TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 183/ 2013

Sucre: 15 abril  2013         

Expediente:        LP-14-13-S

Partes: Luís Aguilera Enríquez. c/ Hugo Patzi Mamani y Luís Alfonso Jurado

             Viscarra.

Proceso: Nulidad de Escrituras Públicas y de inscripciones en Derechos Reales, y

               Pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1825 a 1826 vlta., interpuesto por   Luís Alfonso Jurado Viscarra, contra el Auto de Vista Nº 337/2012, cursante de fs. 1817 a 1818 vlta., emitido el 14 de septiembre de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de Escrituras Públicas e inscripción de Derechos Reales y pago de daños y perjuicios seguido por Luís Aguilera Enríquez contra Hugo Patzi Mamani y Luís Alfonso Jurado Viscarra;  la respuestas de fs. 1829 a 1830;  el Auto de concesión de fs. 1841; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 18 de agosto de 2008 pronunció la Sentencia Nº 284/08, cursante de fs. 1665 a 1672 vlta., declarando improbada la demanda principal y la reconvencional, así como las excepción de cosa juzgada opuesta contra la demanda principal; sin costas por tratarse de juicio doble.

Contra esa Sentencia la parte actora principal interpuso recurso de apelación cursante de fs. 1676 a 1682 vlta., en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 14 de septiembre de 2012 pronunció el Auto de Vista Nº 337/2012, cursante de fs.1817 a 1818 vlta., anulando  obrados hasta fs. 1665, disponiendo que el Juez A quo regularice el trámite del proceso de acuerdo a los datos del mismo, con multa de Bs. 100 que serían descontados por Habilitación del consejo de la Magistratura. Por Auto de 12 de octubre de 2012, cursante de fs. 1822, el Tribunal de apelación rechazó la solicitud de aclaración y complementación formulada por el codemandado Luís Alfonso Jurado Viscarra.

Contra esa Resolución de Alzada, Luís Alfonso Jurado Viscarra interpuso recurso de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Luís Alfonso Jurado Viscarra, acusó que el Auto de Vista recurrido infringió lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil que establece que la Resolución de Alzada  deberá circunscribirse a los puntos resueltos  por el inferior  y que hubieren sido objeto de apelación; igualmente acusó la violación del art. 17 parágrafo II de la Ley Nº 025, que determina que  el Tribunal de Alzada no puede ir más allá de lo pedido por el apelante, salvo aquellos casos en los que  se advierta vicios que lesionan derechos y garantías constitucionales. Al respecto manifestó que una vez dictada la Sentencia que declaró improbada tanto la demanda principal como la reconvencional, el actor principal interpuso recurso de apelación sin fundamentar como agravio sufrido la falta de pronunciamiento del Juez de la causa respecto a la pretensión demandada referida a los daños y perjuicios, en consecuencia adujo que el Tribunal de Alzada al haber fundado su determinación de anular la Sentencia por esa omisión, no reclamada por ninguna de las partes,  habría actuado con abuso de poder, lesionando de esa manera derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la justicia plural pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones.

Por las razones expuestas solicitó se anule el Auto de Vista recurrido y se disponga la emisión de una nueva Resolución que se pronuncie sobre el fondo del litigio.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la Resolución del conflicto, éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes; sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos qué afecten su normal avance  e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados por el órgano jurisdiccional a fin de imponer la sanción de nulidad.

Tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley; en efecto del excesivo formulismo se pasó a una concepción más amplia en la que el punto de partida ya no resulta ser el vicio del acto sino la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones. Ese es precisamente el espíritu que reviste a los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que conciben al proceso no como un fin en sí mismo sino como el medio a través del cual se logra la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

En materia de nulidades procesales, lo que interesa, en definitiva, es analizar si se  han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, no siendo suficiente el mero acaecimiento de un vicio o defecto de forma para que se declare la nulidad.  “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”, señaló el tratadista Alsina, en una expresión que sin duda resume el avance de un esquema extremadamente rígido y ritualista a otro en donde debe tenerse en cuenta la instrumentalidad de las nulidades procesales,  es decir el resguardo del debido proceso como garantía de la igualdad y defensa de las partes.

En ese marco, si el presupuesto para la invalidez de un acto procesal consiste en la vulneración del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa, la pregunta es cómo se establece si un determinado acto producido de forma irregular incidió en la esfera del derecho a la defensa de las partes; la respuesta no es sencilla ni se encuentra expresamente prevista en la norma, sin embargo, para tal efecto el juzgador debe partir del análisis y consideración de una serie de principios que se constituyen en pautas orientadoras de su decisión y al mismo tiempo en instrumentos de control para que las partes y los Tribunales superiores fiscalicen las decisiones de los juzgadores en cuanto a las resoluciones anulatorias de obrados se refiere.

En ese entendido corresponde analizar los principios que deben tenerse en cuenta a tiempo de imponer la sanción de nulidad, vistos desde una  nueva orientación:

Principio de Especificidad o Legalidad.- No existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca. En sentido puro este principio orientaba que únicamente había lugar a la nulidad en razón a las causas expresamente previstas por Ley y que no podía aceptarse otras distintas; éste  criterio que en la práctica resultaba poco realizable, en virtud a que resulta materialmente imposible que un ordenamiento Procesal Civil recoja o pueda prever todas y cada una de las causales motivantes de nulidad,  cambió de tal forma que en la actualidad no se concibe al principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad.

Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio.  La sola presencia de un vicio, error u omisión,  no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que el defecto advertido resulte trascendental, es decir que coloque al justiciable en estado de indefensión y determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

En otras palabras, no todo vicio ni toda irregularidad ocurrida en el proceso reviste relevancia jurídica, consiguientemente no todo vicio trae aparejada la invalidez del acto.

En virtud al principio de trascendencia debe tenerse en cuenta el perjuicio que el acto realizado viciosamente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente importante, o relevante, carece de sentido la nulidad, pues, la violación formal debe trascender en la esfera del debido proceso y tener incidencia en el derecho a la defensa de las partes, solo así se hace viable la aplicación de la sanción de nulidad del acto.

Principio de finalidad del acto procesal.- Pueden existir actos procesales que, aún siendo irregulares en su realización, logran la finalidad para la que estaban destinados, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.

Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al Debido Proceso. Uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio. No procede, por tanto, el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al error in procedendo, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia, y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual -aplicada al caso- significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla, y, por consiguiente, carecería de legitimación.

Principio de Convalidación.- Por este principio una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado si no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica. En la práctica se dan casos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular, sin deducir oportunamente la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente solicitar la sanción.

Este principio impone el deber de diligencia a las partes a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, ello en mérito a la firmeza que los actos procesales deben adquirir.

Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación, esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.

Expuestos y desarrollados los principios que deben orientar el análisis del juzgador a tiempo de imponer la sanción de nulidad, corresponde precisar que en el caso concreto, el Tribunal de Alzada basó su decisión anulatoria en el advertido de que la Sentencia de primera instancia no pronunció de manera expresa sobre la pretensión de pago de daños y perjuicios  contenida en la demanda de fs. 27 a 29, vinculando dicha omisión a la infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la Sentencia contendrá decisiones expresas, positivas y precisas y que recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido planteadas, concluyendo que la emisión de dicho fallo lesionó el derecho al debido proceso en cuanto al principio de congruencia.

Siendo ese el fundamento de la decisión anulatoria, corresponde señalar que si bien es evidente que toda Resolución judicial debe guardar la debida congruencia, de la cual emergen dos reglas esenciales que son: a) decidir sólo sobre lo alegado y  debatido b) decidir sobre todo lo alegado y debatido; no es menos evidente que si el Juez  A Quo a tiempo de dictar Sentencia omite pronunciarse en forma expresa respecto a una de las pretensiones demandadas, a la parte que se cree perjudicada con dicha omisión le asiste el derecho de solicitar al mismo Juez, de conformidad a lo previsto por la última parte del art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, se supla cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio y en caso de no ser atendida favorablemente dicha solicitud activar el recurso de apelación expresando de forma clara y precisa dicha omisión como agravio de la Sentencia.

En el caso de Autos, una vez pronunciada la Sentencia y notificada la misma al actor Luís Aguilera Enríquez, conforme se evidencia de la diligencia de fs. 1673, éste no hizo valer el derecho de solicitar la complementación de la Sentencia a fin de que el Juez de la causa supla la omisión referida a la pretensión de pago de daños y perjuicios, por el contrario la parte aparentemente perjudicada con esa omisión interpuso directamente recurso de apelación sin expresar el agravio referido a la falta de pronunciamiento del Juez A quo sobre la referida pretensión de pago de daños y perjuicios; consiguientemente al no haber reclamo alguno y oportuno de la parte interesada, la omisión referida a la falta de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios demandados, quedó convalidada, razón por la que el Tribunal de Alzada no debió considerar ese aspecto de oficio ni  sustentar en el su decisión de anular la Sentencia; al haberlo hecho ciertamente infringió lo dispuesto por el art. 17 parágrafo II de la Ley del Órgano Judicial que dispone que en grado de apelación y casación, los Tribunales deben pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; igualmente desconoció lo previsto por el numeral 3) del citado articulo en sentido de que la nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación del proceso, entendiéndose que dicha disposición no es absoluta y que tiene su excepción en tratándose de errores que afecten al debido proceso y que incidan de manera directa en el derecho a la defensa de las partes, situación que no acontece en el caso que se analiza, en el que la parte demandante, si se consideraba afectada por la omisión del Juez A quo,  tenía los medios legales correspondientes para hacerle valer su pretensión, la cual no fue planteada oportunamente, convalidando de esa forma la emisión de la Sentencia aún con la omisión advertida por el Tribunal de Alzada, quien incorrectamente anuló el fallo de primera instancia sobre la base de una omisión no reclamada por la parte actora, soslayando con ello resolver el recurso de apelación planteado con la pertinencia prevista por el art. 236 del Adjetivo Civil.

Por las razones expuestas, resulta evidente el agravio fundamentado por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271 num. 3) en relación con el art. 254 num. 4) ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271-3) y  275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA Auto de Vista Nº 337/2012, cursante de fs. 1817 a 1818 vlta.,  emitido el  14 de septiembre de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que previo sorteo y sin espera de turno, el Tribunal Ad quem emita nueva Resolución que resuelva la apelación interpuesta contra la Sentencia en estricto apego a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin multa por ser excusable el error.

En virtud a lo dispuesto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Concejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Magda Dra. Rita Susana Nava Durán.