TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL

Auto Supremo: 163/2013

Sucre: 11 de abril 2013

Expediente: CH- 3-13-S

Partes: Javier Francisco Loma Rocha. c/ Jorge Humberto Carvallo Orozco.  

Proceso: Cobro de Alquileres Devengados con reconocimiento de daños y

              Perjuicios

Distrito: Chuquisaca

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 291 a 294 vlta., interpuesto por Sharon Dávalos López en representación de Jorge Humberto Carvallo Orosco  contra el Auto de Vista Nº SCI-311/2012 de fecha 16 de noviembre de 2012, cursante de fs. 284 a 287 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca,  dentro el proceso ordinario de Cobro de Alquileres  devengados con reconocimiento de daños y perjuicios instaurado por Javier Francisco Loma Rocha representado contra Jorge Humberto Carvallo Orosco, la concesión de fs. 310, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de Sucre dicta la Sentencia de fecha 30 de mayo de 2012 cursante de fs. 240 a 244 de obrados, declarando probada en todas sus partes la demanda de fs. 40-41; e improbada la demanda reconvencional y las excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho en el demandante; declara ha lugar al reconocimiento de daños y perjuicios a favor del actor.

Resolución de fondo que es apelada por Sharon Dávalos López apoderada de Jorge Humberto Carvallo Orosco, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº SCI- 311/2012 de fecha 16 de noviembre de 2012, cursante de fs. 284 a 287 vlta., que confirma la Sentencia apelada y que en ejecución de Sentencia deberá deducirse a cuenta de pagos de alquileres Bs. 7658 referidos en la primera parte de los fundamentos de la prescripción; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por Sharon Dávalos López en representación de Jorge Humberto Carvallo Orosco, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

Señala que  si bien se cancelaron los alquileres el año 1998 (Bs. 4000.- el 11 de febrero de 1998 y Bs. 3658 el 20 de septiembre de 1998) sin embargo, a partir de esa fecha no existió ningún otro acto realizado por los demandantes para el cobro de los alquileres posteriores que implica que el derecho a cobrar alquileres ha prescrito, violándose los arts. 1492 y 1509 del Código Civil.

Indica que la condición suspensiva implica la existencia de un contrato, donde se establezca puntualmente esta condición; y que en el contrato suscrito entre partes de fs. 11 y 12 no consta ninguna condición suspensiva que permita a los Vocales establecer de oficio la existencia de la misma, en consecuencias es innegable el error de hecho y de derecho en la apreciación del contrato de alquiler al encontrar una condición inexistente en el mismo.

Expresa que es cierto que el año 2001 se interpuso una demanda penal, aún así no es menos evidente que desde al año 2001 hasta el 2011 no hubo interrupción alguna, habiendo transcurrido más de dos años requeridos para la prescripción de la demanda.

Finalmente, señala la interposición de recurso de casación en el fondo solicitando concederse el recurso disponiendo su remisión al Tribunal Supremo para que esta autoridad case el Auto de Vista, declarando probada la excepción de prescripción. 

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme el contenido del recurso, es necesario ingresar a analizar el marco legal del régimen de la prescripción, para luego incidir en el examen de lo denunciado, en tal caso se tiene las siguientes consideraciones:

De modo general podemos indicar que la prescripción es un instituto jurídico por medio del cual se adquieren derechos o se liberan de obligaciones por el transcurso del tiempo, la primera nominada como prescripción adquisitiva y la segunda,  extintiva o liberatoria; un elemento relevante en la prescripción  es el factor tiempo, que por sí solo no otorga derechos ni extingue obligaciones, indudablemente intervienen  otros factores necesarios que cambien o alteren esa relación jurídica existente, por cuanto esa relación puesta en incertidumbre tiene estrecha relación con el orden social y la seguridad jurídica del Estado, como veremos más adelante.

Para el caso, la prescripción liberatoria o extintiva es  el modo en el cual se extingue un derecho por efecto de la falta de su ejercicio, por inactividad del titular del derecho, durante el tiempo que se fijó en ley;  el art. 1492 parágrafo I del Código Civil al respecto señala: “(EFECTO EXTINTIVO DE LA PRESCRIPCION) Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece”; desgranando lo glosado y acudiendo a la doctrina podemos inferir tres elementos que yacen a la prescripción extintiva: 1. Inacción del acreedor, que el titular permanezca inactivo sin ejercitar su derecho;  2. El factor tiempo, que transcurra el plazo señalado por ley para el ejercicio del derecho sin que se cumpla el mismo; 3. La búsqueda de estabilidad de los derechos, la finalidad que se persigue es la seguridad de los derechos a efectos del orden público de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente.

Bajo este marco podemos señalar que en la prescripción extintiva, el factor tiempo no extingue el derecho del titular por su transcurrir inmutable definido en norma, sino que debe estar sumado a la inactividad del titular de ese derecho, a su silencio en la relación jurídica en cuestión atribuible a la omisión propia del titular, lo que configura a que opere la prescripción como una institución de orden público que garantiza el fin esencial de seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos del Estado, ya que sólo así se pondrá certeza a la incertidumbre en las relaciones jurídicas pendientes.

En el caso en concreto, se acusa que el actor no realizó acto alguno para cobrar los cánones de arrendamiento adeudado operando la prescripción; a lo cual cabe señalar que conforme los antecedentes del proceso, luego del pago realizado por Jorge Humberto Carvallo Orosco en  fecha 11 de febrero de 1998 y 20 de septiembre de 1998, (suma que asciende a Bs. 7658.- conforme legalizada del memorial de fs. 30 a 31) a favor de Javier Francisco Loma Rocha por cánones de alquiler, no se produjo otro pago por el arrendamiento en cuestión; sin embargo, cabe considerar que fue el cuestionamiento del derecho propietario de Javier Francisco Loma Rocha  por parte de José Pelagio Nava Mercado que impidió el pago de los cánones de alquiler en forma posterior, ya que el argumento para el no pago del canon de arrendamiento fue éste, conforme se tiene la legalizada del memorial de fs. 30 a 31 que en su tenor señala: “… es evidente que JAVIER FRANCISCO LOMA ROCHA, encontrándose en diferentes  procesos  civiles y penales, con el señor JOSÉ PELAGIO NAVA MERCADO, respecto al derecho propietario sobre el inmueble de calle España, SIN CONTAR CON DERECHO PROPIETARIO LEGAL, me ha otorgado en alquiler  un inmueble que le pertenecía, pero además de manera totalmente ilegal me ha cobrado alquileres que no le correspondían”; que corrobora lo aseverado por la apoderada del recurrente en la legalizada del memorial de fs. 71 a 73 que, señala que no podía pagar el arrendamiento pactado porque el derecho de propiedad del actor se encontraba en litigio.

De lo esbozado queda establecido, que fue el cuestionamiento al derecho propietario del actor el argumento del no pago del canon de arrendamiento, por lo que ante tal circunstancia emergió una condicionante a ese pago, que fue precisamente el de conocer de manera cierta el derecho propietario del bien arrendado, no otra cosa se puede entender de lo aseverado por el mismo recurrente en las citas mencionadas, que se corrobora por legalizada de fs. 37 referente a  un “juicio penal” del recurrente el año 2001, conforme indico el Tribunal Ad quem.

En tal situación, la prescripción del derecho del cobro del canon de arrendamiento no podía correr en contra de  Javier Francisco Loma Rocha, por el cuestionamiento del derecho propietario, que si bien fue en un proceso ajeno al recurrente empero fue el argumento base para que él rehúse el pago, deduciéndose que en la relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario no existió omisión por parte del primero en hacer valer su derecho para el cobro del canon de arrendamiento, sino que estuvo imposibilitado de hacer valer ese derecho ante el cuestionamiento del arrendatario por el derecho propietario sobre el bien arrendado;  a esto el art. 1493 del Código Civil señala: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer…” , en tal razón no podía haberle corrido los términos de prescripción bienal desde el año 1998, o 2001 en su caso, como aduce el recurrente, por que ese derecho al cobro de canon de arrendamiento recién pudo hacerlo valer luego de dilucidar su derecho propietario, o sea, volvió a correr en forma posterior a la dilucidación del derecho propietario. En todo caso es insostenible realizar sólo una ponderación del factor tiempo para que opere la prescripción, por cuanto debe propugnar la actitud del titular del derecho para que opere la misma, imprimida en su silencio en la relación jurídica, lo que en el caso no acontece.

En relación al cuestionamiento de la previsión contenida en el art. 1502 -2) del Código Civil realizada por el Ad quem, esta fue efectuada en cuanto la construcción fáctica del proceso, que se subsumía  a la condicionante del pago de arrendamiento a la dilucidación del derecho propietario cuestionado, por lo que por analogía aplicó la previsión contenida en el art. 1502 num. 2) del Código Civil, que en el caso resulta coherente conforme lo esbozado anteriormente.

Por lo expuesto y no siendo evidente las violaciones acusadas como se arguye en el recurso de casación, éste Tribunal emite Resolución en la forma determinada por los  arts.,  271 num.  2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 291 a 294 vlta., interpuesto por Sharon Dávalos López en representación de Jorge Humberto Carvallo Orosco  contra el Auto de Vista Nº SCI-311/2012 de fecha 16 de noviembre de 2012. Con costas.

En ejecución de Sentencia, se de parte de la presente Resolución al Servicio de Impuestos Nacionales a los efectos legales que corresponda

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.