TRIBUNALSUPREMO DE JUSTICIA

    

   SALA  CIVIL


Auto Supremo: 201/2013

Sucre: 17 de abril 2013

Expediente: SC-613-S

Partes: Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra. c/ Eva Estrada Coronado vda. de

            Martínez y Otros.

Proceso: Nulidad de Contratos, Cancelación de matrículas computarizadas,               

              Reivindicación, Pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 667 a 673, interpuesto por Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra y de fs. 677 a 680 vlta., formulado por Eva  Estrada Coronado de Martínez, ambos en contra del Auto de Vista Nº 180/2012 de 9 de noviembre de 2012 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, en el proceso de nulidad de contratos, cancelación de matrículas computarizadas, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra contra Eva Estrada Coronado vda. de Brito y otros, la concesión de fs. 685,  los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mediante Sentencia de 04 de enero de 2012 cursante de fs. 550 a 555 vlta., el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, falla declarando probada en parte la demanda de fs. 129 a 141 subsanada a fs. 145, solo en lo que corresponde a la cancelación de registros de documentos en Derechos Reales y en cuanto a la reivindicación  con relación a la demandada Eva Estrada Coronado vda. de Brito, e improbada la demanda de nulidad de documentos y daños y perjuicios, asimismo declaró improbada la demanda reconvencional interpuesta por Sergio Arce Romero y Arlene Robert de Arce (fs. 249 a 257), improbada la demanda reconvencional de Bonnie Elizabeth Díaz y Marcelino Días Murillo (fs. 259 a 261),  improbadas las excepciones  perentorias  opuestas en memorial de fs. 189  y de fs.  249 a 257 por Sergio Arce Romero y Arlene Robert de Arce, disponiendo la cancelación de los registros de matrículas computarizadas y la entrega del inmueble en favor del demandante bajo prevención de desapoderamiento.

Fallo que es recurrido de apelación, por parte de  Marcelino Díaz Murillo y Bonnie Elizabeth Díaz (fs. 564 a 565), Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero (fs.  567 a 571), Eva Estrada Coronado de Martínez de fs. 617 a 622, en base a dichos recursos se remite el expediente ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, emitiéndose el Auto de Vista Nº 1870/2012 de 09 de noviembre de 2012, que dispone la anulación de obrados hasta fs. 404 vta., Resolución que es recurrida de casación en la forma, objeto de análisis y estudio.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El recurso de casación en la forma de Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra.

Luego de efectuar un resumen de los antecedentes del proceso, señala, que el Auto de Vista Nº 180/2012 de 09 de noviembre de 2012, interpreta erróneamente  los antecedentes procesales con la finalidad de justificar un fallo completamente injusto e ilegal, aludiendo que el Juez al rechazar la solicitud fuera del plazo probatorio por los demandados Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, habría vulnerado garantías constitucionales como la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa contenidos en el art. 115 de nuestra Carta Magna, y los principios procesales que fundan la jurisdicción ordinaria de legalidad, debido proceso e igualdad de partes ante el Juez expresados en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, pues el Juez al rechazar la solicitud de producción de prueba fuera del plazo probatorio previamente establecido, así los demandados Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, mediante memorial de fs. 403 a 404 presentaron su ratificación y ofrecimiento de pruebas luego de fs. 405 ofrecen más prueba y solicitan la realización de audiencia de inspección judicial, luego impetran mediante memorial de fs. 411 solicitan señalamiento de audiencia de declaración de prueba testifical e inspección judicial, así como la petición de admisión de perito y puntos de pericia, que es admitida por el Juez de mediante decreto de 27 de enero 2011, señalando audiencia para testigos e inspección y admitiendo el perito propuesto, que es notificada a las partes como consta en diligencia de fs. 409 a 410, ahora el hecho de que los demandados Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, no hayan solicitado una nueva audiencia de recepción de prueba testifical es una omisión imputable a los mismos, y al no haber hecho los reclamos en forma oportuna ese su derecho ha precluido, conforme al art. 16 parágrafos I y II de la Ley Nº 025 y 375 del Código de Procedimiento Civil, por lo que los miembros de la Sala Civil Segunda han  interpretado en forma indebida los art. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado y art. 3 incisos 1)  y 3) del Código de Procedimiento Civil.

Los señores Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, de conformidad a lo previsto en el art. 233 num.2) del Código de Procedimiento Civil, podían haber solicitado  ante el Tribunal de Alzada, la recepción de pruebas, consecuentemente al haberse evidenciado los errores  de interpretación y aplicación de las normas constitucionales y procedimentales antes descritas, el Auto de Vista impugnado no reúne los requisitos esenciales en cuanto a la fundamentación jurídica que debe contener una Resolución judicial exigida por ley, pues la no haberse resuelto las apelaciones de Sentencia se ha vulnerado también el art. 25 de la Ley Nº 1760, y con ello se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso, toda vez que se ha omitido la fundamentación en dicho fallo, al efecto cita la Sentencia Constitucional Nº 781/2010-R de 10 de agosto, concluyendo que el Tribunalde  apelación no hubiera cumplido con los requisitos antes descritos.

Por lo que solicita se anule el Auto de Vista recurrido y  disponga que el Tribunal de Alzada dicte nuevo fallo enmarcado en las disposiciones legales  que regulan la materia.

El recurso de casación formulado por Eva Estrada Coronado de Martínez.

Indica que al haber sido demandada por reivindicación, a la misma se la citó en la cárcel (fs. 330), cuando es el demandante quien se encuentra en posesión del inmueble (fs. 89) y el Tribunal de Alzada no tutela su apelación.

Refiere que el Juez en Sentencia hubiera manifestado que la forma de accionar del demandante no es la adecuada al no efectuar una discriminación en cuanto a los sujetos y las pretensiones, sin embargo declaró probada la demanda de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble en su contra, más todavía cuando los demandados tienen un domicilio diferente al inmueble que se pretende reivindicar, que con el Auto de Vista de fs. 180 siguen vigentes, señala que  la demanda de reivindicación se pronunció solo respecto a uno de los diez demandados, conforme a ello de acuerdo a lo previsto en el art. 254 inciso 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil, el A quo y Ad quem no practicaron diligencia o trámite declarado esencial, ya que al ser admitida la demanda, todos se encontraban demandados por reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, cancelación de matrículas en derechos reales más pago de daños y perjuicios y condenó sobre su persona y no dijo nada respecto a los otros codemandados, lo que implica que  el juez no otorgó  lo pedido por las partes y no pronunció fallo tal cual las pretensiones se las hubiera planteado desde el inicio, lo que constituye nulidad conforme al art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, arguye que estos hechos los expuso en el recurso de apelación, empero no fueron tomados en cuenta por el Ad quem, por lo que dejaron de practicar un trámite esencial, como es el trabajo de corregir los defectos de la demanda.

Esa falencia agravaría todo el proceso, más cuando en el desarrollo del trámite de la causa aparecen otros hechos que acrecientas los defectos de la demanda, como la prueba de fs. 89 que señala que antes de la demanda se encontraban en posesión de inmueble Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra, el Auto de Vista Nº 180, anula obrados solo hasta fs. 404, así también los Jueces no apreciaron la prueba que se originó de la inspección ocular de fs. 429, en la que se constató quien vive en el inmueble, Janeth Espinoza Estrada, que no ha sido incluida e en el proceso, en definitiva, sostiene la nulidad de obrados, declarada mediante Auto de Vista Nº 180, no resulta ser suficiente, pues deja totalmente vigente los defectos en la demanda, estos vicios fueron reclamados oportunamente y por ello no fueron anulados, y en la causa no se aplicó el art. 333 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que solicita se anule obrados hasta que se impetre nueva demanda que observe las disposiciones legales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A.- El recurso de casación interpuesto por Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra, se tiene lo siguiente:

En el punto I.1 del recurso de casación expone, los antecedentes cronológicos del proceso.

En el punto I.2, refiere a las condiciones de admisibilidad del recurso de casación en la forma.

En el punto I.3, señala que los vocales del Tribunal de Alzada, realizaron una interpretación indebida y aplicación errónea de los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 3 inciso 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, como lo expone en los fundamentos de su recurso, descritos en el punto anterior  y los antecedentes del proceso se tiene:

1).- Por Auto interlocutorio de 17 de mayo de 2010, el Juez A quo declara establecida la relación procesal de las partes y dispone la apertura de término probatorio fijando los puntos de hecho a ser demostrados, con dicha Resolución se notifica a Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, en fecha 15 de noviembre de 2010 (fs. 360) y la notificación a la última de las partes es de 6 de diciembre de 2010 (fs. 365), considerada como última notificación a las partes, desde el cual se computaba el plazo del período probatorio.

2) En fecha 24 de diciembre de 2010 los demandados y reconvinientes, Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, presentan su memorial de proposición de prueba (fs. 403 a 404) pese a ser planteado en forma extemporánea es admitido mediante decreto de 24 de diciembre de 2010 y notificada con la misma en fecha del 24 de enero de 2011, sin que el operador de primera instancia se haya pronunciado sobre la solicitud de señalamiento de audiencia para la recepción de la prueba testifical.

3) Posteriormente mediante memorial presentado en fecha 26 de enero de 2011 (fs. 411), Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero solicitan señalamiento de audiencias tanto para su prueba testifical como su prueba de inspección judicial, que es proveída mediante decreto de 27 de enero de 2011 (fs. 411 vlta.), señalando audiencia para la recepción de prueba testifical de descargo para el 17 de febrero de 2011 y la inspección judicial para el 18 del mismo mes y año, con la que fueron notificados en fecha 14 de febrero de 2011 (fs. 422 vlta.), o sea faltando tres días para la audiencia de recepción de prueba testifical.

4) Ahora, respecto al verificativo de la audiencia de recepción de prueba testifical de descargo, conforme al acta de fs. 425, refrendada por la secretaria de este despacho judicial, se tiene que la misma fue suspendida porque el Juez se encontraba declarado en comisión, que estuvieron presentes tanto el demandante como la abogada de los demandados, Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero y tres de sus testigos, por lo que a raíz de dicha suspensión los nombrados, nuevamente solicitaron señalamiento de día y hora de audiencia para la deposición de sus testigos, como consta en memorial presentado el 22 de febrero de 2011 (fs. 416), al efecto se debe deducir que si el Juez estaba declarado en comisión y para conocer la deposición de los testigos en aplicación del principio de inmediación, correspondía suspender la audiencia señalada para el 17 de febrero y señalar una nueva para otra fecha, esto con la finalidad de resguardar  el derecho a la defensa de los demandados y en aplicación del deber descrito en el art. 3 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, omisión que tranquilamente podía ser saneada cuando proveyó al escrito de fs. 416, en sujeción al principio de igualdad previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, sin embargo de ello, providenció al escrito de referencia (fs.430) no ha lugar y clausuró el período probatorio, actividad procesal que ciertamente vulneró el derecho a la defensa del demandado, el debido proceso en su componente de acceso a la justicia.

5) El recurrente, Cesar Edgar Antonio Pereira Saavedra entiende que los demandados Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, hubieran actuado con negligencia, eso no es correcto, en vista de que las notificaciones, efectuadas por el oficial de diligencias de ese despacho judicial, con las que han causado demoras en el conocimiento de las Resoluciones judiciales, no se puede acusar negligencia cuando la suspensión de la única audiencia para la recepción de los testigos de descargo, ha sido suspendida por causa imputable al operador judicial.

Por otra parte, el recurrente también señala que el aplicación del art. 233 del Código de Procedimiento Civil podían las partes solicitar, señalamiento de audiencia en segunda instancia, sin embargo de ello dicha norma se encuentra establecida como potestad judicial del Tribunal de segunda instancia, no es un derecho procesal propiamente dicho para los demandados y reconvencionistas, pues debe notarse que el texto del articulado en cuestión se encuentra redactado bajo el rótulo de una facultad potestativa del Juez o Tribunal de apelación.

6) El Auto de Vista de fs. 654 a 657 vlta., ciertamente causa perjuicio al demandante, empero de ello, la negativa a la producción de la prueba de los demandados Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, también les causa agravios a estos, en consecuencia se entiende que el Tribunal de apelación, al disponer el fallo con carácter anulatorio ha efectuado una ponderación de derechos, sin que lo haya expresado se entiende que  ha aplicado el principio pro hómine que de acuerdo al tratadista Andrés Gil Domínguez, entendida como: “el intérprete y el operador han de buscar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana y para su libertad y sus derechos”, este principio se encuentra receptado por el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: “Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlas en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados”, empero de ello ha exagerado en cuanto a retrotraer los actos procesales, pues anula  los obrados hasta fs. 404 vlta., consistente en el decreto que admite el medio de prueba presentado por Arlene Robert de Arce y Sergio Arce Romero, que al no ser congruente con la acusación efectuada en el recurso de apelación concedida en el efecto diferido y la cronología del proceso, se entiende que ha sido un lapsus scriptus, pues dicha anulación tan solo debe referirse al proveído de fs. 431, en cuanto a la negativa de señalamiento de audiencia y la correspondiente clausura del periodo probatorio, debiendo el Juez por única vez señalar audiencia para la recepción de la prueba testifical y con ello proceder a la clausura del término de prueba, manteniendo los actos procesales relativos a la presentación de prueba que hayan efectuado las partes, para con su resultado clausurar el término de prueba y continuar con la sustanciación del proceso, esto en estricta aplicación de los principios de eficacia y eficiencia previstos en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

B.- En cuanto al recurso de casación presentado por Eva Estrada Coronado.

Se tiene que las acusaciones presentadas por la misma, en primer lugar con el subtítulo de “hechos que originan el recurso”, efectúa un detalle de los antecedentes del proceso, para posteriormente señalar que la demanda de Cesar Antonio Pereira Saavedra, demandó reivindicación, desocupación y entrega de inmueble dirigida en contra de diez personas, y no fue de esa forma que se resolvió dicha pretensión de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, la misma fue declarada probada solo en parte en contra de una de las diez personas, sin pronunciamiento alguno respecto a los otros que fueron demandados, por lo que en aplicación del art. 254 numerales 4) y 7) del Adjetivo Civil, deduce que el Juez de primera instancia y Ad quem no practicaron diligencia o trámite declarado esencial, y que por otra parte al tener su domicilio en el barrio 7 de marzo, calle Bagre y condenarla a desocupar el inmueble ubicado en Las Palmas, el fallo de primera instancia significa que el Juez otorgó más de lo pedido, sobre lo expuesto se dirá que el fallo recurrido, tiene carácter anulatorio de obrados y la acusación versa sobre presuntos vicios de la Sentencia, sin embargo de ello se podrá deducir que al ser el fallo de segunda instancia uno de carácter anulatorio dentro de la cual se encuentra la Sentencia, no puede alegarse infracciones contenidas en la Resolución de fondo evacuada en primera instancia, en vista de que  dicho fallo ha desaparecido con la Resolución de vista anulatorio, por lo tanto sobre la misma no se evidencia infracción a la norma procesal.

Por otra parte, la segunda infracción acusada en el recurso de casación, señala que la nulidad de obrados dispuesto por el Ad quem, no fuera suficiente, porque dejaría vicios procesales, entendiendo, que el mismo se encontraría en la demanda que no cumpliría con el arts. 327 numerales 5) y 9), sobre el mismo corresponde señalar que por el principio de preclusión, las partes tienen los medios de defensa como para hacerlos valer en cada etapa procesal, y en cuanto al hipotético vicio, la recurrente podía en su momento plantear excepción de contradicción, obscuridad e imprecisión en la demanda, y al no haberlo hecho ese su derecho quedó precluído, por lo que no puede acusar a esta altura del proceso defectos en la demanda, menos fundar una anulación de obrados, ante la evidencia que al momento de la inspección de visu, se hubiera constatado la presencia de Janeth Espinoza Estrada, que no conculca norma procesal de ninguna naturaleza.

Por las razones expuestas, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el Art. 271 num. 2) y  273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADOS, los recursos de casación en la forma de fs. 667 a 673 interpuesto por Cesar Edgar  Antonio Pereira Saavedra y de fs. 677 a 680 vlta., formulado por Eva Estrada Coronado de Martínez, en contra del Auto de Vista Nº 180/2012 de 9 de noviembre de 2012 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz; aclarando que la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada solo comprende hasta fs. 431. Sin costas.

Se recomienda al Juez A quo, continuar bajo estricta aplicación del principio de celeridad previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo.  Dr. Rómulo Calle Mamani.