TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CIVIL

Auto Supremo: 162/2013

Sucre: 11 de abril 2013

Expediente: LP 06 13 - A

Partes: Grace Caro Michel en representación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación  c/ Ex Gerentes Generales de la ex ENTB y Ex Gerentes Administrativos Financieros de la ex ENTB.

Proceso: Resarcimiento de Daño por hecho ilícito.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el Fondo de fs. 142 a 145, interpuesto por Dr. Ramiro Antonio Vidaurre Landa, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y el Dr. Edwin Augusto Chuquimia Villegas, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Comunicación, en representación legal de la Lic. Amanda Dávila Torres, Ministra de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia  contra el Auto de Vista  Nro. 301/2012 de fs. 135 y vlta, de  fecha 20 de agosto de 2.012, Auto complementario de fecha 3 de octubre de 2012, pronunciados por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia  de La Paz, en el proceso Ordinario de Resarcimiento de daños por hecho ilícito, seguido por  Grace Caro Michel en representación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación contra Ex Gerentes Generales de la ex ENTB y Ex Gerentes Administrativos Financieros de la ex ENTB., el Auto de concesión de fs. 147, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juzgado Décimo primero de Partido en lo Civil Comercial, el 04 de enero de 2011, pronunció el Auto Definitivo, cursante a fs. 94, donde estableció que se tiene por objeto el cobro de $us. 16.521,76 Dólares Americanos equivalentes a Bs.- 116.808,92 Bolivianos, por concepto de daño económico al Estado, al ser una entidad en liquidación que pertenece al Estado Plurinacional y siendo los demandados Ex Gerentes Generales y Ex Gerentes Administrativos Financieros, indicó que sus responsabilidades ingresan dentro de la previsión contenida en los arts. 28 inc. a) y 47 de la Ley 1178; por consiguiente y en observancia del art. 134 de la Ley de Organización Judicial, así como del art. 157 del mismo cuerpo legal corresponde tramitarla ante el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal Tributario. 

Contra esa Resolución de primera instancia la demandante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el mismo que fue rechazado y la apelación planteada alternativamente fue elevada al superior en grado en el efecto suspensivo,   en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 20 de agosto de 2012 pronunció Auto de Vista, por el cual Confirmó el Auto de fecha 4 de enero de 2011 dictado por el Juez A quo.

Contra esa Resolución de Alzada la parte actora, por intermedio de sus representantes legales, interpusieron recurso de casación en el fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusó que, se vulneraron las normas contenidas en el art. 235 numeral 5) de la Constitución Política del Estado Plurinacional, al igual que el art. 339 de la Carta Magna, la Resolución Nro. CGR/140/2008, de 1 de julio de 2008, la Resolución Nro. CGE-08472011 de 2 de agosto de 2011 y el art. 1 del Código de Procedimiento Civil.

Indicó que al determinar los Tribunales de instancia que no es la vía el Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial para el conocimiento de la demanda, soslayan el hecho de que para abrir cualquier jurisdicción especial se deben contar con requisitos especiales y cuando no se cuentan con estos requisitos, rige el Derecho común que es el Derecho Civil.

Continuó mencionando que la Empresa Nacional de Televisión Boliviana en liquidación no cuenta con los requisitos, en especial en el informe de auditoria aprobado por la Contraloría General del Estado sino solo con la identificación del daño a través del relevamiento de hechos con lo que no se puede iniciar el proceso Coactivo Fiscal.

Acusó al Tribunal Ad quem de solo hacer una confusa descripción de procedimientos administrativos y de no explicar nada con respecto a no contar  con un informe de auditoría.

Por otro lado acusó la vulneración del Principio de Legalidad indicando que al estar impedida ENTB en liquidación a acudir a la jurisdicción especial no puede recuperar el monto de dinero que demandó y que al no admitirse su demanda en la vía ordinaria se le causa perjuicio y se le deniega justicia.

Indicó que la Resolución Nro. CGR/140/ de 1 de julio de 2008, determino para los casos en los que no se cuenten con informes de auditoria, la posibilidad de utilizar instrumentos alternos, como lo normado en el art. 35 de la Ley 1178, mencionado que dicha norma le faculta a la unidad legal a acudir al Juez que corresponda y que pueda determinar medidas preparatorias y precautorias de demanda que considere convenientes como lo sucedido en el caso que se analiza.

Continuó indicando que en la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal no existen normas referidas al modo de suplir la ausencia de títulos coactivos y que al no contar con un título coactivo solo cuenta con la vía del derecho común para hacer valer su pretensión.

Terminó peticionando que se admita su recurso de casación en el fondo y conforme a la competencia, se Case el Auto de Vista recurrido, en aplicación de las leyes conculcadas que se expusieron en su recurso.   

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, en principio corresponde precisar que mediante Decreto Ley 07454 de 22 de diciembre de 1965 se establece en el país, a cargo del Estado, el Servicio de Televisión y el Decreto Supremo 08395 de 19 de junio de 1968, se crea la Empresa de Radio y Televisión Boliviana  (RTB) como entidad autárquica con personería jurídica encargada de administrar ese servicio, bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación; por Decreto Supremo 08571 de 20 de noviembre de 1968 se cambió la denominación de esa entidad por la de Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTBOL), disponiendo su dependencia de la Presidencia de la República.   Ahora por Decreto Supremo No. 0074 de 15 de abril de 2009, se dispone la Liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana  -ENTB-, ordenándose  el cierre de sus operaciones,  luego de disponer su liquidación, todos los activos, pasivos, los procesos de administración, judiciales y arbítrales pasaron a depender de la Empresa Nacional de Televisión Bolivia en Liquidación (ENTB en liquidación), adquiriendo su personalidad jurídica conforme lo norma el artículo 6 de dicho Decreto Supremo.

Siendo esa la naturaleza jurídica de ENTB en liquidación, ésta sigue siendo una Empresa Estatal dependiente del Ministerio de la Presidencia y al continuar siendo una empresa dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una jurisdicción especializada para hacer efectiva las acciones de responsabilidad civil que hubiesen generado daño económico al Estado, por dicho motivo la  jurisdicción coactiva fiscal fue creada para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de perseguir la responsabilidad civil a que se refiere el art. 31 de la Ley Nº 1178.

La Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178, establece que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo, a ese efecto califica la responsabilidad por la función pública en: administrativa, ejecutiva, civil y penal. Al respecto el art. 31 de la mencionada Ley señala que: "La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero...".  Al  indicar y fundamentar la parte actora en su demanda de Resarcimiento de Daño por hecho ilícito que mediante el área de Auditoría Interna de la entidad quien procedió a efectuar el examen de documentación relativa a Publicidad emitida durante el periodo comprendido entre el 02 de enero 2003 al 30 de agosto 2005. el Área de Auditoria Interna de ENTB en liquidación, emitió un relato de hechos en fecha 24 de noviembre 2010 donde se evidenció que la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana, mediante Comprobante de Ejecución de Gasto C-31 Nro. 415 de 08 de mayo  2008, efectuó pago de multas por incumplimiento a Deberes Formales, por Bs.- 3.224.- de acuerdo al reporte de las obligaciones tributarias pendientes de cumplimiento emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de abril de 2008 también se evidencio el pago de multas emergentes del incumplimiento a Deberes Formales por Bs.- 128.249 y Bs.- 5.536.04 debido a la falta de presentación de las Declaraciones Juradas dentro el plazo establecido en lo relativo a impuestos IVA, IT e IUE y retenciones realizadas a terceros referentes al IUE, RC-IVA e IT en los periodos comprendidos entre el 2004 al 2008; montos de dinero que alcanzan a la suma de $us. 16.521.76 equivalentes a Bs.- 116.808.92.- y que estos montos cancelados como multas generan una daño patrimonial para la Ex ENTB actual ENTB en liquidación efectuada por los ex funcionarios de la ex ENTB, abre la competencia a la vía coactiva fiscal y no así a la ordinaria.  Consecuentemente, se deberá entender que la relación de un servidor público respecto a la administración pública de la cual depende, está sujeto a los parámetros de la responsabilidad por la función pública, dentro de la cual se tiene prevista a la responsabilidad civil.

En ese entendido el Decreto Supremo Nro. 23318A, Reglamentó la Responsabilidad por la función pública en donde se estableció que se crea dicha norma para el cumplimiento del artículo 45 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, que Regula el capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, de dicha Ley así como toda otra norma concordante con la misma.  También indicó que su Alcance se aplica exclusivamente al dictamen y a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral, donde se estableció que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía eficiencia, transparencia y licitud y su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas.

De la misma forma el Decreto Supremo Nro. 23215 estableció que la Contraloría General de la República como Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y por el Control Externo posterior, es el ente operativo para ejecutar los sistemas de control gubernamental en forma eficaz, la misma que se encuentra íntegramente relacionada con la Ley Nro. 1178 y entre sus atribuciones está: “Tener acceso en cualquier momento y sin limitación o restricción alguna a los registros, documentos y operaciones, para fines de control externo posterior”    

Por otro lado el art. 47 de la citada Ley Nº 1178, dispone: "Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determine responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza".

El art. 48 de la citada norma determina: "No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no contempladas en el artículo 47 ni las de carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones”.  Los actos de los servidores públicos al igual que de los ex servidores públicos están contemplados en el art. 47 de la Ley Nro. 1178  y su responsabilidad por su acción u omisión, corresponde a la coactiva fiscal.

De la misma forma el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal establece: “Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal:

1. Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles.

2. Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles.

En ese entendido, el escenario para demandar el resarcimiento del daño económico que sufrió el Estado es la coactiva fiscal y los recurrentes como  funcionarios públicos, tienen el deber de cumplir con los mecanismos necesarios para activar esta vía judicial, es deber de ellos la dotación de los instrumentos con fuerza coactiva suficiente para iniciar y continuar el procedimiento establecido en esta vía y su acción u omisión de los recurrentes a dicha formalidad sin duda también puede  generar responsabilidad.

El hecho de no contar con documentos con fuerza coactiva fiscal, como indican los recurrentes, no quiere decir que puedan elegir la vía ordinaria, toda vez que la jurisdicción y la competencia son aspectos de orden público, cuya determinación es fijada por Ley y no está librada al criterio o elección de las partes quienes tienen la obligación se someterse a la competencia y jurisdicción que la ley manda, conforme lo establecen los arts. 11 y 12 de la actual Ley del Órgano Judicial que se encontraban también expresadas en los arts. 25 y 26 de la abrogada Ley de Organización Judicial.

Por lo indicado y por las razones expuestas este Tribunal concluye que no son fundados los argumentos expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 2) y  273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el Fondo de fs. 142 a 145, interpuesto por el Dr. Ramiro Antonio Vidaurre Landa, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Dr. Edwin Augusto Chuquimia Villegas, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Comunicación, en representación legal de Lic. Amanda Dávila Torres, Ministra de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia  contra el Auto de Vista  Nro. 301/2012 de fs. 135 y vlta, de  fecha 20 de agosto de 2.012, Auto complementario de fecha 3 de octubre de 2012. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

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