TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 151/2013

Sucre: 8 de abril 2013                        

Expediente: PT-6-13-S

Partes: Jaime Careaga Tapia y otra. c/ Amalia Gonzáles Vda. de Canaviri y otros.

Proceso: Usucapión

Distrito: Potosí                                                        


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Rosa Canaviri Gonzáles por sí y en representación de su madre Amalia Gonzáles Carrasco Vda. de Canaviri y sus hermanos María Antonieta, Juan Carlos e Israel Canaviri Gonzáles de fs. 401 a 407 vlta., impugnando el Auto de Vista No. 218/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de Usucapión seguido por Jaime Careaga Tapia y Bacilia Martínez Balderrama de Careaga contra Amalia Gonzáles Vda. de Canaviri, María Antonieta Canaviri Gonzáles, Juan Carlos Canaviri Gonzáles, Rosa Canaviri Gonzáles, Israel Canaviri Gonzáles (Herederos de Gerardo Canaviri Tapia), los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil Comercial de Potosí, emitió la Sentencia de fecha 19 de julio de 2012, cursante de fs. 348 a 357 vlta., declarando PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta de fs. 30 a 31, subsanada de fs. 34 de obrados interpuesta por Jaime Careaga Tapia y Bacilia Martínez Balderrama de Careaga, a los que reconoce judicialmente como propietarios de: El bien inmueble sito en calle E. Daza Nro. 125 esq. Roncal entre calle Betanzos y plazuela Huaychu Zona San Pedro de Potosí, señalando como antecedente dominial la partida 56, folio 41, libro 1 de Propiedades Ciudad y Frías de fecha 24 de febrero de 1969, en que figura como propietario Indalecio Canaviri Careaga. Declara PROBADA en parte la demanda de nulidad de contrato de anticresis suscrito en fecha 11 de abril de 1977 protocolizado en fecha 25 de mayo de 1995 años y contrato de anticresis suscrito en fecha 20 de marzo de 1978, registrados en Derechos Reales bajo la partida 433 folio 177 libro 2 en fecha 26 de mayo de 1995, ambos por falta de forma exigida por ley (documento público); cuya inscripción debe cancelarse. Sin lugar a la restitución del inmueble poseído por los demandantes Jaime Careaga Tapia y Bacilia Martínez de Careaga a favor de los herederos de Indalecio Canaviri Careaga, ni restitución del importe de $b. 45.000.- por parte de éstos últimos a favor de Jaime Careaga Tapia y Bacilia Martínez de Careaga.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Rosa Canaviri Gonzáles de fs. 361 a 370, la Sala Civil y Comercial  del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista No. 218 de fecha 30 de noviembre de 2012, cursante de fs. 394 a 399 y vlta., confirma la Sentencia apelada de fecha 19 de julio de 2012, asimismo confirma los Autos interlocutorios definitivos de fs. 123 vlta., 124 y 340 a 341y vlta.

Resolución que dio lugar al recurso de casación y nulidad interpuesto por parte de Rosa Canaviri Gonzáles por sí y en representación de su madre Amalia Gonzáles Carrasco viuda de Canaviri y sus hermanos María Antonieta, Juan Carlos e Israel Canaviri Gonzáles, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

No habría pronunciamiento sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, en lo referido a la excepción previa de impersonería de los demandados, no habría sido valorada la prueba documental de fs. 129 referido a que tuvieran Indalecio Canaviri Careaga un canchón y que los ahora demandados no tuvieran registrado ningún bien. Documentos entre otros que tuvieran fe probatoria y no hubieran sido ponderados y que solo habría limitación en considerar la declaratoria de herederos de fs. 253 a 255 que no hubiera sido tramitado por ellos sino por Julia Tapia Canaviri, resultando dice citra petita por la carencia de ese pronunciamiento, que al no haber explicación del por qué no se tomo en cuenta debería sobrevenir fallo anulatorio.

Que, al confirmar el Auto de fs. 123 vlta., a 124 compartirían el criterio de que Gerardo Canaviri Tapia era el propietario del bien inmueble usucapido-, pero que jamás habría acreditado ese aspecto, razonando sin embargo por parte del Tribunal Ad quem  en sentido de que como hijo de Indalecio Canaviri Careaga y Julia Tapia de Canaviri tendría su derecho espectaticio y que al fallecimiento de titular habría trámite de declaratoria de herederos, en cambio no se habría demostrado tener derecho propietario bajo ningún título. No se habría considerado asimismo sobre el reclamo de que los demandantes no sabían si Gerardo Canaviri Tapia era o no propietario del inmueble objeto de litis, no obstante la carga de la prueba de demostrar que era propietario para dirigir correctamente contra éste, como lo modulado por jurisprudencia, que debió adjuntar Certificación que especifique el nombre y apellidos de la persona o personas que figurarían en el Registro de Derechos Reales, aspecto que no habría sido absuelto en apelación, considerando que se habría infringido el art. 327 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil y fuera sancionado con nulidad en sujeción a los arts. 90 y 251  parágrafo I del mismo cuerpo legal.

Habría imprecisión en la fundamentación de la demanda y que por su propia afirmación habría contrato de anticresis el año 1967, alegando luego que el ánimo de dueño en la posesión fuera desde el año 1997, además de no tomar en cuenta que Gerardo Canaviri Tapia  habría suscrito contratos por su forma nulos cuando la ley exige fueran en documento público. Que, el fallo en la forma que se lo habría hecho  fuera citra petita y que correspondería anular obrados hasta fs. 123 vlta. 124 o en su caso hasta fs. 30 a 31 con la disposición de que se identifique a la persona que estuviera registrado en la oficina de Registro de Derechos Reales, en sujeción a lo establecido por los art. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

Que, no se habrían pronunciado sobre la nulidad de obrados al no haberse integrado al litis consorte pasivo necesario, que en este caso fuera Manuel Gerardo Canaviri Salazar hijo de Gerardo Canaviri Tapia y que tuviera vocación hereditaria, y habría infracción de los arts. 90, 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, con el razonamiento de que al haberse dirigido la demanda contra todos los que creyeren tener derecho sobre el inmueble y la citación de edicto no se habría causado indefensión.

De manera reiterativa se reclama sobre la no precisión de la temporalidad de la posesión, aditamentando que si la posesión comenzó el año 1967, su tramitación debió sujetarse a las reglas establecidas por el art. 1567 del Código Civil y arts., 788, 789 del Código de Procedimiento Civil. Que, la sola  afirmación de que el ánimo de dueño correría desde el año 1997 no estuviera sujeta a su afirmación sino a la realidad de los hechos. Con estos antecedentes refiere que habría omisión de parte de las autoridades.

Finalmente pide Auto Supremo anulatorio hasta el Auto de admisión de la demanda, disponiendo se tramite con la legislación anterior y no con la vigente.

En el fondo

Refiere la existencia de disposiciones contradictorias en cuanto al análisis en la parte considerativa en cuanto a la improcedencia de la usucapión decenal o extraordinaria y en función a ello debió revocar la Sentencia declarando no haber a lugar la usucapión extraordinaria.


Que, al haber declarado la nulidad de los contratos de anticresis, no podían ser idóneos para adquirir el derecho de propiedad por usucapión. Y que este aspecto hubiera sido bien considerado por el Juez de primera instancia y esto fuera apoyado por el razonamiento del Tribunal Ad quem, por lo que correspondería “revocar la demanda de usucapión decenal o extraordinaria y se confirme parcialmente la Sentencia”

Que, por la nulidad de los contratos de anticresis se debe restituir el inmueble  a su favor y devolver a los demandantes el monto adeudado como razonó el Ad quem, que sin embargo contradictoriamente la decisión tomada fuera diferente al confirmarse totalmente en el que se habría dado lugar a la usucapión decenal. 


Como petitorio final se ingresa en una confusión, al pretender casación parcial y revocatoria parcial pidiendo se declare improbada la demanda de usucapión y mantener firme la restitución, sin considerar que el fallo de segunda instancia es confirmatorio total y la Sentencia no da lugar a esa restitución ni del inmueble ni la suma de dinero.


CONSIDERANDO III:


FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Con los antecedentes expuestos y consideración a que se planteó el recurso de casación en la forma como en el fondo, a efectos de resolver las mismas se considerará primero el formulado en la forma, tomando en cuenta que si los aspectos denunciados fueran evidentes, se emitiría fallo anulando obrados, imposibilitando considerar los aspectos denunciados en el fondo.


Recurso de casación en la forma


De la revisión de antecedentes que cursan en el proceso, se verifican aspectos que merecen ser considerados con relación a los fundamentos expuestos en el recurso de casación en la forma y es pertinente en primer término partir del análisis de la prueba que cursa de fs. 129 de obrados en la cual refiere que bajo la partida No. 56, folio No. 41, Libro 1 de ciudad y Frías de fecha 24 de febrero de 1969 registra como propietario a la persona que responde a nombre de Indalecio Canaviri Careaga. Con esta verificación, corresponde revisar asimismo el contenido de la demanda que va dirigido contra los herederos de Gerardo Canaviri Tapia que responderían a los nombres de Amalia Gonzáles Vda. de Canaviri, María Antonieta Canaviri Gonzáles, Juan Carlos Canaviri Gonzáles, Rosa Canaviri Gonzáles, Israel Canaviri Gonzáles, sin hacer siquiera mención referencial del titular del derecho propietario, que en este caso resultaba el primero nombrado; a la presentación de la demanda el Juez de primera instancia soslayando su labor de observar se adjunte previamente el certificado registral de la Oficina de Derechos Reales, permite se tramite la causa y se cite a personas que no revestían  calidad de propietarios, es mas incluso este aspecto es puesto en evidencia por memorial de fs. 50 a 52 cuando se interpone excepción de impersonería en los demandados al referir que: “El señor Gerardo Canaviri Tapia, nuestro causante, conforme acreditamos por la fotocopia de la declaratoria de herederos tramitada ante el Juzgado de Instrucción Segundo en lo civil de la capital, si bien en su condición de hijo legítimo de Indalecio Canaviri Careaga, tenia derecho expectaticio sobre el inmueble junto a sus hermanas Julia, Sofía y Angélica Canaviri Tapia, no era propietario del inmueble…” Es decir confirma lo afirmado en el memorial de la demanda, y es que Gerardo Canaviri Tapia a quien en primer término se le nombra como propietario, seguidamente se desdice y señala que jamás acreditó tal derecho propietario con título alguno, corroborado por la prueba que cursa de fs. 129 que señala derecho propietario registral a nombre de Indalecio Canaviri Careaga como se dijo, por lo mismo correspondía dirigir la demanda en contra de éste o sus posibles herederos.


El reclamo en recurso de casación en la forma esta sustentado en base a ese razonamiento aunque sin ninguna claridad cuando se pide nulidad hasta determinado actuado para luego señalar una nueva distinta, y la afirmación hecha por los Tribunales inferiores en sentido de que como hijo, al fallecimiento del titular y su esposa tendría derecho espectaticio es relativo, pues se llegó a establecer que Indalecio Canaviri Tapia no tenia como único hijo a Gerardo Canaviri Tapia sino la existencia de sus hermanas de nombres Julia, Sofía y Angélica Canaviri Tapia, de lo que se verifica que los tribunales de instancia en el razonamiento expuesto solo estarían otorgando derechos a quien aparentemente habría ejercitado actos de disposición del bien inmueble, sin considerar a los otros posibles coherederos.


En este caso si bien es cierto que la citación se la hizo mediante publicaciones de Edicto contra terceros interesados, no se hizo con la advertencia de que esos terceros tuvieran interés al ser posibles herederos del titular del registro en Derechos Reales -Indalecio Canaviri Careaga- al que ni se lo nombra en las publicaciones, sino en la concepción de que el propietario fuera Gerardo Canaviri Tapia al dirigir la demanda contra los ahora recurrentes.


En función a lo anterior corresponde señalar que la extinta Corte Suprema de Justicia y también el Tribunal Supremo, han fundado lineamientos bajo el criterio de que en la emisión de  fallos debe otorgarse seguridad jurídica a los litigantes y a terceros, desarrollando los efectos que emergen de la Usucapión decenal y es que “…la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto. El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión…” Auto Supremo Nº 262 de 25 de agosto 2011.


De esto se colige que es deber ineludible de la parte actora, acreditar a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se dirige la demanda, es la que figure como titular en el momento de promover la acción, no existiendo la posibilidad de que se la dirija en contra de una persona o personas distintas de quien figura como actual titular en ese registro. Esta situación sin duda obliga a quien pretenda usucapir o adquirir un derecho propietario por esa vía, a realizar la investigación pertinente con relación a la tradición registral, para determinar con total precisión a quienes por consiguiente se dirigirá finalmente la demanda. Solo bajo esos parámetros estaremos de acuerdo que se otorga seguridad jurídica, no solo a los contendientes sino a terceros, en consideración a que al tratarse la usucapión de un modo originario de adquirir la posesión y no derivado como dieron a entender los Tribunales inferiores-, el entendimiento es que se evitará un futuro reclamo que pudiera invocar el verdadero titular del derecho de propiedad alegando indefensión, de ello es que resulta imprescindible contar con la documentación autorizada expedida por la Oficina de Registro de Derechos Reales e inclusive la codificación catastral que informe sobre el uso de suelo, cumplidos estos requisitos será admisible la pretensión de usucapión decenal, labor última que esta encargada a los Jueces de instancia, aspecto que ya fue encaminada por nuestro sistema procesal Civil mediante circulares emitidas por la Corte Suprema de Justicia signados con los Nº 105/1994 y 035/1995, orientando la forma de tramitar las pretensiones de usucapión, el primero con la descripción de la competencia para el conocimiento de esos procesos ante un Juez de partido en materia Civil, y la segunda circular con la exigencia que antes de la admisión de una demanda de usucapión, se debe requerir se adjunte el certificado de Derechos Reales que identifique al titular del predio a ser usucapido y su partida en el registro, además entre otros requisitos, la de adjuntar la certificación del Catastro Municipal, con el fin de establecer al titular del predio, las características del terreno y su ubicación, esto indudablemente con el fin de evitar equivocaciones respecto a la titularidad de predio a ser usucapido para su efecto extintivo.


Con esos antecedentes llegamos a las siguientes conclusiones: 1.- Que, en el caso de Autos no se han cumplido con los presupuestos exigidos para la procedencia válida de la demanda de usucapión decenal, ya que los demandantes no han acreditado de principio que los demandados fueran los titulares del derecho propietario del bien inmueble a usucapir. 2.- Transcurrido el trámite y antes de ingresar a la etapa probatoria se adjuntó a obrados la evidencia de que el registro de derecho propietario se encontraba a nombre de una persona que no fue demanda ni a título personal ni a sus probables herederos de considerar que estuviera fallecida o ausente. 3.- Finalmente, que la persona que responde al nombre de Indalecio Canaviri Careaga, según la propia versión de las partes tenía más descendencia, nombrándoselos de fs. 50 vlta. y éstas personas no fueron incluidas en la demanda como legitimados, y si esto es así correspondía dirigir la demanda también contra estas personas o sus descendientes como en el caso de Gerardo Canaviri Tapia que pudieran alegar algún derecho en el bien inmueble a usucapir.


Estas consideraciones, sustentan de manera objetiva las deficiencias con las que se tramito la causa, llegando a un fallo que no refleja la realidad de los hechos, aspecto que no puede ser soslayado por este Tribunal Supremo, por lo que teniendo sustento los argumentos expuestos en recurso de casación en la forma, interpretados en esa dimensión, pese a la confusión de argumentos, sin entrar a considerar otros aspectos reclamados también en esta vía de casación, dar curso a la nulidad peticionada, todo en sujeción a lo determinado por los art. 271 num. 3) 275 del Código de Procedimiento Civil.


Al margen de lo anterior al encontrarse sustento en los fundamentos del recurso de casación en la forma y ser anulatorio el fallo a emitir, no se considerara el recurso de casación en el fondo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 35, es decir hasta el estado en que el Juez de la Causa observe la correcta presentación de la demanda dirigiéndosela a los verdaderos legitimados.

Hay que multar al A quo y Ad quem por no ser excusable el error con un dia de haber.

En virtud a lo previsto en el art., 17 parágrafo IV de la ley del Órgano Judicial remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.