TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A     C I V I L

Auto Supremo: 169/2013.

Sucre: 12 de abril 2013.         

Expediente:         SC-16-13-S          

Partes: Yessenia Suárez de Delgadillo. c/  Jhonny Llanos Navarro y  otra.

Proceso: Reivindicación de lote de terreno.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El  recurso de casación en la forma cursantes de fs. 241 a 242,  interpuestos por Yessenia Suárez de Delgadillo, contra el Auto de Vista Nº 97/2012, cursante de fs. 236 a 237, emitido en fecha  3 de julio de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre reivindicación de lote de terreno,  seguido  por Yessenia Suárez de Delgadillo contra Jhony Llanos  Navarro y Roxana Cerda Banegas;  la demanda Reconvencional por usucapión decenal de fs. 245 a 246; el  Auto de concesión de fs. 247;  los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, en fecha 7 de diciembre de 2011 pronunció la sentencia Nº 113, cursante de fs. 212 a 216, declarando probada la demanda de fs. 35 a 36 vta., e improbada la demanda reconvencional  por usucapión decenal o extraordinaria sin  costas,  disponiendo que la parte demandada efectúe la desocupación y entrega en favor de los propietarios Noel Delgadillos Robles y Yessenia Suárez de Delgadillo el lote de terreno ubicado en la UV.157, manzana Nro.15, lote Nº 11 del Barrio Internacional, el mismo que tiene una superficie de  total de 360 ms.2 registrado bajo matrícula Nº 7011050014947, dentro del plazo de 20 días previa ejecutoria bajo prevención de librarse mandamiento de desapoderamiento. Se salvan los derechos de la parte demandada sobre las mejoras introducidas en el terreno para que demande en la vía ordinaria correspondiente.

Notificados con la Resolución, los demandados interponen recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 97/2012 de fecha 3 de julio de 2012 cursante de 236 a 237, anulando obrados hasta fs. 173 inclusive, disponiendo que el Juez A quo de estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 131 de la Ley de Municipalidades.

Contra esa Resolución de segunda instancia Yessenia Suárez de Delgadillo, interpusieron recurso de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Yessenia Suárez de Delgadillo, señaló que el Auto de Vista que recurre anuló obrados hasta fs .173 causándole gravamen irreparable ya que la nulidad incoada por los demandados, no lesiona sus derechos a la seguridad jurídica  y a la garantía al debido proceso, pues les causa indefensión, razón por la que no ameritaba la nulidad de obrados, por el principio de preclusión toda vez que la parte demandada debió interponer  la reposición del Auto N° 128 de fecha  26 de marzo de  2011 pidiendo la citación al Gobierno Municipal con la reconvención habiendo precluido su derecho , consintiendo en el mismo por memorial de fecha 15 de abril, así como tampoco hizo ningún reclamo en memorial de fecha 1° de julio de 2011 convalidando las notificaciones realizadas. Tampoco corresponde la nulidad  por el principio de saneamiento, pues la no citación al Gobierno Municipal con la demanda reconvencional no ha lesionado su derecho a la defensa ni les ha causado indefensión, si se ha puesto en conocimiento del Gobierno Municipal todos los actos procesales, notificaciones que van hasta la Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2011 mediante notificación  de fs. 217.

Acusa asimismo, falta de fundamentación del recurso, señalando que una de las condiciones de admisibilidad del recurso  es la expresión de agravios los mismos que no están demostrados en su recurso. Que, el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, establece la pertinencia de la Resolución, por lo tanto la apelación debió sujetarse a la Sentencia, fundamentando  el agravio sufrido con ese fallo.

Acusa también  la pertinencia de la Resolución pues  el Auto de Vista recurrido, no toma en cuenta el art. 236 del Código de Procedimiento Civil,  pese a su aplicación inexcusable,  debiendo el Auto de Vista, circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación cita el A.S. N° 210  de 22 de noviembre de 2010.

Pide que se dicte Auto Supremo, declarando infundado el Auto de Vista y se confirme la Sentencia y el Auto de Vista impugnado  y no se declare la nulidad de obrados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el Juez o Tribunal de casación, anulara de oficio todo proceso en el que se encuentren  infracciones que interesan al orden público; en ese sentido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

El proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la Resolución del conflicto; éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance  e incluso impidan el cumplimiento de sus fines,  los que deberán ser analizados a fin de imponer la sanción de nulidad.

Tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley; en efecto del excesivo formulismo se pasó a una concepción más amplia en la que el punto de partida ya no resulta ser el vicio del acto sino la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones. Ese es precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que conciben al proceso no como un fin en sí mismo sino como el medio a través del cual se logra la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

Hoy lo que interesa, en definitiva, es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, no siendo suficiente el mero acaecimiento de un vicio para que se declare la nulidad. “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”, señaló el tratadista Alsina, en una expresión que sin duda resume el avance de un esquema extremadamente rígido y ritualista a otro en donde debe tenerse en cuenta la instrumentalidad de las nulidades procesales,  es decir el resguardo del debido proceso en cuanto a la igualdad y a la defensa de las partes.

En ese marco, si el presupuesto para la invalidez de un acto procesal consiste en la vulneración del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa, la pregunta es cómo determinamos si un determinado acto irregular ha causado indefensión. La respuesta no es sencilla ni se encuentra expresamente prevista en la norma, sin embargo, para tal efecto el juzgador debe partir del análisis y consideración de una serie de principios que se constituyen en pautas orientadoras de su decisión y al mismo tiempo en instrumentos de control para que las partes fiscalicen las decisiones de los juzgadores en cuanto a las nulidades se refiere.

En ese entendido corresponde analizar los principios que debe tenerse en cuenta a tiempo de imponer la sanción de nulidad, vistos desde una  nueva orientación:

Principio de Especificidad o Legalidad.- No existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca. En sentido puro, según este principio,  las nulidades son solamente las previstas en la Ley y no puede aceptarse otras;  criterio que en la práctica resulta poco realizable en virtud de que resulta materialmente imposible que un ordenamiento Procesal Civil recoja y pueda prever todas y cada una de las causales motivantes de nulidad.

En la actualidad, no se concibe el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad.

Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio.  La sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

En otras palabras, no todo vicio ni toda irregularidad ocurrida en el proceso reviste relevancia jurídica, consiguientemente no todo vicio trae aparejada la invalidez del acto.

En virtud al principio de trascendencia debe tenerse en cuenta el perjuicio que el acto realizado viciosamente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente importante, o relevante, carece de sentido la nulidad, pues, la violación formal debe trascender en la esfera del debido proceso y tener incidencia en el derecho a la defensa de las partes, solo así se hace viable la aplicación de la sanción de nulidad del acto.

Principio de finalidad del acto procesal.- Un tema importante para tomar en cuenta es si el agravio o la violación al debido proceso determina siempre la invalidación de un acto, pues pueden existir actos procesales que, aún cayendo en supuestos de nulidades expresas, logran la finalidad para la que estaban destinados, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.

Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte, ya como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al Debido Proceso.  Uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio. No procede, por tanto, el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al error in procedendo, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia; y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual -aplicada al caso- significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla; y, por consiguiente, carecería de legitimación.

Principio de Convalidación.- Por este principio una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica. En la práctica se dan casos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular,  sin deducir oportunamente -en su primera actuación posterior al acto viciado- la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente solicitar la nulidad.

Este principio impone el deber de diligencia a las partes a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, ello en mérito a la firmeza que los actos procesales deben adquirir.

Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.

En el caso de Autos  y de la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que el Tribunal de Alzada al anular el proceso hasta fs.173 de obrados bajo el argumento de que  el art. 17 de la Ley 025,  otorga facultad  al Tribunal de Alzada para revisar de oficio el proceso y determinar la observación de los plazos y leyes  en los casos previstos por Ley. En ese entendido, observa el  incumplimiento del art. 131 de la Ley 2028, Ley de Municipalidades, toda vez que refiere que no se ha citado al Alcalde Municipal de la ciudad de Santa Cruz con la demanda reconvencional de usucapión interpuesta por Jhonny Llanos Navarro y Roxana Cerda Banegas, anulando el proceso sin ninguna otra consideración  respecto de si tal situación tiene incidencia en el debido proceso o el derecho a  la defensa de las partes, limitándose a señalar que  no se ha cumplido con la citación al alcalde Municipal  con la reconvención de fs. 40 a 43,  aspecto que por segunda vez no ha sido observado por el Juez A quo, incumplimiento que amerita la nulidad de obrados.

Sin embargo, de fs. 175, cursa formulario de notificación por el que se evidencia que en fecha 23 de marzo de 2011, el Alcalde Municipal de Santa Cruz, fue notificado con  los actuados procesales de fs. 35 a 36 vta., sorteo de fs. 37; Auto de admisión de fs. 38; memorial de fs. 55, Auto de fs. 56, memorial de fs. 120, Auto de fs. 121 vta.; memorial de fs. 124, decreto de fs. 125,; memorial de fs. 130 vta.; decreto, sentencia de fs. 132 a fs. 137, memorial de fs. 146 a fs 151 vta., decreto, memorial Fs. 154 vta., Auto de fs. 155 y Auto de fs. 163, obviando suponemos por negligencia y descuido del oficial de diligencias, las fojas que corresponden a la demanda reconvencional de usucapión, aspecto que en observancia a la literalidad  del art. 131 de la Ley 2028 ameritaría la nulidad de obrados.

De los antecedentes referidos y conforme se tiene de lo expresado en las consideraciones previas a cerca de las nulidades procesales, en el caso de Autos, corresponde realizar algunas puntualizaciones. Si bien como se tiene evidenciado, durante la tramitación del presente proceso se ha obviado la notificación al Alcalde Municipal con la demanda reconvencional de usucapión, no es menos cierto que en los actuados procesales con los que sí ha sido notificada la autoridad Municipal, con las siguientes piezas procesales: demanda principal de reivindicación, , sorteo, Auto de admisión, Auto de relación procesal, Auto de cierre del período de prueba, Sentencia Nº 232/ 2009; memorial de apelación de fs. 145 a 151, memorial de respuesta  a la apelación y Auto de Vista  Nº 145/2010, de fecha 8 de septiembre de 2010 que dispone la nulidad de la Sentencia recurrida, hasta fs. 47, precisamente por la falta de citación al Alcalde Municipal, en previsión de lo dispuesto por el art. 131 de la Ley 2028, piezas procesales a través de las cuales se evidencia la existencia de un proceso de usucapión en trámite, situación que no ha merecido respuesta ni pronunciamiento alguno por parte de la autoridad edil, no pudiéndose alegar falta de notificación para sustentar una nulidad que, lejos de resultar beneficiosa para las partes, va en desmedro de las mismas así como del sistema de justicia en su conjunto toda vez que, los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia se ven  conculcados por las actuaciones negligentes que tiene la obligación de cumplir sus obligaciones con la debida eficiencia y eficacia, cuidando que el proceso se desarrolle sin defectos. Si bien en las fojas señaladas no está comprendida la demanda reconvencional, tampoco se puede afirmar desconocimiento por parte de la autoridad edil, de la sustanciación de un proceso por usucapión, toda vez que dentro de las fojas con las que ha sido notificado, se encuentra incluso, la primera Sentencia anulada precisamente por falta de citación al municipio, así como con el Auto de Vista que anuló obrados en observancia de la misma norma  que sustenta la nulidad última.

Si bien es evidente que al obviar la  notificación del Alcalde Municipal, de manera específica con el memorial de demanda reconvencional de usucapión, se ha  incurrido en una infracción procedimental, cuyo incumplimiento merece la nulidad, no es menos cierto que el propósito de la referida Resolución, es la protección de los predios que pudieran estar constituidos en áreas Municipales, advirtiéndose de los mismos documentos arrimados  al proceso por las partes, que el mismo forma parte de un predio que ya está debidamente urbanizado, encontrándose a la fecha debidamente delimitado en cuanto a superficie, ubicación, colindancias y otros datos técnicos que demuestran que el terreno objeto del litigio  no es área Municipal,  conforme consta de fs. 32 y 33 referidos a comprobantes de pago de impuestos a la propiedad privada, asimismo de fs. 5 y 6 consta certificado catastral en el que se demuestra que el inmueble motivo de la litis es privado estos últimos documentos emitidos por la entidad Municipal; por lo que no existe vulneración alguna al patrimonio del  Gobierno Municipal y por ende del Estado, y mucho menos a las partes para quienes resulta intrascendente  la vulneración que se acusa, frente a las consecuencias y afectación que provoca la nulidad dispuesta por el Ad Quem, al anular obrados hasta fs.173 inclusive, en contraposición a los nuevos principios que rigen de manera particular las nulidades, como se tiene desarrollado precedentemente, corresponde asimismo realizar la ponderación del daño respecto de la trascendencia de este hecho  y su afectación a los principios de trascendencia, convalidación, debido proceso, derecho a la defensa y otros desarrollados supra, para luego de su análisis determinar lo que en derecho corresponda.

Como se tiene manifestado  el artículo 17 de  la Ley 025 previene la nulidad  de  los actuados procesales, a tiempo de asumir esta determinación, resulta imperativo que el Juez o Tribunal  realice la adecuada ponderación respeto de la afectación del bien o bienes jurídicos que se pretenden proteger o restablecer con la nulidad  frente a  la afectación que se ha generado al interior del proceso y para las partes con la infracción que se acusa y  cuya nulidad  se pretende, aún tratándose de normas de orden público  y cuya vulneración esté sancionada de manera expresa con nulidad, la misma no puede ser impuesta bajo el criterio de un  exacerbado rigorismo en tanto no se detecte la existencia de vicios insalvables que conculquen no sólo el orden público, sino de manera fundamental, el debido proceso, provocando indefensión para cualquiera de las partes, resultando igualmente inútil, cuando la aplicación de esta extrema medida, no  previene con certeza que se produzca un cambio sustancial en el resultado del proceso, obviamente en beneficio de la parte que se ve injustamente afectada porque durante la tramitación del proceso, se han producido acontecimiento y se han realizado actos que se han sobrepuesto a la verdad, a la Ley y sobre todo a la justicia, como fin primario de la administración de justicia en resguardo  a los principios de trascendencia, debido  proceso y convalidación de los actos, que  en el caso de Autos, la nulidad de la sentencia no modificará la esencia de su contenido, pues al decretar la nulidad de obrados, por el Tribunal Ad quem, esta decisión  debe estar enmarcada en la seguridad de que no existe otra alternativa para lograr el saneamiento del proceso, bajo esa perspectiva el criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo, no la regla, sino la excepción.

Por lo expuesto y abstrayéndose este Tribunal de los defectos formales del recurso en el petitorio del mismo y, con la finalidad de dar correcta aplicación a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia  y en resguardo del debido proceso,  corresponde a este Tribunal, fallar conforme a lo dispuesto por los art. 252, art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.  

Se exhorta al Juez A quo como director  del proceso,  cumplir a cabalidad sus funciones, en previsión de los principios de eficiencia, eficacia y economía procesal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los  arts. 252 y arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 97/2012 dictado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir nueva Resolución en previsión al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sin espera de turno y previo sorteo.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En previsión al  art. 17 parágrafo IV de la ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán