TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     SALA  CIVIL

Auto Supremo: 141/2013

Sucre: 2 de abril 2013

Expediente: SC-13-13-S

Partes: Felicia Fernández Montaño. c/ Mary Elena Toledo Fernández .

Proceso: Nulidad de Testamento.

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 148 a 152, interpuesto por Mary Elena Toledo Fernández contra el Auto de Vista de fecha 05 de noviembre de 2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Nulidad de Testamento, seguido por Felicia Fernández Montaño contra Mary Elena Toledo Fernández, la concesión de fs. 157, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido y de Sentencia de Samaipata, Provincia Florida del Departamento de Santa Cruz dicta Sentencia de fs. 120 a 122 vlta. de fecha 20 de julio de 2012, declarando probada la demanda principal (nulidad de testamento) e improbada la reconvencional (mejor derecho sucesorio y ratificación de testamento).  

Resolución que es recurrida de apelación por Mary Elena Toledo Fernández, que como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de fecha  05 de noviembre de 2012, cursante de fs. 144 a 145, que confirma la Sentencia de fecha 20 de julio de 2012; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por Mary Elena Toledo Fernández, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En lo más preponderante del recurso, se expone lo siguiente:

Indica la vulneración al derecho a la defensa, que comprende su derecho a proponer pruebas, que éstas se produzcan y se valoren correctamente en forma justa e imparcial, en ese sentido, señala el recurrente en la apelación se cuestionó la falta de valoración de las pruebas documentales presentadas durante el proceso, y que está prueba no fue valorada en la sentencia ni se pronunció al respecto el Tribunal de Alzada.

Acusa la falta de valoración de prueba pericial dactiloscópica, por cuanto uno de los pilares de la demanda era la nulidad del testamento por falsificación de firma bajo el argumento de que el testador no sabia leer ni escribir, y al haberse aportado prueba pericial junto a la apelación de fs. 124 a 130 correspondía en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 233 del  Código de Procedimiento Civil inc. 4) , abrir plazo probatorio.

Expresa error de derecho en la apreciación de la prueba documental y testifical de descargo, las mismas que no fueron analizadas, evaluadas, ni siquiera mencionadas e individualizadas, por el órgano jurisdiccional de primera instancia  ni por el Tribunal de Alzada.

Acusa incorrecta interpretación del derecho a testar como expresión del derecho fundamental de disposición de la propiedad privada, por el que el testador tiene el derecho individual patrimonial de determinar más allá de la muerte del destino de sus bienes.

Indica que falta fundamentación del Auto de Vista, que sin ninguna fundamentación ni motivación, confirma la sentencia y anula el testamento, que constituye una vulneración al debido proceso y derecho a la defensa.

Finalmente en su petición, señala que interpone recurso de casación en el fondo pidiendo su concesión y remisión, para que revisado por el Tribunal Supremo de Justicia dicte Resolución casando el Auto de Vista en forma total.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Para comenzar con el análisis respectivo se debe precisar que la prueba producida en instancia es apreciada por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, pero en caso de no estar determinada, podrá apreciarlas a su prudente criterio o sana crítica, valorando la pruebas esenciales y decisivas conforme establece el art. 1286 del Código Civil y 397 parágrafos  I y II de su procedimiento.  Ahora bien, en casación la valoración de la prueba realizada en instancia es incensurable, salvo cuando en esa apreciación se haya incurrido en error de derecho o de hecho.

En el caso en cuestión, se alega vulneración al derecho a la defensa que se expone, según el recurso, en proponer prueba, que éstas se produzcan  y se valoren correctamente de forma justa e imparcial; al respecto cabe puntualizar, que la recurrente no precisa cual de todas las pruebas aludidas habrían sido apreciadas y valoradas incorrectamente y si existió error de derecho o de hecho, pues las expresa de manera general sin comprender que toda la prueba circunscrita en proceso fue valorada oportunamente por los de instancia y en casación resulta incensurable esa labor judicial.

Sobre la falta de valoración de la prueba pericial dactiloscópica acusando que el Juez A quo no habría estimado la notificación para la obtención de ese dictamen pericial  y que al haberse presentado ese dictamen en Alzada el Tribunal debió hacer uso de la facultad conferida por el art. 233 del  Código de Procedimiento Civil; al respecto se debe señalar que se acusa con carácter principal en este punto, es la tramitación misma de recepción de esa prueba pericial dactiloscópica, en tal caso, esa denuncia versa sobre una cuestión procedimental que no merece un examen en un recurso en el fondo,  sino debió ser impugnado mediante casación en la forma, similar tratamiento ocurre al acusar falta de fundamentación en el Auto de Vista, siendo este aspecto de forma y no de fondo, por lo que no merece examen en este recurso.  

Sobre el error de derecho en la apreciación de la prueba documental y testifical mediante los cuales demostró su reconvención, a este punto cabe señalar que al establecer el Juez A quo, la nulidad del testamento, por falta de formalidad en su otorgación, conforme señala el art. 1132 num.1) del código civil, no era pausible, por una lógica jurídica, dar lugar a la reconvención, por cuanto al margen del testamento, no se había demostrado ese mejor derecho pretendido, explicado de esa forma en la Sentencia. En el marco de lo señalado, no se puede apreciar error de derecho, en las pruebas señaladas, ya que la nulidad de testamento está basada en el propio tenor del testamento, corroborado por otros medios probatorios, y que la eficacia probatoria de esta Escritura Pública no puede ser decantada por otros medios, que ni es explicado de manera razonada y positiva en el recurso.

En relación a la denuncia de incorrecta interpretación del derecho a testar;  al respecto se debe señalar que la sucesión testamentaria, tiene su origen en la voluntad del de cujus, expresado en un acto llamado testamento,  por el cual el testador destina sus propios bienes a favor de sus hijos, parientes o extraños. La liberalidad de disposición de los bienes por el testador, en nuestra legislación, no es absoluta pues está sujeta a las limitaciones de las reglas de la legítima y la porción disponible.

En todo caso, el testamento, si bien es un acto de última voluntad, empero en su otorgación está sujeto a formalidades que la propia ley dispone, por ser un acto formal solemne que se justifica por la importancia social y para asegurar su genuidad, espontaneidad, seriedad y ponderación. En el caso en cuestión, el art. 1132 del Código Civil regula los testamentos otorgados ante notarios, describiendo un catálogo de requisitos para su extensión, formalidades inexcusables para su otorgamiento.

Señalado esto, se debe ser claro al indicar que nuestra legislación impone estos requisitos en caso de otorgarse un testamento abierto ante notario, no pudiendo soslayarse de cumplir con esos preceptos que garantizan la voluntad del de cujus y garantiza el negocio jurídico del que recibe, en tal razón conforme se señaló en instancia la Escritura Pública (Testamento) No.  38/2011 fue declarado nulo en virtud al art. 1132 num. 1) del Código Civil, o sea, ante el incumplimiento de las formalidades exigidas en dicha norma legal, siendo correcta esa decisión conforme las normas que rigen nuestra legislación sobre el derecho sucesorio. Por lo que los fundamentos que hacen a la casación en el fondo son infundados.

Por lo expuesto éste Tribunal de casación, emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo,  interpuesto por Mary Elena Toledo Fernández  cursante de fs. 148 a 152, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.