TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 

S A L A     C I V I L


Auto Supremo: 166/2013

Sucre: 12 de abril 2013

Expediente: SC-17-13-S

Partes: Gaby Julieta Padilla  Costas c/ Sonia Ruth Sánchez Vda. De Torrico

Proceso: División y Partición de bienes hereditarios

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en  la forma y fondo de fs. 676 a 677 de obrados, interpuesto por Sonia  Ruth Sánchez Vda. de Torrico, contra el Auto de Vista de fecha 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 673 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de División y Partición de bienes hereditarios seguido por Gaby Julieta Padilla Costas en contra de la recurrente, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, adjuntando documental Gaby Julieta Padilla  interpuso demanda de división y partición de bienes  hereditarios en contra de Sonia  Ruth Sánchez Vda. de Torrico.  Tramitado el proceso, el Juez Décimo Segundo  de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, mediante Sentencia de 30 de Marzo de  2012 falla declarando probada la demanda de fs. 48 a 49 plantada por la Gaby Julieta Padilla Costas en calidad  de representante legal de Henry Harold Torrico Padilla, Hernán Torrico García y Lorena Maricel Torrico Terceros, improbada en todas su partes la demanda reconvencional planteada por Sonia Ruth Sánchez Vda. de Torrico, disponiéndose la división y partición de los Depósitos Judiciales de fs. 220 por la suma de $us. 3.303.60 y de fs. 224 por la suma de $us. 21.846. 40 a prorrota entre los herederos de Henry Harold Torrico Padilla, Eric Hugo Torrico Lino y Lorena Maricel Torrico Terceros.

En conocimiento de la determinación adoptada por el Juez de primera instancia, conforme consta de fs. 657 y 660 la demandada interpuso recurso de apelación, mismo que remitido ante la instancia competente, la Sala Civil  Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 29 de Noviembre 2012, confirma totalmente  la Sentencia de fecha  30 de Marzo de 2012 y Auto de Fecha 16 de Agosto de 2012.  Con costas.

Que, Sonia Ruth Vda. de Torrico, interpuso recurso de casación en el fondo y la forma mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:


HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- La recurrente comienza relatando  su recurso de casación indicando que supuestamente se le habría  notificado con  decreto de  radicatoria  de fecha 28 de Junio de 2012 según diligencia de fs. 325, pero que sin embargo, dicha notificación nunca habría  llegado  a su domicilio procesal señalado, indicando que simplemente se habría  consignado en dicha diligencia, calle Beni Nº 790, sin haber consignado el número de oficina que sería la Nº 3, habiendo hecho  referencia también  a otras notificaciones posteriores que contendrían las mismas anomalías, esa situación indica la recurrente, le  hubiera causado indefensión, toda vez que, tuvo conocimiento de que el proceso se encontraba radicado en el Juzgado Doceavo de Partido en lo Civil y Comercial recién el  18 de noviembre de 2012, como constaría en obrados de fs. 381, aspecto que no le habría permitido  presentar prueba  en su debida oportunidad.


2.- Indicó también asimismo que en todas las notificaciones antes señaladas habría violado el art. 101 del Procedimiento Civil, asimismo lesionarían a sus derechos y garantías constitucionales, indicando también que sufrió agravio con  Auto de Vista de fecha 29 de Noviembre de 2012 y de conformidad de lo establecido por los art. 250, 254 inc. 7 y 258 planteó recuro de casación en el forma y el fondo  reiterando  la violación  del art. 101 del Código de Procedimiento civil  y que se le habría causado indefensión, ya que no pudo presentar prueba oportunamente, habiendo concluido su recurso solicitando a este Tribunal anule obrados hasta fs. 325 inclusive.

CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El Art. 252 del Código de Procedimiento Civil, señala: “… (Nulidad de oficio).- El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público…”, articulo que obliga a los Tribunales de casación realizar una revisión exhaustiva con la finalidad de verificar si en diferentes instancias los operadores judiciales hubieran realizado sus actos dentro del marco de la competencia judicial, que se encuentra revestida por el orden público.

Por otro lado es importante señalar, que existen principios que rigen las nulidades procesales, así tenemos  por ejemplo, el principio de trascendencia, respecto del cual, para que resulte procedente la declaratoria de nulidad, deben mediar requisitos  que demuestren que el vicio que se acusa ha producido perjuicio en la parte que se siente afectada; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio real que ocasiona al justiciable.  Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

En ese entendido, y siendo el Tribunal de Casación  una instancia de puro derecho, corresponde el cumplimiento y aplicación de la norma así como los principios que rigen al sistema de justicia, observar que el desarrollo del proceso en las instancias previas sea el adecuado a los principios constitucionales y  específicos de la justicia ordinaria, por lo que no  se  puede en esta oportunidad soslayar la conculcación al derecho de las partes de acceder a una justicia pronta y oportuna

En el caso concreto, el Auto de Vista impugnado  cursante de fs.  673  a 674 de 29 de noviembre de 2012, mediante el cual confirmó la Sentencia de fecha 30 de Marzo de 2012, así como el Auto de fecha 16 de Agosto de 2012, toda vez que en criterio de ese Tribunal la apelante ahora recurrente no habría cumplido con lo previsto en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, es decir no se había expresado agravios, consiguientemente no se habría abierto la competencia de ese  Tribunal, para pronunciarse  sobre la Resolución impugnada.

Sin embargo, de la revisión de obrados se establece que la parte demandada, por memorial de fs. 654, ratificado por memorial de fs. 657  apeló  del Auto que resolvió incidente de nulidad de notificación con la Sentencia,  en la que también  solicito  pronunciamiento respecto del incidente de nulidad de obrados presentado  a fs. 385 y vlta., y en la misma fecha,  por memorial de fs. 660 también apeló de la Sentencia, habiendo  el A quo, mediante Auto de fs. 665 concedido el recurso de apelación, tanto del Auto de fecha 16 de Agosto de 2012, así como de la Sentencia de fecha 30 de Marzo de 2012.

Ahora bien; cuando el  Tribunal de Alzada concluyó que en la apelación no existían agravios, consiguientemente que al haberse confirmado la Sentencia y el Auto interlocutorio impugnados, se debe manifestar que esa conclusión a la que arribo el Juez, fue errada, en virtud a que no  realizó  una revisión exhaustiva ni de los recursos ni de  todos los actuados del proceso; toda vez que la demandada, reclamó, que el A quo solo  había pronunciado  Resolución sobre la nulidad de notificación con la Sentencia y no así, respecto de la nulidad de fs. 385 en la que se solicitó, nulidad de actuados hasta fs. 324, nulidad que hasta esa fecha no habría merecido Resolución por parte del operador de justicia, por otro lado, también apeló la Sentencia, manifestando que se le había causado  indefensión  con la notificación del decreto de radicatoria de fs. 24, aspecto que no le habría permitido presentar prueba en su debida oportunidad, sobre el derecho que tendría respecto del bien inmueble objeto de la Litis.

En base a esos agravios impetró que el Tribunal de Alzada dicte Auto de Vista revocatorio al Auto  apelado.

Consiguientemente, y de los antecedentes de los memoriales de apelación analizados estos se constituirían indudablemente en la fundamentación de su apelación, no  siendo  evidente que los recursos de apelación  deducidos por la parte demandada carezcan  de fundamentación de agravios, como lo señaló el Tribunal de Alzada, quien con ese argumento omitió pronunciarse en uno u otro sentido sobre los agravios expuestos en apelación, aspecto que importa no solo el incumplimiento del principio de congruencia y pertinencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que constituye el marco normativo sobre el cual debe pronunciarse la Resolución de segunda instancia, sino que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, que tienen las partes.

En consecuencia  se evidencia que en  la tramitación del proceso existen vicios trascendentales, como es la falta  de pronunciamiento  respecto del incidente de nulidad de obrados  presentado por la demandada Sonia Ruth Sánchez  Vda. De Torrico a fs. 385, porque en criterio de la incidentista, la notificación con el decreto de radicatoria, en el juzgado Doceavo de Partido en lo Civil, tuvo incidencia en su indefensión, en virtud a que la notificación no se hubiera realizado debidamente en su domicilio procesal señalado, en calle Beni Nº 790 oficina Nº 3, al haberse consignado simplemente Calle Beni Nº 790, razón por la cual ésta no habría  tenido conocimiento de los actuados con los que le hubieran notificado, aspecto que no le permitió presentar prueba en su debida oportunidad.

Incidente de nulidad que no fue resuelto por el A quo, cuyo reclamo, sobre la falta de emisión de la Resolución lo hizo en reiteradas oportunidades, la demandada Sonia Ruth Sánchez Vda. De Torrico, a través de fs. 614 y 626, así como en los recursos de apelación y casación,  empero, el A quo haciendo caso omiso a las peticiones de Resolución, emitió Sentencia, dejando a la  demandada en total incertidumbre, sobre cuál hubiera sido su situación jurídica de haberse resuelto aquella nulidad, sin duda el A quo al haber dejado sin resolver el incidente  cometió un error toda vez que, el reclamo fue oportuno y constantemente en todos los actuados posteriores, a la interposición de dicho incidente de nulidad, sin haber recibido respuesta alguna, aspecto  que ciertamente vulnera los principios constitucionales establecidos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, entendidos en que, la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de celeridad, accesibilidad, debido proceso, derecho de impugnación entre otros; motivo por el cual toda Autoridad jurisdiccional tiene la obligación ineludible de emitir una respuesta pronta, oportuna y debidamente fundamentada, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba admitir esa petición, sino que, el juzgador deba  pronunciarse de manera positiva o negativa.

Esa omisión de pronunciamiento, constituye vulneración al debido proceso e inobservancia de las formas procesales, mismas que son sancionadas con nulidad, de manera que éste Tribunal debe emitir Resolución anulando obrados, hasta fs. 617, debiendo previamente el A quo pronunciarse respecto al incidente planteado, por las razones  manifestadas  supra, Este Tribunal debe resolver conforme manda  los  arts. 252,  271 num. 3) y 275   del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil ANULA obrados hasta fs. 617, decreto de Autos, debiendo con carácter previo el Juez A quo, emitir Resolución respecto del  incidente de nulidad que cursa a fs. 385.

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber al Juez A quo, a ser descontados de su haber mensual, para tal efecto notifíquese con la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Conforme dispone el art. 17 parágrafo IV, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.