TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          

                                                                     SALA CIVIL


Auto Supremo: 189/2013

Sucre: 17 de abril 2013

Expediente: LP-17-13-S

Partes: Fabián Norman Pardo Quiroz, representado por Fátima del Pilar Armata

            Donaire. c/ Miguel Ángel Barragán Ibarguen, en representación de                 

            SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNACIONAL S.A.

Proceso: Cumplimento de Obligación, más pago de daños, perjuicios y                   

               Costas procesales

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 388 a 393, interpuesto por Fátima del Pilar Armata Donaireen representación de Fabián Norman Pardo Quiroz, contra el Auto de Vista Nº 307/2012, cursante de fs. 382-382 vta., emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre cumplimento de obligación, más pago de daños, perjuicios y costas procesales seguido por la recurrente  Fátima del Pilar Armata Donaire, en representación de Fabián Norman Pardo en contra de SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNACIONAL representado por Miguel Ángel Barragán Ibarguen, los antecedentes del proceso, y :

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez  Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 12 de agosto de 2011, pronunció el Auto Interlocutorio Nº 218/2011, cursante de fs. 314 a 315, declarando probadas las excepciones previas de incompetencia y de arbitraje  interpuestas por Miguel Ángel Barragán Ibraguen en representación de SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNACIONAL mediante memorial de fs. 220 a 222 vta., disponiendo que el proceso sea tramitado en la vía de la conciliación o en su defecto por la vía arbitral en cumplimiento conforme dispone el art. 12 de la Ley 1770.

Contra el referido Auto Interlocutorio, la parte demandante interpuso el recurso de apelación de fs. 317 a 320, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia el 27 de agosto de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 307/2012, cursante de fs. 382-382 vta., que confirma el Auto apelado sin abrir su competencia para conocer el fondo del asunto, en virtud de que el mismo ha sido presentado extemporáneamente.

Resolución de Alzada recurrida en casación en el fondo y en la forma por Fátima  del Pilar Armata Donaire en representación de Norman Fabián Pardo Quiroz.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente señala que el Auto Interlocutorio 218/2011 violó derechos y garantías Constitucionales, interpretó erróneamente la norma y contiene disposiciones contradictorias

Que, es evidente que en la póliza de seguro  se haya acordado la renuncia a la vía ordinaria, para acudir en caso de conflicto a la vía de la conciliación y el arbitraje, sin embargo la Resolución 218/2011, interpreta erróneamente  el art. 987 del Código de Comercio  porque el asegurado no es siempre el suscribíente o contratante, sino como en el presente caso, es un tercero beneficiario ajeno al contrato, lo que se evidencia porque su representado no firma en el contrato de póliza, pues él es un tercero beneficiario y no así parte del contrato, del cual forma parte desde el momento de ocurrido el hecho, existiendo estipulaciones que le benefician.

Que, interpone la demanda en la vía ordinaria porque no solamente demanda  aspectos relacionados a la póliza, sino a todo lo acontecido desde el accidente y nadie puede negarle a su representado el derecho al acceso a la justicia, establecido en el art. 15 de la Constitución Política del Estado pues se advierte  la intención de no cumplir con la cobertura establecida para el caso de incapacidad.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.-

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA  RESOLUCIÓN:

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el Juez o Tribunal de casación, anulara de oficio todo proceso en el que se encuentren  infracciones que interesan al orden público; en ese sentido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

Establecido lo anterior corresponde precisar que al tratar sobre las nulidades procesales se debe tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes. Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad.

Al respecto, el principio de trascendencia orienta  que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer “pruritos formales”. Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Por otra parte  el principio de protección, establece que la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la Sentencia, queden en indefensión.

De la revisión de los datos del proceso y de manera específica de la Póliza de Seguro de aviación cursante de fs. 2 a 70,  se tiene que la misma en la  cláusula referida a “Condiciones Especiales”, numeral 7), establece una cláusula arbitral mediante la que  las partes contratantes, por un lado, la Fuerza Aérea de Bolivia, representada por el Gral. DRIG. AE. Tito Roger Gandarillas Salazar y por otra  Miguel Ángel Barragán Ibarguen en representación de SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., acuerdan que: “… toda discrepancia, cuestión o reclamación  resultantes de la ejecución  o interpretación  de la presente Póliza o relacionado con ella directa o indirectamente, se resolverá definitivamente mediante conciliación  o en su caso por la vía arbitral, en el marco del Centro  de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio y de acuerdo a su Reglamento, de conformidad a lo que establece la Ley Nº 1770 de fecha 10 de marzo de 1997. Para el caso de arbitraje, se conviene expresamente que el Tribunal Arbitral estará formado  por tres árbitros, cada parte nombrará uno y el tercero deberá ser designado por ellos mismos de mutuo acuerdo. En caso de  no existir acuerdo para el nombramiento del tercer  Árbitro, éste será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, de acuerdo  su Reglamento.

Igualmente las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Convenio Conciliatorio o Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente a cualquier tipo de recurso contra el Laudo Arbitral.”

Por su parte la Ley 1770, de Arbitraje y Conciliación en su artículo 12 parágrafo I señala que: “el Convenio arbitral importa la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias sometidas al arbitraje”, disponiendo en su parágrafo II que “La autoridad judicial que tome conocimiento de una  controversia sujeta a convenio arbitral  debe inhibirse de conocer el caso  cuando lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso, dicha parte puede oponer excepción  de arbitraje en forma documentada y antes de la contestación pudiendo la misma, oponer excepción previa de arbitraje, la que debe ser resulta sin mayor trámite, mediante Resolución expresa”.

Asimismo el parágrafo III del mismo artículo señala: “Constatada la existencia del convenio arbitral, la autoridad judicial competente declarará probada la excepción de arbitraje o, pronunciándose únicamente sobre la nulidad o ejecución imposible del convenio arbitral, desestimará la excepción de arbitraje.”

En Autos, y como se tiene  del Auto Interlocutorio  Nº 218/2011  que cursa de fs. 314 a 315, el Juez A quo, ha declarado probadas las excepciones de incompetencia y arbitraje interpuestas  por Miguel Ángel Barragán  Ibarguen en representación de  SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en previsión del artículo 12 de la Ley 1770 en relación a  lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato de Póliza referida supra que dispone que la autoridad competente para conocer cualquier controversia entre las partes contratantes, sería resuelta mediante conciliación o ante un tribunal arbitral  y,  como se tiene del párrafo último de la misma cláusula, las partes  al margen de expresar el compromiso de cumplimiento del Convenio Conciliatorio o Laudo Arbitral, renuncian de manera expresa a  cualquier otro tipo de recurso  en contra del Laudo Arbitral.

Asimismo, señala el Auto recurrido, que las controversias de hecho sobre las características técnicas de los seguros deben ser resueltas a través del peritaje y la conciliación, de no ser posible la solución de la controversia por ese medio, deben definirse  en la vía del arbitraje, señalando además que  “Las controversias de derecho suscitadas entre las partes  sobre la naturaleza y alcance del contrato de seguro, reaseguro o planes de seguro, serán resueltas en única e inapelable instancia, por la vía del arbitraje, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1770. Resolución que conforme al art. 12  de la Ley 1770, no admite ningún otro recurso posterior, toda vez que se trata de una excepción que define la competencia, que no puede ser diferida a ningún otro  Juez por decisión expresa de las mismas partes.

Sin embargo, ante la apelación planteada, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista Nº 307/2012, sin ninguna otra consideración formal que el hecho de que el recurso ha sido presentado extemporáneamente, confirma la Resolución apelada señalando que por ese motivo, no corresponde a ese Tribunal ingresar al  conocimiento del recurso, sin tomar en cuenta  que el recurso deviene de una Resolución que declara probada una excepción de arbitraje e incompetencia no admite recurso ulterior, conforme dispone el art.12  de la Ley 1770,  cuando lo  pertinente  era que emita pronunciamiento expreso, respecto a la imposibilidad de atender ese recurso  por imperio de la ley, conforme lo dispuesto por el A Quo, que ha realizado la adecuada interpretación y fundamentación fáctica y legal  del contenido de la cláusula séptima de la Póliza a la cual se encuentran sujetas inexcusablemente las partes y evitar la tramitación de recursos que no tienen base legal y por lo tanto resultan nulos de pleno derecho y en ningún caso confirmar el fallo impugnado sin disponer lo que corresponde en el marco de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 1770 en relación a la cláusula séptima del contrato.

Omisión en que ha incurrido  el Tribunal de Alzada que conlleva la afectación al debido proceso y la conculcación a normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, que devienen en la  nulidad de obrados que han generado la tramitación irregular e innecesaria de un recurso de casación que no está permitido por la misma ley

Por las consideraciones realizadas, no corresponde a este Tribunal conocer el  recurso interpuesto, debiendo en la vía del saneamiento procesal, aplicar al caso de Autos la disposición contenida en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil,  sin que esto signifique el desconocimiento del derecho que le asiste al recurrente,  a exigir el reconocimiento de  un derecho propio, como es la protección a la salud y la vida, derechos establecidos y reconocidos por la Constitución Política de Estado, que deben ser reclamados en el marco de las condiciones y alcances del contrato de Póliza.

Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 252  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 -1)  de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta  el Auto de concesión del recurso, cursante a fs. 399 de obrados y conforme los fundamentos expuestos en la presente Resolución se declara ejecutoriado el Auto Nº 218/2011 cursante de fs. 314 a 315 de obrados.

No siendo inexcusable  el error  se  impone multa a los miembros del Tribunal, en un día de su haber mensual..

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 17 IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente Resolución  al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.