TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A     C I V I L


Auto Supremo: 164/2013

Sucre, 11 de abril 2013        

Expediente: O-4-13-A

Partes: Mutual “El Progreso” Félix Sangueza Oros c/ Clara Gladys Calizaya Chávez  y Rene Calisaya Chávez y Otros

Proceso: Ejecutivo

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 142 a 145 de obrados interpuesto Julio Cesar Jiménez Vignola en representación de la Mutual “El Progreso” contra el Auto de Vista Nº 154/2012 de fecha 19 de diciembre 2012, cursante de fs. 129 a 134 y vlta. pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso Ejecutivo (Ejecución de Sentencia) instaurado por la entidad recurrente en contra de Clara Gladys Calizaya Chávez y otros, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, mediante Sentencia de 12 de agosto 2003 el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la capital, declaró probada la demanda Ejecutiva incoada por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “El Progreso”, disponiendo que la ejecución se lleve hasta la subasta y remate de los bienes propios de los ejecutados embargados o por embargarse, para que con su producto se pague a la entidad ejecutante la suma de $us.12.000.- más intereses y costas, debiendo en ejecución de Sentencia reducirse las amortizaciones parciales que se hubieran realizado a tiempo de efectuarse la liquidación correspondiente.

Que, por Auto de 30 de enero 2004, se ejecutorió la Sentencia al no haber los demandados interpuesto recurso de apelación dentro el plazo previsto por ley.  A tal efecto y previas las actuaciones correspondientes, se tiene que por Auto de 11 de febrero 2005 se declaró aprobado el remate del inmueble de 700 m² ubicado en la calle Pagador Nº 7181 entre Lizarraga y Tomas Frías, de propiedad de Clara Gladys Chávez Calizaya y Rene Chávez Calizaya a favor de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para al Vivienda “El Progreso”, por la suma de $us.11.304.-, habiéndose de manera posterior suscrito la Escritura Pública en fecha 25 de julio 2005, conforme consta de fs. 70 y 76 de las literales que constan en obrados.

Por memorial presentado en fecha 29 de septiembre 2011, Juan Pablo Soria Zurita en representación de Víctor Wilfredo Fernández Cañipa, hijo de la co procesada fallecida Teresa Cañipa de Fernández, interpuso incidente de nulidad de obrados, mereciendo dicha petición el pronunciamiento del A quo, a través del Auto de 27 de febrero 2012 de fs. 104 a 106 rechazó el citado incidente y recurrido en apelación el Tribunal de Segunda Instancia, mediante Auto de Vista Nº 154/2012 de 19 de diciembre 2012 anuló obrados sin reposición hasta el Auto de 8 de febrero del año 2003 visible a fs. 16 vlta. del testimonio y fs. 13 vlta del proceso original; estado en que el Juez A quo, en cumplimiento a lo que se tiene expuesto en la Resolución, observe la demanda conforme se tiene expuesto, debiendo la parte actora dirigir la misma contra todos los legitimados procesalmente, con las permisiones que otorga el art. 437 del Código Civil y el principio dispositivo de parte.

Por lo que la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “El Progreso” interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:


HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Afirma que el Ad quem ha violado el art. 90 del Código de Procedimiento Civil porque no cumplen con la norma al manifestar que se ha causado indefensión a la co ejecutada Teresa Cañipa Choque, puesto que la misma, a la iniciación  de la demanda, ya habría fallecido y que era obligación de la entidad verificar qué ahorristas o prestatarios fallecieron, sin percatarse que sus causahabientes tienen obligación de comunicar de tal suceso a la entidad crediticia.

2.- Indican que, el Tribunal de Alzada no constató en obrados que la demanda principal, Auto intimatorio de pago y la Sentencia fue puesta en conocimiento de la co ejecutada mediante cédula conforme se evidencia de la diligencias de fs. 17, previo aviso judicial que fue entregado a su hijo de nombre René Fernández, cumpliéndose de esta manera el art. 121 del Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta que dicha formalidad no afectó a la finalidad del acto practicado en la medida en que la co ejecutada fue citada por cédula en el domicilio real que ellos mismos señalaron  al obtener el préstamo.

3.- Refieren que el Ad quem a tiempo de disponer la nulidad de obrados, no tomó en cuenta los principios que rigen a las nulidades, como ser el de especificidad o legalidad, el de finalidad del acto, el de trascendencia por el que quien solicita la nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable especificando cuál es el agravio que le causa el acto irregular, el principio de convalidación.

4.- Indican también que, el actuar tanto del incidentista como del Ad quem tiene como finalidad entorpecer el proceso, más aún cuando no se ejecuto mueble ni inmueble alguno de la co ejecutada Teresa Cañipa de Fernández (garante), quien si bien funge como garante sin embargo la obligación fue cubierta con el remate del inmueble de los deudores.

Por lo que al amparo del art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado formula recurso de casación en el fondo contra el ilegal e injusto Auto de Vista Nº 154/2012 de 19 de diciembre 2012 solicitando que se case la referida Resolución y deliberando en el fondo se mantenga subsistente el Auto de fecha 27 de febrero 2012 o en su caso, en el marco al que debe someterse el Tribunal de Casación o nulidad, se de aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, es claro cuando dispone que:  “Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior”; es decir la propia legislación es la que restringe expresamente la posibilidad de la procedencia del recurso de casación en Resoluciones emitidas en ejecución de Sentencia, aspecto que además se corrobora por lo dispuesto en el art. 250 del adjetivo civil, cuando señala que el recurso de casación o nulidad se concederá para invalida una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley y de otra parte el art. 252 de la misma norma procedimental refiere un catálogo de Resoluciones adoptadas por el juez de primera instancia así como de los Tribunales de alzada que pueden ser recurridas de casación, no encontrándose en ninguna de ellas que las Resoluciones en ejecución de Sentencia puedan ser impugnadas ante el Tribunal Supremo de Justicia.  Al respecto también habrá que manifestar que la ex Corte Suprema de Justicia a través del AS Nº 34 de 29 de enero de 2002, sobre la improcedencia del recurso de casación contra los Autos dictados en ejecución de Sentencia, en virtud a lo previsto en el art. 213 parágrafo II, 262, 518 del Código de Procedimiento Civil y 26 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, señaló que: “Por este ordenamiento legal, dicha decisión es impugnable en apelación sin recurso ulterior como expresa en forma imperativa el art. 518 del Código mencionado (se refiere al Código de Procedimiento Civil), cuya aplicación es imperativa por ser de orden público, como expresa y manda el art. 90 del mismo cuerpo legal. El art. 213 parágrafo II del mismo Código Procedimiento Civil, claramente dispone que el Tribunal ante quien se recurre puede negar el examen del recurso cuando la ley declara irrecurrible una Resolución. Ello quiere decir que no tiene competencia el Tribunal de casación cuando el recurso que lo abre es improcedente, tan es así, que el Tribunal de segundo grado queda Autorizado para denegar un recurso extraordinario improcedente en los casos taxativos que señala la ley, pues, el art. 262 del Código de Procedimiento Civil, ampliado por el art. 26 de la L. N° 1760 de 28 de febrero de 1997, así lo disponen. Bajo pretexto alguno el Tribunal Supremo puede ingresar vía casación a revisar procesos. De hacerlo incurre en nulidad por falta de competencia vulnerando los arts. 31 y 228 de la Constitución política de Estado y 30 de la L.O.J. así como la regulación procesal del sistema de impugnaciones, siendo inatinente acudir a la facultad conferida por los arts. 15 de la L.O.J. y 252 del Código de Procedimiento Civil ”. De otro lado el Tribunal Constitucional a través de la SC 0493/2004-R de 31 de marzo 2004, señala: “Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo sin recurso ulterior”, elimina toda posibilidad de procedencia del recurso de casación en los casos aludidos por ese precepto. Aquí, como se puede apreciar, es la ley la que cierra la posibilidad de conocer un asunto en casación y, derivado de ello, el órgano jurisdiccional en cuestión no puede revisar el recurso planteado y, en consecuencia, tampoco podrá revisar de oficio la actuación de los Tribunales inferiores. Y es que, en este sistema de recursos, la competencia no nace de una decisión discrecional del órgano sino de lo expresamente señalado en la ley. Así también lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia”.

De lo anterior se concluye que en virtud a las disposiciones legales previstas en los arts. 213 parágrafo II, 255, 262 y 518 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Alzada debió negar la concesión del recurso de casación en el fondo; toda vez que conforme dispone el art. 518 de la norma antes referida el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para conocer el mismo, de lo que se infiere que el recurso planteado deviene en improcedente; más aún si se toma en cuenta que el proceso ejecutivo no admite en ningún caso interponer el recurso de casación conforme dispone el art. 255 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley Nº 1760 en su disposición Especial Tercera parágrafo II derogó el art. 255 num. 1) en la mención que hace de los procesos ejecutivos, por lo que  se entiende que la Resolución que se emita dentro de un proceso ejecutivo no es recurrible de casación, menos será si dentro del mismo se resuelve una cuestión incidental, más aún si esta se tramita en ejecución de Sentencia; es decir, tampoco dará lugar a la posibilidad de accionar recurso de casación.


Ello no significa que las partes, en especial la entidad financiera demandante, se encuentre desprotegida respecto de las decisiones asumidas por el Tribunal de Segunda Instancia, mismo que en ejecución de Sentencia, luego de haberse emitido el 30 de enero 2004 Auto de ejecutoria de la Resolución y procedido al remate en subasta pública del bien inmueble cuya propiedad pertenecía a los acreedores y no así a la garante Teresa Cañipa de Fernández, que es por quien se presenta incidente de nulidad de obrados luego de más de 7 años de ejecutoriada la Resolución del A quo, anula obrados sin reposición hasta el Auto de 8 de febrero del año 2003, estado en el que el Juez de Partido Tercero en lo Civil, observe la demanda conforme a derecho, debiendo dirigir la parte actora su demanda contra todos los legitimados procesalmente; es decir frente a esta determinación si la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, puede activar el control de constitucionalidad respecto del Auto de Vista emitido y hacer efectivo sus derechos lesionados y no hacerlo a través de recurso de casación en el fondo como se tiene presentado.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 1) y 272 num. 2) con relación al art. 262) del Código de Procedimiento Civil, declara: IMPROCEDENTE  el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 142 a 145 de obrados interpuesto Julio Cesar Jiménez Vignola en representación de la Mutual “El Progreso” contra el Auto de Vista Nº 154/2012 de 19 de diciembre 2012, cursante de fs. 129 a 134 y vlta. pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.  Con costas.


Se apercibe al Tribunal de Alzada por no haber dado cumplimiento a lo previsto en el art. 262 del Código de Procedimiento Civil.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs.700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán