TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 

                                                                     S A L A     C I V I L

                                                                                                                                                                                                          


Auto Supremo: 187/2013

Sucre: 16 de abril de 2013

Partes: Alfredo Torrico Flores en representación de Marisol Figueroa   

             Hidalgo c/ Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de

             Justicia de Cochabamba.  

Expediente: CB-38-13-COM

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de compulsa de fs. 43 a 45 del cuadernillo de compulsa, interpuesto por Alfredo Torrico Flores en representación de Marisol Figueroa Hidalgo, contra el Auto de fecha 6 de febrero de 2013 que, niega la concesión del recurso de casación, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Ordinario de Divorcio en ejecución de Sentencia  seguido por Marisol Figueroa Hidalgo contra Máximo Raúl Zambrana Zeballos, los antecedentes del testimonio y;

CONSIDERANDO I:

De la revisión de los datos que cursan en fotocopias legalizadas  se llega a establecer que dentro del caso ut supra, la Jueza de Partido Séptimo de Familia de la ciudad de Cochabamba pronuncia Auto cursante de fs 14 a 21 del testimonio del  cuadernillo de compulsa de fecha 25 de noviembre de 2009, declarando Probada en parte la división y partición de bienes, disponiendo la división y partición en partes iguales en favor de los contendientes de los siguientes bienes inmuebles: 1) Inmueble de superficie de 512 mts. 2 registrado de fs. y partida 1413 a nombre de Marisol Figueroa de Zambrana, 2) Lote con una superficie de 500.06 mts. 2 registrado en Derechos Reales de fs. 353, partida 565 a nombre de Marisol Figueroa de Zambrana. 3) Lote de de terreno de una superficie de 500 mts. 2 que según certificación de Derechos Reales  que se encuentra a nombre de Marisol Figueroa Zambrana, asimismo dispusó la división y partición al 50% de los vehículos: marca Toyota, color plomo, procedencia Japón, modelo 1994, con Nro. de placa 1246TXY, y el vehiculo Clase Vagoneta marca Toyota,  tipo Corolla SPA con Placa de Control 1801 IYY, modelo 1998 asimismo dispusó la división y partición de la línea telefónica signada con el Número 4492476 la que se encuentra registrada a nombre de Marisol Figueroa de Zambrana, aclarando que en caso de no admitir los referidos bienes cómoda división se procederá a subasta y remate de los mismos previo trámite de ley, debiendo su precio ser repartido entre las partes sobre el valor respectivo a ser fijado por los peritos, previo cumplimiento de lo dispuesto por el art. 536 del código de Procedimiento Civil; con relación a los bienes muebles existentes inventariados por Notaria de Fe Pública dicha Autoridad procederá a su división y partición por ser gananciales con amplias facultades. Finalmente en cuanto a las deudas reclamadas por el demandado estas no deben ser canceladas por ambos contendientes, ya que solo fue suscrita por el demandado y no por la demandante y se efectúo cuando ambos contendientes se encontraban separados, tampoco se acredito la ganancialidad de la deuda que tiene la demandante con la línea telefónica ya que esta data de seis meses antes de la certificación de fs.194 y debe ser cancelada unilateralmente por la demandante, debido a que esta deuda la demandante la adquirió encontrándose separada de su esposo.

Contra esta determinación, el demandado Máximo Raúl Zambrana Zeballos representado por Jennifer Ana María Rojas Montan interpone recurso de apelación  con los argumentos referidos a que una vez disuelto el matrimonio no solo corresponde la división y partición de la comunidad de gananciales sino también las cargas de la comunidad, conseguidas legalmente durante la vigencia del matrimonio, como es el caso del préstamo de dinero de fecha 18 de junio de 2004,  suscrito entre Máximo Rául Zambrana Zeballos y Richard Vargas por la suma de $us. 18.000.- más intereses llegando al monto total de  $us. 39.546.- solicitando que el Tribunal de Alzada revoque la Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2009, en la parte apelada, es decir reconozca la deuda establecida en el documento de fecha 18 de junio de 2004, como carga de la comunidad de gananciales y sea pagada por ambos cónyuges, contestado el recurso de apelación  por la demandante el Tribunal de Alzada pronunció Auto de Vista de fecha 24 de noviembre de 2012 que determino revocar parcialmente el Auto de fecha 25 de noviembre de 2009, solo en lo referente al punto apelado, con el reconocimiento de la deuda  contraída por el demandado Máximo Raúl Zambrana, de fecha 18 de junio de 2004 por el monto de $us. 18.000.- y  consecuentemente dividirse en un 50% dicha deuda sin tomar en cuenta los intereses por no constar en obrados su liquidación judicial.

Contra esta Resolución de Vista, la demandante Marisol Figueroa Hidalgo interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista de  fecha 24 de octubre de 2012, conforme consta en el testimonio del cuadernillo de compulsa  cursante de fs 29 vlta., a fs. 34, cuya concesión fue rechazada mediante Auto de fecha 6 de febrero de 2013 bajo el argumento de que dicha resolución superior, no se encuentra contemplada entre las resoluciones contra las cuales procede el recurso de casación, toda vez que se trata de una Resolución dictada en ejecución de Sentencia,  por lo que  en virtud del art. 255 del Código de Procedimiento Civil se negó la concesión del recurso de casación en el fondo y en la forma.

Contra la Resolución de Vista la compulsante Marisol Figueroa Delgado representada legalmente por Alfredo Torrico Flores  interpone recurso de compulsa cursante de fs. 43 a 45 el cual se analiza:

CONSIDERANDO II:

Conforme con la previsión del art. 283 del Código de Procedimiento Civil, procede el recurso de compulsa en los siguientes casos:

1) Por negativa indebida del recurso de apelación;

2) Por haberse concedido la apelación sólo en el efecto devolutivo, debiendo ser en el suspensivo; y

3) Por negativa indebida del recurso de casación.

En este marco normativo, la competencia del Tribunal Supremo al momento de resolver la compulsa ha de circunscribirse a precisar si la negativa  de concesión del recurso es legítima o  no,  tomando  en   cuenta para ello la regulación que prevé el Procedimiento Civil en función a la naturaleza de los procesos, las resoluciones pronunciadas en ellos y otros presupuestos procesales que hacen al régimen de los recursos. En otras palabras, corresponde determinar si el Tribunal compulsado adecuó su determinación en el marco de lo previsto por el art. 262 del Código Adjetivo de la materia, es decir, 1) Cuando se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término 2) Cuando pudiendo haber apelado no se hubiera hecho uso de ese recurso ordinario  y 3) cuando el recurso no se encuentre previsto en los casos señalados por el art. 255 del referido cuerpo procesal,  este último complementado por el art. 26 de la Ley No 1760 de 28 de febrero de 1997.

CONSIDERANDO III:

Que, de la revisión del cuadernillo de compulsa se tiene que en el caso de Autos la Jueza de Partido Séptimo de Familia de la ciudad de Cochabamba pronuncia Auto declarando Probada en parte la división y partición de bienes, disponiendo la división y partición en partes iguales en favor de los contendientes de los bienes inmuebles y dos vehículos considerados ganancialicios, además de bienes muebles; en conocimiento de dicha determinación, la demandante Marisol Figueroa Hidalgo plantea recurso de apelación, en conocimiento de dicho recurso la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, dictó  Auto de Vista de fecha 24 de octubre de 2012, en el que se pronunció revocando parcialmente el Auto de fecha 25 de noviembre de 2009,  solo en lo referente al punto apelado, con la modificación que la deuda de $us 18.000.-  contraída por el demandado Máximo Raúl Zambrana  zeballos, mediante documento de préstamo de fecha 18 de junio de 2004, por tener calidad de carga familiar tiene que dividirse a 50 % entre los contendientes.

Que, de la revisión del cuadernillo de compulsa se establece que, evidentemente el Auto de Vista de fecha 24 de octubre de 2012, ha sido pronunciado en ejecución de Sentencia, Resolución que no admite recurso de casación conforme prevé el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto esta etapa del proceso cualquier decisión que pronuncie el Juez de primera instancia, podrá ser apelada en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.

Ahora bien, si bien es cierto que los medios de impugnación configuran instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las Resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia y que por principio y por naturaleza todo acto jurisdiccional es impugnable, no es menos  evidente que en algunos casos la Ley proclama de manera absoluta o relativa la limitación impugnativa o, ella resulta de la misma estructura judicial, instancia única, aunque aún en estos casos es posible encontrar caminos destinados al ataque o cuestionamiento de los mismos.

En este contexto, los datos que informan al proceso dan cuenta que el mismo se encuentra en la fase de ejecución de Sentencia, aspecto reconocido por la  propia compulsante en su memorial de anuncia de recurso de compulsa, por lo que, partiendo de este presupuesto y contrastado los fundamentos del Auto que desestima la concesión del recurso de casación y los argumentos del recurso compulsorio, se concluye que por el estadio jurídico en el que se encuentra el proceso -ejecución de fallos-, la limitación para la interposición de los medios de impugnación se halla configurada en lo dispuesto por el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que las Resoluciones emitidas en esta instancia procesal sólo son apelables en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior, advirtiéndose con meridiana claridad, que es el propio ordenamiento jurídico el que pone límites en el uso de los recursos en esta fase del proceso, circunstancia que fue adecuadamente verificada por el Tribunal de Alzada mediante Auto No 12/2012, de fecha 06 de febrero de 2013, a través del cual desestimó la concesión del recurso de  casación  en la forma y en el fondo planteado contra el auto de Vista No. 252/2012 de fecha 24 de octubre de 2012.

Asimismo el Tribunal Constitucional a través de la SC 0493/2004-R de 31 de marzo de 2004 señala: “Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo sin recurso ulterior”, elimina toda posibilidad de procedencia del recurso de casación en los casos aludidos por ese precepto. Aquí, como se puede apreciar, es la ley la que cierra la posibilidad de conocer un asunto en casación y, derivado de ello, el órgano jurisdiccional en cuestión no puede revisar el recurso planteado y, en consecuencia, tampoco podrá revisar de oficio la actuación de los Tribunales inferiores. Y es que, en este sistema de recursos, la competencia no nace de una decisión discrecional del órgano sino de lo expresamente señalado en la ley”.

Que, el art. 225 num. 5) concordante con el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, establecen que las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.

En consecuencia, la negativa del Tribunal Ad quem resulta correcta y se ajusta plenamente a las normas legales mencionadas, correspondiendo por ello resolver la compulsa en la forma prevista por el art. 287 del Código de Procedimiento Civil, con las condenaciones referidas en el parágrafo I del art. 296 del mismo Código.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42 parágrafo I num.  4) de la  Ley del Órgano Judicial, declara ILEGAL, el recurso de compulsa interpuesto por Marisol Figueroa Hidalgo representada legalmente por Alfredo Torrico Flores 

En aplicación del art. 296 del Código de Procedimiento Civil, se impone costas y multa a la compulsante que se gradúa en el equivalente a tres días de haber del juez ante quien se tramita la causa, conforme así lo dispone el Reglamento de Multas Procesales del Órgano Judicial, cuyo pago mandará hacer efectivo el Tribunal de Alzada.

Regístrese, comuníquese y notifíquese.-

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