centra su reclamo en una supuesta incongruencia negativa, porque en apelación no fueron absueltos todos los puntos observados de la Sentencia, puntualizando: sobre los bienes del de cujus, de la circular 035/94, sobre su domicilio y del Informe Pericial de fs. 309 a 319.

Para el examen correspondiente es necesario realizar las siguientes precisiones. Los agravios contenidos en apelación están relacionados en especifico a tres puntos, la usucapión quinquenal, usucapión decenal y la petición mutua o reconvención; cada punto desarrollado con argumentos referidos a la prueba adjunta en proceso y a posiciones propias de la apelante, en tal razón cada inciso desarrollado en estos tres agravios no constituyen un agravio propiamente dicho, puesto que son argumentos que van destinados a fundar la aparente infracción.

Dentro el marco de lo explicado, el Auto de Vista dirigió su fundamentación sobre los agravios considerados en apelación, otorgando una respuesta sobre la usucapión quinquenal, decenal y sobre la decisión asumida en primera instancia de la viabilidad de la división y partición, la cual fue ratificada en base a los fundamentos expuestos. Por lo cual no puede señalarse como no absuelta la referencia a la Circular 035/94 y sobre su domicilio que fue tratada en Alzada, aunque sin ser explicito en esa supuesta infracción. En relación a la prueba pericial, esta fue dicha de paso en apelación sin que se fundamente como agravio, por lo que su respuesta, como es obvio, no podía estar desarrollada como un punto aparte sino dentro el contexto de los agravios resueltos; sin embargo es de observar que si la fundamentación, a la recurrente, le parecía insuficiente u omitiva, debió hacer uso de su derecho de explicación y complementación que le asiste el art. 239 Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 196 num. 2) del mismo cuerpo legal. Por otro lado, de la forma en como se ha planteado en casación estos supuestos agravios, lo que trata es de inducir a una nueva valoración de la prueba que fue realizada en la instancia la cual es incensurable en casación y que no puede ser tratado en un recurso extraordinario como es el presente.

En relación a los bienes inmuebles del de cujus, debe quedar establecido que si bien este supuesto agravio no fue resuelto por el Tribunal de Alzada, no menos cierto es que para que opere la casación en la forma en virtud del art. 254 num. 4) del Código Adjetivo Civil, se debe tomar en cuenta la condicionante que la infracción debe ser reclamada oportunamente ante los Tribunales inferiores. En la hipótesis que el Auto de Vista no se ocupe del examen de un agravio de apelación, sea por desatención involuntaria o por motivos propios del Ad quem, el reclamo a esta omisión o falta de pronunciamiento debió ser oportuna, coherente con la norma de análisis, por medio del derecho que le asiste al apelante de la Explicación y Complementación normado por art. 239 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el art. 196 num. 2) de la misma norma legal, que tiene por solución: "...suplir cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en litigio". En tal situación era obligación de la recurrente vía Explicación y Complementación reclamar sobre la omisión observada para dar cabida al pronunciamiento del Tribunal de Casación, por otro lado, resulta intrascendente ese reclamo, como para imponer una nulidad de obrados, por cuanto dicho aspecto en proceso estaba reatado a una apelación diferida que no fue debidamente activada en la apelación principal, quedando desistida y por ende cerrado el tema sobre la división de otros bienes.

Por todo lo explicado el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

Del recurso de casación en el fondo

Para el examen pertinente del recurso es preciso realizar las siguientes consideraciones:

El art. 134 del Código Civil respecto a la usucapión quinquenal u ordinaria señala: "Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito"; norma que en análisis, que posee como requisitos: Titulo idóneo, buena fe, posesión continuada y transcurso del tiempo.

La doctrina ahondando sobre este instituto nos orienta respecto al titulo idóneo las condiciones a cumplirse sobre la usucapión ordinaria que es la existencia del justo título en la transferencia del dominio, que el propietario transfiriente no resulte serlo, y que el título este debidamente registrado. Entendiendo que "...se conoce jurídicamente con el nombre de justo título a la causa idónea para poder transferir el dominio de las cosas. Quien debe ostentar ese título es el propietario transferente, tratándose de bienes inmuebles con los documentos que le dan la calidad de propietario...". (Auto Supremo No. 234/2009)

Sobre lo desarrollado y realizando el examen del caso en cuestión, la denuncia señala interpretación errónea de la ley, en cuanto a los actos que derivaron en la propiedad, que conforme sus argumentos, serian suficientes para la procedencia de la usucapión quinquenal.

De los antecedentes adjuntos y del mismo relato de la recurrente, se tiene que el 50 % del inmueble del cual se pretende la usucapión quinquenal, fue adquirido por vocación hereditaria, no otra cosa se entiende del registro en el asiento 0 de la Titularidad sobre el Dominio del folio real con matricula Nº 3.01.1.01.0000009 cursante de fs. 357 a 358 del inmueble en litis, y la posesión judicial inscrita en el asiento 3 fue en virtud del mismo derecho sucesorio que le asistía a la demandada, entendiéndose que fue una formalización del mismo, así consta en el testimonio de posesión judicial de fs. 44 a 45 vlta., por lo que la transmisión del bien inmueble fue por el derecho sucesorio y no fue realizado como acto de disposición del propietario aparente Evaristo Rendón Díaz, no constando el titulo idóneo del que habla la usucapión.

Por otro lado, se señala que el documento por el cual se transfirió el inmueble es el contrato de anticipo de legítima cursante de fs. 42 a 43, sin embargo, sin entrar en consideraciones respecto a su contenido, éste no fue debidamente inscrito en Derechos Reales, requisitos necesarios, para que sea el punto de partida del computo del plazo exigido para la usucapión.

Respecto a la posesión del inmueble, se debe manifestar que si bien existió posesión judicial del inmueble, no se tiene en antecedentes si esta fue exclusiva o en parte del bien inmueble, por cuanto, también se tiene del folio real que en el asiento 2 existe posesión judicial a favor de los hermanos Rendón Céspedes inscrita en fecha 29 de abril de 2000, e incluso al fundar la acción reconvencional no se explicó cuál parte del inmueble es que pretendió obtener por este tipo de usucapión, en todo caso, la posesión debe ser concebida de hecho para la viabilidad de la prescripción adquisitiva. En tal situación la pretensión de usucapión quinquenal no se allana a los requisitos exigidos por ley.

Sobre la usucapión decenal, conforme lo manifestaron los de instancia, la recurrente no probó dicha pretensión, y en casación no existe argumento que desvirtúe el decisorio jurisdiccional, sin embargo, un elemento entre otros, por el cuál resulta desacertada su pretensión es la inscripción de la posesión judicial a favor de los hermanos Rendón Céspedes de fecha 29 de abril de 2000, inscrita en el Asiento 2 del folio real con matricula Nº 3.01.1.01.0000009.

En relación a la prescripción de la acción de división y partición que se hace alusión en la casación en el punto 5; este supuesto agravio no fue parte de la relación procesal y por ende no existió reclamo en apelación, por lo cual se hace inviable su tratamiento por la impertinencia del mismo. Por lo expuesto se evidencia que la casación en el fondo no tiene fundamento, siendo éste infundado.

Por lo antes indicado, éste Tribunal de Casación, emite Resolución determinada por los arts., 271 num. 2) y 273 del Códigode Procedimiento Civil para la casación en el fondo y en la forma.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts., 271 num. 2) y 273 del Códigode Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, ambos recursos, interpuestos por Lourdes Berna Sandi Soliz Vda. de Rendón contra el Auto de Vista de fecha 12 de septiembre de 2012 cursante de fs. 512 a 523 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.

?? ?? ?? ??