TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA CIVIL


Auto Supremo: 156/2013

Sucre: 08 de Abril 2013

Expediente: P 1 13 - S

Partes: Hugo Badani Montaño c/ Gustavo Aramayo D Emilio (Menor) y Gerardo Aramayo Tovar  (Padre)  

                                                     

Proceso: Acción Pauliana, revocación de acto de disposición y nulidad de transferencia  

Distrito: Pando.

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 763 a 764 vlta. interpuesto por Fausto Yugar Cárdenas, abogado y apoderado de Luis Freddy Aguirre Soria y el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 766 a 769  vlta. interpuesto por Guillermo Torres López, Abogado y apoderado de Hugo Badani Montaño, ambos contra el Auto de Vista Nº 173 de fecha 26 de noviembre de 2012, cursante de fs. 758 a 760, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso ordinario de Acción Pauliana, Revocación de Acto de Disposición y Nulidad de transferencias, interpuesta por Hugo Badani Montaño en contra del menor Gustavo Aramayo D Emilio y Gerardo Aramayo Tovar, representado el primero por su nombrado padre y su madre Norma Esther D Emilio Suarez; las contestaciones a los recursos de fs. 772 a 773 y de fs. 776; el Auto de concesión de fs. 777; los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Hugo Badani Montaño, de fs. 25 a 27 interponen demanda ordinaria de Acción Paulina, Revocación de Acto de Disposición y Nulidad de Transferencias, contra el menor de edad Gustavo Aramayo D Emilio y su padre Gerardo Aramayo Tovar, indicando que en el año 1992 realizó un préstamo en favor del padre del menor, quien le dio en garantía una serie de cheques, sin embargo el deudor no honró su deuda y después de mucha insistencia para obtener el pago logró que en fecha 17 de marzo de 2002 que el deudor suscribiera un contrato de préstamo por $US. 20.000; de esa manera a pedido reiterado del acreedor fueron renovándose los documentos respaldatorios por parte del deudor a fin de impedir la prescripción de la deuda, y al vencimiento de esta última obligación interpuso demanda ejecutiva, sin embargo ante la inexistencia de bienes a nombre del deudor imposibilitó la ejecución de la Sentencia, quedando sorprendido al enterarse que el deudor había disminuido fraudulentamente sus bienes para evitar se diera cumplimiento forzoso al pago de la deuda, transfiriendo su bien inmueble de 735,92 mts2. a su hijo menor de edad Gustavo Aramayo D Emilio, de modo que el deudor aparece como insolvente, por lo que al amparo del art. 1446 y siguientes del Código Civil, interpone Acción Pauliana en contra del indicado menor de edad representado por su padre, como también la demanda lo dirige contra el mismo padre Gerardo Aramayo Tovar, pidiendo la revocatoria de las trasferencias del inmueble realizada por este último; acción a la cual posteriormente los hijos del demandante se suman en calidad de terceristas coadyuvantes.

Los padres del menor demandando a través de su apoderado, de fs. 110 a 112 responden de manera negativa y oponen excepciones perentorias de impersonería o incapacidad del demandante como del apoderado, impersonería o incapacidad de la demandada, pago documentado y reconvienen por anulabilidad del documento de préstamo y reconocimiento de confesión extrajudicial espontánea; puesta en conocimiento la demanda reconvencional, el demandante plantea excepción de obscuridad e impersonería en el apoderado y sus poderdantes, prescripción de la anulabilidad y cosa juzgada emergente del proceso ejecutivo.

Como también Luis Freddy Aguirre Soria integrado a la litis, a través de su apoderado inicialmente plantea incidente de nulidad, luego tercería de dominio excluyente, ambas pretensiones fueron desestimadas y finalmente decide asumir defensa como demandando, argumentando ser adquirente de buena fe del inmueble.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cobija, mediante Sentencia Nº 050/2011 de fecha 24 de diciembre de 2011 cursante de fs. 675 a 683, declaró IMPROBADA la demanda principal; sin lugar a la excepción de pago documentado contra la demanda principal; IMPROBADA la demanda reconvencional de anulabilidad de documento; sin lugar a la excepción de cosa juzgada contra la demanda reconvencional y finalmente declara PROBADA la excepción de prescripción contra la demanda reconvencional.

En apelación la Sentencia Nº 050/2011, interpuesto por el apoderado del demandante principal como también por el padre del menor demandado, por Auto de Vista Nº 64/2012 de fecha 16 de mayo de 2012, se anula la Sentencia y por Auto Supremo Nº 366/2012 de 25 de septiembre ANULA el indicado Auto de Vista, disponiendo que el Tribunal de Alzada pronuncie un nuevo fallo; en cumplimiento de ese mandato, la Sala Civil, Social, de Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Auto de Vista Nº 173 de fecha 26 de noviembre de 2012 cursante de fs. 758 a 760, CONFIRMA PARCIALMENTE la Sentencia de fs. 675 en su punto 1 en cuanto declara improbada la demanda con relación al menor demandado y revoca parcialmente respecto al mismo punto con relación al integrado a la litis Luis Freddy Aguirre Soria, ordenando a DD.RR. dejar sin efecto el Asiento Nº 2 de la columna A) de titularidad sobre dominio, en la Partida correspondiente al Folio Real Nº 9.01.1.01.0000831; en contra de esta Resolución de segunda instancia, el apoderado de Freddy Aguirre Soria (integrado a la litis) y el apoderado del demandante principal Hugo Badani Montaño, de manera separada recurren en casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los recurrentes a través de sus respectivos apoderados interponen recurso de casación en la forma y en el fondo, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:

1.- Recurso de casación de Hugo Badani Montaño:

El recurrente interpone recurso de casación en la forma invocando el art. 254 y casación en el fondo por el art. 253, ambos del Código de Procedimiento Civil sin especificar en ninguno de los recursos las causales previstas en dichos artículos.

1.1. En la forma, acusa como norma violada el Auto Supremo Nº 366/2012 de 25 de septiembre de 2012 anulatorio del Auto de Vista Nº 64 de fs. 717 a 720, como así la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil. indicando que el Auto de Vista recurrido es incongruente y carente de fundamentación.

Refiere que el fallo carece de fundamentación legal ya que en ninguna parte del ordenamiento jurídico nacional señala que las normas de la Acción Pauliana no son aplicables cuando el tercero adquiriente es un menor de edad, calificándolo a este último como “peón” en el fraude preparado por su padre.

En base a esos antecedentes, solicita se anule el Auto de Vista recurrido y se disponga se emita una nueva Resolución de manera congruente.

1.2. En el fondo, cita nuevamente como normas violadas el Auto Supremo Nº 366/2012, acusando la violación de los arts. 1286, 1321 del Código Civil y 424 de su Procedimiento, además de hacer referencia al art. 6 de la Ley 2026 (Código del Niño, Niña y Adolescente).

Acusa error de derecho en la valoración de la prueba, como así violación e interpretación errónea de la ley.

Indica que, la acción paulina que es de índole patrimonial, nada tiene que ver con el menor ni su personalidad, ya que el tema en litigio no se refiere a los derechos familiares del menor que están incólumes.

A manera de comentario indica que el art. 6 de la Ley 2026 solo está referido a esa Ley en particular y no constituye una directriz para el desarrollo civil o las otras ramas del derecho; la normativa del derecho de los menores no puede convertirse en una manera de derogar el derecho en general y sus normas civiles.

En base a esos antecedentes concluye solicitando se CASE el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda en todas sus partes.    

2.- Recurso de casación de Luis Freddy Aguirre Soria:

El recurrente interpuso recurso de casación en la forma por la causal del art. 254 num 4) y casación en el fondo por la causa prevista en el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

2.1. En la forma, el recurrente como único argumento indica que el Tribunal de Alzada al momento de dictar el Auto de Vista recurrido no se ha regido al art. 236 del Código de Procedimiento Civil ya que el demandante no pide que se deje sin efecto el Asiento Nº 2 del folio real Nº 9.01.1.01.0000831, por cuanto la determinación transgrede el art. 254 inc. 4) de la Ley adjetiva civil, al otorgar más de lo pedido por las partes.

2.2. En el fondo, indica que el Tribunal de Alzada se olvida totalmente de la norma contenida en el art. 515 del Código de Procedimiento Civil que establece la Autoridad de cosa juzgada, con relación a la Sentencia y Auto de vista emitido  respecto al proceso de Autorización judicial de venta del inmueble del menor, constituyendo una verdad jurídica inalterable e irrevisable.

Refiere también que se ha violado el art. 1319 del Código Civil respecto a la cosa juzgada haciendo referencia a los elementos y requisitos contenidos en dicha norma legal, indicando al mismo tiempo que ninguno de esos requisitos se dio.

Acusa, la violación de derechos constitucionales invocando el art. 56 de la Constitución Política del Estado que está referido al derecho de propiedad; de la misma manera acusa de vulnerado el derecho al debido proceso.

En base a esos antecedentes concluye refiriendo “casar”  el Auto de Vista recurrido con relación al punto de la revocatoria manteniendo subsistente la titularidad de dominio sobre el bien inmueble adquirido por su mandante.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando interpuestos los recursos de casación en la forma y en el fondo por separado tanto por el demandante principal como por el integrado a la litis a través de sus respectivos apoderados, a continuación se pasa a considerar dichos recursos, empezando primeramente por el recurso del demandante principal:

1.- Recurso de casación de Hugo Badani Montaño:

Recurso en la forma:

El recurrente acusa la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, calificando al Auto de Vista recurrido de fs. 758 a 760 de incongruente y carente de fundamentación legal; revisado el contenido de dicha Resolución Judicial se advierte que la misma efectivamente carece no solo de fundamento legal que la sustente sino también de motivación que debe contener toda Resolución y más aun tratándose de resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia, además de ser la misma incongruente; la referida norma legal establece el marco de pertinencia a cual debe circunscribirse el Auto de Vista, siendo éste precisamente los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación por el recurrente; en el caso presente, el recurrente al momento de interponer su recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia ha reclamado como agravios de manera reiterada, la falta de valoración de la prueba de confesión judicial provocada al cual fueron deferidos el menor de edad y el padre Gerardo Aramayo Tovar (demandados), la madre Norma Esther D Emilio Suarez y el tercero integrado a la litis Luis Freddy Aguirre Soria, al respecto el Tribunal de Alzada no realiza ninguna fundamentación como corresponde en derecho, simplemente se limita a transcribir lo establecido en la Sentencia y no desarrolla nada de su parte y lo poco que habla sobre el tema, resulta confuso y contradictorio cuando hace referencia al art. 424 (Confesión presunta) del Código de Procedimiento Civil. indicando que, “…es una norma de derecho público, y, en consecuencia, de cumplimiento obligatorio en el momento de pronunciar la Sentencia, para tener a los citados por confesos”; con esa afirmación aparentemente se daría a entender que se les da por confesos a los indicados sujetos procesales, quienes intervienen a lo largo del proceso mediante apoderados, sin embargo no obstante esa situación ambigua, confusa y hasta contradictoria, en la parte dispositiva del fallo termina confirmando parcialmente la Sentencia, haciendo incongruente el fallo. 

La falta de fundamentación del fallo no solo se da con respecto al punto ya referido anteriormente, sino también con respecto a los demás agravios expresados en el recurso de apelación, entre estos la violación del art. 1446 del Código Civil que refiere el recurrente y sobre el cual el Tribunal de Alzada no fundamenta nada; no se debe perder de vista la finalidad que tiene la Acción Pauliana prevista en la indicada norma legal, la misma que establece los requisitos legales que deben concurrir para su viabilidad de dicha acción, la misma que busca revocar los actos de disposición de los bienes del deudor; en ese sentido le correspondía al Tribunal Ad quem analizar, razonar y fundamentar su fallo de segunda instancia si realmente concurren o no todos los requisitos previstos en la referida norma legal sustantiva, para luego confirmar o revocar la Sentencia, aspecto que en el caso presente omite hacerlo, existiendo una ausencia de fundamentación y motivación propia del Tribunal de Alzada, lo cual vulnera el principio del debido proceso previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y art. 30 num. 12 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: “…..es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”.

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: “…la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

Respecto al principio de congruencia como característica del debido proceso, en el ámbito procesal es entendido como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, de modo que no solo implique la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la Resolución. La concordancia de contenido de la Resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo peticionado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume, solo así las resoluciones emitidas bajo esos parámetros, podrán considerarse fallos motivados, congruentes y pertinentes.     

En el caso presente, el Auto de Vista recurrido no contiene la fundamentación y motivación, al margen de ello es incongruente en su contenido, es decir existe incongruencia en el propio texto de la parte considerativa y de esta con relación a la parte dispositiva del fallo, ante esa situación este Tribunal Supremo se encuentra obligado nuevamente a tomar la decisión de anular el Auto de Vista recurrido, considerando además que ambos recurrentes plantearon recurso de casación en la forma acusando el incumplimiento del art. 236 del Código de Procedimiento Civil cuyas pretensiones es porque se deje sin efecto la Resolución recurrida, no obstante que en una anterior ocasión ya fue anulado otro Auto de vista en este mismo proceso.

Dentro del marco de los principios de Eficacia y Seguridad Jurídica previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y arts. 3 num. 4) y 30 num. 7) de la Ley 025 del Órgano Judicial, los Tribunales de primera y segunda instancia tienen el deber de velar por la solución del conflicto emitiendo resoluciones eficaces que otorguen a las partes la debida seguridad jurídica, de modo que sus decisiones sean ejecutables y sobre todo resuelva en su verdadera dimensión el conflicto que atañe a las partes poniendo fin al mismo sin dar lugar a que se generen o proliferen otros problemas; en ese entendido se advierte que el Auto de Vista recurrido al invalidar solo el registro del tercer adquirente, estando vigentes las dos transferencias realizadas del inmueble en cuestión, no resuelve el fondo del problema principal y el fallo no reúne las  condiciones de certeza que buscan las partes, al contrario les deja en total incertidumbre complicando aún más la situación; en todo caso a través de la Acción Pauliana las partes requieren tener un resultado certero respecto a la procedencia o improcedencia de la revocación de los actos de disposición que hizo el deudor con aparente perjuicio de su acreedor a fin de que esa revocación le alcance al deudor en la medida de su obligación o interés que le asiste a éste; en ese entendido le corresponde al Tribunal A quem resolver de manera clara y precisa, los aspectos antes señalados con apego estricto a los requisitos establecidos en el art. 1446 del Código Civil.

El recurrente también acusa en la forma como normas violadas, al Auto Supremo Nº 366/2012 de 25 de septiembre de 2012 que es anulatorio del Auto de Vista Nº 64 de fs. 717 a 720; ese aspecto no corresponde, toda vez que una Resolución judicial no tiene la categoría de una Ley o Decreto Supremo, tampoco se puede acusar falta de congruencia entre esa Resolución judicial y el Auto de vista recurrido; sin embargo el incumplimiento de ese Auto supremo, por parte del Tribunal de Alzada, sin duda conlleva la nulidad del Auto de Vista recurrido en virtud a que la Resolución emitida por este Tribunal Supremo, al margen de constituir una orientación, es una disposición de imperativo cumplimiento, lo que en el caso de Autos no sucedió.

Considerando que la presente, es una Resolución anulatoria del Auto de Vista recurrido, se hace innecesario entrar a considerar los argumentos del recurso de casación en el fondo del Sr. Hugo Badani Montaño, como así el recurso de casación en la forma y fondo de Luis Freddy Aguirre Soria.

Por lo anteriormente señalado y en aplicación del art. 275 del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 3) del mismo Código adjetivo de la materia.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 173 de fecha 26 de noviembre de 2012, cursante de fs. 758 a 760, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y dispone que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada resolviendo el recurso de apelación de fs. 691 a 697 en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable el error en la que ha incurrido el Tribunal Ad quem, se impone multa de un día de haber a cada uno de los Vocales signatarios del Auto de Vista Nº 173 de fs. 758 a 760, a ser descontados a favor del Tesoro Judicial, para tal efecto comuníquese a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán